EQUIPO NIZKOR |
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15oct06
Ley de la memoria: Ceremonia de la confusión.
Algunos escuchamos su grito.
Se acerca el momento de la discusión en las Cortes de la propuesta de ley sobre la Memoria Histórica. Desde que se conoció el texto próximo a discusión la sorpresa y el estupor han ido extendiéndose. Una Ley que estaba llamada a poner fin a la pervivencia del franquismo en los espacios públicos y legales de la democracia española, a dar justo reconocimiento a la memoria de las centenares de miles de víctimas del exterminio franquista, se convirtió en manos del equipo legal presidencia del gobierno y del grupo socialista y con la preclara guía de Jáuregui y De la Vega en un bodrio intragable. La ley de nombre imposible que proponen mantiene el horror jurídico franquista intacto, sin cuestionar los tribunales con que la banda armada sublevada en 1936 impuso mediante el asesinato masivo y el terror un régimen ilegal que duró décadas. La propuesta de ley iguala a víctimas y verdugos y asume lo esencial del discurso revisionista con el que el franquismo rescribió la historia. Y es el propio diputado socialista Sr. Jáuregui el que ha llegado a establecer que ese es el único camino para asegurar la convivencia en el momento presente, memoria y justicia pero con impunidad como corolario. Sin impunidad, nos viene a decir Jáuregui en un artículo reciente (El País, 14/10/06), la convivencia no sería posible.
Las respuestas a la pretendida Ley, pese a todo, fueron en su casi totalidad contundentes en su rechazo; muchas de las asociaciones, partidos y personas que se mostraron en contra han creído que era posible una reforma del texto por la vía de las enmiendas durante el proceso de discusión, muchos otros no lo pensamos. Que se retire la propuesta y se devuelva a origen es lo que procede, pues el desvarío de base es tan grande que la posibilidad de enmienda es casi inexistente. Es muy poco probable que quienes elaborasen una propuesta que sin dudarlo podemos calificar de neofranquista y revisionista vayan a aceptar ahora enmiendas de fondo, que vayan a lo principal. Sin embargo, en esta ceremonia de la confusión a la que asistimos estos días vemos iniciativas para tratar de influir en el proceso y presionar para la obtención de un texto final más aceptable. La reunión del 17 de Octubre sobre la base de 13 puntos que desarrollan lo básico del rechazo a la forma actual de la Ley pretende hacer una declaración pública y exhortar a su enmienda. ¿Será posible un cambio en tal sentido? ¿Se logrará con esta convocatoria persuadir a los legisladores de la necesidad democrática urgente de rescribir la Ley? Nos tememos que no. El artículo del diputado socialista sr. Jáuregui es muy claro: hay un límite sistémico, todo esto de la memoria no puede ser más que un deshago emocional, cosmético, pero en ningún caso puede derivar a una situación que ponga en peligro los privilegios adquiridos a través de los crímenes franquistas: a los hijos y nietos de los verdugos les inquietaría y no sería posible la "convivencia". Bravo, sr. Jáuregui, bravo.
Pero en relación a lo que ha sido el manifiesto de los 13 puntos y la reunión del 17 de Octubre, de entrada nos ha sorprendido sobremanera que entre las organizaciones firmantes no figuren algunas de las que con más claridad han hablado y escrito sobre este tema. Es particularmente grave la ausencia del Equipo Nizkor, cuyo estudio legal del problema planteado por la impunidad de los crímenes franquistas es absolutamente básico para poder hacer una verdadera Ley que toque estos asuntos. La respuesta de Nizkor este mismo verano, es decir, bastante antes de estos puntos de ahora, en una contundente artículo manifiesto titulado "Entre la cobardía moral y la ilegalidad" sumó numerosos apoyos y logró resumir muy bien y fundamentar lo esencial de las críticas al proyecto ahora discutido. ¿Cómo es posible que en la supuesta síntesis que se publicita ni se tengan en cuenta las aportaciones de Nizkor y hasta parezca que nunca existieron?
La ausencia del equipo Nizkor no es la única ausencia en el texto a presentar el día 17, son numerosas e importantes las organizaciones que no se han sumado o a las que no se les ha invitado a participar. Nos preguntamos cuantos de los firmantes seguirían dando su apoyo a una iniciativa que corre el riesgo de ser limitada y autocensurada desde su inicio. Otros lo hemos hecho en la creencia de que se nos invitaba a un proceso de discusión conjunto, pero vemos ahora que no es así, y que en la síntesis de los puntos no se ha contado con todas las aportaciones.
