 | Este documento ha sido publicado el 24jun04 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights |
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23jun04
Sobre la suspensión de la venta de armas a Colombia y el condicionamiento de la ayuda al desarrollo al respeto a los derechos humanos.
Sobre la suspensión de la venta de armas a Colombia y el condicionamiento de la ayuda al desarrollo al respeto a los derechos humanos. Presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 161/000051.)
El señor VICEPRESIDENTE (Costa Climent): Pasamos al siguiente punto del orden del día: Proposición no de ley sobre la suspensión de la venta de armas a Colombia y el condicionamiento de la ayuda al desarrollo al respeto a los derechos humanos.
Para presentar la iniciativa tiene la palabra el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
La señora NAVARRO CASILLAS:
Volviendo a la política exterior del Gobierno de Aznar, como todos sabemos tuvo un marcado carácter belicista como consecuencia de nuevo de su sometimiento a los dictados de Estados Unidos. La participación española en la guerra ilegal e inmoral de Irak fue una demostración evidente, pero no la única. Hubo otros casos de presencia de tropas en los que España se implicó sin tener un objetivo pacifista, sino más bien lo contrario: Imponer una solución militar, sin tener en cuenta las causas del conflicto ni las consecuencias para la población de añadir más leña al fuego.
La guerra que desangra a Colombia desde hace más de medio siglo es un claro ejemplo. Desde febrero del año pasado está vigente el protocolo de cooperación militar Colombia-España por el que España se compromete a la venta y donación de gran cantidad de armamento pesado, como tanques, aviones, lanchas, vehículos blindados y a la ayuda del montaje de infraestructuras bélicas y a cursos de instrucción a soldados colombianos. Los detalles del acuerdo, como ocurre siempre cuando se trata de comercio de armas, siguen sin ser expuestos a la opinión pública. Incluso hay sospechas de que su financiación se llevó a cabo con los fondos de ayuda al desarrollo, lo cual es bastante vergonzoso.
De este modo, en lugar de buscar una solución negociada al conflicto colombiano, tal y como recomienda unánimemente la Comunidad Internacional, incluida la Unión Europea, exceptuando siempre por supuesto a Estados Unidos. El Gobierno del Partido Popular decidió colaborar activamente en el recrudecimiento de la guerra fomentando así además la carrera armamentística de la región. Estos tanques, según ha reconocido el propio Gobierno colombiano, son para la frontera con Venezuela. Dadas las relaciones tan tensas existentes entre Venezuela y Colombia y el apoyo de Estados Unidos al Gobierno colombiano en contra del Gobierno venezolano, parece imposible creer que el ex presidente del Gobierno, señor Aznar, no supiera que estos tanques eran para incrementar la carrera armamentística y apoyar un posible golpe de Estado en Venezuela.
De hecho, hace un mes fueron detenidos más de 100 paramilitares en Caracas que parece ser que estaban preparando este golpe de estado en Venezuela, concretamente en el Estado de Zulia. Además en la frontera ha habido escaramuzas entre Colombia y Venezuela. De esta manera se produce una injerencia por parte del Gobierno español en el equilibrio estratégico, militar y político al que llegó la OEA en un acuerdo para que ninguno de ellos comprara armas para fomentar la paz. De hecho, hay muchas guerras en el mundo, pero entre los Estados miembros de la OEA no se han producido hasta que se están fomentando desde Estados Unidos e incluso con el apoyo, como vengo diciendo, del Gobierno anterior del Partido Popular. Además el protocolo se suscribe con uno de los Gobiernos más cuestionados internacionalmente por vulnerar sistemáticamente los derechos y libertades fundamentales.
