EQUIPO NIZKOR |
|
26dic04
El juez Bermúdez y la Justicia a la carta de los poderosos.
El pasado día 15, la Sala de lo Penal de la AN notificó auto de apertura de juicio oral contra Botín por el caso de las indemnizaciones: anunció también un cambio en la presidencia del tribunal. Sin motivo aparente, la juez Murillo Bordallo será sustituida por Gómez Bermúdez, que también presidirá el tribunal que juzgará las cesiones de crédito. ¿Un juez a la carta?
Se llama Javier Gómez Bermúdez, y la historia de su fulgurante éxito en la carrera judicial comenzó un día de octubre de 2002 en que a su colega Ruth Alonso, juez de Vigilancia Penitenciaria de Bilbao, se le ocurrió conceder la libertad condicional a dos presos de ETA. Aquella decisión provocó la ira de un Aznar en santa cruzada contra el terrorismo y sus cómplices, que de inmediato decidió la creación de un Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria (JCVP) en la Audiencia Nacional, para centralizar las decisiones judiciales a adoptar en el campo penitenciario sobre los presos de la banda.
Quedaba un escollo: encontrar un juez de Vigilancia Penitenciaria que se ajustase como un guante a la nueva doctrina Aznar, capaz de plegarse a la Razón de Estado. Lo encontraron. Procedía de Almería y le convenía refugiarse en el anonimato de una gran ciudad. Ocurrió que el candidato aprendió pronto la importancia de la protección política para hacer carrera. Pidió y obtuvo el Juzgado Central de Menores (JCM), intensificó sus contactos en el seno de la conservadora APM y se situó en la derecha más radical. Su pensamiento político no tardó en llegar a oídos del entonces Ministro del Interior, Acebes, y de un sujeto de singular perfil: Ignacio Astarloa, entonces secretario de Estado de Seguridad.El director general de Instituciones Penitenciarias, Yuste, hizo la selección, Astarloa la certificó y Acebes la santificó. Bermúdez, entonces juez de Menores, aceptó de buen grado la doctrina según la cual el nuevo Juzgado era un mero apéndice de Interior. Para hacer efectivo su nombramiento, el CGPJ tuvo que superar un obstáculo: los órganos judiciales se cubren por concurso. ¿Cómo evitar que al puesto se encaramara alguien no perteneciente a la cofradía? Adscribiendo las funciones del nuevo JVP al Juzgado de Menores.
Sintiéndose ungido de protección política, los presos españoles se dividieron pronto en dos tipos: los de Bermúdez y los demás.Los primeros estaban a merced de los servicios a España del juez.Los segundos disfrutaban de un ambiente penitenciario normal.Lo peor, con todo, fue que, en una auténtica aberración jurídica, en Bermúdez se unificaron dos funciones: la de ponente de las piezas de responsabilidad civil de los penados por la Sección 1ª de la Sala de lo Penal (la de Siro García) y, al tiempo, las propias de un Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. Lo cual llevó a ligar deuda penal y deuda civil, de modo que para alcanzar el tercer grado se exigió que la responsabilidad civil fijada en sentencia fuera pagada o asegurada. ¿A quién puede importar en especial el manejo conjunto de la política penitenciaria y la responsabilidad civil? A la banca, que es la principal acreedora de este país. En la vida del magistrado Bermúdez acababa de cruzarse la constelación Banesto/Botín.
Y en esto, Siro García, ex presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, intentó una vez más llegar a la presidencia de la Audiencia Nacional, esta vez contra el cristiano de base Carlos Divar. Pero, convencido de sus nulas posibilidades, decidió abandonar para refugiarse en el Supremo. Anunciada la vacante, Bermúdez comenzó a recorrer los despachos de los miembros del CGPJ que deberían nombrarle. Todos le miraban asombrados: ¿Cómo osa promocionarse cuando ni siquiera es magistrado de Sala? Los viejos conocedores de los resortes del poder real, desconfiaron: si un sujeto se atreve a viajar por los despachos vendiendo su candidatura, es señal de que cuenta con respaldo político cierto.El propio afectado se encargó de revelar el nombre de su padrino: «Tengo el apoyo de Astarloa».
