EQUIPO NIZKOR
Información

DERECHOS


31oct07

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas: Proyecto de ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.

Índice:

Intervención del Gobierno:

Turno a favor de las enmiendas:

Turno de Fijación de Posiciones:

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE RECONOCEN Y AMPLÍAN DERECHOS Y SE ESTABLECEN MEDIDAS A FAVOR DE QUIENES PADECIERON PERSECUCIÓN O VIOLENCIA DURANTE LA GUERRA CIVIL Y LA DICTADURA. (Número de expediente 121/000099.)

El señor PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día: Proyecto de Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. Intervención del Gobierno. La señora vicepresidenta tiene la palabra.

La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Señor presidente, señorías, la primera obligación de un gobierno responsable es cumplir los mandatos del Parlamento. El 1 de junio de 2004 el Congreso de los Diputados instó al Gobierno a remitir a esta Cámara un proyecto de ley de solidaridad con las víctimas de la guerra civil y de la dictadura. Han sido, señorías, muchas, muchísimas las horas de muchas, muchísimas personas las que se han invertido para dar cumplimiento a ese mandato. Se ha hecho un gran esfuerzo de integración y transacción, y creo sinceramente que el resultado está a la altura del intenso trabajo realizado. Con esta ley comprobamos una vez más los resultados del buen método: escuchar, dialogar, incorporar puntos de vista y lograr que todos los legítimos intereses se vean reconocidos en el resultado final del proceso. Ese es el espíritu que anima a este Gobierno. Gracias a la voluntad de encuentro y a la dedicación de los grupos parlamentarios, hoy traemos al Pleno de la Cámara un texto que hace honor a su título, un texto que reconoce y amplía derechos, que se pone del lado de todas las víctimas y que quiere hacerlo con toda la sociedad. Mi reconocimiento a los diputados y diputadas por su esfuerzo de diálogo y por esa búsqueda de posiciones comunes.

Señorías, durante estos treinta años de democracia hemos vivido un intenso aprendizaje colectivo. Hemos aprendido a hacer realidad día a día la promesa de paz y libertad de nuestra democracia. Hemos aprendido a fortalecer todo lo que nos une y a ampliar espacios de convivencia y de encuentro. Por eso hoy somos una democracia madura, con pilares firmes, una democracia capaz de afrontar con serenidad situaciones derivadas de un pasado doloroso que todavía no habían sido suficientemente reparadas. Esta es una ley que se ocupa de las víctimas y de sus familias, que deja la historia a los historiadores, a los jueces lo que es de los jueces, y que, al tiempo que amplía, extiende e instaura derechos, reconoce a cada persona el derecho a conocer y recuperar su memoria personal y familiar. Sí, señorías, reconoce el derecho fundamental a reconstruir la propia biografía, la de todos aquellos que sufrieron persecución o violencia o vieron desaparecido su nombre o el de sus familiares; en definitiva, la de todos aquellos que vieron cercenado su derecho a la memoria individual y a la dignidad de su recuerdo. Esta es la ley de la que hablamos, una ley que ha experimentado una sensible transformación como consecuencia de las aportaciones de los distintos grupos que integran esta Cámara y de ese intenso esfuerzo colectivo por alcanzar el mayor grado de consenso. Es una ley parlamentariamente mejorada en su propósito de avanzar en el proceso reparador y de reconocimiento de derechos iniciado al final de la dictadura con la primera Ley de Amnistía y sostenido continuadamente durante los últimos treinta años por la democracia española. En consecuencia, no es de extrañar que de entre todos sus preceptos, nada menos que catorce estén dedicados a conceder derechos y a la mejora de prestaciones de las víctimas y de sus familiares o al reconocimiento de las asociaciones en las que estas se integran.

Señorías, me lo habrán oído decir más de una vez y lo repito de nuevo en esta Cámara y en esta tribuna hoy: estoy convencida de que no hay en esta ley ni una sola línea que no pueda ser respaldada en su integridad por cualquier demócrata. (Aplausos.) Todos y cada uno de sus artículos responden a principios que todos podemos compartir, principios comunes como el reconocimiento de la dignidad de las personas que esta ley ampara a través del establecimiento de nuevos derechos. Esa es la finalidad que perseguimos al reconocer pensiones a quienes padecieron lesiones o enfermedad como consecuencia de la guerra, como se hace en el artículo 5; al incrementar la cuantía de las de orfandad, tal y como se prevé en el artículo 6; al conceder una indemnización a quienes fueron privados de libertad en los llamados batallones disciplinarios, como se hace en el artículo 7, o al establecer exenciones y ayudas fiscales para quienes recibieron indemnizaciones en el pasado. Ese, y ningún otro, es el contenido de la ley: reconocer derechos.

Se han dicho muchas cosas; entre ellas, que esta ley supone violentar el espíritu de concordia entre los españoles. Señorías, nada más lejos de la realidad; esta ley amplia nuestra casa común al reconocer la posibilidad de adquirir la nacionalidad española a los hijos y nietos de los exiliados que se vieron obligados a renunciar a ella. Se ha dicho que esta ley reabre viejas heridas. Señorías, nada más lejos de la realidad; esta ley refuerza la concordia al reconocer el derecho de todos a acceder al conocimiento y a la información contenida en registros y archivos públicos, porque nunca en democracia saber más puede ser motivo de discordia. Se ha dicho que esta es una ley innecesaria. Señorías, nada más lejos de la realidad, porque quedaban situaciones pendientes de falta de tutela que requerían el amparo del legislador y esta Cámara así lo estableció en la resolución de junio de 2004. Por eso, esta es una ley necesaria, porque necesario es siempre reconocer derechos a quien carece de ellos. (Aplausos.)

Señorías, solo estas Cortes Generales pueden expresar, a través de sus representantes, la voluntad democrática de todos los españoles y pronunciarse en su nombre. Los parlamentos hablan mediante el instrumento de la ley. Pues bien, los artículos 2 y 3 de esta norma no solo innovan el ordenamiento jurídico, sino que formalizan con la más alta solemnidad que existe en un Estado de derecho, la solemnidad de la ley, el rechazo del pueblo español a toda forma de violencia y persecución basada en la intolerancia, y lo hacen reconociendo y reivindicando al tiempo, desde la legitimidad democrática, la dignidad de todas y cada una de las víctimas. Señorías, la ley declara el carácter radicalmente injusto de todas las condenas, sanciones y cualesquiera formas de violencia personal

producidas por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa durante la guerra civil y la dictadura. Declara también la ilegitimidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos constituidos para imponer condenas por los mismos motivos, así como la ilegitimidad de todas y cada una de sus resoluciones. Esta declaración general se complementa además con la incorporación del derecho de las víctimas, de sus familiares, de sus descendientes, de sus representantes que así lo deseen, a obtener una declaración personal e individual de reconocimiento de la injusticia padecida. Reconocimiento, sí; reconocimiento y ampliación de derechos de las víctimas y recuperación individual de la memoria personal y familiar. Esta es, señorías, la esencia de la ley y en esa esencia todos deberíamos estar en condiciones de encontrarnos.

En esta misma línea, la ley aborda cuestiones igualmente necesarias y que requerían una específica regulación después de treinta años de convivencia democrática. Así, era una obligación inaplazable, demandada por distintos colectivos e incluso recogida en diversos informes del Defensor del Pueblo remitidos a esta Cámara, abordar con transparencia y claridad la cuestión de las fosas y la identificación y localización de las víctimas, porque eso es un instrumento fundamental para la recuperación de la memoria individual y familiar. (Aplausos.) Todo ello, por supuesto, salvaguardando siempre el respeto a la voluntad de las familias. La regulación prevista en la ley establece un marco claro de referencia para las asociaciones que hasta ahora vienen trabajando en relación con estos temas; abre cauces para financiar sus actividades, articula fórmulas de colaboración entre todas las administraciones públicas y ordena la preservación y catalogación de estos espacios mediante la elaboración de un mapa integrado de localización de víctimas.