El presidente de Colombia, el señor Uribe, con la excusa de reforzar la lucha contra la
guerrilla ha puesto en marcha lo que llama la política de seguridad democrática, cuyo verdadero objetivo es acabar con cualquier tipo de oposición democrática. Para ello no ha dudado en llevar a cabo unas modificaciones legislativas totalmente antidemocráticas. En Colombia, las fuerzas de seguridad pueden detener a personas, registrar sus domicilios o interceptar comunicaciones sin ningún tipo de orden judicial. Al ejército se le ha concedido facultades de policía judicial, lo que acarrea que los propios militares pueden investigar las violaciones de derechos humanos de las que son acusados.
Al mismo tiempo, el Gobierno colombiano sigue siendo responsable, por acción u omisión, de la guerra sucia que ocasiona más de 19 crímenes diarios. La impunidad judicial en este tipo de crímenes es actualmente en Colombia del 97 por ciento. Durante el mandato del señor Uribe han sido asesinados 13 defensores de derechos humanos, 72 sindicalistas y más de 50 líderes comunitarios y campesinos. A estas cifras hay que añadir los 34 asesinados recientemente y 21 desaparecidos de la Unión Patriótica, que es una coalición de partidos de izquierda que desde su aparición en 1985 ha sufrido más de 3.000 víctimas entre sus miembros.
La inmensa mayoría de estos crímenes han sido perpetrados por los grupos paramilitares que operan en el país en connivencia con amplios sectores de las fuerzas armadas o directamente por miembros de las distintas ramas militares, según consta en gran cantidad de denuncias de organizaciones no gubernamentales colombianas e internacionales. De hecho el último informe sobre Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos critica, en primer lugar, la política del Gobierno en la lucha contra los paramilitares y contra los vínculos de éstos con la fuerza pública y además expone numerosos casos de esa complicidad, pues se realizan operativos paramilitares con conocimiento de la fuerza pública, los propios militares anuncian la llegada de los paramilitares, no actúan ante las denuncias de la presencia de paramilitares y se incluye la facilitación de información sobre posibles objetivos. Ante este informe y muchas otras recomendaciones de Naciones Unidas, el Gobierno colombiano no sólo ha hecho caso omiso, sino que ha iniciado un proceso de conversación, precisamente con los paramilitares, en el que se ha comprometido a que no pasarán ni un solo día de cárcel por los crímenes de lesa humanidad de los que son responsables.
Solo durante el año 2003 se les atribuye la muerte o desaparición de 1.300 personas, según Amnistía Internacional. A la vez este propio presidente ha liderado una campaña de estigmatización pública de los que denuncian estos hechos. El presidente Uribe ha calificado a los defensores de derechos humanos de politiqueros que finalmente le sirven al terrorismo y que se escudan cobardemente en la bandera de los derechos humanos, poniéndoles de este modo en el punto de mira de los violentos, y recientemente ha amenazado con deportar a los voluntarios de las brigadas internacionales de paz entre los que se encuentran varios españoles que acompañan a los defensores derechos humanos y a comunidades de desplazados y a acusado a Amnistía Internacional de legitimar al terrorismo internacionalmente.
Está claro que todas estas razones son suficientes para que España no apoye militarmente a Colombia. De hecho Bélgica rompió las relaciones con Colombia para firmar un convenio militar muy parecido, precisamente por estos motivos.
Además, si se mantiene la venta de armas se está vulnerando la posición que la Unión Europea ha mantenido con respecto al conflicto colombiano. Por una parte se incumple la resolución del Parlamento Europeo, de 1 de febrero de 2001, sobre el Plan Colombia, impulsado por Estados Unidos, en el que se estableció que la Unión Europea debe seguir una estrategia propia, no militarista, que conjugue neutralidad, transparencia y participación de la sociedad civil.
Asimismo se infringe el código de conducta de la Unión Europea que determina que ningún Estado miembro puede exportar armas a países en conflicto y en los que los organismos competentes de Naciones Unidas, el Consejo de Europa o la Unión Europea, hayan constatado graves violaciones de los derechos humanos.
