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17sep17
Chema Arraiza: "Puigdemont y Junqueras saben que no existe el derecho a la secesión bajo la justicia internacional"
Doctor por la Universidad Abo/Turku (Finlandia), Chema Arraiza ha trabajado para la ONU en Kosovo, Bosnia y Timor Oriental, y desde su experiencia en estos procesos asegura: "Vamos a echar de menos los tiempos en los que había una ley clara, un Estatuto, una Constitución y unas normas del juego político consensuadas. El gran argumento en contra del procés es que lleva a la incertidumbre y a la crisis".
Chema Arraiza (Madrid, 1973), doctorado en derechos de las minorías por la Universidad de Åbo/Turku (Finlandia), la universidad sueco-hablante de Finlandia, y Master Europeo de Derechos Humanos, tiene considerable experiencia práctica en el derecho a la autodeterminación, que esta semana dirigentes catalanes independentistas como el vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, han situado por encima del Estado de derecho en España.
Arraiza fue corresponsal en Puerto Rico durante el referéndum del 1998, oficial de la ONU en Zubin Potok, un municipio serbio del norte de Kosovo (en la región de Mitrovica), durante el periodo en el que las Naciones Unidas se encargaron de la administración de esta antigua autonomía de Serbia. También trabajó para la ONU en Timor Este, que es un territorio que pertenecía como colonia a Portugal, y que posteriormente fue anexionado por Indonesia en 1975. Tras un conflicto civil y un referéndum de autodeterminación apoyado por Naciones Unidas se convirtió en un estado independiente.
Asimismo se ocupó de ayudar a las minorías en Macedonia y Bosnia-Herzegovina, dónde Milorad Dodik, el presidente de la República Srpska, la entidad de la serbia de la República de Bosnia y Herzegovina, a menudo juega con la amenaza de hacer un referéndum secesionista. En el Kurdistán Iraquí, ha trabajado puntualmente como asesor para ONG representando a minorías en temas de participación política. También trabajó como consejero para el Alto Comisario para las Minorías Nacionales dependiente de la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea (OSCE) con sede en La Haya.
Vozpópuli entrevista por videoconferencia a este experto en minorías étnicas que en estos momentos se encuentra en Myanmar (Birmania) trabajando para una ONG.
¿Qué le parece como experto en minorías étnicas y procesos de autodeterminación lo que está pasando en Cataluña?
Hay que comprender que en el mundo hay más de 5.000 grupos étnicos, y menos de 200 estados reconocidos. Esto quiere decir que a nivel internacional la autonomía, el federalismo y los derechos de las minorías son herramientas mucho másútiles y en favor de la paz que la secesion. A lo largo de mi carrera profesional me he encontrado muy a menudo con movimientos que buscan la secesión y con los argumentos a favor del derecho a la autodeterminación y en contra.
Ahora estoy trabajando en Myanmar (Birmania) dónde hay al menos 21 grupos étnicos armados, muchos de los cuales han perseguido la secesión en el pasado o incluso la defienden en el presente, y dónde las guerras civiles en torno a los derechos políticos de las minorías llevan asolando el país desde su independencia, que es de hecho la guerra civil más larga en activo en este momento. En cuanto a violencia política, la situación de Cataluña tiene poco que ver con los países en los que he trabajado.
Con su experiencia en Kosovo, Bosnia-Herzegovina, Timor Oriental y ahora en Myanmar, ¿en qué se parecen o diferencian los diferentes casos que ha vivido con lo que está pasando en Cataluña?
¿Las diferencias con Cataluña? Son muy claras. Es ridículo comparar la Serbia de los años 80 con la España democrática. Las violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar bajo el régimen de Milosevic no tienen ni punto de comparación a lo que es Cataluña hoy, un lugar que tiene un nivel de autogobierno muy alto, donde hay un Estado de Derecho bastante aceptable si lo comparas con la Yugoslavia de los 90. En Kosovo se dio un acto criminal masivo, que fue el desplazamiento forzado de 800.000 personas, que eran más o menos el 90% de la población, fuera de fronteras, lo cual a los ojos de la comunidad internacional deslegitimó la autoridad de Serbia para gobernar en Kosovo.
