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12feb14
Anticorrupción pide 4 años de cárcel para el exdirector de CAM López Abad, responsable de una caja que fue rescatada con 15.000 M.
La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado cuatro años de prisión para el exdirector general de la CAM Roberto López Abad y dos y medio para el expresidente de la Comisión de Control Juan Ramón Avilés por supuestas irregularidades en el cobro de dietas y en la concesión de créditos por valor de 17 millones a este último. Esto supone rebajar las penas que este mismo miércoles había solicitado el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). La entidad financiera alicantina fue calificada por el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez como "lo peor de lo peor".
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha cifrado el rescate con dinero público para la caja de ahorros en unos 15.000 millones de euros.
En un escrito remitido al instructor del caso en la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, la Fiscalía acusa a López Abad de apropiación indebida agravada, por el que le reclama también una multa de 90.000 euros o, alternativamente, de un delito societario, caso en el que solicita tres años de cárcel. La Fiscalía acusa a Avilés de un delito de otorgamiento de contrato simulado en perjuicio de tercero.
Asimismo, Anticorrupción pide que López Abad y Avilés indemnicen al Banco Sabadell en la cantidad de 1,49 millones de euros de forma solidaria junto a otros 18 miembros de la Comisión de Seguimiento y Control de Tenedora de Inversiones -sociedad participada por la CAM-, que cobraron de forma presuntamente irregular dietas de entre 9.566 y 308.000 euros, informa Efe.
Unas horas antes, el FROB había solicitado seis años de prisión para López Abad y diez para Juan Ramón Avilés por esas mismas supuestas irregularidades. El pasado 9 de enero, el magistrado dio el primer paso para sentarles en el banquillo tras transformar las diligencias en procedimiento abreviado en un auto en el que apreciaba "indicios de criminalidad" en la conducta de los dos exdirectivos.
La investigación, que se ha desarrollado como una pieza separada de la causa principal de la CAM, se ha centrado en averiguar las condiciones en las que la entidad concedió créditos a Avilés, para lo que el magistrado ha tomado declaración a exdirectivos y exconsejeros de la entidad, incluido el vicepresidente del Gobierno de Murcia y consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal Roldán.
El exdirectivo está imputado por la concesión de créditos por valor de 16,6 millones en condiciones ventajosas a empresas vinculadas a él mismo, entre las que destaca la venta de acciones de La Vereda de Sucina, una sociedad acreditada de la CAM con un riesgo de 14 millones.
La mujer de Avilés vendió el total de las participaciones de La Vereda de Sucina a la hermana del mismo por 90.000 euros, una operación que, tal y como explicaba Gómez Bermúdez, fue "puramente formal", ya que tanto antes como después de la misma Avilés "siguió tomando las decisiones de la sociedad". Esta venta propició que se refinanciaran los préstamos que la sociedad mantenía con la CAM, créditos que supusieron una pérdida de 4,92 millones de euros para la caja de ahorros, y actualmente se encuentran impagados, según informó el Banco Sabadell el pasado 27 de noviembre.
La CAM, "financiador exclusivo"
Según un informe del Banco de España, la CAM fue el "financiador exclusivo" del grupo de sociedades de Avilés, a quien, a fecha de 30 de septiembre de 2011, había concedido préstamos por valor de 16,6 millones de euros. Avilés, según el supervisor, realizó operaciones de "ocultación de propiedad", utilizando para ello a su hermana como testaferro "de una sociedad en dificultades acreditada en la caja".
Basándose en el informe del Banco de España, el juez asegura que López Abad sería el ideólogo del sistema de cobro de dietas irregulares instaurado entre los miembros de la Comisión de Seguimiento y Control de Tenedora de Inversiones y Participaciones, el "hólding" inmobiliario de la CAM.
Para el juez, "independientemente de las personas que formalmente adoptaran las decisiones (...) la idea de acudir a esta estratagema para retribuir a los miembros de la comisión con unos emolumentos superiores a aquellos a los que tenían derecho partió del director general, Roberto López Abad". En este sentido, existe constancia de que López Abad explicó los pormenores de estos cobros irregulares en la reunión de la comisión de retribuciones de la entidad del 14 de marzo de 2005 y en la del consejo de administración del 20 de diciembre del mismo año.
Dentro de esta trama, Avilés está acusado del presunto cobro irregular de dietas entre 2007 y 2011, que ascienden a 40.000 euros, por su pertenencia a la Comisión de Seguimiento y Control de la sociedad Tenedora de Inversiones y Participaciones. Adicionalmente, el juez señalaba que Avilés recibió indebidamente entre enero y julio de 2011 otros 3.336 euros como presidente de la Comisión de Control de la propia caja.
[Fuente: Vozpópuli, Madrid, 12feb14]
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