Las dos circunstancias, como vengo exponiendo, concurren en el caso colombiano. Lo cierto es que si España quiere realmente colaborar a que Colombia recupera la paz debe invertir en ella fomentando el desarrollo del pueblo colombiano, de tal forma que no existan razones para la guerra y condicionando el apoyo al respeto y a la defensa de los derechos humanos en el país, principalmente por quien debe ser su garante, es decir, el Estado colombiano. España no puede favorecer un futuro de paz, solidaridad y cooperación al desarrollo en América Latina con la existencia de este tipo de convenios o protocolos que sólo favorecen la violencia y la guerra como método de resolución de los conflictos y es por ello que se presenta esta iniciativa que espero tenga el apoyo de los grupos parlamentarios.
El señor VICEPRESIDENTE (Costa Climent): A esta iniciativa del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
Tiene la palabra el señor Madina.
El señor MADINA MUÑOZ: Nuestro grupo ha presentado una enmienda transaccional a la Mesa al comienzo de la reunión de la Comisión, firmada tanto por Izquierda Unida como el Grupo Socialista, desde algunos razonamientos que sí queríamos trasladar al conjunto de la Comisión.
Sin entrar en consideraciones sobre la exposición de motivos que presenta el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds en esta proposición no de ley, nosotros que compartíamos el fondo de las propuestas que el grupo trasladaba al Gobierno, entramos ayer en un proceso de debate sobre la propia proposición no de ley para ver si se podían llegar a acuerdos conjuntos en esta iniciativa en esta Comisión.
En ese sentido sobre los cuatros puntos que proponía Izquierda Unida en su proposición no de ley hemos hecho algunas consideraciones y hemos llegado a algunos acuerdos.
El punto primero hablaba de un convenio de cooperación militar. No existe un convenio de cooperación militar con Colombia, sino un protocolo y en la transaccional lo hemos querido dejar claro. Nosotros proponemos la revisión y la evaluación de ese protocolo de cooperación militar con Colombia.
En el punto segundo no tenemos ningún problema porque evidentemente estamos a favor de que el Gobierno mantenga una política más proactiva en defensa de los derechos humanos no sólo en Colombia, en este caso, sino en el conjunto del escenario internacional.
En el punto tercero se ha transaccionado una propuesta que la tiene, como decía antes, la Mesa en el que se propone la apertura de un diálogo con el Gobierno colombiano orientado al cumplimiento de las 27 recomendaciones formuladas por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Y en el punto cuarto, donde se hablaba del Código de Conducta de la Unión Europea, no puede ser que no estemos a favor porque la sociedad democrática europea fue parte activa en la redacción, composición y aprobación de ese Código de Conducta. A nosotros nos parecía que tenía que formar parte también -ayer lo hablábamos con la señora Navarro- de esta proposición no de ley un carácter general y no orientarlo hacia Colombia o a ningún país en concreto, sino que la aplicación y el respeto del Código de Conducta de la Unión Europea por parte de este Gobierno, y ojalá por parte de todos los gobiernos de la Unión Europea y de Naciones Unidas, sea aplicado siempre y no en ningún caso en concreto, sino con carácter general en todas sus dinámicas de trabajo y de relaciones con cualquier otro país de la escena internacional. Hemos transaccionado esta propuesta desde la base de que no teníamos problemas a partir de que compartimos el fondo, no sólo el Grupo Socialista en esta Cámara, o los diputados socialistas de esta Cámara en la Comisión de Asuntos Exteriores, sino el Gobierno.
Más allá del debate en este Congreso de los Diputados en esta proposición no de ley a mí me da la sensación, y creo que es compartido por la mayoría de los grupos si no por todos, de que el Gobierno está en este momento haciendo avances importantes en esta dirección y en esta materia.