Sin embargo, la independencia no fue inmediata y todavía hoy no es completa…
Como resultado de las barbaridades que se hicieron contra los derechos humanos, la comunidad internacional continuó administrando Kosovo, y Pristina fue creando las instituciones de autogobierno hasta que llegó a un punto en el que se buscó un acuerdo político. El acuerdo político es lo más importante para los temas de autodeterminación. Si hablamos del derecho a decidir, el punto central es si hay o no un acuerdo político, porque no existe el derecho a la secesión bajo el derecho internacional, y esto lo saben Junqueras, Puigdemont y todos los políticos que están a favor del referéndum.
Pero al final Kosovo es independiente, por lo menos para algunos países.
Lo que pasó en Kosovo fue que el acuerdo político falló por la falta de apoyo de Rusia, fiel aliado de Serbia, y por eso se decidió hacer una declaración unilateral, que fue apoyada por la mayor parte de los miembros de la Unión Europea y EEUU. Y esta declaración unilateral ha sido reconocida, a día de hoy, por 111 países. Pero esto ha llevado a una situación en la que Kosovo es considerado un país independiente por ciertos países y no reconocido por otros. La ONU tampoco lo reconoce, por lo que Kosovo estará en el limbo hasta que no haya un acuerdo de las grandes potencias del consejo de seguridad, y no tendrá un estatus legal claro, como le podría pasar a Cataluña.
Sin embargo, Junqueras ha dicho que ellos no acatan la legalidad del Tribunal Constitucional porque el derecho internacional ampara la independencia…
Ese es un argumento político, no legal. Desde un punto de vida legal, lo que dice Junqueras no se sostiene frente al artículo 1 común del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos artículos describen el derecho a la autodeterminación de los pueblos, que está claramente sujeto a la integridad territorial de los estados, que es una de las bases de la carta de la ONU.
Las declaraciones de la ONU en torno al derecho de autodeterminación de los años 60 y 70 delimitaron claramente el derecho de autodeterminación como un derecho a la secesión en el contexto colonial. Y fuera del contexto colonial, desde el punto de vista legal tenemos una interpretación claramente a favor de la integridad territorial de los estados, lo que quiere decir que para que haya secesión tiene que haber un acuerdo con el Estado central. Y esto está reflejado muy claramente en la opinión del Tribunal Supremo de Canadá de 1998 sobre la secesión de Québec y en muchos otros pronunciamientos de organismos internaciones y tribunales domésticos.
Pero eso no quiere decir que no exista el derecho a la autodeterminación. Lo que quiere decir es que es un derecho polifacético, relacionado con la participación política efectiva y que está sujeto a la integridad territorial de los Estados. La opinión del Tribunal Supremo de Canadá menciona que en algunos casos la existencia de violaciones de derechos de forma masiva puede dar lugar a un derecho a la secesión unilateral, aunque este argumento no ha sido apoyado formalmente por ningún tribunal internacional u organismo supranacional. Y en cualquier caso, no es aplicable a Cataluña, porque no es un lugar comparable a situaciones como la de Tíbet, Chechenia o similares. Los independentistas a veces se refieren a la opinión del Tribunal Internacional de Justicia del 2010 sobre Kosovo, la cual -como bien saben- no trató sobre la legalidad del derecho a la secesión como tal, sino sobre la legalidad internacional de la declaración de independencia en sí. No hay una comparación seria.
Entonces, en los casos en los que ha habido independencia, como por ejemplo Eritrea de Etiopía, Sudán del Sur de Sudán, o Montenegro de Serbia, ¿siempre ha sido en virtud de un acuerdo?
O también tras un baño de sangre. Cuando ha habido rupturas con violencia extrema y se han producido baños de sangre reales o rupturas de fronteras que han destrozado vidas y provocado desplazamientos masivos. Este es uno de los motivos por los que la comunidad de estados decidió no mover las fronteras a no ser que hubiera o un acuerdo clarísimo o unas razones muy especiales que lo justifiquen.
En Cataluña no ha habido nada parecido.
