| Información |  | |
Derechos | Equipo Nizkor
| ||
| Información | | |
Derechos | Equipo Nizkor
| ||
05sep17
El fiscal general garantiza ante el Rey una actuación ‘firme y enérgica’ en defensa de la ‘patria común’
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha garantizado que los jueces ampararán a todos aquellos servidores públicos que se encarguen de hacer cumplir la Ley en "cualquier parte" de España. Lesmes ha lanzado este mensaje dirigido al proceso soberanista catalán en su discurso de apertura del año judicial, presidido este martes por el Rey en la sede del Tribunal Supremo. En el mismo acto, el fiscal general del Estado ha prometido una actuación "firme y enérgica" en defensa de la "patria común e indivisible".
“Como jueces, hoy más que nunca, nos corresponde custodiar sin ambigüedades la Constitución y la Ley”, ha afirmado el presidente del Supremo, quien ha recalcado que la unidad de la nación española es un “mandato jurídico directo” de “inexcusable cumplimiento” para todos los poderes del Estado “Nadie sufrirá por cumplir la ley”, ha asegurado el también presidente del Poder Judicial, en respuesta a una de las mayores inquietudes que se plantean de cara al referéndum ilegal: a qué sanciones se enfrentan los funcionarios y empleados públicos tanto si optan por obedecer a los cargos del Govern catalán que promueven la votación como si se decantan por atenerse a la legislación del Estado español y se niegan a participar.
A juicio de Lesmes, las “voluntades unilaterales” que solo apuestan por “la ruptura o la separación” son “inaceptables” y “solo violentan la propia democracia, pues ningún principio democrático puede amparar ni legitimar que una parte disponga sobre el todo”. Por otro lado, ha recalcado que el Poder Judicial es “único, fuerte e independiente” lo que supone una “mejor garantía de la libertad y la igualdad de los españoles” y ha recordado que la Constitución es “un conjunto de mandatos jurídicos de obligado cumplimiento”.
Cataluña y el órdago que los independentistas pretenden culminar el 1 de octubre con la celebración de un referéndum de autodeterminación han ocupado también parte del discurso que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha pronunciado en este mismo acto de apertura del Año Judicial. “La fiscalía ha seguido y seguirá actuando en defensa del Estado de Derecho”, ha proclamado.
Maza ha recordado que “en épocas convulsas, nuestro principal asidero es la ley”, por lo que ha garantizado que “los fiscales estamos y estaremos en la vanguardia de la defensa de la legalidad”. El fiscal general ha hecho hincapié en que “el respeto a la ley garantiza nuestra convivencia” en respuesta a la pretensión de los secesionistas de saltarse la Constitución y todo el ordenamiento jurídico vigente promoviendo su propia legalidad alternativa. Ante la gravedad de este pulso al Estado, Maza ha considerado que “no caben vacilaciones” frente a la sinrazón de quienes se sitúan al margen de la ley. El fiscal general ha querido “dejar claro” que en este momento que atraviesa España la institución que comanda “no abriga duda alguna acerca de sus obligaciones” en este sentido.
Maza ha insistido en que, bajo las órdenes de la Fiscalía General, las fiscalías de la Audiencia Nacional, del Constitucional, del Tribunal de Cuentas y de Cataluña, así como las provinciales de Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona, “seguirán actuando con celeridad y coherencia” para garantizar la convivencia constitucional.
Tanto Maza como Lesmes han aludido en sus respectivos discursos a la corrupción, un fenómeno que para el presidente del Supremo “produce desánimo social y lamentablemente corroe” algunas instituciones y ante la que es “imprescindible” promover un Poder Judicial que preserve su independencia y actúe con transparencia y cercanía.
En su intervención, ha aprovechado para pedir a las autoridades que atiendan a las demandas de los jueces (cuyas asociaciones representativas hoy han anunciado “medidas de presión” para que se escuchen sus peticiones), y ha recordado que han sufrido mermas en sus derechos estatutarios y en sus retribuciones al tiempo que han soportado incrementos notables en sus cargas de trabajo. “Esa sociedad a la que servimos también debe cuidar de sus jueces”, ha manifestado.
El fiscal general ha recordado que se trata de un problema de “magnitud y complejidad” que disminuye la confianza de los ciudadanos en las instituciones y frente al que “el Ministerio Público no tolera espacio alguno de impunidad”.
Maza ha criticado el “injustificado cuestionamiento del trabajo y la imparcialidad” de la Fiscalía Anticorrupción, que “dirige sus investigaciones y acusaciones cuando tiene sospechas bien fundadas o evidencias, sin atender a la identidad, posición, orientación política o social de las personas físicas o jurídicas investigadas ni a los cargos que ostentan o han ostentado”. Así, ha destacado que, según los datos del CGPJ, hasta el primer trimestre de 2017 había 1.378 cargos públicos investigados por corrupción y 399 condenados en sentencia firme.