El último envío de armas que se negoció por el anterior Gobierno, a finales del mandato del Partido Popular, no mucho tiempo antes de que se convocaran las elecciones generales de marzo de 2004, ha sido paralizado por el nuevo Gobierno en una muestra de que se lleva desde ahí la iniciativa en la ejecución de una política en materia de exportación de armas a países en conflicto, en la defensa activa de una política de derechos humanos desde la propia acción exterior del Gobierno. Es uno de los rasgos que lo caracterizan y, por lo tanto, estaba en la base de que a partir de la presentación de la proposición no de ley por parte de Izquierda Unida el Grupo Socialista compartiera el fondo de la propia proposición que ahora estamos debatiendo y como compartíamos el fondo el debate se centró en una adecuación de la forma. Hemos sido capaces de llegar a acuerdos. Evitaremos el que se besen, que ayer sonaba en la Cámara. (Risas.) Sin embargo, el debate sobre la forma de la proposición no de ley ha llegado a buen puerto y hemos sido capaces de transaccionar esta enmienda transaccional que ustedes tienen en la mesa.
El señor VICEPRESIDENTE (Costa Climent): Con independencia de que el señor Madina haya hecho referencia concreta y explícita a todos los puntos de la enmienda transaccional que ha planteado, las señoras y señores diputados tienen a su disposición en la mesa una copia del texto que ha anunciado el señor Madina.
A continuación para fijar posición tiene la palabra en primer lugar el Grupo Parlamentario Mixto. (Pausa.)
¿Grupo de Coalición Canaria? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Efectivamente, como ha puesto de manifiesto la portavoz del grupo proponente, Colombia es uno de los países del continente americano en el que la violación de derechos humanos reviste tintes más dramáticos. Esta violación se produce fundamentalmente por tres frentes. En primer lugar, debido a la creciente impunidad con la que actúan las Fuerzas Armadas especialmente habilitadas desde finales del pasado año, por cierto, para actuar como policía judicial, lo que ha provocado la crítica y la preocupación de prácticamente todos los organismos vinculados con el derecho internacional humanitario.
En segundo lugar, por la existencia de una fuerza paramilitar que no es que lo diga yo, o que lo diga la convicción social más generalizada, sino que como lo ha hecho notar la Comisión de derechos humanos de la ONU todavía mantiene estrechas relaciones, estrechos contactos, con las fuerzas de seguridad y, en tercer término, porque todavía subsiste una tenaz y cruenta guerrilla revolucionaria. Por la actuación de estos tres frentes todos los años se produce un saldo dramático de muertos, de secuestros, desaparecidos y víctimas de todo tipo de violaciones derechos humanos.
La proposición no de ley que nos ocupa, presentada muy acertadamente por la portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida, denuncia en una larga exposición de motivos la existencia de un acuerdo de cooperación entre el Reino de España y la República de Colombia que está sirviendo de base para suministrar al país americano recursos armamentísticos que están, o en su caso pueden llegar a ser utilizados, para la violación de derechos humanos por parte de unas Fuerzas Armadas que han acreditado ya una larguísima ejecutoria en este terreno. Algo que si efectivamente es así clarísimamente infringe, por un lado, las recomendaciones de Naciones Unidas y, por otro lado, también el Código de Conducta de la Unión Europea, como se pone de manifiesto en la proposición.
La proposición pide un mayor compromiso en la defensa de derechos humanos en ese país y propone la suspensión del convenio de cooperación militar, exigiéndole a Colombia el cumplimiento de las 27 recomendaciones formuladas por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Está claro, por lo menos para nuestro grupo parlamentario, que la pacificación de Colombia no se logrará si entre otras cosas no tiene lugar, ni se consigue, un compromiso firme de la comunidad internacional con la humanización del conflicto, la estabilización y el desarrollo económico de la región y la defensa de los derechos humanos en la zona. Sin duda serán necesarias más cosas, además de éstas. Será imprescindible también -nosotros lo vemos claro- un acuerdo político interno que defina un marco de convivencia compartido por todos los que tienen que habitar en aquel territorio. Sin embargo este acuerdo, cualquiera que sea su contenido, no será posible si no se crean previamente unas condiciones para que la contribución internacional sea más valiosa y efectiva y por supuesto la contribución internacional no puede consistir en prestar apoyo militar a unas fuerzas de seguridad que manifiestamente violan los derechos humanos.
