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18sep17
La Generalitat presenta el recurso ante el Supremo para impedir ser intervenida
La Generalitat ha presentado este lunes un recurso contencioso ante el Tribunal Supremo para impedir que el Gobierno central intervenga sus cuentas y se haga cargo así del pago de los servicios básicos en Cataluña. Tal y como había adelantado el secretario de Economía del Ejecutivo catalán, Pere Aragonès, el recurso presentado incluye una petición de suspensión de la aplicación de este acuerdo del Consejo de Ministros, es decir, de medidas cautelares. El Govern considera que ahora el Tribunal Supremo deberá resolver esa petición de cautelares antes de deliberar sobre el fondo del recurso.
El ultimátum de 48 horas que dio el Gobierno central el pasado viernes para que el Govern rectificase e informase de sus cuentas a Hacienda expira este martes por lo que las medidas cautelares buscan la suspensión del procedimiento y evitar que se provoque "un agravio importante" a la ciudadanía, en palabras de Aragonés. El secretario de Economía se ha mostrado confiado en que las medidas prosperen porque hay jurisprudencia del Tribunal Supremo que así lo indica: "No puede que el Consejo de Ministros acabe con la financiación autonómica, que es una ley orgánica", ha insistido.
El anuncio que hizo el domingo el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, sobre la presentación del recurso acogiéndose a la legalidad española que, según él, ya ha sido sustituida por otra alternativa en su comunidad, provocó inmediatamente la reacción del Gobierno central.
El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, le pidió que no se escude en una "nueva legalidad catalana" que no existe para incumplir con su deber de informar al Ministerio de Hacienda de los pagos de la Generalitat. En declaraciones a Efe, Ayllón cuestionó que Junqueras primero apele a esa nueva legalidad para dejar de informar al ministerio, y después se contradiga anunciando un recurso ante el Tribunal Supremo -"la legalidad española de siempre"- contra la decisión del Gobierno de asumir el control de los pagos de la Generalitat.
El Gobierno adoptó este mecanismo de control de pago después de que Junqueras enviara el pasado jueves una carta al Ministerio de Hacienda en la que comunicaba que la Generalitat dejaba de enviar informes semanales sobre sus gastos y sólo haría el mensual, al considerar que se trata de un "control político" que nada tiene que ver con el objetivo de estabilidad presupuestaria. El requerimiento del Gobierno tenía como objetivo vigilar que ninguno de los gastos del Ejecutivo catalán va destinado al pago de cualquier cosa relacionada con el 1-O.
A juicio de Ayllón, Junqueras se inventa una "nueva legalidad catalana" -aprobada en el pleno del Parlament de la segunda semana de septiembre- para incumplir con la ley española y cuando se queda sin dinero debido al bloqueo de las transferencias "vuelve a invocar la ley española que le ampara". "Es decir, para los incumplimientos aplican la nueva legalidad y cuando ven que se escapa la pasta, reclaman al Tribunal Supremo que garantiza los derechos de todos los españoles… Incluso de los independentistas catalanes", prosiguió. Por ello, le pidió que "no se haga líos" y reconozca que "legalidad sólo hay una". "Lo demás son excusas para quien no quiere cumplir con sus obligaciones", apostilló.
Junqueras: "El Estado español se salta sus propias leyes"
El propio Junqueras ha respondido este lunes a la argumentación del Gobierno en declaraciones a Rac1. "Mientras nosotros aplicamos un derecho internacional, el derecho a la autodeterminación, y los implantamos con una ley en Catalunya -ha dicho-, ellos se saltan toda su legislación" anunciando que "lo intervendrán todo". En este sentido, el vicepresidente ha acusado al Ejecutivo de Rajoy de estar "utilizando la voluntad de un pueblo que quiere votar para hacer una involución de todos los derechos sociales".
Para el dirigente catalán, la acción del Gobierno no es más que un intento de "aplicar el artículo 155" de forma encubierta porque, como su aplicación expresa "tiene un coste político", a su juicio lo que hacen es "aplican la ley de estabilidad para controlar políticamente" a Catalunya. Así, "nos intervienen para que lo hagamos bien, que es el colmo de la tergiversación de la ley de Estabilidad Presupuestaria", ha criticado.
El vicepresidente ha acusado al Gobierno de Rajoy de llevar a Cataluña al "colapso total" ya que el control de la caja que pretende llevar a cabo supondrá un retraso en los pagos porque "quieren comprobar factura por factura y, hasta que no se haya hecho, no se pagará nada de nada". Y entre los efectos inmediatos de la medida, que Junqueras ha considerado fruto de la "irresponsabilidad" del Ejecutivo, ha destacado que "se cargan la Renta Garantizada que se puso en marcha este viernes".
Por otra parte, Pere Aragonés ha afirmado que la celebración del referéndum no depende de los pagos que pueda hacer la Generalitat en los próximos quince días y ha considerado que si el Govern hubiese seguido justificando los gastos, el Ejecutivo central habría intervenido las cuentas de todos modos. Preguntado por un eventual bloqueo de las cuentas de la Generalitat por parte de entidades bancarias, Aragonès ha manifestado que una medida de este tipo "no tiene base legal" para poder ejecutarse y ha acusado al Gobierno de Mariano Rajoy de estar poniendo en riesgo los servicios públicos.
[Fuente: República de las ideas, Madrid, 18sep17]
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