Más control del Tribunal de Cuentas sobre los municipios
La Fiscalía General del Estado considera que es necesario incrementar el control del Tribunal de Cuentas sobre los ayuntamientos tras recibir “numerosas denuncias” relativas a irregularidades en la gestión económica-financiera de las corporaciones locales. Aunque reconoce que el Tribunal no tiene entre sus cometidos directos la lucha contra la corrupción, puede colaborar con otros órganos que tienen esta competencia, al poner en sus informes de manifiesto “todas las irregularidades, formales y materiales” de las entidades del sector público que fiscaliza.
El Tribunal de Cuentas aprobó la semana pasada el Informe de Fiscalización del Sector Público Local de 2015, en el que se refleja que el endeudamiento de las entidades locales se redujo un 6 % con respecto al ejercicio anterior. Pero el 22 % de los ayuntamientos, uno de cada cinco, no habían presentado sus cuentas al Tribunal dos meses y medio después del plazo legalmente establecido
Por otra parte, Maza no ve por el momento una amenaza significativa en el colectivo de disidentes con la estrategia de ETA y de la izquierda abertzale tras el cese de la violencia por parte de la banda, pero insta al “adecuado control y seguimiento” de la evolución y desarrollo de esos grupos. Sí reconoce que los disidentes con la estrategia del “conglomerado ETA-izquierda abertzale” tras el cese “han ido aumentando progresivamente sus manifestaciones públicas críticas” con esa estrategia “y elevando el tono de las mismas, tratando de lograr un mayor respaldo entre la militancia abertzale”.
Al analizar los delitos de odio, la Fiscalía establece una diferencia entre la humillación y el menosprecio a las víctimas, “que son cometidos por la condición del sujeto pasivo”, y la publicación de mensajes con “chistes groseros”. Por eso, considera que la publicación de un tuit reenviando un chiste grosero, “por muy ofensivo que pueda resultar”, no puede ser castigada con la misma pena que el enaltecimiento público del terrorismo y la humillación a las víctimas.
Del análisis que la Fiscalía hace de los delitos de odio se desprende que, de los 82 escritos de acusación de este tipo formulados por el Ministerio Público el año anterior, 34 fueron por delitos con el agravante de discriminación racista, ideológico o sexual, y que 16 de ellos acabaron en sentencia. En este sentido, la Fiscalía subraya que los motivos fundamentales de estos delitos son el racismo y la xenofobia, seguidos de la orientación e identidad sexual y orientación política.
También ocupa un lugar destacado la discriminación por discapacidad y la “aporofobia”, un término que designa a los delitos contra personas pobres pero que todavía no se recoge como agravante específico en el Código Penal. Asimismo, la Fiscalía recomienda “al Estado español” que redoble sus esfuerzos para que el proyecto de la ley integral para la igualdad de trato y no discriminación, aprobado en enero de 2011, “sea adoptado de manera expedita”.
Prohibir velo en el trabajo puede ser discriminatorio
En lo relativo a las actitudes discriminatorias, Lesmes ha advertido de que prohibir el velo islámico en el trabajo puede considerarse que lo es. Cabe recordar que la justicia europea avaló que las empresas privadas prohíban a sus empleadas lucir velo islámico en el lugar de trabajo, siempre que la normas internas de indumentaria afecten a cualquier símbolo religioso, filosófico o político y no solo a las personas de una confesión en particular.
“El deseo de un empresario de ofrecer una imagen neutra ante sus clientes del sector público como privado tiene un carácter legítimo, en particular cuando solo atañe a los trabajadores que están en contacto con sus clientes”, ha añadido Lesmes recordando el fallo del tribunal de Luxemburgo sobre el caso de Samira Achbita.
Achbita, quien trabajaba como recepcionista con el velo para la compañía belga GS4, fue despedida de su empresa tras incumplir una norma que prohíbe a los trabajadores llevar signos visibles de sus convicciones políticas, filosóficas o religiosas u observar cualquier rito derivado de éstas en el lugar de trabajo.
Sin embargo, Lesmes ha advertido de que “tal prohibición puede llegar a constituir una discriminación indirecta si se acredita que esa obligación, aparentemente neutra, ocasiona, una desventaja particular para aquellas personas que profesan una religión o tienen unas convicciones determinadas”. Es por ello que ha apostado por “tender puentes entre sensibilidades distintas” lo que puede propiciarse a través de la “realidad social”, de manera que “un empleador no se muestre insensible a las obligaciones religiosas de sus empleados”. Se trata, ha concluido, de “un ajuste o adaptación razonable” que se conciba como “una medida individual de rechazo de la discriminación”.
[Fuente: República de las ideas, Agencia, Madrid, 05sep17]
Donaciones
Radio Nizkor
 | This document has been published on 10Sep17 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. |