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29jun15
Alberto Barreiro el juez del caso ERE y del caso Gurtel
Alberto Jorge Barreiro, nacido en Santiago de Compostela hace 66 años, es un magistrado atípico y siempre huidizo del foco público. Nunca le gustó, pese a que ha sido el protagonista de numerosas sentencias y resoluciones que han condicionado parte del devenir judicial de nuestra historia reciente. Siempre eludió ser un juez estrella porque lo aborrece. Porque en cierto modo está chapado a la antigua y es de los que se aferran a la máxima de que los jueces solo hablan a través de sus resoluciones.
Ahora también lo ha hecho desde la Sala Penal del Tribunal Supremo, a la que llegó en 2009, para inculpar a la que fue cúpula del PSOE andaluz durante 20 años, por prevaricación administrativa en el desvío masivo de fondos públicos para financiar falsos ERE a militantes del partido, familiares y amigos. En total, 855 millones de euros. Su resolución ha causado una auténtica convulsión en el PSOE y ha acabado con la carrera política de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, entre otros.
Elogios por su capacidad
Alberto (de nombre), Jorge (de primer apellido) y Barreiro (de segundo) -a menudo la prensa lo confunde precisamente porque se maneja en la esfera interna de los tribunales y no se ha dado a conocer ante las cámaras- es, sin embargo, un magistrado que nunca ocultó, ni en sus resoluciones ni en escritos de Jueces para la Democracia, un sesgo progresista muy marcado. Pertenece a esa generación de jueces de los ochenta que se tildó a sí misma de «comprometida», muy combativa frente a la derecha judicial que tradicionalmente ha dominado el conservadurismo de la carrera. Y es un ferviente defensor del garantismo extremo, tanto, que a menudo se le ha atribuido una visión demasiado utópica e impropia de la realidad jurídica.
Durante su dilatada carrera, Alberto Jorge ha compartido debates y escritos de la izquierdista Jueces para la Democracia con magistrados como Manuela Carmena, María Teresa Fernández de la Vega, Juan Alberto Belloch, José Antonio Alonso, José Antonio Martín Pallín y, sobre todo, con Perfecto Andrés Ibáñez, también magistrado del Supremo con quien durante años hizo tándem en la sección decimoquinta de la Audiencia de Madrid. Sin embargo, ninguno de sus compañeros de la Sala Penal le niega un elogio por su capacidad técnica, independencia y, sobre todo, al contrario que ocurrió con otros jueces «fichados» por el PSOE o IU, dicen de él que no es un hombre «de partido». Sus principios son izquierdistas, pero a la hora de dictar sentencia repele la justicia politizada. Cosa distinta es que no comparta muchos aspectos del Código Penal porque les atribuye criterios conservadores.
Su firma se ha plasmado durante años en numerosos documentos de jueces muy críticos con el Gobierno socialista de Felipe González por sus «despropósitos» en el caso GAL; instruyó la segunda causa contra el juez Baltasar Garzón, que motivó su condena por prevaricación al haber vulnerado de modo flagrante el derecho a la defensa por intervenir las comunicaciones en prisión entre acusados de caso Gürtel y sus abogados; se significó con una novedosa doctrina que terminó fulminando la llamada «ley Corcuera» de la «patada en la puerta», declarada inconstitucional porque el conocimiento policial de un delito no era por sí mismo argumento suficiente para un registro arbitrario. Y suscribió artículos en defensa de las libertades y comunicados proponiendo, por ejemplo, la despenalización de la «okupación».
El Cesid y Manglano
También fue el responsable de lo que en el CESID (hoy CNI) se tildó de «persecución» a su antiguo jefe, el general Emilio Alonso Manglano, por el espionaje telefónico a través de los primeros móviles que existieron en España. Desde la Audiencia de Madrid, Jorge Barreiro ordenó reabrir ese caso, que una juez había archivado, redirigiendo la instrucción no solo hacia el coronel Perote, algo procesalmente impropio porque de facto planteaba anticipadamente el procesamiento de Manglano. Aunque el general fue condenado, después el TC desautorizó de modo contundente a la Audiencia y lo exculpó por haber vulnerado derechos fundamentales de algunos acusados.
Patológicamente tímido, discreto y hasta solitario, la instrucción del caso ERE, el mayor escándalo de corrupción de la democracia, le ha costado perder peso y desmejorar su aspecto físico. «Ha hecho el mayor esfuerzo de su vida como juez y le ha desgastado enormemente», sostiene un compañero de Sala por haber abordado una instrucción muy compleja y laboriosa a partir de la investigación de la juez Alaya. «Está ahora mismo bajo el síndrome del postparto… Pero su trabajo ha sido ejemplar», añaden. Hijo de un catedrático gallego de Medicina, hermano de un catedrático de Penal, y casado con otra juez, «Alberto es técnicamente un número uno», sostienen de él compañeros antagónicos en lo ideológico. Incluso, carece de la «frivolidad» de otros magistrados que han pasado por la Sala Penal. «Su amigo Andrés Ibáñez -recuerdan- emitió un voto particular alegando que el asalto al Parlamento catalán respondía a criterios de libertad de expresión… Alberto nunca se habría atrevido…».
[Fuente: Por Manuel Marín, ABC, Madrid, 29jun15]
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