Está claro. Desde mi punto de vista y habiendo visto tantas crisis donde se han producido tragedias indescriptibles, yo creo que en el primer mundo, como por ejemplo es Cataluña y España, no se aprecia lo suficiente lo que es la estabilidad y el valor del autogobierno. El autogobierno en Cataluña, con todos sus defectos e incluso con todos los recortes que el Tribunal Constitucional impuso al Estatuto de Autonomía, sigue siendo un régimen de autogobierno bastante envidiable a nivel internacional.
Quizá por eso la comunidad internacional no apoya la secesión unilateral de los independentistas catalanes.
El derecho a la autodeterminación tiene un aspecto interno y otro externo. Este último está vinculado con el reconocimiento de otros estados, el estatus de un territorio a nivel internacional. Sin embargo, el interno está relacionado con el tipo de gobierno de los territorios. Si es democrático y con pleno respeto a los derechos de sus habitantes incluyendo ahí sus diferentes culturas e idiomas. Entonces, el ejercicio de este derecho a la autodeterminación, desde el punto de vista interno, se hace a través de la autonomía o del federalismo, que son soluciones a reclamaciones de autodeterminación que son mucho más aconsejables que las posiciones más radicales que son anexión o secesión.
Desafortunadamente, en este debate de Cataluña, por la decisión del Tribunal Constitucional sobre el Estatut y por el carácter cerril del Gobierno central y el poco realismo de los políticos independentistas catalanes, se ha llegado a una situación en la que no se toma lo suficiente en cuenta la tercera vía, es decir, el autogobierno, que se ejemplifica en la autonomía o el federalismo, que son opciones mucho más aconsejables y más pacíficas.
No existe el derecho a la sucesión unilateral de acuerdo con el derecho a la autodeterminación. Sin embargo, lo que sí existe es el juego político. Por eso los políticos siempre se refieren a estos derechos y siempre seguirán diciendo que existe el derecho a la autodeterminación como secesión, un poco para jugar con la legitimidad y con el apoyo público. Porque al final lo que los políticos quieren movilizar es el sentimiento nacionalista, que es un movilizador de primera, y es un sentimiento ganador. Quien logre movilizar los sentimientos nacionalistas lleva las de ganar. En el caso de Cataluña, los políticos proindependencia han sido muy hábiles y han movilizado de una manera mucho más efectiva el sentimiento por la independencia que los partidarios de la autonomía.
¿Cree posible que los proespañoles se puedan movilizar para contrarrestar a los independentistas? ¿Podría haber un choque de trenes entre las dos legitimidades?
El problema es que el statu quo no es sexy o atractivo. Nadie sale a la calle a agitar la bandera de la autonomía porque es lo conocido y es un poco aburrido, porque es lo mismo de siempre. Sin embargo, la promesa de la independencia y del cambio es algo nuevo: es una identidad nueva y construir un nuevo país. Y esas ideas tienen muchísimo más agarre que mantener y perfeccionar la autonomía para seguir viviendo en condiciones decentes y democráticas. Yo creo que ese choque de trenes no se va a producir de esa manera. Yo creo que la situación a la que esto está llevando es que el Gobierno central se verá obligado, en última instancia, a celebrar un referéndum pactado. Si no por este Gobierno, por un Gobierno futuro de otras fuerzas políticas.
Porque el nivel de movilización en Cataluña y el nivel de apoyo al referéndum es tal, que es imposible no dar cauce democrático a estas reclamaciones sin estropear la calidad democrática de España.
Tiene que haber un referéndum, aunque desde luego que lo que se va a organizar el 1 de octubre va a ser una especie de movilización sin garantías democráticas en la que sólo un parte va a participar. Va a ser un poco como una fiesta independentista o un mambo, como ha dicho la CUP, pero el problema no se va a acabar ahí. Si no se encauza por vías legales y democráticas, este proceso va a erosionar la calidad de la democracia en España.
¿Y qué le parece la prohibición de los actos por el derecho a decidir en otras partes de España?
Es un error tremendo, porque al final se está haciendo propaganda a favor de la independencia. Además, supone una erosión de los derechos políticos de los convocantes. Es ridículo que en un Estado democrático se prohíba una manifestación en favor de causas perfectamente legítimas como ésta de la independencia o el referéndum.