Muchos en el CGPJ se atrevieron a pronosticar: «Ni siquiera figurará en la terna previa de candidatos». Un dato, además, avalaba su escepticismo: ¿no quedamos en que era imprescindible en el JVP para controlar los movimientos penitenciarios de los etarras? Pero los desconfiados tenían razón: Bermúdez apareció en la terna de los conservadores. Los consejeros de la derecha comenzaron a manifestar su estupor en voz baja. Era evidente que algo ocurría.Y llegó el gran día, la reunión previa al CGPJ. Los conservadores se reunieron en sesión de tarde para fijar posiciones de cara al día siguiente. Un magistrado mucho más antiguo parecía contar con todos los apoyos. Pero alguien, en funciones de portavoz del PP, cortó por lo sano: ni hablar. Ese se ha mostrado partidario de que la AN vaya a fondo con el asunto del Yak 42, y eso puede ser letal para los intereses del partido.
¿Puede semejante sentencia ser suficiente para condenar al aspirante con más méritos? Pudo. El portavoz añadió algo más importante: a diferencia de otros posibles candidatos de la derecha, Bermúdez era un hombre disciplinado, y «España lo necesitaba» al frente de la Sala de lo Penal de la AN. Prego y otros vocales escucharon anonadados la orden: había que votar a Bermúdez. «Es una exigencia del Partido Popular, que es quien nos mantiene aquí». Éxito de Astarloa, muñidor de la operación, y decisión tomada.
Al día siguiente, en la sesión del Consejo, el candidato del PP se enfrentó a Baltasar Garzón. Sobre el papel, no había dudas: la candidatura del juez bonito parecía imbatible. Perdió. En el último minuto de juego, cierto, pero perdió. ¿Bermúdez presidente de la Sala? Increíble, pero cierto. Multitud de jueces se han preguntado por las razones ocultas de tal nombramiento. ¿Era suficiente la tragedia del avión turco? Se impone un rastreo por las decisiones más importantes que la AN tiene planteadas en el inmediato futuro. Las evidencias conducen al terreno económico: quedan pendientes juicios sobre De la Rosa; sobre Manolo Prado, esto es, sobre la corona de espinas; sobre Emilio Ibarra, y, naturalmente, queda lo de Botín. El doble juicio contra Botín.
¿Tiene el caso Botín algo que ver con la extraña elección de Bermúdez? Si damos crédito a los rumores que circulan por los pasillos de la AN, si reparamos en los intereses que ligan a Astarloa con Banesto/Botín, si sabemos que Aznar presionó en el Constitucional para evitar que el banquero se sentara en el banquillo, la respuesta es clara. Un dato en contra de las sospechas es que Bermúdez es presidente de la Sección Primera, la que verá las cesiones de crédito, pero no las indemnizaciones, que corresponden a la Sección Tercera. ¿Puede influir en esos magistrados? Se puede, aunque no es lo mismo influir que decidir. Pero a Bermúdez, que siempre se ha manifestado muy crítico con la juez Palacios, no le gusta dejar ningún cabo suelto. En efecto, el pasado 15 de diciembre, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal notificaba un auto disponiendo la apertura de juicio oral contra Botín para el 10 de enero (luego aplazado al 24). Sorprende una celeridad que implica saltarse a la torera asuntos más antiguos que esperan su turno. ¿Quién lo ha decidido? Más sorprendente aún es que, sin la menor explicación, esa notificación del día 15 altera la composición del tribunal. En efecto, la magistrado Angela Murillo, que, por providencia de la misma Sala del 8 de octubre, había sido nombrada presidente del mismo, ha desaparecido del mapa. Y, ¿a qué no adivinan por quién ha sido sustituida? Bingo: ¡por el propio Javier Gómez Bermúdez! De modo que ya tenemos al gallardo Bermúdez presidiendo los dos tribunales que han de juzgar a Botín.
Y ¿por qué esa sustitución? Porque la juez Murillo formó parte del tribunal que condenó a Mario Conde en el caso Argentia Trust, y hubiera sido casi imposible para ella no aplicar la doctrina Argentia, lo que es tanto como decir que el tribunal no hubiera tenido más remedio que condenar a Botín. Conde lo fue porque no pudo acreditar que los 600 millones pagados a Navalón lo hubieran sido en beneficio del banco. Es lo que se llama una «disposición sin apropiación», una mala administración, en definitiva, de los recursos del banco. Botín pagó miles de millones de pesetas a Amusátegui y Corcóstegui no en beneficio del BSCH, sino para quedarse en exclusiva con él. Por cierto, Rajoy ha nombrado a Astarloa portavoz de Justicia del PP. ¿Queda alguna duda? Es el mayor atentado (vulnerando el derecho al juez predeterminado por la Ley, entre otras cosas) cometido contra la Justicia en mucho tiempo. Botín ya puede comer el turrón tranquilo.
[Fuente: Jesús Cacho para el Suplemento del Diario El Mundo "Nueva Economía", Núm. 254, Madrid (Esp), 26dic04]
 | This document has been published on 29jun05 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. |