Existe una enmienda del Grupo Socialista que su portavoz ha explicado y expuesto ahora mismo. Es una enmienda que nosotros consideramos que es oportuna y pertinente porque mejora el contenido de la parte resolutiva en dos aspectos: por una parte, incluye una serie de precisiones técnicas que eran obligadas, que mejoran el contenido de la parte resolutiva de la proposición y, por otra, introduce una serie de correcciones semánticas que consideramos que también son más acordes probablemente con las circunstancias que rodean al caso.
Proponer que en lugar de la suspensión del protocolo se hable de una evaluación previa de la que resultarían las decisiones que hubiera que tomar en relación con ese acuerdo bilateral probablemente es más oportuno y más conveniente, y sustituir la expresión del párrafo tercero "exigir" por la de "abrir un diálogo" en relación con un país tercero seguramente es una medida oportuna que exige no solamente la diplomacia, sino las relaciones de respeto mutuo entre dos países que son soberanos.
Por estas razones vamos a apoyar la proposición, que creemos, insisto, mejora con la enmienda transaccional del Grupo Socialista y que redunda en beneficio de unos objetivos que es preciso apoyar.
El señor VICEPRESIDENTE (Costa Climent): Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Bonás.
La señora BONÁS PAHISA: Colombia sufre un conflicto muy largo, de muchos años, que la creciente escalada militar no ayuda a solucionar. Recientemente han estado en España unas representantes de un grupo de mujeres de Colombia. Las mujeres de Colombia han decidido que tienen que levantarse, que están hartas de parir hijos para la guerra. El año pasado 40.000 mujeres empezaron una marcha pacífica. Estas representantes nos comunicaron que la solución para pacificar Colombia es reducir la entrada de armas y apuntan al Estado español como uno de los principales suministradores de armas. Creemos que el Estado español debe reconsiderar este convenio con Colombia porque no podemos exportar armas, hay que exportar médicos.
Nos parece muy interesante esta proposición de Iniciativa, la aceptamos con las enmiendas del Grupo Socialista, porque es un país con el que hay un convenio y, por tanto, aceptamos que hay que abrir un diálogo, y sobre todo el Gobierno español tiene que considerar el número cuatro, porque si el código de conducta de la Unión Europea determina que ningún Estado miembro puede exportar armas a países en conflicto y en los que las organizaciones competentes de Naciones Unidas, el Consejo de Europa o la Unión Europea hayan constatado graves violaciones de los derechos humanos, este caso es Colombia. Nos gustaría que se suspendiera el convenio, pero entendemos que es mejor evaluar y esperar que en un futuro el Gobierno español decida suspenderlo.
El señor VICEPRESIDENTE (Costa Climent): Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Para fijar posición en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y para expresar nuestro voto afirmativo a la proposición no de ley tal como ha quedado después de la enmienda de sustitución del Grupo Parlamentario Socialista. Yo creo que es bueno un ejercicio de transparencia y evaluar el protocolo de cooperación militar, que es mejor esto que la situación anterior, que es bueno que en nuestro sistema democrático exista un mandato de este Parlamento para esclarecer lo que se firmó en la anterior legislatura. También creo que es bueno enviar un mensaje claro a través de esta proposición no de ley sobre las veintisiete recomendaciones formuladas por el Alto Comisionado de Naciones Unidas instando al Gobierno a respetar los derechos humanos en Colombia.
Dicho esto, expresando nuestro voto afirmativo, he de decir que la situación de Colombia es una situación altamente -si me permiten la expresión, para no dar más vueltas- desgraciada, desgarradora, en la cual se han ensayado distintas fórmulas para avanzar en la estabilidad y en la consolidación de un régimen democrático. Yo creo que no podemos obviar que Colombia sufre en estos momentos dos frentes internos que la desangran absolutamente, el frente de los paramilitares y el frente de la guerrilla, y existen algunos interrogantes -yo creo que fundados- sobre si el actual Gobierno ha tenido una posición decantándose, aunque sea ligeramente, por uno de estos dos frentes internos que suponen amplias zonas de impunidad, amplias zonas sin control del Estado, de control no regido por los principios de un Estado de derecho.
