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25feb13


El FROB actúa en el marco de un flagrante conflicto de intereses en el caso Bankia


Donde dije digo, digo Diego. El cuento y las cuentas de Bankia han cambiado decisivamente la estrategia de actuación de los altos directivos del FROB que antes de cocineros del rescate financiero ejercieron como frailes de la supervisión bursátil al frente de la CNMV. Fernando Restoy y Alfonso Cárcamo, presidente y secretario del consejo respectivamente en el organismo encargado de la reestructuración y ordenación bancaria, aplican ahora una vara muy distinta para medir las decisiones que terminarán por dejar a los 350.000 accionistas minoritarios del banco nacionalizado con un palmo de narices. O poco más.

Ambos directivos formaban parte hace menos de un año del equipo gestor de la Comisión de Valores que, bajo la presidencia de Julio Segura, dio su visto bueno a la controvertida salida a Bolsa de Bankia. Es cierto que entonces todavía no había irrumpido en España la troika formada por el FMI, el BCE y la Comisión Europea, pero el respaldo de los supervisores a las iniciativas de financiación de la entidad se sucedieron incluso después de la nacionalización y tras la dimisión de Rodrigo Rato.

Alfonso Cárcamo, a la sazón secretario de la Comisión de Valores, otorgó luz verde a los sucesivos programas que José Ignacio Goirigolzarri presentó también con posterioridad a la OPV. La autorización del supervisor se verificó sin tener en consideración las pérdidas definitivas del año 2011 ni tampoco los multimillonarios planes de saneamiento que luego han sido necesarios para cubrir el agujero patrimonial de Bankia.

La situación ahora ha cambiado de una manera diametral porque ni Fernando Restoy ni su lugarteniente jurídico en el FROB quieren reabrir la memoria histórica de Bankia que ellos mismos contribuyeron a escribir cuando estaban en la CNMV. El exquisito celo profesional de esta nueva actitud se demuestre en el hecho relevante emitido por el propio fondo de reestructuración bancaria el pasado 14 de febrero para explicar ante el organismo de supervisión bursátil las razones que impiden conocer a fecha de hoy la valoración final del banco nacionalizado.

Urgencia extraordinaria contra prudencia sobrevenida

El FROB aclara a la Comisión de Valores que el nominal de las nuevas acciones será concretado "una vez se disponga de toda la información necesaria para ello" en explícita referencia a los resultados correspondientes al cierre del pasado ejercicio 2012, que aún no están disponibles. Esta prudencia sobrevenida que guía a los albaceas públicos de los bancos nacionalizados contrasta con el interés mostrado por el Ministerio de Economía para acabar de una vez por todas con la pesadilla de Bankia. No conviene olvidar que pocos días antes de fin de año, el Banco de España y la CNMV invocaron "razones de extraordinaria urgencia" para que el FROB pudiera cerrar por vía de apremio la recapitalización de la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri sin necesidad de recurrir a la asamblea general y demás órganos de gobierno.

Desde que la Unión Europea habilitó los casi 40.000 millones del rescate bancario, el objetivo manifiesto del Gobierno no ha sido otro que acelerar las ampliaciones de capital en Bankia para solucionar cuanto antes el problema de las participaciones preferentes que se ha convertido en uno de los grandes motivos de crispación social en España. El ministro Luis de Guindos ha acordado incluso la puesta en marcha de un arbitraje que permita resarcir a todos los inversores que demuestren haber sido víctimas de un engaño, pero para que la buena voluntad política se traduzca en resultados prácticos es necesario otorgar antes algún valor a Bankia.

En principio, la valoración tenía que haber quedado resuelta en enero o, al menos, esa era la intención de los diferentes organismos de control y supervisión bancaria. Pero el FROB ha decidido que las cosas de Palacio van despacio, sobre todo porque sus dirigentes no quieren en estos momentos dar puntadas sin asegurar el carrete de hilo en una entidad donde va a haber que 'enterrar' la nada despreciable cifra de 18.000 millones de euros.

[Fuente: Por José Antonio Navas, El Confidencial, Madrid, 25feb13]

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