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27sep17
Los Mossos alegan ante la Fiscalía que cumplir sus órdenes podría provocar disturbios
Tal y como se esperaba, el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha puesto objeciones a las órdenes de la Fiscalía para que este cuerpo policial precinte los colegios electorales y evite que se vote en los alrededores. Los motivos alegados por Trapero son el que cumplimiento de tales instrucciones podría acarrear alteraciones de orden público, y ha defendido una actuación que se ajuste a los principios de "oportunidad, proporcionalidad y congruencia", ante el riesgo de alteraciones en el orden público.
Trapero sí ha acudido este miércoles a la reunión convocada por la Fiscalía Superior de Cataluña para ultimar la coordinación policial ante el 1-O ya que parece que sus reparos a participar en este tipo de encuentros se reducen a las ocasiones en las que haya que pisar sedes del Ejecutivo central como es la Delegación del Gobierno. El mayor ha entregado un escrito en el que se deja constancia de que el cumplimiento de las instrucciones del ministerio público por parte de los Mossos "no excluye la responsabilidad profesional de contemplar que aplicarlas puede comportar consecuencias no deseadas", como el "previsible riesgo de alteraciones de orden público".
Mientras Trapero trata de hacer ver la imposibilidad de hacer efectivas las órdenes desde el punto de vista material, su superior, el director de los Mossos, Pere Soler, se ha mostrado más combativo, desde el punto de vista político e ideológico. "Que nadie se equivoque. La misión principal de los Mossos, guardias civiles y policías es garantizar derechos, no impedir su ejercicio", ha escrito en Twitter.
Inmediatamente después, Soler ha dejado claro su rechazo a la coordinación del dispositivo policial a cargo de un coronel de la Guardia Civil. "Los Mossos 'no aceptan' ponerse bajo las órdenes del Estado", afirma en otro tuit.
Y, todavía más arriba en el escalafón, el consejero de Interior, Joaquim Forn, ha acusado al Gobierno central de azuzar la situación en Cataluña para que haya enfrentamientos en las calles el próximo domingo. "Quieren que se produzcan movilizaciones tumultuosas y que no sean pacíficas. Lo están buscando y los policías vienen con esa voluntad, es evidente y lo vemos cada día", ha asegurado en declaraciones a Rac1. Curiosamente, ha sido el propio responsable del orden público en Cataluña el que ha animado a los ciudadanos a concentrarse ante los colegios electorales para manifestar su protesta si, como es previsible, en muchos de esos puntos es imposible votar.
Lo cierto es que los Mossos d'Esquadra ven con preocupación la instrucción de la Fiscalía, que sus mandos analizaron en una reunión celebrada el mismo martes por la tarde, en cuanto recibieron la orden de desplegar un "amplio dispositivo" policial para impedir que el 1 de octubre se vote, incluso en un radio de cien metros de los colegios designados para albergar urnas. La Fiscalía ordena a la policía catalana garantizar que no se pueda acceder a los locales que está previsto que acojan urnas y que se evite la constitución de mesas electorales mediante un "amplio dispositivo" policial.
Por su parte, los mandos de la policía catalana entienden que se les puede estar empujando a ser partícipes de un grave problema de orden público, acarreando daños más importantes de los que se pretenden evitar con este tipo de medidas.
La instrucción establece que, en el marco de sus competencias, los Mossos d'Esquadra "podrán requerir el auxilio y colaboración de las policías locales" y, de no ser ésta suficiente, apoyo a los efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La orden indica a la policía catalana que deberá garantizar, mediante un precintado "visible y efectivo", el control de los locales designados como puntos de votación, "con antelación suficiente y en todo caso antes del día 30 de septiembre", desalojando a las personas que hubiera en el lugar e identificando a los responsables.
Los Mossos d'Esquadra deberán incautarse, además, de los "efectos e instrumentos destinados a facilitar la votación, especialmente urnas, equipos informáticos, papeletas y documentación o propaganda electoral" y dar cuenta al ministerio público de las incidencias que registren. Será su cometido vigilar los precintos, hasta las 21 horas del 1 de octubre, y comunicar a la Fiscalía si hay intentos de romperlos y de acceder a los locales, volviéndolos a instalar en el caso de que sea necesario.
En definitiva, la Fiscalía sostiene que la policía autonómica catalana deberá "garantizar la no constitución de las mesas", que los organizadores del referéndum quieren montar a partir de las 7,30 horas de la mañana, mediante un "amplio dispositivo policial" que se desplegará con suficiente antelación para impedir el acceso a los puntos de identificación. Por último, la instrucción especifica que, cuando el centro se halle en el interior de un edificio más amplio, el dispositivo policial deberá evitar que se vote "en otro lugar del mismo establecimiento o en sus inmediaciones -incluida la vía pública- hasta un radio de seguridad de 100 metros del local designado".
[Fuente: República de las ideas, Agencia, Madrid, 27sep17]
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