A partir de aquí, el presidente Álvaro Uribe plantea una opción muy distinta a la del presidente Pastrana, que planteó una opción de diálogo que no resultó, y el presidente Uribe plantea lo que él denomina la política de seguridad, que es una política mucho más militarizada y que en algunos puntos puede violentar los derechos humanos, tal como se ha apuntado por parte de Naciones Unidas.
En todo caso, en un debate sobre una situación tan complicada como es Colombia, creo que también se requieren planteamientos complejos y no planteamientos simples. Por ejemplo, hemos sentido que Colombia es un régimen de los más cuestionados internacionalmente desde un punto de vista de la comunidad internacional. Creo que esto no es exacto. Una cosa es instar al Gobierno de Colombia al respeto a los derechos humanos y la otra es cuestionar la propia legitimidad del Gobierno colombiano, estando o no de acuerdo con la estrategia del Gobierno colombiano. También creo que es inexacto -ya sé que entro en la zona de los matices- afirmar que el Gobierno colombiano es un Gobierno poco democrático. El Gobierno colombiano recientemente ha tenido algunos reveses electorales importantes y el presidente Uribe ha planteado un referéndum que ha perdido, de tal forma que seguramente esta es una situación difícil, encasillada, en la cual el Gobierno colombiano, en nombre de la lucha contra el terrorismo, ha querido aplicar algunas medidas que seguramente bordean la violación de los derechos humanos.
Pero también quiero recordar que desde el día 11 de septiembre de 2001 hasta el día de hoy la comunidad internacional no ha sido capaz de formular un protocolo, una definición en los foros internacionales sobre el concepto de terrorismo internacional. Esta es una realidad que vivimos día a día, pero no hay un definición en los foros internacionales.
Termino expresando nuestro apoyo a este ejercicio de transparencia que es este mandato del Parlamento para evaluar, para revisar este protocolo de cooperación militar con Colombia, pero también he querido hacer algunas reflexiones, quizás con algún punto de digresión, sobre la necesidad de tratar de forma compleja una realidad tan compleja como es la situación de amplia impunidad y de amplias zonas de conflictos por dos frentes, como decía, como es la situación que se vive en Colombia.
El señor VICEPRESIDENTE (Costa Climent): Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Rodríguez-Salmones.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Nuestro grupo, en primer lugar, quiere manifestar su sorpresa por la toma de posición del Grupo Socialista en esta cuestión. Nosotros lo hemos estudiado detenidamente, y no voy a hacer consideraciones, como también ha dicho el portavoz socialista, sobre cómo es la exposición de motivos ni sobre el discurso de Izquierda Unida, que respetamos y es su discurso, pero sí nos parece sorprendente, cuanto menos, que el grupo que apoya al Gobierno permita y vaya a apoyar un texto y una petitum en donde prácticamente queda equiparado un Gobierno, con el que se puede discrepar todo lo que se quiera, pero un Gobierno democrático, con el que admitimos que caben todas las discrepancias, en el mismo nivel, tanto en la proposición no de ley como en el discurso, con la guerrilla y con los grupos paramilitares. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Eso no lo han hecho nunca la ONU, la Unión Europea ni las organizaciones no gubernamentales, y esto es lo que hoy estamos haciendo aquí, tratar a una democracia, y yo me permito decir además en nombre de nuestro grupo una democracia amiga -no pretendo que los otros grupos usen este término, pero sí es una democracia con un sistema judicial, con un sistema de información, con unos partidos políticos-, exactamente al mismo nivel, como aquí se va a poner, que los grupos violentos.