Queremos enviar un mensaje claro a los ponentes de la Ley y al Grupo Parlamentario Socialista, además del de Izquierda Unida: si se pretende una maniobra cosmética, unas enmiendas superficiales, un toque de efecto pero la Ley resultante no aborda lo fundamental de forma clara y rotunda, habréis escenificado un nuevo engaño como el de esta rutilante transición basada en la impunidad de los crímenes franquistas. Si en la reunión del día 17 de octubre y en los días posteriores, las organizaciones convocantes tragan con lo que tiene todos los visos de ser una nueva mascarada, se deberá tener en cuenta que vamos a ser muchos los que dentro y fuera de esas organizaciones no vamos a rendirnos. Aquí no hay presiones, ni promesas, ni chantajes, ni patrimonios en devolución, ni subvenciones que valgan. Hay ciertas cuestiones de principio que no están en venta.
La cuestión es muy simple. El régimen del 18 de Julio fue ilegal, los Tribunales Militares sumarísimos que llevaron a la muerte o a la cárcel a centenares de miles de personas fueron ilegales y como tales deben ser considerados nulos desde su inicio, los miembros de tales tribunales y de muchos otros organismos de la represión fueron verdaderos criminales y culpables en muchos casos de crímenes de guerra y contra la humanidad. Son crímenes que no han prescrito. Si la Ley soslaya este asunto, lo disfraza o, peor aun, como hace el proyecto, legaliza el exterminio, este gobierno y los partidos que lo apoyen serán cómplices de él.
No estamos exagerando nada. Para que se entienda nuestra posición queremos recordar un caso reciente. Se ha publicado un meritorio libro que recoge los nombres de todos los españoles deportados a los campos nazis, con sus nombres, su origen y su destino final. El diario El País le dedicó incluso una emotiva portada. La obra obtuvo aplausos y reconocimiento. Una obra obligada, se ha llegado a decir. Sin duda. ¿Pero, ¿por qué no hay en ella ni una sola referencia a los responsables de la deportación? ¿cómo es posible que los responsables españoles y alemanes de la muerte en los campos nazis no sean nombrados? ¿Por qué se le hurta a la opinión pública el nombre de Serrano Suñer como uno de los directamente implicados en la luz verde a la deportación de los españoles detenidos en Francia? 70 años después de los hechos, 30 años de democracia y la impunidad impera todavía. Somos libres ahora de recordar el holocausto, de pasear los nombres de los asesinados (gracias a que los archivos alemanes están abiertos, por supuesto), pero no podemos conocer los nombres de los verdugos y sus cómplices.
Si esto ocurre con la suerte de los deportados a los campos nazis, la suerte de los que sucumbieron en la propia España sigue bajo las losas del olvido y la complicidad. Es terrible lo que está ocurriendo: las cifras de asesinados que salen a la luz cada día, superan todo lo previsible; las dimensiones del horror franquista no se pueden ocultar. Se nos permite recordar a los muertos, ¿para que valoremos la lección sufrida como pueblo y no volvamos a reincidir? ¿recordar el castigo pero no la injusticia?
La Ley propuesta intenta no ofender a los verdugos y que sus herederos no se sientan incómodos. En su formulación actual es, sencillamente, obscena. Si el proceso de discusión y enmienda no aborda de forma satisfactoria estos asuntos, la herida seguirá abierta y el combate de la memoria se agudizará. Que nadie espere poder acallar nuestra voz. Aprobarán la Ley quienes sumen mayoría, la escribirán como deseen, pero si no declara nulos los tribunales sumarísimos y si no obtienen y recogen las consecuencias legales lógicas del carácter genocida e ilegítimo del régimen franquista la lucha continuará y quienes no la apoyen pagarán un duro coste político. No basta con el socorrido recurso de ocultarse en el juego parlamentario: "Se enmendó lo que se pudo y al final salió la Ley posible". Ya no. Si la Ley no recoge los mínimos democráticos exigibles será el inicio de una dura lucha, no el final de esta batalla. Nosotros no estamos discutiendo con los jueces, estamos confrontando al legislador a quien le pedimos que siga la estela del derecho y la jurisprudencia con la que los estados democráticos europeos afrontaron el horror de los crímenes nazis y fascistas.
El artículo del sr. Jáuregui añade una importante proporción de realidad a este debate. Señala los límites prefijados de la discusión. Nunca fue un problema de falta de pruebas o testimonios; todo el trabajo de la Comisión se ve ahora que no fue más que un engaño, todo, las entrevistas, los materiales, el arduo trabajo de De la Vega ¿para qué? ¡si los límites y el resultado final efectivo estaba prefijado!. Jáuregui ha actuado en representación de un sistema que se siente amenazado por el que la ilegalidad de origen franquista se ponga de manifiesto. Su pretensión de defender la "seguridad jurídica" del pasado suena a broma macabra a quienes conocen la génesis de los tribunales, sus fundamentos, su proceder, su condenas. Es urgente que la posición del sr. Jáuregui sea desautorizada por su partido y por el gobierno, pues de obstinarse en este absurdo sería la propia "seguridad jurídica" presente la que estaría en juego
Es preciso que quienes tengan una posición clara en este asunto actúen unidos y coordinados. Es preciso que quienes entre los firmantes de ese documento de 13 puntos consideren que la situación es delicada y que el peligro de una nueva decepción es real actúen en consecuencia. El llamado que hacemos con nuestro escrito de hoy no va contra nadie, ni siquiera contra el sr. Jáuregui, su dimisión zanjaría el asunto y sería interpretada como una muestra de buena voluntad democrática pese al desvarío evidente de su proceder hasta ahora. Sabemos de las diferencias y sensibilidades entre las muchas organizaciones de la memoria, incluso de las buenas intenciones de muchos, pero apelamos claramente a la experiencia y al sentido crítico de todos. Si logramos coordinarnos quienes tenemos claro que con 70 años de impunidad y desvergüenza ya basta, estaremos en el buen camino.
