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12mar12
La carta secreta de Trichet a Zapatero no obligaba a la modificación de la Constitución que incluyó el equilibrio presupuestario
El Banco Central Europeo (BCE) se lo dijo al entonces presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, por carta. La situación de la economía española es "extraordinariamente grave y difícil" y, por ello Jean Claude Trichet, presidente de esta institución, le invitaba "a tomar con rapidez y decisión las medidas necesarias" por las "repercusiones que podía tener para la estabilidad de la zona euro".
La carta tenía fecha 5 de agosto de 2011 y la recibió Zapatero en plena crisis de deuda española cuando la prima de riesgo llegó a superar los 400 puntos. Zapatero nunca quiso hablar de esa carta sobre la que Rajoy le preguntó insistentemente. Ahora conocemos su existencia y parte de su contenido gracias a la iniciativa de un abogado español, que recurrió al Defensor del Pueblo Europeo. Ésta es la historia:
A los dieciocho días, y a punto de cumplir su segundo mandato como presidente de Gobierno y a un mes de la disolución de las Cortes, Zapatero proponía precipitadamente una reforma constitucional para incluir en la Carta Magna un límite de déficit público.
Durante el debate en el Congreso, el entonces líder de la oposición, Mariano Rajoy, le espetó a Zapatero: "¿Podría informar el presidente del Gobierno si ha recibido alguna carta del Banco Central Europeo en las últimas fechas?". Ni entonces ni a fecha de hoy el ex presidente del Gobierno ha admitido públicamente haber recibido esa carta de Trichet y, mucho menos, ha mencionado su contenido.
En ese crítico agosto, Italia, que sufría también una grave crisis de deuda, ya había reconocido que le había llegado la carta del BCE con una serie de recomendaciones económicas que el Corriere della Sera calificó como un "auténtico programa de Gobierno" impuesto desde Europa. Una circunstancia que llevó a pensar que España también fue destinataria de otra carta. El Banco Central Europeo salió al rescate de ambas economías comprando masivamente deuda.
La callada por respuesta del presidente y las evasivas posteriores de algunos de sus ministros, como las de Elena Salgado y José Blanco, sobre la citada carta alimentaron, y mucho, el debate sobre si esa reforma venía impuesta de Europa con lo que eso suponía de pérdida de soberanía o esa carta incluía un auténtico programa de Gobierno como había admitido Italia.
En un 'plis plas'
Acometer una reforma constitucional para fijar un techo al déficit para 2020 y tramitarla por la vía de urgencia (en 24 horas) y sin referéndum a tan sólo tres meses de las elecciones que cambiaría el Gobierno trajo toda suerte de especulaciones al respecto. Es más, Rajoy (que ahora sí pactaba en este tema con el Gobierno) había solicitado ese cambio en 2010 y había sido descalificado. "Como todos sabemos la Constitución es una ley que se cambia fácilmente y en un plis plas va a acabar con la crisis", se le contestó desde el Ejecutivo.
"Es mi obligación, no ya mi derecho, preguntar al presidente para saber si el BCE ha hecho alguna sugerencia a nuestro país. Eso me importa, y me importa en un momento en el que el PP puede tener la confianza de los españoles", clamaba Rajoy desde su escaño en sede parlamentaria sin que Zapatero se diera por aludido. Pocos meses después diría a los agentes sociales que sabía de dicha carta remitida por Jean Claude Trichet, pero no por Zapatero, y que la misma sería su hoja de ruta.
Por su parte, Trichet tampoco quiso contestar a las preguntas de Ramón Tremosa, el eurodiputado de CiU (los nacionalistas han considerado la reforma como un ataque a su autonomía financiera), quién sólo contestó: "Nosotros les aconsejamos [a los gobiernos de la eurozona] pero no podemos imponerles nada". Alfonso Guerra, también entró al debate en Rodiezmo y criticó que el BCE mandara "cartas con recetas laborales y amenazara al Gobierno".
'Perjudicaría a la política monetaria'
Finalmente el BCE, ya presidido por el italiano Mario Draghi, tuvo que admitir este mes de febrero la existencia de esa carta enviada entonces por Jean Claude Trichet a Zapatero y desvelar parte de su contenido a petición del abogado Isaac Ibáñez, experto en el régimen jurídico de acceso a la información y a los documentos de las instituciones de la Unión Europea.
Ibáñez, defensor de la transparencia informativa y gobierno abierto, quería saber como ciudadano español si el origen de la reforma de la Constitución había sido dictada o no por el BCE y ante la negativa de la entidad europea a desvelar dato alguno ("su divulgación perjudicaría la política monetaria y la política económica de la Unión o de un Estado miembro") recurrió al Defensor del Pueblo Europeo, institución de reconocido prestigio.
El argumento empleado por Ibáñez ante Nikiforos Diamandouros, el Defensor del Pueblo Europeo, para conocer cuál era el origen de nuestra reforma era la desventaja de los españoles frente al resto de los ciudadanos de 26 países de la Unión Europea (con al excepción del Reino Unido. Éstos sí sabían que el cambio en sus constituciones venía por el acuerdo del 9 de diciembre de 2011 de incluir en ellas la obligación de tener un presupuesto equilibrado o con superávit.
Diamandouros aceptó el argumento de que los españoles seguían sin conocer "cual fue el origen de nuestra reforma constitucional y no existía ninguna razón de peso para que se nos ocultara", razonaba Ibáñez. Nosotros en diciembre ya habíamos aprobado y publicado la reforma de la Carta Magna por lo que nuestro cambio no obedecía a aquel acuerdo del día 9.
Inspección de la carta en el BCE
Así las cosas dos representantes del Defensor del Pueblo Europeo, Alina Nedea y Emanuele Rebasti, se desplazaron desde Estrasburgo a Fráncfort para realizar una inspección de la carta con dos representantes del BCE, Sophie Constant y Roman Schremser, que se prolongó durante tres horas y media, de las 14.00 horas a las 17.30 horas. Nedea y Rebasti dieron en esa reunión con la respuesta que buscaba Ibáñez y ello dio lugar al informe de este 28 de febrero de Draghi a Diamandouros.
"En esa carta -"una comunicación estrictamente confidencial del presidente del BCE al presidente del Gobierno de España"- no se instaba al Gobierno de España a reformar la Constitución para fijar un límite al endeudamiento público. Mediante esa carta, el BCE pretendía proteger la integridad y eficacia de su política monetaria en beneficio de los ciudadanos del euro", explica Mario Draghi a Nikiforos Diamandouros. Así en la carta se "invitaba al Gobierno español a tomar con rapidez y decisión las medidas necesarias para aumentar el potencial de crecimiento y garantizar el saneamiento de las finanzas públicas".
Tal era la preocupación del BCE por la situación de la economía española, y las "repercusiones que podía tener para la estabilidad de la zona del euro" que animaba, en particular, a Zapatero a "mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo para reducir la altísima tasa de desempleo; para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas, y para que se llevaran a cabo más reformas de los mercados de productos" (sic).
Una hoja de ruta dictada en agosto desde el BCE a Zapatero y que éste prefirió dejar a Mariano Rajoy para su ejecución. El entonces presidente del Gobierno prefirió no cargar con esa reforma laboral que le exigía Trichet y optó por cambiar precipitadamente la Constitución como gesto de buena voluntad a la Eurozona y a cambio de la compra masiva de deuda.
[Fuente: Por Isabel Velloso, El Mundo, Madrid, 12mar12]
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