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17ene12
La defensa de Garzón pide pruebas que obligarían a suspender el juicio
La Sala que desde las 10.35 horas de esta mañana juzga en el Tribunal Supremo a a Baltasar Garzón por supuestos delitos de prevaricación y contra las garantías constitucionales relacionados con las escuchas de 'Gürtel' va a resolver en los próximos minutos si acepta o rechaza las cuestiones previas planteadas por la defensa.
El letrado Francisco Baena ha insistido en la recusación de los magistrados Luciano Varela y Manuel Marchena (una alegación reiteradamente desestimada por el tribunal y que no parece que vaya a prosperar ahora) y ha vuelto a plantar una batería de pruebas que, de ser aceptadas, provocaría la suspensión momentánea del juicio con el fin de recabar esas pruebas documentales y que puedan ser estudiadas.
La defensa ha solicitado la totalidad de las diligencias del 'caso Gürtel' que el acusado tramitó y el auto en el que su sucesor en la instrucción, el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira, prorrogó las escuchas realizadas a los imputados encarcelados (Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez) y a sus abogados defensores.
Las diligencias del 'caso Gürtel' ya le fueron entregadas por el instructor del Supremo, Alberto Jorge, en un CD que, según la defensa, no contiene la totalidad de las actuaciones.
En cuanto al auto de Pedreira, las acusaciones han señalado que el juicio no versa sobre las escuchas autorizadas por ese magistrado sino exclusivamente sobre las que ordenó Garzón. Si el instructor del TSJM incurrió o no en prevaricación "ya se verá", dijeron, pero ése no es el objeto de la vista.
La defensa ha solicitado la audición de todas las conversaciones interceptadas, a lo que las acusaciones se han opuesto salvo que se haga a puerta cerrada "para no intensificar el daño producido no sólo a nuestros defendidos sino a nosotros mismos", dijo el abogado de Correa, José Antonio Choclán. A su parecer, esa audición sólo pondría de manifiesto que las conversaciones intervenidas "afectaban al derecho de defensa" y que la actuación de Garzón fue "una clamorosa prevaricación judicial".
Apoyos a Garzón
El juicio a Baltasar Garzón por ordenar grabar las conversaciones en prisión de los imputados en el 'caso Gürtel' y sus abogados ha comenzado pasadas las 10.30 horas, una vez que el tribunal ha declarado el inicio de la audiencia pública y el magistrado ha entrado en la sala entre aplausos.
Garzón ha llegado al Tribunal Supremo media hora antes de la hora fijada para el inicio de la vista. Ha llegado andando al tribunal, donde le esperaba gran número de periodistas, además de un nutrido grupo de simpatizantes que le han lanzado gritos de apoyo. Entre estos se encontraba el diputado de IU Gaspar Llamazares y la actriz Pilar Bardem.
Tras la llegada de Garzón al Tribunal Supremo, sus compañeros de la Audiencia Nacional que han acudido a arroparle en el inicio de su primer juicio en el Supremo, entre ellos los magistrados Santiago Pedraz y Fernando Andreu y la fiscal Dolores Delgado, han abandonado la sede del alto tribunal.
La sala que juzga a Garzón está integrada por los magistrados Miguel Colmenero -ponente-, Andrés Martínez Arrieta, Joaquín Giménez, Francisco Monterde, Luciano Varela, Juan Ramón Berdugo y Manuel Marchena.
El instructor de la Audiencia Nacional, mundialmente famoso por haber ordenado la detención de Pinochet y suspendido provisionalmente de funciones en mayo de 2010, es acusado de delitos de prevaricación y contras las garantías constitucionales por haber ordenado la intervención de decenas de entrevistas celebradas en los locutorios carcelarios durante las cuales los imputados del 'caso Gürtel', creyéndose resguardados por la confidencialidad de la relación preso-abogado, hicieron confesiones incriminatorias a sus letrados y éstos les indicaron las estrategias que debían seguir para defenderse. A toda esa información accedieron el juez instructor, la Policía y la Fiscalía.
El magistrado de la Sala Penal del Supremo Alberto Jorge, un prestigioso referente de la izquierda judicial que por turno de reparto se encargó de instruir la causa contra Garzón, concluyó que las resoluciones dictadas por Garzón "destruyeron los pilares básicos del ordenamiento procesal del Estado de Derecho" al "laminar" el núcleo duro de lo que es un proceso justo: el derecho de defensa, el derecho a no declarar contra uno mismo, el derecho a no confesarse culpable y el secreto profesional de los abogados.
Para Jorge, ese "vaciamiento" del derecho de defensa no sólo desactivó cualquier posible estrategia de los imputados para contrarrestar los cargos que pesaban contra ellos sino que, aún peor, "transmutó el derecho de defensa en un instrumento de autoinculpación", ya que los internos, al informar a sus abogados, admitieron determinados hechos incriminatorios.
Son precisamente los imputados escuchados, Francisco Correa y Pablo Crespo, los que ejercen la acusación particular contra Garzón. Sus abogados, José Antonio Choclán y Gonzalo Rodríguez Mourullo, solicitan para Garzón penas de 15 y 17 años de inhabilitación, respectivamente. También le acusa el letrado Ignacio Peláez, que reclama 10 años de inhabilitación.
La Fiscalía, que en su momento no reaccionó frente a unas escuchas declaradas "ilícitas y sin efecto" por el Tribunal Superior de Madrid en marzo de 2010, reclama la absolución.
La defensa, ejercida por el letrado sevillano Francisco Baena, cree que Garzón no incurrió en infracción penal alguna dada la gravedad de los delitos de corrupción que investigaba y la existencia de indicios de que los cabecillas de la trama se valían de "algunos abogados" para blanquear dinero. Admite que esos indicios no afectaban a los letrados Choclán, Rodríguez Mourullo y Peláez, pero sostiene que eso es "indiferente" dado el interés de la Justicia en la persecución de los delitos.
[Fuente: Por María Peral, El Mundo, Madrid, 17ene12]
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