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06abr08
El Gobierno aplaza un año la aplicación de su competencia en Memoria Histórica
A pesar de la urgencia con la que se tramitó la ley de Memoria Histórica, uno de los proyectos estrellas de Zapatero durante la pasada legislatura, el Gobierno socialista incurre en un nuevo «olvido» a la hora de aplicar la ley. Parece que al propio Gobierno se le ha olvidado ya la memoria de la Guerra Civil y la Dictadura, con la que ha machacado constantemente a la opinión pública en estos últimos cuatro años.
Es ya el segundo «olvido» en que incurre el Ejecutivo a la hora de aplicar la ley, en vigor desde diciembre pasado: en febrero silenció el hallazgo de una fosa común en el acuartelamiento de la Bripac, en Alcalá de Henares, cuando su propia ley le obliga a informar de la aparición de estas fosas, facilitando incluso planos de su localización. Ahora, el Ministerio de Justicia -al que se adjudicó una de las principales actuaciones contempladas en la ley de Memoria Histórica- ha decidido retrasar, por su propia cuenta, la aplicación de sus competencias en esta controvertida norma. Así, el departamento del ministro en funciones Mariano Fernández Bermejo ha aplazado la puesta a disposición de personal, medios y recursos para cumplir con esta legislación.
Vagas explicaciones
La Guerra Civil y el franquismo, que tanto han obsesionado al Gobierno en estos últimos años, han pasado a ocupar los últimos puestos en la lista de prioridades del Ministerio de Justicia, actualmente aguijoneado por problemas más urgentes y cruciales, como la huelga de los funcionarios o la polémica del caso de la pequeña Mari Luz asesinada en Huelva.
Lo que demuestra una vez más que una de las leyes que más ha dividido y enfrentado a los españoles en las últimas décadas, tiene mucho de maniobra propagandística, para atizar viejos enfrentamientos y reabrir antiguas heridas dentro de la estrategia de tensión admitida por el propio Rodríguez Zapatero durante la campaña de los comicios del pasado 9 de marzo.
De acuerdo con el artículo 4 de la ley de Memoria Histórica, al Ministerio de Justicia le corresponde la tramitación de la llamada «Declaración de reparación y reconocimiento personal» de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. Éste es uno de los nuevos «derechos» reconocidos a los españoles por este polémico texto normativa y una de las contribuciones más peculiares de la citada ley.
Sin información en la «web»
Según ha podido saber ABC, las personas que se han dirigido ya al Ministerio de Justicia para solicitar esta declaración, se han encontrado con vagas explicaciones para justificar el olvido administrativo sobre lo relativo a la «memoria histórica». El servicio de atención al ciudadano del propio Ministerio informa que hasta diciembre de 2008, como muy pronto, no se podrá ejercer el nuevo «derecho» concedido por Zapatero.
La propia página «web» del Ministerio de Justicia no facilita ningún tipo de información acerca de los «derechos» que la ley de Memoria Histórica concede a los españoles. De hecho, Justicia reconoce que, por el momento, no existen formularios o impresos para solicitar la declaración de reparación. Ni siquiera se han decidido los requisitos sobre la documentación que debe ser aportada para obtener la declaración o los criterios por los que la solicitud podrá ser aceptada o rechazada.
El departamento de Mariano Fernández Bermejo se ha concedido, de este modo, una insólita prórroga para la aplicación de la ley de Memoria Histórica, prórroga que no está fijada en la propia norma. Según la disposición final segunda, la ley debía entrar en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir, el pasado 28 de diciembre.
Sólo se establece una excepción, la de la disposición adicional séptima de la nueva norma, referida a la solicitud de la nacionalidad española por parte de los hijos y nietos de exiliados, que podrá empezar a pedirse un año después de la publicación de la ley.
Hasta el año próximo
Por tanto, según la ley, el Ministerio de Justicia debía de aceptar desde el primer día las solicitudes de los españoles que desearan contar con la declaración del carácter injusto e ilegítimo de las resoluciones de los tribunales que condenaron durante la Guerra Civil o la dictadura franquista a sus ascendientes. Sin embargo, el departamento ministerial que dirige Mariano Fernández Bermejo ha decidido mantener cerradas de momento sus ventanillas a los litigios del pasado, por lo menos hasta el año que viene.
[Fuente: Por Fermín Saleta, ABC, Madrid, Esp, 06abr08]
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