Es un país que, como bien ha dicho el portavoz de Convergència i Unió, está en una situación desgarradora, desgraciada, desde hace más de 60 años -cada uno evalúa sus datos, desde luego-. En este momento, hay nada menos que 1.600 personas secuestradas, desplazados y una situación dramática. Con esta situación dramática vienen luchando, por uno u otro medio, los gobiernos democráticos. A cada grupo le puede parecer un planteamiento más acertado que otro, y se puede discrepar de los planteamientos de cada Gobierno; lo que no se puede es hacer responsable de la situación durísima que vive este país desde hace 60 años -que cada uno busque la fecha que desee- a los diferentes gobiernos democráticos que han existido.
Por nuestra parte, quisimos encontrar una fórmula que nos parecía buena: suscribir la enmienda que presentaba el Grupo Parlamentario Socialista, a pesar de que es evidente que no estamos de acuerdo al cien por cien en los cuatro puntos de los términos de dicha enmienda. Sencillamente pedíamos que, en el texto de la enmienda socialista que vamos a votar, se diera apoyo a la democracia colombiana en algún punto o de alguna forma. Dicho así; ni siquiera a un régimen; sólo pretendíamos que dijera que se apoya a una democracia en un país que está sufriendo. No podemos hacer una proposición no de ley que equipare a narcotraficantes, terroristas y paramilitares -con este catalizador nuevo y terrible del dinero del narcotráfico-, con un Gobierno legítimo, por mucho que se discrepe de él. No se admite esta corrección, y, por tanto, no podemos votar a favor de la enmienda.
Hay dos cuestiones en este texto que nos parecen significativos. Nos parece importante que se haya corregido la palabra convenio. Ya lo ha dicho algún portavoz, pero yo quiero decirlo con más claridad, puesto que hace referencia a acciones tomadas por el Gobierno anterior: el Gobierno del Partido Popular firmó en febrero de 2003 un convenio marco con Colombia; no un convenio militar ni de armamento.
Este convenio marco, extraordinariamente amplio -lo que podríamos llamar un convenio paraguas- se podría desarrollar con otros múltiples convenios. Ninguno de ellos se ha llevado a cabo, ninguno de ellos está vigente; y, por tanto, está mal dicho si se denuncia un convenio de exportación de material de defensa. No existe tal convenio. Se había avanzado -ha salido en la prensa-, y no se ha realizado, no está en vigor, no ha sido firmado.
La materia, efectivamente, era carros de combate -como se ha dicho-, aviones-hospital, aviones CASA, hacer empresas mixtas con Santa Bárbara…; eran avances hacia un posible convenio de exportación de material de defensa.
Este convenio estaba en fase de negociación, que se preveía muy larga, como lo son todas las negociaciones que pretenden terminar en venta de material de defensa; habría que tomar decisiones acuerdo a acuerdo, era complicada. De modo que no hay un convenio, y no hay que denunciarlos; hay que llevar a cabo las acciones que al actual Gobierno socialista le parezcan oportunas.
No me quiero detener en la exposición de motivos, puesto que tampoco vamos a votarla favorablemente. Sin embargo, tengo que decir que parece que en la intervención de algunos portavoces subyacen sospechas sobre las exportaciones de España de material de defensa y su control. Me parece conveniente extenderme con detenimiento en este punto. Creo que el Gobierno actual será muy celoso y cuidadoso en la exportación del material de defensa, como lo fue el Gobierno anterior.
Por supuesto, estos materiales están sometidos a control transparente, como no lo está ningún otro material y como no podría ser de otra manera. Los criterios de código de conducta de la Unión Europea se respetan escrupulosamente y, además, se hacen comunicaciones a este Parlamento y se mandan los documentos uno a uno, contrato a contrato. Es muy importante no dejar sombra de sospecha ni sobre el Gobierno anterior ni sobre este.
