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20may13
La acusación denuncia hoy al fiscal del caso Blesa por actuar contra la ley
La Fiscalía de Madrid no quiere actuar contra el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa. Desde un principio, se ha opuesto a llevar a cabo esta investigación; además, informó en contra de la prisión del exbanquero y ahora va a pedir que se anule todo el procedimiento. De ahí que la acusación que ha promovido desde el principio este caso presente hoy ante la Fiscalía General del Estado una denuncia contra el fiscal por actuar en contra de la ley.
El titular del juzgado número 9 de Madrid, Elpidio José Silva, ha actuado en todo momento en contra del Ministerio Público, quien lleva pidiendo el archivo de la causa desde el principio. Aun así, el instructor ha seguido adelante y decidió imputar a Blesa y al empresario Gerardo Díaz Ferrán, seguir con el caso e hacer lo propio posteriormente con el comité financiero de la entidad y después enviar a prisión a Blesa con una fianza de 2,5 millones de euros, que pagó en menos de 24 horas.
La acusación quiere que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, tome cartas en el asunto y actúe en contra del representante del Ministerio Público designado para este caso por vulnerar el artículo 124 de la Constitución, que reza: "El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tienen como misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social".
Los denunciantes sospechan que este fiscal está bajo las órdenes del fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, pero que hasta el momento Torres-Dulce no ha ordenado ninguna directriz. Aun así, el juez está demostrando que, a pesar de la Fiscalía, él está actuando de acuerdo con su propio criterio.
Imputar a todo el Consejo de Administración
Después de tomar la decisión de enviar a la cárcel a Blesa, el siguiente punto de mira está puesto en el Consejo de Administración de Caja Madrid. La acusación va a solicitar la imputación de los veinte miembros, quienes firmaron de forma unánime la compra, en 2008, del City National Bank de Florida (CNBF), que supuso grandes pérdidas económicas para la entidad y se adquirió por un precio superior al establecido, lo que para el juez supone un posible delito de administración desleal.
En el auto de prisión dictado el pasado jueves, Silva Pacheco explica que Caja Madrid era una entidad presidencialista y, por lo tanto, Blesa es el responsable de dar la orden de comprar un banco sin hacer los estudios pertinentes y sin valorar adecuadamente los riesgos que suponía hacer esa inversión. Aun así, la acusación considera que los consejeros también tienen su responsabilidad como cómplices o encubridores de los delitos presuntamente cometidos al respaldar una decisión que, según el juez, podría haber sido delictiva.
Dos ordenadores y miles de correos
La compra del CNBF y el préstamo a Díaz Ferrán de 26,6 millones de euros, a sabiendas de que no podía devolverlo, es sólo la punta del iceberg. El juez tiene ya a su disposición dos ordenadores que la Guardia Civil ha incautado del domicilio de Blesa y otro del servidor central de Bankia, donde aparecen miles de correos electrónicos tanto enviados como recibidos por el expresidente.
El contenido de esos correos puede, según fuentes jurídicas, descifrar muchos datos. Principalmente, podría revelar información de créditos concedidos por la entidad por orden directa del presidente, y sin ningún tipo de garantías, tanto a los propios consejeros como a políticos de distintas formaciones. Una prueba de ello es el crédito concedido a Díaz Ferrán, miembro del Consejo de Administración de Caja Madrid, cuando ya tenía iniciado un proceso de quiebra en sus empresas.
Los investigadores sospechan que algunos miembros del Consejo pudieron recibir créditos con un interés cero que nunca fueron devueltos. Es precisamente eso lo que se quiere analizar, y en los correos electrónicos que ya están a disposición del juez puede residir la respuesta.
Retirada del pasaporte para el Comité Financiero
Fuentes próximas a miembros del Consejo de Administración son conscientes de que el juez ha abierto la veda y a partir de ahora puede ocurrir cualquier cosa, de ahí que no descarten su imputación. Para empezar, este miércoles declaran como imputados todos los miembros del Comité Financiero, es decir, seis integrantes que dieron el visto bueno al crédito de Díaz Ferrán y para quienes la acusación va a solicitar la retirada del pasaporte. A su juicio, hay sospechas de que podrían tener dinero en paraísos fiscales y podrían estar ocultando pruebas y moviendo dicho capital.
El Consejo al completo dio el visto bueno
Todos y cada uno de los miembros del Consejo de Administración firmaron a favor de la compra del CNBF. Algunos se mostraron más contrarios, otros más a favor, pero al final Blesa no encontró ningún impedimento para comprar la entidad americana. El órgano lo componían ocho miembros elegidos por el PP, cuatro del PSOE, uno de Izquierda Unida, cuatro de Comisiones Obreras, uno de UGT y dos del mundo empresarial, concretamente Díaz Ferrán y su socio fallecido Gonzalo Pascual.
Blesa, amigo íntimo del expresidente del Gobierno José María Aznar e inspector de Hacienda de carrera, llegó en 1996 a Caja Madrid gracias al apoyo de IU y de CCOO, que le alzaron contra su predecesor elegido por los socialistas, Jaime Terceiro.
Precisamente el representante de IU en el Consejo, José Antonio Moral Santín, fue uno de los que apoyó la compra del CNBF y consideró que no era necesaria una opinión de expertos ajenos sobre la operación porque con los servicios internos de la caja era suficiente.
Otros miembros como José María Arteta o Alberto Recarte, del PP y hombre fuerte de Adolfo Suárez durante la Transición, apostaron por la operación y consideraron que existían garantías suficientes para proceder a la compra. Sin embargo, también hubo voces contrarias como la de Estanislao Rodríguez-Ponga (también de la cuota del PP y exsecretario de Estado de Hacienda con Cristóbal Montoro), pero finalmente cedieron a la compra. A favor o en contra, todos firmaron por una operación que ha llevado al que fuera presidente a la cárcel por una gestión calificada por el juez de "aberrante".
[Fuente: Por C. Guindal, El Confidencial, Madrid, 20may13]
 | This document has been published on 21May13 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. |