Pero en Cataluña el Parlament aprobó las leyes del referéndum y de la ruptura en dos días saltándose todos los derechos de la oposición…
Estas leyes se han aprobado de manera antidemocrática, autoritaria y vergonzosa. Tanto el Gobierno central como el movimiento de Junts pel Sí están utilizando maniobras muy poco democráticas que erosionan la calidad de los procesos de participación en Cataluña y en el resto del Estado español, y esto no lleva a nada bueno, porque va a producir una polarización aún mayor entre los habitantes de Cataluña que están a favor de mantenerse en España y los que quieren la independencia.
Después de que Junqueras diga que no va a acatar las decisiones del Constitucional y hasta que el 1 de octubre no se vote, ¿qué legalidad rige según los nacionalistas en Cataluña?
Sí. El gran peligro de este proceso de búsqueda de la autodeterminación sin apoyo internacional ni político ni legal externo, y al no estar encauzado dentro del margen de las leyes españolas, lo que está creando es una incertidumbre legal que no va a hacer más que aumentar. Y crecerá porque una vez que tenga lugar el referéndum, si las autoridades catalanas continúan por la vía de establecer estructuras paralelas, nos vamos a dirigir a una situación que se puede parecer a la del norte de Kosovo, dónde hay estructuras paralelas para las zonas serbias que no obedecen el orden constitucional de Pristina [la capital de Kosovo].
Estas estructuras paralelas sólo traen incertidumbre, empobrecen la economía y además van a llevar a una situación triste, tanto para los que se sienten españoles como para los que se sienten catalanes. Vivirán mirándose el ombligo, porque la crisis política interna será tal que en unos pocos años vamos a estar hartos de hablar de las legalidades catalana y española, y vamos a echar de menos los tiempos en los que había una ley clara, un Estatuto, una Constitución y unas normas del juego político consensuadas. El gran argumento en contra del procés es que lleva a la incertidumbre y a la crisis.
Este posible futuro de Cataluña podría parecerse a lo que usted ha vivido en Bosnia, Kosovo…
He visto tantas sociedades que viven en limbos legales, en estructuras paralelas y en sociedades polarizadas dónde la gente acaba odiándose por su origen étnico y cultural, que me parece que es un panorama muy poco atractivo. Sin embargo, el panorama de tener unas instituciones fuertes, un Estatuto de Autonomía que tenga el apoyo de la mayoría de los catalanes, y dentro de la legalidad española, es mucho mejor. Pero lo que pasa es que las personas que nunca han vivido crisis y el desastre que es Transnistria, Kosovo y Tatarstán y tantísimos otros territorios indefinidos, no saben en lo que se están metiendo.
Si uno piensa en la Ucrania de antes de la guerra civil, una situación en la que los ciudadanos se meten de lleno en un movimiento político que tiene variables internacionales que están fuera de su control, y terminan en una situación fuera de su control, que es peor que la situación inicial.
Si algo me ha enseñado mi experiencia internacional es a apreciar la cautela y las instituciones del Estado de Derecho. Y la cautela política es una cosa que ni en Cataluña se aprecia suficientemente ni el Gobierno en Madrid aprecia la fuerza legitimadora que tiene el nacionalismo catalán, que no va poder pararse por vías represivas. Tiene que tomar un cauce participativo, quizá en última instancia incluyendo un referéndum con las debidas garantías y no partidista.
¿Entonces cree que la solución para la actual crisis de Cataluña debería llegar de una negociación entre el Gobierno central y la Generalitat?
Para mí lo que existe es un derecho a decidir limitado y un deber de negociar limitado. Y tan irresponsable es el que busca el derecho a decidir como si estuviéramos en un mundo idealista utópico como negarse a negociar cerrilmente. Las dos conductas son irresponsables. Puigdemont, Colau y Junqueras han publicado una carta, que obviamente tiene detrás su juego político y sus pequeñas trampas, pero en ella dicen algo que está muy bien, que es que están dispuestos a negociar permanentemente, y eso yo creo que es una postura en la que le están ganando la partida al Gobierno central.
[Fuente: Por Tono Calleja, Vozpópuli, Madrid, 17sep17]
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