Queremos hacer hincapié en los ocho criterios: en el criterio dos, respeto a los derechos humanos por parte del país de destino final; en el criterio tres, situación interna del país de destino final; en el criterio cuatro, mantenimiento de la paz, la seguridad y la estabilidad regionales; en el criterio siete, existencia de riesgo de que el equipo se desvía a fines no deseables…; podría citarlos uno a uno.
Me parece que esto es muy importante, y se da cuenta de ello a este Parlamento desde 1997: desde 1997 se comparece aquí y se da un informe sobre todo ello contrato a contrato. Aunque no se ha dicho expresamente, se ha puesto todo en cuestión, y me parece grave que se ponga en cuestión la transparencia de todo este asunto, y que se ponga en cuestión también a la JIMDDU. En la junta que evalúa todo esto está el CNI, la Guardia Civil, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Economía…; la evaluación se hace punto por punto y contrato por contrato. No debe recaer sospecha ni sobre el organismo que controla ni sobre la transparencia ni sobre el control de las ventas de material de defensa.
Con esto termino. Nos hubiera gustado poder llegar a un acuerdo y aportar algo a un país del que sabemos que está en una situación desgarradora y de gran sufrimiento. Lamento que nos impida votar esto el hecho de que hayan puesto en términos equiparables -sobre todo el Grupo Parlamentario Socialista, insisto- nada menos que a los grupos terroristas con el Gobierno legítimo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra doña Isaura Navarro, para fijar posición.
La señora NAVARRO CASILLAS: No sé si el Partido Popular, cuando habla de aportar algo, se refiere a apartar tanques a un país en conflicto, para incumplir de esa manera el Código de conducta de la Unión Europea que lo prohibe, del que la portavoz dice que le parece importante que se cumpla.
Pues bien, si se exportan armas a Colombia, se incumple, y eso es lo que recogía el protocolo o convenio. Ustedes sabrán mejor que Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Cartalunya de qué se trataba, porque son los que llegaron a un acuerdo con su amigo -en palabras de la portavoz-, el señor Uribe.
Nosotros nos hemos encontrado con la oscuridad que rodea a este tipo de protocolos y convenios -como decía en mi intervención anterior- siempre que tratan de venta de armas. Se hurtan al conocimiento público con intención clara de que la gente desconozcan las actuaciones de un Gobierno que vende armas a un país en conflicto que permanentemente vulnera los derechos humanos.
En cualquier caso, quiero decir que la enmienda transaccional no se aparta del objetivo que tenía la iniciativa presentada por este grupo: que las armas no lleguen a Colombia. La revisión y evaluación del protocolo y el cumplimiento del Código de conducta y de las recomendaciones que ha formulado el Alto Comisionado concluyen definitivamente que las armas no lleguen a Colombia y que el Gobierno español no aporte nada al recrudecimiento de la guerra ni fomente el conflicto en el seno del Estado colombiano o respecto a las tensas relaciones que este tiene con el Estado de Venezuela.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias.
Habiendo acabado el debate…(El señor Madina Muñoz pide la palabra.)
¿Qué desea, señor Madina?
El señor MADINA MUÑOZ: Gracias, presidente.
Quería hacer uso de la palabra brevemente, tras haber fijado antes posición y haber explicado la enmienda transaccional sobre la que hemos llegado a un acuerdo con Izquierda Unida-Izquierda Verde, para matizar dos temas concretos. En primer lugar, lo he dicho antes pero quería dejarlo claro porque he visto que varios portavoces de varios grupos han utilizado diferentes términos, no existe un convenio de colaboración militar con…
El señor PRESIDENTE: Perdón, pero es que estamos abriendo otra vez el debate. Usted hizo su intervención y ya damos por concluida toda la sustanciación de la proposición no de ley. Lo siento.
El señor MADINA MUÑOZ: Muy bien, señor presidente. Muchas gracias.
[Fuente: Texto completo del debate extractado del Acta provisional de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, 23jun04]
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| Este documento ha sido publicado el 24jun04 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights |