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22abr07
El Gobierno blindará la ley para evitar que los juicios franquistas generen indemnizaciones.
El Gobierno tiene mucho interés en dejar claros los límites del vuelco que el jueves dio a la Ley de Memoria Histórica, y que logró su desbloqueo. El Ejecutivo y el PSOE pactaron con IU-ICV declarar "ilegítimos" los juicios de la represión franquista, pero el Gobierno tratará de impedir que de esa declaración se deriven consecuencias económicas. Los socialistas recuerdan que, de lo contrario, miles de afectados pondrían en jaque al Estado reclamando indemnizaciones millonarias, por ejemplo, por un fusilamiento injusto.
El Ejecutivo ha aceptado, para que la ley saliera adelante, el concepto de ilegitimidad que proponía IU-ICV. Pero ahora quiere ponerle límites. Desde ámbitos parlamentarios se estima, no obstante, que los ciudadanos que vayan a los tribunales con esa declaración de ilegitimidad podrían no sólo pedir la nulidad del juicio, sino solicitar una indemnización. Los plazos, en cualquier caso, son largos para ver cómo quedará finalmente la ley. Después del principio de acuerdo de PSOE e IU-ICV, ahora comenzará la tramitación parlamentaria.
El Gobierno sí quiere que haya indemnizaciones para algunos colectivos de represaliados, pero de forma controlada y claramente fijada en la norma, y no como una reclamación generalizada en los tribunales. Se trata de personas que quedaron fuera de anteriores entregas de indemnizaciones. La actual redacción de la ley mejora las pensiones para los huérfanos de represaliados, los presos políticos que sufrieron cárcel y aquéllos que fueron enviados a batallones disciplinarios, estos últimos no contemplados hasta ahora.La preocupación por la posibilidad de que la ley produzca una especie de reclamación masiva de afectados se ha extendido en el Grupo Socialista. Por eso se están buscando bien las palabras precisas. El pacto alcanzado por PSOE e IU-ICV, que elimina el tribunal de cinco notables ideado por el PSOE para rehabilitar la memoria de los represaliados y deja en manos del Ministerio de Justicia la "declaración de reparación y reconocimiento personal" para las víctimas creados, ya contiene una limitación evidente: "Esta declaración [que expide Justicia] no constituirá título para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado, de ni cualquier Administración Pública, ni dará lugar a efecto, reparación o indemnización de índole económica o profesional". Por si había dudas.
Los ciudadanos que están a la espera de utilizar la ley, algunos ya muy ancianos, tendrán que esperar un tiempo. Quizá hasta avanzado el próximo otoño. Sólo entonces los afectados podrán reclamar. Pero antes hay que conseguir una mayoría para su aprobación. "La ley parte ya con una mayoría suficiente para ser aprobada", señala el portavoz del Grupo Socialista, Diego López Garrido, uno de los muñidores del acuerdo. La ley saldrá adelante con los votos del PSOE, de IU-ICV y el PNV. Aunque los nacionalistas vascos no han dicho la última palabra, su portavoz, Josu Erkoreka, y el portavoz socialista han mantenido una reunión en la que las coincidencias son notables. También hay aproximación a Coalición Canaria y el Grupo Mixto. De momento, CiU mantiene discrepancias fundamentales. ERC también mantiene su rechazo al no cubrir ninguna de sus expectativas.
El PP considera que con esta ley el PSOE "entierra definitivamente" la transición democrática". De hecho, la cuestión de la memoria histórica es siempre uno de los ejes centrales de las decenas de mítines que el líder del PP, Mariano Rajoy, ofrece por toda España. "La gente no quiere hablar de Franco ni de la república, sino de educación y sanidad", señala sistemáticamente Rajoy entre grandes aplausos.
[Fuente: Por Anabel Díez y Carlos E. Cué, El País, Madrid, 22abr07]
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