Hacemos un llamado a todos, a los veteranos guerrilleros de AGE, a la Federación de Foros por la Memoria, a los compañeros de la Asociación Memoria Histórica Asturiana, a los Amigos de los caídos por la Libertad, al Equipo Nizkor, a la Asociación de Familiares y Amigos de Represaliados de la II República por el Franquismo, a todos cuantos allí donde estén sean partidarios de actuar con claridad, les llamamos a organizar una jornada de discusión pública para valorar la situación planteada por el proceso legal ahora abierto y su evolución. Avanzamos, de entrada, que nuestra posición, simpatiza claramente con el tratamiento legal que Nizkor ha elaborado y que debiera ser tenido en cuenta seriamente por todas las organizaciones; pedimos también que se valore nombrar una representación legal conjunta partir de ahora. Hay que actuar en Madrid y en Bruselas coordinadamente y sumar apoyos en el Parlamento Europeo si es posible. Con una mano tendida a cuantos sean críticos y defiendan posiciones de principio en este tema, os emplazamos a entrar en contacto
Quisiéramos terminar con el ejemplo de un hombre que la historia quiso enterrar, pero cuya memoria muchos nos afanamos en preservar. Enrique Heraclio Botana, diputado socialista, tipógrafo, un honrado sindicalista en la Galicia de primeros del siglo XX. En julio de 1936, siendo diputado por Pontevedra, entró a formar parte del Comité del Frente Popular en la ciudad de Vigo cuando al producirse la sublevación en África el gobierno republicano llamó a la formación de comités permanentes para hacer frente a la crisis. Reunidos en el ayuntamiento de Vigo, con la participación de concejales, el alcalde y los diputados, el Comité intentó mantener la tranquilidad en la ciudad y asegurarse que la legalidad republicana se mantuviera. Cuando el oficial al mando de la Guardia de Asalto ofreció sus hombres para defender el ayuntamiento y armar voluntarios, el alcalde (del PSOE) se negó en redondo, aduciendo que el comandante de la guarnición militar había dado su palabra de lealtad; cuando los responsables de la CNT-FAI en la ciudad (importante núcleo obrero) se ofrecieron al Comité para defender la ciudad ante el golpe inminente y pidieron armas, el alcalde les expulsó del Ayuntamiento y les amenazó con hacerles detener por la policía, solo la actuación de Botana en ese instante templó los ánimos e impidió un absurdo más. Al día siguiente, 20 de Julio, oficiales de la guarnición se sublevaron contra la legalidad republicana y en la Puerta del Sol de Vigo hicieron una carnicería en la multitud indefensa. El comité del Frente Popular fue detenido y con ellos muchos cientos de ciudadanos. Un mes más tarde, tras un simulacro de juicio, con un tribunal ilegal y que ya les había condenado, fueron asesinados los miembros del comité J. Antela Conde, (alcalde de Lavadores, industrial), W. Gil Sansostegui (médico y concejal socialista), A. Bilbatua Zubeldía (Oficial de telégrafos y diputado, socialista), R. González Brunet (concejal socialista), I. Seoane Fernández (panadero, diputado socialista), A. Polinar Torres (maestro nacional), M. Rey (panadero), E. Martínez Garrido (industrial, alcalde de Vigo, socialista) y E.H. Botana (tipógrafo, fundador de la UGT en Vigo y diputado socialista); fueron de los primeros de los miles de asesinados en Galicia por los golpistas. Su delito fue resistirse al golpe y proclamar la legalidad constitucional. El alcalde que confiara en la lealtad y la palabra de los militares sublevados cayó sin decir palabra. El diputado socialista Enrique Heraclio Botana, a sus 64 años, con décadas de servicio público como concejal y diputado y una vida de entrega y sacrificio, logró enviarnos un mensaje que ha llegado hasta nosotros. Ante el pelotón gritó: "Guardad las Actas de nuestro proceso, porque ellas son la prueba de vuestro crimen".
Algunos, 70 años después, hemos escuchado su grito.
Madrid, 15 de octubre de 2006
Por Benjamín Balboa, Plataforma de Ciudadanos por la República
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