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07mar13
Un informe jurídico de la Generalitat prioriza referendo autorizado por el Estado
El Instituto de Estudios Autonómicos de la Generalitat ha elaborado un informe que contempla cinco vías para convocar "con toda legitimidad jurídica" una consulta soberanista en Cataluña, de entre las que recomienda un referendo autorizado por el Estado porque "suscitaría menos problemas de constitucionalidad".
En un documento de 43 páginas, el IEA concluye que existen suficientes mecanismos legales para hacer una consulta "siempre que el Estado tenga voluntad política de canalizar esa reivindicación".
La opción preferida por los expertos firmantes del documento es el referendo regulado y autorizado por el Estado en virtud de lo que dispone el artículo 92.1 de la Constitución, pero si el Gobierno se negase a autorizarlo, la Generalitat tendría entonces legitimidad para optar por vías "alternativas", como una "declaración unilateral de independencia", según el documento.
El texto, al que ha tenido acceso Efe y pendiente de una revisión final por el IEA, cita antes de llegar a este extremo otros cuatro mecanismos posibles para ejercer el derecho a decidir: la actual ley catalana 4/2010 de consultas populares por vía referéndum, la nueva normativa de consultas no refrendatarias que actualmente se tramita en el Parlament, los referendos consultivos previstos en la Constitución Española y la reforma de la Carta Magna.
Para los expertos del IEA, la mejor estrategia es apostar por la vía que deje "sin argumentos jurídicos" al Estado, con el objeto de comprobar, de esta manera, si realmente existe la "voluntad política" de permitir la consulta.
En este sentido, la opción que privilegia el Instituto es la que previsiblemente calcula que generaría "menos problemas" de inconstitucionalidad: ampararse en el artículo 92.1 de la Constitución que, en opinión de los expertos del IEA, permite un referendo consultivo convocado y regulado por el Estado.
Este artículo de la Carta Magna reza: "Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos".
Autorización del Congreso
Si se siguiera este camino, bastaría con que la Generalitat pidiese al Gobierno central que solicite al Congreso de los Diputados la autorización para convocar la consulta que quiere impulsar el ejecutivo de Artur Mas.
"La debilidad de los argumentos jurídicos que podría aducir el Estado en este proceso mostrarían de forma cierta que las razones de la negativa son puramente políticas y permitiría abrir legítimamente vías alternativas", subraya el documento.
Entre las alternativas que enumera el IEA figuran consultas "no oficiales", consultas organizadas en el marco de la legalidad internacional o declaraciones unilaterales del Parlament.
Antes de llegar a estos extremos, los expertos del organismo de la Generalitat proponen que, en caso que el Gobierno no acceda a aprobar el referendo, se solicite una reforma del artículo 92 de la Carta Magna para incorporar, explícitamente, una consulta de ámbito autonómico para decidir el futuro político colectivo de Cataluña.
El IEA admite que los otros mecanismos contemplados, como ejercer la consulta en base a la legislación catalana, también podrían funcionar y servirían, al menos, para lanzar un mensaje al Estado, aunque faltaría posteriormente la negociación con el Gobierno igualmente a partir del resultado de la consulta.
Además, los autores del informe pronostican que la nueva ley catalana de consultas podría ser recurrida ante el Tribunal Constitucional, al igual que ha sucedido con la normativa actual, que está en vigor pero pendiente del fallo del alto tribunal.
El informe está aún pendiente de una revisión final antes de ser remitido a la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, que solicitó el estudio el pasado 8 de febrero para conocer los mecanismos existentes o que se deberían introducir para celebrar una consulta soberanista en Cataluña.
El estudio se titula "Informe sobre los procedimientos legales a través de los cuales los ciudadanos de Cataluña pueden ser consultados sobre su futuro político colectivo" y está firmado por el director del IEA, Carles Viver Pi-Sunyer, y el jefe del área de Desarrollo Autonómico de dicho organismo, Gerard Martín.
Constituido en 1984, el IEA está adscrito al Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales de la Generalitat y tiene entre sus funciones asesorar al ejecutivo catalán en materia de autogobierno.
[Fuente: El Mundo, Madrid, 07mar13]
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