También ha llegado el momento de afrontar con claridad la que ha sido una demanda reiterada de esta Cámara, ofrecer unos criterios generales de actuación sobre aquellos símbolos y monumentos públicos que, en vez de constituir ocasión de encuentro, lo son de enfrentamiento o agravio. Creo que la ley cumple esa exigencia largamente demandada. En este sentido, es justo reconocer que, como consecuencia del trabajo de la Comisión, se ha dado una nueva redacción al ahora artículo 15 del dictamen, en el que se compatibiliza el cumplimiento del mandato legal de retirar dichos símbolos con el respeto a las competencias de las comunidades autónomas y el derecho a la autonomía de las entidades locales. De manera muy especial, quisiera subrayar en este punto la amplia mayoría alcanzada en torno al Valle de los Caídos, que demuestra de forma meridiana que en la elaboración y debate de esta ley nunca ha estado presente la intención de mirar al pasado y reabrir heridas, sino, muy por el contrario, la de afrontar el futuro con la mirada limpia, honrando la memoria de todas las víctimas y evitando exaltaciones de valores antidemocráticos. (Aplausos.)

La ley, señorías, finalmente crea y pone en marcha el Centro Documental de la Memoria Histórica en la ciudad de Salamanca. Este centro tiene como principal objetivo modernizar, mantener y desarrollar el Archivo General de la Guerra Civil y para ello se potencia y dinamiza la función de recopilación documental y de fomento de la investigación histórica, una actividad que sin duda va a situar a Salamanca como ciudad de referencia para todo investigador o estudioso de esta etapa de nuestra historia. Señorías, la aprobación por las Cortes Generales de esta ley se inscribe en el largo camino que la democracia española ha transitado en la labor de reparar a las víctimas de la guerra civil y de la dictadura. Este es un paso que se suma a muchos que hemos dado juntos a lo largo de estos treinta años, una empresa de solidaridad, concordia y justicia, una empresa que, con el texto que se somete hoy a su consideración, la gran mayoría de los españoles quiere ver culminada. Señorías, sobre esta ley se han alzado muchas sombras por quienes han adoptado como única estrategia hacer del día noche, por quienes piensan que cerrando las ventanas y apagando las luces se puede cambiar no ya la percepción de la realidad, sino la realidad misma, pero, en política, la verdad, como la luz, siempre acaba abriéndose paso. (Aplausos.) Esta ley señalará el día en el que los españoles decidieron solemnemente, a través de sus legítimos representantes, rendir homenaje a cuantos fallecieron o sufrieron violencia y exilio por defender los valores de la justicia y el pluralismo, de la libertad y de la igualdad, los mismos valores que hoy fundamentan el orden constitucional que rige nuestra convivencia. Ese es su único sentido. Ellos y todas las personas condenadas al olvido merecen nuestra gratitud porque por su sacrificio estamos hoy aquí y tenemos lo que tenemos. Se lo debíamos, nos lo debíamos.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora vicepresidenta.

Comenzamos el turno a favor de las enmiendas. En primer lugar, el Grupo Parlamentario Mixto. Intervendrán la señora Barkos, la señora Lasagabaster y el señor Rodríguez.

La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, señor presidente.

Señorías, señora vicepresidenta, hace prácticamente un año teníamos en este mismo salón de Plenos el debate de totalidad del proyecto que hoy estamos enmendando. Fue el 14 de diciembre de 2006. Ha pasado, por tanto, prácticamente un año entero, un tiempo excesivo a todas luces, y más si tenemos en cuenta que estos meses no han servido finalmente, en absoluto, para llegar a un consenso mínimo de quienes hoy votaremos la ley de memoria histórica por partes. Tristemente hoy pocos pueden decir: votaremos sí o no al conjunto de la ley. Lo cierto es que la mayor parte de los grupos que vamos a subir a posicionarnos en la defensa de unas enmiendas o ante la ley lo vamos a hacer para anunciar un voto por partes: sí a unos artículos, no a otros. Decía usted, señora vicepresidenta: ni una sola línea de este texto puede ser no votada por un demócrata. Estamos completamente de acuerdo. Pero no es todo, porque parece evidente, y es un elemento para la reflexión hoy, que algunos van a evitar, por ejemplo, el eje troncal de una ley cuya necesidad han venido cuestionando desde el primer día --aludía yo a ese 14 de diciembre de 2006--, y aquí se votaron enmiendas de totalidad, entre ellas una de devolución, la del Partido Popular. Pero por partes también --y no cabría solo apuntar al Partido Popular-- porque otros no podemos admitir lo que consideramos algunos atajos, lo hemos hablado a lo largo de este tiempo, ese camino de en medio que nos han dibujado en cuestiones fundamentales para la justificación misma de la ley. No me estoy refiriendo a la cuestión de la nulidad, que supongo que será eje de debate largo y tendido esta mañana. Le voy a poner un ejemplo absolutamente clarificador, como es el artículo 15, apartado 1, de la ley, en torno a los símbolos y monumentos públicos. Las administraciones públicas --dice el punto 1 del artículo 15--, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar. Pero dice el segundo párrafo, cuya supresión hemos solicitado reiteradamente desde Nafarroa Bai: Lo previsto en el párrafo anterior no será de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado y sin exaltación de los enfrentados. La pregunta es quién va a decidir la aplicación o no de este artículo, quién será el árbitro en definir las --y digo textualmente-- menciones de estricto recuerdo privado sin exaltación de los enfrentados. La falta de consenso en la necesidad misma de la ley, la dureza y yo diría que hasta la crudeza con que algunos han discutido la legitimidad de quienes fueron perdedores de la guerra y de la dictadura en reivindicar su memoria no nos permiten hoy ser nada optimistas con atajos como este. Algunos de los que hoy siguen sin condenar la dictadura franquista van a ser quienes gestionen qué símbolos han de mantenerse por ser de estricto recuerdo privado, y tenemos declaraciones bien recientes.

Sí vamos a votar lógicamente todo el capítulo referido a la localización e identificación de las víctimas, artículos 11, 12, 13 y 14, y nos parece además un capítulo absolutamente fundamental. En cualquier caso, Nafarroa Bai buscaba con mayor ambición algunos de estos extremos y vamos a mantener las enmiendas presentadas a estos cuatro artículos. En este mismo sentido, el artículo 16, el relativo al Valle de los Caídos, deja de nuevo sin resolver, por ejemplo, los más que acreditados enterramientos de víctimas de fusilamientos sin el consentimiento --ese por descontado-- y sin el conocimiento incluso de sus familiares, que aún hoy siguen buscando a los suyos.

Decía, señorías, que hace un año nos enfrentábamos al debate de totalidad de esta ley. Aquel día el Grupo Parlamentario Popular pedía la devolución del proyecto por entender --según decía textualmente la justificación-- que este proyecto pretende revisar --abro comillas refiriéndome a ese texto-- «un pasado que los españoles habíamos dado por superado» --cierro las comillas--.

Pero no es cierto. Hoy todavía, y aquí coincidimos perfectamente, señora vicepresidenta, hay quien sigue buscando unos restos, quien sigue buscando un duelo digno y quien sigue buscando justicia. Mi pregunta es si este proyecto se la va a traer. La promesa de una ley de memoria histórica ha sido estos cuatro años esperanza para muchos, y muchos de ellos son quienes nos han legado a muchos el espíritu más entusiasta, más combativo y el espíritu más digno de la democracia en los peores años de la dictadura. Mucho me temo que esta ley, que vamos a votar por partes, no está a la altura de su legado, de sus necesidades y de sus anhelos, pero seguro que en el recorrido de la misma podremos encontrarnos para hacerlo así.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Barkos. Señora Lasagabaster, su turno, por favor.

La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.

Señorías, señora vicepresidenta, este es un gran asunto. Un asunto de gran trascendencia, de sensibilidad, no solo de esta legislatura sino de todas las legislaturas precedentes, por algo que quedaba pendiente, algo por lo que hemos ido trabajando muchos años, muchas legislaturas y no llegaba la luz. Por eso nos frustra todavía mucho más que lo que vaya a ver la luz no sea lo que realmente se merecían y merecen tantas y tantas personas víctimas de una guerra civil y de una larga dictadura. Esta no es la ley que concuerda con la filosofía de Eusko Alkartasuna.

Para nosotros, una ley de memoria histórica tiene que tener tres vértices: verdad, justicia y reparación. Si no existen o no están suficientemente recogidos y reconocidos esos tres vértices no hay una verdadera ley de memoria histórica. Verdad hay poca en esta ley. Porque es verdad que cada uno tiene su verdad, ciertamente, pero cuando solo se recogen las vivencias, la memoria, la historia, los testimonios, los informes de una parte, ¿dónde queda la verdad de tanta y tanta gente? ¿Dónde queda el trabajo de ese Centro de Memoria Histórica que tendría que recoger una comisión de la verdad para conocer lo que pasó? ¿Dónde quede la verdad? Y de justicia, nada. No hay nada en este proyecto de ley que tenga valor jurídico vinculante. No se recoge la doctrina de crímenes de guerra y de lesa humanidad de Naciones Unidas. No se recoge el carácter vinculante de una ley que debiera restituir, al menos, la nulidad de aquellas tantas sentencias de tribunales ilegítimos y, por tanto, nulos. De justicia, nada. Hay algo más de reparación, pero no suficiente. No hay reparación suficiente porque nunca la podría haber, evidentemente, a las vulneraciones de derechos humanos, pero no hay reparación social, moral, ni económica suficiente en muchos casos. Tres vértices que no se recogen de manera apropiada, a nuestro entender, lo que lleva a considerar que esta no es la ley que Eusko Alkartasuna podría votar a favor. Es verdad que en la tramitación ha habido grandes cambios y no lo voy a negar. Ciertamente es mucho mejor el texto que sale que el texto que nos trajo el Gobierno, pero le faltan cosas cualitativamente importantes para que nosotros pudiéramos votar esta ley. Hemos intentado trabajar en esta materia para conseguir llegar a un consenso suficiente, un consenso que realmente sitúe, cualitativamente hablando, en el límite, al menos, del aprobado la realidad de lo que es importante en esta ley.

¿Qué tres cuestiones nos parecía que, entrando en una fase de consenso, intentando ese consenso, no se han podido conseguir? Primera, lo relativo al tema de la nulidad de las sentencias. Nosotros entendíamos que si la mayoría optaba por la ilegitimidad de los tribunales, de los jurados, de los órganos, y asimismo de sus sentencias, se requería un esfuerzo del Estado, se requería un esfuerzo del ministerio público para llevar a cabo el arduo trabajo en que va a consistir el revisar esas sentencias. No se le puede trasladar a la víctima que sea ella la que tenga que llevar todo el trabajo de recurrir la revisión ante la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo. Es el Estado, somos todos los que tendríamos que hacerlo. Segunda consideración, el traslado de aquellos documentos a quien corresponde. A través de esta ley no se pueden dar visos de legalidad, de legitimidad a la incautación, a la expoliación de documentos de manera absolutamente injusta y que no se trasladen. No podemos permitir que en muchos casos, citaré solo uno, pero hay muchos más, no se trasladen los documentos del Archivo de Salamanca a Euskadi, a sus legítimos y necesarios dueños. Y, tercero, un tema muy concreto pero muy importante, las víctimas de la transición. Las víctimas de los excesos llamados, entre comillas, de las fuerzas policiales, aparatos del Estado, no pueden tener peor consideración que las víctimas de organizaciones terroristas. No se puede categorizar de menor consideración la vulneración de unos u otros derechos en función de quién lo haga, especialmente aquella que provino de los aparatos del Estado. Pedimos igualdad y pedimos justicia, nada que no pregonemos allende nuestras fronteras. Solo pedimos la legalidad internacional, la verdad, la justicia y la reparación. Este proyecto de ley no contará con nuestro apoyo y seguiremos trabajando para que quizás un día también cuente con nuestro apoyo y se haga verdadera justicia con quienes tenemos una deuda pendiente.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lasagabaster.

Señor Rodríguez, por favor.

El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente. Señorías, el Bloque Nacionalista Galego considera que la transición no fue una ruptura con el franquismo. Treinta años más tarde estamos aún asumiendo, reconociendo, recuperando memoria y señalando dónde estaba la legitimidad democrática e incluso aceptando y asumiendo que hubo graves violaciones de los derechos humanos entre 1936 y 1939 y hasta 1975, y creo que incluso hasta 1977. Por tanto, el texto que hoy pasamos a discusión y aprobación es cierto que tiene mejoras sustanciales en relación a cómo salió del Consejo de Ministro, sin duda se han integrado muchísimas enmiendas que lo han mejorado sustancialmente, pero tiene límites, la mayor parte derivados de esta construcción de lo que fue y es la transición política. El texto no discute el pacto de la transición, por lo cual es incapaz de asumir la ilegalización o anulación de sentencias y de tribunales; no es la propuesta de recuperación restauradora de la legalidad republicana, sino una propuesta de recuperación de la memoria y también de reconocimiento de la represión contra las personas, las muchas víctimas que hasta ahora no han sido reparadas. Es, por tanto, una ley de concepción individual y no de concepción orgánica, pero es una ley que, desde nuestro punto de vista, da un paso al frente muy importante. No es, como se intenta decir por ahí, una ley de punto final, porque las acciones que se pueden llevar ante la justicia siguen estando plenamente abiertas, aunque sea cierto que la ley no asuma todo lo que debe y deja el gran peso a la voluntad individual y, por tanto, a las personas represaliadas, a sus familias, con muy poco apoyo de carácter institucional. Pero, señorías, a nosotros nos resulta realmente clamorosa la hostilidad de la Iglesia católica a esta ley, de muchos medios de comunicación y del principal partido de la oposición porque indican cómo asumen el pasado y el presente incluso como posibilidad de legitimación de la represión y de la violencia antidemocrática, incluso como justificación en determinadas ocasiones de los golpes de Estado y de las dictaduras. Hay zonas del país, como Galicia, que no padecieron una guerra entre bandos, padecieron el golpismo y la represión. Nuestros compatriotas fueron conducidos a participar en una guerra civil fratricida y fundamentada en valores y prácticas contrarias a los derechos humanos y a los principios de un Estado de derecho. Esto es lo que estamos juzgando. Una parte, no es que no fuese reparada, es que posteriormente continuó en el poder, legitimada además democráticamente. La otra, la que es principal objeto de nuestra atención en este momento, aún la estamos reconociendo ahora, la estamos legitimando simbólica y políticamente y la estamos compensando en la medida de lo posible --que nunca es lo necesario-- materialmente y, sobre todo, reconociendo sus sufrimientos y todo lo que significaron para la evolución política del país. Pero sobre todo, señorías, es el fin del silencio. Realmente, negar esta posibilidad hace elocuente que no se persigue ni la reconciliación simbólica siquiera, no digamos la rectificación y el reconocimiento de un periodo opresivo y de las injusticias que provocó. Por lo tanto, función limitada la de esta ley pero positiva y, como tal, nosotros, que tenemos una idea muy clara de las dificultades del contexto, la vamos a apoyar. Es importante que vaya para adelante en el actual contexto político. Solamente reconociendo los antecedentes democráticos y combatiendo el miedo y la censura podremos encarar el futuro sin sombras amenazadoras. No podemos asumir la democracia vigilada y fundamentada en la mayor podredumbre y en lo más negro de lo que fue la España que provocó la guerra civil.

Señorías, recordaba Castelao, el militarismo, es decir, el golpismo, el clericalismo --del cual tenemos graves manifestaciones en el momento histórico presente en nuestro país-- y también el centralismo, que fue una de las causas fundamentales que alimentó precisamente el espíritu golpista, estas grandes columnas vertebrales de la injusticia, como señaló Castelao, son las que en este momento vamos a deslegitimar, por lo menos en sentido político simbólico, en favor, vuelvo a repetir, de todos nuestros antepasados, de nuestros exiliados, de las personas perseguidas, de todos aquellos que en el caso de Galicia fueron claves para que siguiésemos manteniendo nuestra conciencia de hombres y de mujeres gallegos y gallegas. Aunque nada más fuese por esto, la ley merece ser apoyada, con todas sus limitaciones que, volvemos a repetir, son muchas pero que contextualizadas también podremos explicárnoslas. Por lo tanto, un paso al frente y un voto favorable del Bloque Nacionalista Galego.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.

Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, señor Herrera. El turno establecido en Junta de Portavoces es de veinte minutos.

El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.

Señoras diputadas, señores diputados, esta legislatura debía ser una legislatura diferente porque por primera vez en democracia se había asumido un compromiso, por primera vez un movimiento amplío nos exigía a esta Cámara políticas de memoria democrática. A aquellos que dicen que en España ya se habían realizado dichas políticas la realidad les desmiente. No se trata de caer en el adanismo. Se realizaron políticas, pero parciales. A diferencia de otros países, en el país que padeció más años de dictadura nunca hubo una política pública por la recuperación de la memoria democrática. En este país algo no se había hecho bien cuando no se podía acceder a los archivos desordenados de la represión, cuando la simbología franquista convive aún en nuestras calles, cuando quien reclamaba la revisión de las sentencias se encontraba con la invocación de las leyes de la represión por parte de determinados jueces. Algo no va bien cuando hoy, incluso hoy, el principal partido de la oposición relativiza lo que fue el franquismo, habla de placidez --no sé si hablan de la placidez de las cárceles, de los cementerios o de las torturas-- o reinventa la historia, como decía Fraga, diciendo que fue la República la responsable de la guerra civil y de la dictadura.

No es propio de un país normalizado tener una jerarquía eclesiástica que lo que hace es canonizar a centenares de personas, y que es incapaz de pedir perdón por haber llevado al dictador bajo palio. Y aquellos que decían y que dicen que no era ni es necesaria esta ley, solo hace falta que vayan al Valle de los Caídos. Hoy en Patrimonio del Estado se hace apología del franquismo, mientras que en Mauthausen, mientras que en los S-21 de Camboya, mientras que en Villa Grimaldi se explica lo que fue la represión; hoy en este país, en Patrimonio del Estado se hace apología del franquismo. Es muy sencillo, algo no va bien en este país cuando héroes de la lucha antifranquista, como Simón Sánchez Montero, han muerto casi en el anonimato y cuando genocidas como Queipo de Llano están enterrados a los pies de la Macarena. (Aplausos.)

Por eso era necesaria esta ley; por eso muchas entidades le dijeron a este Gobierno y a este Parlamento que teníamos que empezar la legislatura de otra manera. Pero las expectativas del principio de la legislatura, las ganas del principio de legislatura empezaron a tener un sabor amargo; y empezaron a tenerlo por una ley tardía, una ley que tardó más de dos años en entrar en esta Cámara. A esta ley tardía se le sumó lo que en realidad pasó a ser una ley fallida; un proyecto de ley presentado por el Gobierno que era equidistante, que no condenaba el franquismo, que se reducía a la memoria familiar o individual; una ley que se limitaba a hablar de un consejo de notables que decidiría sobre lo que fue justo y aquello que no lo fue. Aquella ley se convirtió en frustración; frustración por una mala ley. A este sabor amargo se le sumó el sentimiento del arrepentimiento; un arrepentimiento que empezó a correr como la pólvora entre las filas socialistas; un arrepentimiento que decía que mejor no haber presentado la ley; un arrepentimiento que decía que era mejor dar carpetazo a la ley y, por supuesto, durante muchos años no volver a abrir este debate. De ahí nuestra insistencia. Era y es fundamental la ley que, como mínimo, suponga un punto de partida desde el que comenzar a caminar.

Se trataba de aprovechar la oportunidad histórica, la primera oportunidad en treinta años de sentar las bases para la recuperación de la memoria democrática y se trataba y se trata de evitar un riesgo: que con el fin de la legislatura muriese por muchos años más la oportunidad de conseguir esas políticas por la memoria. Nuestro objetivo fue claro: condena, políticas públicas y declaración con claras consecuencias de la represión. Honestamente creo que lo conseguimos. Hemos dado la vuelta a la ley. A nuestro entender, la ley va a tener tres elementos básicos: es una ley que pasa ya de la equidistancia a la condena del franquismo, porque se suprime en toda la ley la referencia a los dos bandos, que estaba contenida de forma transversal en todo su texto, olvidando ---como hacía la ley-- - que se trataba de un régimen legítimo y democrático y de un grupo de sublevados. Se asume, por primera vez en una ley, no solo la condena expresa de esta Cámara, sino que se asume la más enérgica condena que se ha pronunciado nunca en torno a lo que supuso el franquismo: la declaración de la Asamblea de Parlamentarios del Consejo de Europa; se incorpora un relato que hace nuestros los valores de todos aquellos que lucharon por la democracia, guerrilleros, carabineros, UMD y brigadistas internacionales, haciendo nuestra la tradición antifranquista y rechazando de plano por el Congreso de los Diputados ese relativismo histórico en el que se dibuja el franquismo como una dictablanda, reconociendo y asumiendo por el Congreso de los Diputados, como nuestro bagaje democrático, lo que hicieron todos aquellos que se opusieron a la dictadura jugándose la vida. Y es más, por primera vez esta Cámara habla en una ley de los sublevados, artículo 15, y para nosotros eso significa pasar de una ley equidistante a una ley que condena.

Segundo objetivo, superar lo que se entendía por memoria familiar o individual. La vicepresidenta ha hablado de la memoria individual o familiar, no se la negamos, pero, señora vicepresidenta, en esta ley se habla por primera vez de las políticas públicas --algo que se no se planteaba-; en esta ley por primera vez se habla de recuperar la memoria histórica; en esta ley se habla de que tendrán que tener un marco institucional; de que tendrán obligaciones, que tendrán que cumplir la ley para garantizar que se den esas políticas. Se habla de que se tendrán que retirar escudos, insignias, placas que exalten la sublevación militar. Se dice que a los propietarios que no actúen en este sentido se les podrán retirar las subvenciones. Se explica que las excepciones tendrán que ser determinadas por ley. Se hace un catálogo de vestigios de la guerra civil y de la dictadura. Se garantiza que el acceso a los archivos de la represión va a ser universal, que no se tendrá que acreditar el carácter de interesado, que se van a suprimir todas aquellas partes que no permitían el derecho a la verdad, a conocer el nombre de los represores.

Esta es una ley que significa políticas públicas y aunque ustedes no lo explican, lo explica el texto, y para nosotros esto es un elemento de profunda satisfacción. Es más, hace muy pocos días en una asamblea de Izquierda Unida, Enrique Escobar --con un abuelo fusilado-- explicaba que por primera vez los particulares no tendrán que desenterrar a los muertos con las palas, sino que tendrán el aval de una ley; que el Gobierno tendrá que realizar un protocolo que asegure la adecuada intervención en las exhumaciones; que tendrá que colaborar institucionalmente; que tendrá que realizar planes de trabajo; que tendrá que sufragar los gastos. Es verdad, no hemos conseguido que sean ustedes los responsables; no lo hemos conseguido todo, pero hemos garantizado que la ley avale lo que es una exigencia de aquellos que tienen abuelos, padres, familiares enterrados en las cunetas. (Aplausos.) Se dan respuestas a los exiliados, se consiguen políticas públicas por primera vez. Y es verdad, no lo hemos conseguido todo. En el Valle de los Caídos nosotros queríamos que no se exaltase el franquismo. Tendrán la prueba de fuego el próximo 20-N, pero como decidieron pactar con otros, no hemos garantizado que en el Valle de los Caídos se haga lo que se hizo en todos los espacios de la represión: explicar el genocidio, explicar la lucha antifranquista. No lo hemos conseguido porque en este caso ustedes decidieron pactar con otros.

El tercer objetivo que teníamos era conseguir que la ley reflejase la nulidad de los juicios franquistas, y les tengo que reconocer que este ha sido el principal escollo en la negociación con el Gobierno. La situación de partida no era solo que el PSOE no quisiese la nulidad, sino que su voluntad era dejar el marco represor tal y como estaba, aun a sabiendas de que la revisión de las sentencias de la represión habían supuesto mantener su vigencia. Es más, el Partido Socialista, el Gobierno nos proponía un consejo de notables que decidiría sobre si un juicio había sido justo o no. No había respuesta a las reiteradas demandas de anulación de juicios como el de Carrasco i Formiguera, el de Blas Infante, el de Companys, el de Grimau, y el de tantos y tantos otros. Para encontrarnos, empezamos por suprimir los mecanismos de impunidad al facilitar --como se hacía en los artículos 7.3 y 25.3-- el encubrimiento de la identidad de los presuntos autores de abusos, negando que se pudiesen identificar esos nombres. Suprimimos esos artículos, y finalmente conseguimos el punto de encuentro con la deslegitimación total de la represión franquista, declarando que los juicios eran contrarios a derecho y que eran, por tanto, ilegales; afirmando que nunca tuvieron las características de un juicio justo, aprobando su carácter ilegítimo, diciendo claramente que las leyes de la represión quedaban expresamente derogadas para que no se puedan invocar por parte de las autoridades judiciales. Dicha declaración no solo va a suponer la declaración de condena al aparato represor franquista más enérgica que se haya hecho nunca. Conseguimos una declaración de nulidad política pero además abrimos la puerta a la posibilidad de declarar nulas dichas sentencias dando, como dicen los portavoces socialistas, nuevos argumentos jurídicos. Y es que la redacción tiene fuerza política, tiene fuerza legal y tiene una clara trascendencia jurídica porque, al fin y al cabo, la declaración de ilegitimidad representa utilizar un término asentado en la jurisprudencia. Aquellos que dicen que el término es vago, que lean la jurisprudencia del Constitucional y vean cómo se explica que eso significa que esas sentencias y esos tribunales estaban en un espacio de radical contradicción con el derecho y los principios de Justicia, es decir, en el espacio de la más absoluta de las arbitrariedades. Reconocer esto representa por fin una conquista histórica. Pero la declaración de la ley no se queda aquí. Muchos hablan solo de la ilegitimidad. Léanse bien el artículo y piénsenlo porque el artículo dice que todos y cada uno de los organismos represivos de la dictadura eran contrarios a derecho, lo que es una afirmación de ilegalidad radical. Se declara que no tenían las características de un juicio justo, y ello tiene una clara trascendencia jurídica de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con los pactos de derechos civiles y políticos y, sobre todo, con el Convenio de Roma en su artículo 6. Porque decir que no tenían las características de un juicio justo es decir que todos aquellos tribunales y sentencias no respetaron el derecho a un tribunal independiente ni a ser oído ni a la presunción de inocencia ni a la información del acusado ni a tantos y tantos derechos. Eso se traduce en que las consecuencias jurídicas van a ser extraordinarias. Además, eso junto a la disposición adicional segunda y al artículo 3 va a permitir acudir a los tribunales a decir claramente que esas sentencias fueron nulas.

Cuando desencallamos la ley en el mes de marzo hubo quien aún tenía dudas sobre la trascendencia jurídica, y hubo quien se atrevió a decir que con esto no era suficiente.

Por si no era suficiente, nosotros le añadimos un plus a la ley, no solo derogando las leyes de la represión franquista, sino que decimos que los tribunales no podrán invocar esas leyes de la represión franquista, como han hecho salas del Supremo para negar la nulidad de dichas sentencias. Es cierto que no lo hemos conseguido todo, pero por nuestra denuncia y, sobre todo, por nuestra perseverancia e insistencia hemos dado un paso adelante muy significativo. La ley nos permite hoy empezar a caminar. Soy consciente de que en esta materia sin la ley, de aquí a muy pocos meses, empezaríamos con el cronómetro a cero. Con la ley y con un Gobierno claramente comprometido con la memoria democrática, como es el Govern de la Generalitat, ya se ha anunciado el apoyo jurídico a aquellos que quieran la nulidad de sus sentencias. Y con la ley, con estos mimbres, tendremos que decirle al próximo Gobierno que queremos que se garantice el acceso a la justicia de forma gratuita para todos aquellos que quieran la revisión de sus sentencias, porque ya no solo hablamos de memoria individual o familiar, hablamos de políticas públicas y hablamos de la recuperación de la memoria democrática. Lo dice el texto de la ley. (Aplausos.) La ley nos permitirá empezar la legislatura que viene diciéndole al Gobierno que queremos un ministerio fiscal que intervenga. Ya sé que con un Zapatero con las manos libres será difícil que cumpla, pero con un Zapatero con las organizaciones exigiéndole y con la izquierda exigiéndole lo tendrán difícil para negarnos este derecho.

Señor presidente, quiero acabar con un agradecimiento, con una confesión y con una conclusión. El agradecimiento es a todos aquellos que lucharon no solo en la guerra civil, sino que lucharon en los cuarenta años de franquismo para que en este país hubiera democracia. A Joan Tristán, a Enric Pubill, a Marcos Ana, a Ángel Rozas, a todas las personas que hoy nos acompañan (Aplausos.); a los cantautores que se jugaron la vida --esta aquí Elisa Serna-; quiero agradecer, además, a la sociedad civil, a la alianza entre los abuelos y los nietos, que ha hecho que tantos años después de la muerte del dictador se haya puesto de manifiesto que las heridas para que se cierren hay que cicatrizarlas, curarlas, hay que sanarlas; y que antes de pasar página, hay que haberla leído. El ejemplo lo tenemos en muchas entidades, en muchas asociaciones: en la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, en la Asociación por la Memoria Histórica, que hoy continúan denunciando las insuficiencias que pueda tener la ley, pero que a la vez dicen que la ley es un punto de partida sobre el que empezar a caminar. Tenemos muchos ejemplos: José Antonio Moreno, nieto de represaliados; Manuel Perona, descendiente de represaliados; ejemplos que han hecho que en este país, treinta años después, esta Cámara tenga que hacer los deberes. Por eso, quiero agradecerles su extraordinario trabajo. Quiero, además, agradecer a todos aquellos historiadores, juristas, asesores que con su trabajo han permitido que haya una ley que no sea ni punto de llegada ni punto final, sino que sea un punto de partida. A May Sánchez, con su trabajo; a Martín Pallín, con sus consejos y, especialmente, a Carlos Jiménez Villarejo, uno de los padres de esta ley, uno de los artífices de que hoy tengamos ley. (Aplausos.)

En segundo lugar, la confesión. Les tengo que confesar que a Izquierda Unida y a Iniciativa Verds nos hubiese resultado mucho más fácil acabar la legislatura con una Ley de Memoria empantanada. Podríamos haberlo hecho y después acusar al Partido Socialista de falta de voluntad para sacar la ley. Hubiese sido lo más fácil, e incluso --les confieso-- electoralmente nos hubiese dado algún resultado. Pero al oportunismo electoral se le contrapuso la responsabilidad histórica, la responsabilidad de saber que si no teníamos ley, quizás deberían ser los bisnietos los que batallaran por que este país no fuese una sociedad sin raíces y desmemoriada. Ese riesgo no lo quisimos correr. Respeto todas las opciones, pero nosotros creíamos, y creemos honestamente, que sin ley estaríamos muchísimos años más sin política alguna de memoria. Por eso, hemos apostado por tener una ley que signifique no un punto final ni un punto de llegada, sino un punto de partida; con las herramientas básicas para empezar las políticas de memoria democrática, y lo hemos conseguido aprovechando la oportunidad histórica de sacar esta ley. Una ley que muchos historiadores, muchos represaliados, muchas asociaciones de las que hoy nos acompañan entienden que podría ser más, pero entienden que ese es el punto de partida. La ley no obedece a todos nuestros sueños, pero la ley está hecha de nuestros sueños.

En Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds nos sentimos responsables de cada uno de los elementos positivos de claro avance que tiene la ley. Nunca, tal y como reconocía Jorge Fernández Díaz, portavoz del Grupo Popular, un grupo tan pequeño --cinco diputados--, había cambiado tanto una ley. (El señor Fernández Díaz: Efectivamente.) Nos sentimos orgullosos de los avances y les decimos que las insuficiencias no tienen nuestra paternidad. Allí donde no se ha ido más lejos es porque ha habido un grupo mayoritario, el Partido Socialista, que no ha querido ir más lejos. La ley no es un icono; la ley no es un texto bíblico; la ley es un instrumento y este instrumento va a empezar a servir. Acabo ya, señor presidente, con una última consideración que yo creo que le va a servir, sobre todo, a los represaliados. Hoy no nos puede acompañar Miguel Núñez --más de veinte años en la cárcel, con torturas nada plácidas de los hermanos Creux--, porque hoy padece un enfisema pulmonar, fruto de esas torturas. La ley le sirve a Miguel Núñez porque la ley, tal y como decía hace un par de días Carlos Jiménez Villarejo, es la declaración de ruptura más contundente y más fuerte que se ha hecho nunca en democracia. Pero la ley sobre todo servirá porque servirá a las nuevas generaciones, a la gente joven, para que en este país ninguna otra generación pase por la escuela, como ha pasado la mía, sin que le expliquen la lucha antifranquista. Porque la ley permitirá que en este país se empiece a explicar de una vez por todas lo que fue el antifranquismo. Porque esta ley tiene que servir en definitiva para que empecemos a caminar para que haya memoria democrática en este país.

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.

El señor HERRERA TORRES: Acabo ya --ahora sí que sí, señor presidente--, diciendo que una placa con un poema de Márius Torres en el Camp de la Bota, donde fueron fusilados numerosos demócratas, dice (Pronuncia palabras en catalán.): Hoy tenemos menos olvido, hoy tenemos más memoria.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Herrera. Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Esteban.

El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señor presidente.

El grupo nacionalista vasco, Grupo Vasco en la Cámara, va a apoyar aunque no en su integridad como luego explicaré, pero sí en un 90 por ciento, el contenido de esta ley, que hay que reconocer que ciertamente ha sufrido un vuelco importante desde el texto presentado por el Gobierno al que sale de la Comisión Constitucional en fechas recientes. Un texto que intenta responder en la medida de lo posible, y cohonestando el máximo de intereses y el máximo de acuerdo entre los grupos, a reparar un recuerdo, una deuda que estaba pendiente. Porque aunque se quiera afirmar así, en la transición lo que primó fue el silencio de muchas y muchas cosas que habían ocurrido en los años anteriores. No podemos compartir que haya grupos que quieran que las cosas sigan estando así y que ese silencio se siga manteniendo, porque no es bueno para la democracia ni tampoco para la convivencia ni para la igualdad de todos los ciudadanos. Además era urgente tomar medidas, tomar una decisión aunque fuera costoso y laborioso en ese proceso de ir acercando posturas. Urgente porque, al menos desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), en una próxima legislatura sería muy difícil o casi imposible abordarlo; y porque ya han pasado muchos años desde el fin de la dictadura y la transición, y si queríamos tomar medidas económicas reparadoras que afectaran directamente a algunas personas y que las compensaran, no nos podíamos retrasar más. Una primera consideración es que esta ley era necesario sacarla ahora, en esta misma legislatura. Creemos también que algunos de los temores manifestados por ciertos colectivos han sido resueltos, han desaparecido. Esta no puede calificarse, a nuestro modo de ver, como una ley de punto final, y creo que ya ha sido reconocido así por los colectivos que en su momento lo plantearon, sobre todo si se tiene en consideración la disposición adicional segunda, que deja abierta en cualquier caso las acciones oportunas ante los tribunales internos o internacionales.

Toda esta idea del punto final va también unida a una discusión que a nuestro modo de ver se ha exagerado por parte de algunos colectivos y en los medios de comunicación, y me estoy refiriendo a la cuestión de la ilegalidad de las sentencias de los tribunales franquistas. Se ha optado por la ilegitimidad y sinceramente nos parece que puede ser una solución satisfactoria, porque ciertamente al abordar este asunto se puede hacer desde muy diversos prismas y desde muy diversas sensaciones personales. Por una parte, hacia esa ilegalidad de las sentencias hay, es innegable --y pueden ser más o menos compartidas por nuestro grupo--, dificultades legales para que un parlamento declare de plano la ilegalidad de unas sentencias. Por otra parte, hay mucha gente que se nos ha acercado y que no quieren que se declaren ilegales sus condenas porque ellos llevan a gala haber defendido la democracia, haberse comportado correctamente a su modo de ver, y haber sido sentenciados por tribunales franquistas y de la dictadura, por tanto, es una medalla, un honor para ellos que no necesita ser declarado ilegal. Ha habido muchas guerras en este país que se han vivido de manera diferente y también nos podemos encontrar en el caso del País Vasco con gente que no está dispuesta a que la Sala Militar del Supremo vaya a anular una sentencia que se la pusieron precisamente unos militares que pertenecían a ese mismo ejército. Nos encontramos también con el caso de que si se produjera esa declaración de ilegalidad dejaríamos en el olvido a muchas personas que ni siquiera tuvieron un proceso, por muy injusto y falto de garantías que fuese, sino que simplemente fueron cogidas de sus casas, llevadas a una cuneta y asesinadas y enterradas allí mismo. Por tanto, ni se iba a producir una reparación general ni todos los colectivos lo abordan de la misma manera ni tampoco desde el prisma estrictamente jurídico el asunto está claro. Tengo que decir que respecto a este último colectivo, el de aquellas personas que ni siquiera sufrieron un proceso por muy injusto y falto de garantías que fuese, se consiguió a través de una enmienda en la Comisión, que creemos que es importante, que ahora sí sea posible también para ellos obtener una declaración de reconocimiento personal. En el texto inicial de la ley, incluso en el que salió de la ponencia, la declaración de reconocimiento personal era solo para aquellas personas que hubieran sido objeto de sentencia. Insisto, esta declaración de ilegitimidad entorna la puerta, mejora la situación, si la leemos junto con la disposición adicional segunda, para todas aquellas personas que deseen instar ante los tribunales una posible anulación de esas sentencias, una posición reforzada respecto a la que en estos momentos se encuentran sin la aprobación de esta ley.

No voy a extenderme en las medidas económicas en algunos casos para muchos colectivos. Creemos que se ha hecho un esfuerzo en ponencia y en Comisión para que esas medidas fueran más amplias y más integradoras, y para que entraran una serie de colectivos que en principio habían quedado olvidados. Siempre puede quedar olvidado alguno, pero nosotros vamos a intentar, si es posible, introducir una enmienda para reconocer que no ha prescrito el derecho de reconocimiento de las cotizaciones de la Seguridad Social y mutualismo laboral perdidas por despidos o sanciones derivadas de hechos contemplados en la Ley de Amnistía. Una mala interpretación del Instituto Nacional de la Seguridad Social en su tiempo, dejó sin reconocimiento --reconocimiento que la Ley de Amnistía en principio hacía-- esas cotizaciones creo que por razones, insisto, de una mala interpretación de prescripción y pensamos que, si es posible, deberíamos abordar la reparación también en este colectivo porque, como digo, no sería más que seguir aquello que la Ley de Amnistía había planteado. Para nosotros también era importante todo lo referido a exhumaciones. No podía dejarse todo este asunto simplemente a la dinámica ya establecida. Para nosotros era importante que fueran las propias administraciones públicas y el Gobierno del Estado a la cabeza los que marcaran un impulso, ordenaran toda esa situación y, muy importante, financiaran estos trabajos. Esto se aúna con los colectivos y con las organizaciones que hasta ahora lo han hecho y que han realizadoun trabajo encomiable, pero es necesario que la Administración se ponga a la cabeza y que, además, dote de financiación adecuada estos asuntos.

En cuanto al tratamiento de la simbología franquista, abundante en algunas zonas del Estado, no tanto en otras, la verdad es que nos parecía absolutamente insatisfactorio que el texto inicial dijera solamente que deberían ser retirados aquellos símbolos que exaltaran la guerra civil. En realidad exaltar la guerra civil no lo hace ninguno; exaltan a un bando, exaltan a las personalidades de algunos bandos, y eso debería quedar recogido; no es admisible que siga habiendo por doquier calles del General Franco o de generales sublevados y que esto parezca normal. La verdad es que el texto ha quedado relativamente adecuado y ponderado, luego la práctica y el buen saber, el entender y cada uno de los casos irán marcando cuáles tienen que ser esos pasos, pero que la ley marque un impulso, que la ley obligue y que la ley también plantee, incluso en algunos casos, la retirada de subvenciones nos parece correcto. Por lo que se anuncia, puede haber una transacción acotando esa retirada de subvenciones a los monumentos concernidos y no tanto a la institución de la que dependan esos monumentos, y ello es una medida adecuada y equilibrada.

Últimamente ha habido una polémica en los medios de comunicación sobre la beatificación de religiosos asesinados por odio a la fe --se entiende-- por parte del bando republicano. Sinceramente se ha querido hacer ver, al menos ha dado esa sensación, que la jerarquía eclesiástica quería oponer este hecho a la mera aprobación y la discusión de la Ley de Memoria Histórica. No me resisto a hacer una serie de menciones. Una, que no todo el mundo está de acuerdo con estas beatificaciones, incluso familiares de algunos de ellos. Me van a permitir que lea extractos de una carta publicada en un periódico el 28 de octubre de este año que dice así: Mi padre no sabe si su tío fue un mártir --es una de esas personas que ha sido beatificada-- pero sabe que, en España, no. Mi tío abuelo Santiago era nacionalista vasco, independentista y sobre todo un hombre de fe. Por lo que sabe la familia, efectivamente lo mataron los republicanos en Cuenca, en el colegio donde daba clases, pero no fue fusilado; parece ser que en un tiroteo, mientras ayudaba a un herido fue alcanzado por una bala. Esto le vale a la diócesis para incluirlo en una lista bajo el título de mártires de España. Señores de la diócesis, mi tío abuelo como mucho fue mártir de la Iglesia; estoy seguro de que si ustedes le dieran a elegir, hubiera preferido no estar en su lista.

Hay más. Nuestro grupo no entra en si deberían haber sido beatificados o no, pero sí hay un olvido por parte de la Iglesia, un olvido que nuestro grupo hoy en esta Cámara quiere rectificar en la medida en que pueda, porque no solo hubo religiosos asesinados por el bando republicano, hubo religiosos asesinados por el bando franquista y represaliados muchos más, y de estos casos la Iglesia parece que no se acuerda. Me van a permitir que lea el nombre de los dieciséis religiosos vascos fusilados por estar en el bando republicano y por ser simpatizantes con la causa nacionalista, aunque no fueron los únicos religiosos fusilados por los franquistas, hubo otros en otras partes del territorio del Estado. Estos dieciséis vascos fueron: Martín de Lekuona, Gervasio de Albizu, José de Ariztimuño Aitzol, Alejandro de Mendicute, José Adarraga, José de Arin, José Iturri Castillo, Aniceto de Eguren, José de Markiegi, Leonardo Guridi, J osé Sagarna, José Peñagarikano, Celestino Onaindía y los padres Lupo, Otano y Román. Les aseguro que ninguno de ellos contribuyó en modo alguno a perjudicar a ninguna persona, a instigar asesinatos o detenciones, cosas que quizá no se podría decir de todos los beatos de la lista.

Tengo que recordar también a los cerca de cuatrocientos religiosos vascos que fueron encarcelados durante muchos años en cárceles como la de Carmona simplemente porque no eran simpatizantes con la causa franquista. Esperemos que esta ley pueda dar a todos los colectivos un poco de equilibrio ante el silencio que se ha dado durante todos estos años.

Otro tema importante para nosotros eran los archivos. La cruda realidad es que el texto presentado por el Gobierno empeoraba la situación del ordenamiento jurídico actual a la hora de acceder a los archivos y de conseguir documentación. Con el texto presentado en el proyecto se podría dar el caso de que documentación que investigadores han obtenido, por ejemplo, del archivo de El Ferrol sin muchas restricciones, en estos momentos, tal y como se había presentado el texto de ley, no hubiera sido posible obtenerla. Debe conocerse la verdad con nombres y apellidos, que han pasado muchos años y que esos archivos deben estar abiertos no solo a los familiares de las personas involucradas en determinados hechos, sino a los investigadores también porque eso redundará en beneficio de la verdad y en beneficio de una reconciliación. Eso lo hemos conseguido con las modificaciones realizadas en la ley. Entonces queda claro que cuando se menciona la Ley de Patrimonio Histórico es para declarar constitutivos del patrimonio documental y bibliográfico esos documentos que están en archivos públicos y privados, pero nunca lo pueden ser a efectos del artículo 57 de la Ley de Patrimonio Histórico, artículo que impedía conocer los nombres de personas implicadas en los hechos. Eso queda anulado a través del artículo 22 de esta ley y nos congratulamos de ello, de que esos archivos estén abiertos a cualquier persona y a la verdad.

Dicho esto, no puedo ocultar que el acuerdo con la ley de nuestro grupo no es total porque la ley hace una mención específica al Archivo de Salamanca y porque nuestra enmienda planteada una vez más sobre la devolución de los documentos incautados al Gobierno vasco, y que se encuentran en el Archivo de Salamanca, ha sido rechazada. Por eso es la única que nuestro grupo mantiene viva y que pretende votar en el Pleno de hoy. Es una reivindicación que hemos explicado por activa y por pasiva. Creemos, primero, que son unos documentos que tienen dueño y, segundo, que se ha producido una discriminación evidente entre los dos gobiernos autónomos que existían en tiempos de la República. Mientras que al Gobierno catalán se le devuelven esos documentos no sucede así con el Gobierno vasco y nos parece que es una cuestión de justicia. No podemos aprobar los artículos referentes al Archivo de Salamanca y no podemos aprobar esta parte de la ley mientras no se proceda a aceptar la devolución de esos documentos que pertenecen a las instituciones de Euskadi. En consecuencia, tenemos la enmienda número 187 y me gustaría también pedirle al señor presidente que los artículos 20, 21.1 y disposición adicional primera se votaran por separado, de manera conjunta, si lo considera oportuno.

Estoy seguro de que cada grupo político hubiera hecho una ley de memoria, por llamarlo de alguna manera, diferente, con sus matices. Se ha avanzado. Ha sido difícil, el texto inicial desde luego no lo ponía fácil, pero dados los tiempos en los que estamos, la urgencia del asunto, el consenso y las rectificaciones a las que se ha llegado, nuestro apoyo a la ley no puede ser negado, a pesar de que, insisto, hay algunos aspectos que nosotros hubiéramos regulado con algunos matices y de que haya para nosotros un asunto importante, como es el Archivo de Salamanca. No podemos decir no a un conjunto de la ley que evidentemente va a reparar injusticias.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Esteban. Esquerra Republicana, señor Tardá, por favor.

El señor TARDA I COMA: Gracias, señor presidente.

Señorías, hoy el Grupo Parlamentario Socialista rechazará de nuevo las enmiendas de los republicanos catalanes. Sin embargo, la sociedad conoce cuál ha sido nuestro rol a la hora de desencadenar el proceso. Si en esta Parlamento, en el año 2004, no hubiera desembarcado un grupo parlamentario republicano, y si Rodríguez Zapatero no nos hubiera necesitado para ser investido presidente --al gozar solo de una mayoría parlamentaria relativa--, hoy ni tan siquiera estaríamos hablando de ello. Esto lo decimos muy convencidos, porque conocemos cuál es la opinión de Felipe González, cuál es la opinión del señor Guerra y de otros dirigentes del Partido Socialista, corresponsables también de haberse perpetuado durante el posfranquismo el modelo español de impunidad contra la humanidad, contra los crímenes perpetrados por la dictadura. Fue nuestro grupo el que planteó en el año 2005 el debate de las responsabilidades del Estado español en el holocausto. Miles de ciudadanos republicanos fueron reducidos a esclavos en los campos de exterminio gracias a los acuerdos alcanzados entre Himmler y Serrano Suñer, que los reducía a la condición de apátridas. Lejos quedaba la negativa de Felipe González a asistir en el año 1995 a los actos del 50º aniversario de la autoliberación del campo de Mauthausen, una actitud que denota ya la voluntad clara de alejar al Estado español franquista de sus responsabilidades como parte activa del intento de aplastar la democracia en Europa. Ustedes aceptaron la propuesta de Esquerra y se comprometieron a abordarla en el proyecto de Ley de la Memoria. Dígannos, ¿en qué artículo de la ley se halla contemplado el compromiso adquirido? No lo hay, no aparece. El proyecto de ley esconde una voluntad manifiesta de alejar el régimen franquista de su condena por parte de Naciones Unidas. Ustedes pretenden reconocer en el artículo 10 a las personas fallecidas en defensa de la democracia durante el período 1968-1977; repito, en defensa de la democracia. Uno debe preguntarse: ¿Por qué razón a partir de 1968? ¿Acaso las víctimas anteriores no luchaban en defensa de la democracia? ¿El compañero Julián Grimau, asesinado por la dictadura en 1963 con el asentimiento de Manuel Fraga Iribarne, ya entonces ministro de Franco, era menos defensor de la democracia que otros demócratas caídos con posterioridad a 1968? ¿Alguien de ustedes se atrevería a afirmar que los republicanos que liberaron París a las órdenes de Leclerc no eran conscientes de que protagonizaban una victoria de la democracia ante el fascismo? ¿Existe algún diputado de Izquierda Unida que se atreva a manifestar públicamente que los militantes del Partido Comunista de España o del Partido Socialista Unificado de Cataluña muertos en la incursión militar de la Vall d'Aran de 1944 no pretendían culminar la victoria parisina con otra en Barcelona o Madrid? ¿Acaso su lucha no tenía una finalidad democrática? Ustedes pretenden consagrar dos categorías distintas de ciudadanos antifranquistas, lo cual nos parece anticonstitucional y perverso, pero todavía existe otra derivada. Me refiero a su voluntad de legislar en contra de las normas que se han adoptado en Europa desde la derrota del nacionalsocialismo. Ustedes no se atreven a hablar claro, no se atreven a decir a la ciudadanía exactamente lo que hay detrás de todo ello. Detrás de todo ello existe la voluntad de crear un nuevo parámetro en la aplicación del derecho penal internacional y sobre las categorías y conceptos relativos a crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, conceptos todos ellos originados en la Declaración de Moscú, en la Declaración de Londres y por el Tribunal Penal de Nuremberg y consagrados como imprescriptibles por Naciones Unidas. En definitiva, hablamos de las bases estructurales de la cultura democrática europea desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes ignoran deliberadamente la Resolución 95 de Naciones Unidas, relativa al reconocimiento de las sentencias y los principios de derecho internacional que surgen de Nuremberg. Ustedes ignoran deliberadamente las resoluciones 32(1) y 39(1) de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la cuestión española, a las que todos los Estados que se adhirieron a Naciones Unidas tuvieron que subrogarse obligatoriamente. En ellas se hace explícita referencia a que en origen, naturaleza, estructura y conducta general el régimen de Franco es un régimen de carácter fascista, establecido gracias a la ayuda nazi y fascista y de igual manera se deja clara la ayuda franquista a las tropas del Eje. Ustedes ignoran deliberadamente todo ello porque saben que ningún Parlamento puede legislar en contra del derecho internacional de Naciones Unidas. Ustedes definen, pues, en esta ley la ilegitimidad del régimen franquista e incluso intentan definir el propio régimen, pero ocultan la única definición del franquismo que tiene valor jurídico en la jurisprudencia europea y en el derecho internacional, es decir, las resoluciones de la Asamblea General, que hacen explícita referencia al acuerdo de Potsdam y a los acuerdos que implementaron el llamado Pacto de las Naciones Unidas. Que nadie se engañe. A partir de la aprobación de la Ley de Amnistía de 1977, ley preconstitucional con voluntad de punto final, se levantó un modelo de transición que ha pretendido ser modélico. No importó nada que posteriormente la misma Constitución española recogiera que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades se deberían interpretar de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos. No les importó. Allí nació el modelo español de la impunidad que hoy ustedes piensan ratificar, aun sabiendo a ciencia cierta que ello les hunde en una contradicción profunda. Es posible perseguir a los dictadores de las repúblicas sudamericanas al amparo de la Constitución y en cambio continuar esquivando la justicia para las víctimas del franquismo. Ustedes niegan la equiparación de la democracia española al resto de democracias que tuvieron el infortunio de padecer regímenes totalitarios. Sociedades como la alemana o la italiana tarde o temprano metabolizaron su pasado. La República italiana anuló las causas judiciales de los tribunales fascistas finalizada la guerra y, como saben, en el año 1998 Helmut Kohl promovió la anulación de las causas de los tribunales nazis desde el año 1933. En este mismo año, la Fiscalía alemana ha anunciado la anulación de las sentencias de los tribunales militares del ejército alemán, que ejecutaron sentencias de muerte por traición a soldados alemanes durante la Segunda Guerra Mundial.

Nosotros desconocemos cuál es el escenario ético desde el cual el Partido Socialista e Izquierda Unida pueden conceptualmente aceptar la legalidad franquista, porque saben bien que la declaración de legitimidad del régimen franquista conlleva aceptar su legalidad. De ahí viene la referencia muy acertada al debate fechado en 1930 sobre la nulidad del Código Penal de 1928, conocido como código Primo de Rivera. Para los juristas demócratas y para los demócratas de entonces el Código Penal, por ser hijo de la dictadura, era de ilegítima procedencia, y en consecuencia ilegal. Frente a ellos, el fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, justificaba por qué dicho código puede ser ilegítimo y a la vez legal, y lo hacía de la siguiente manera --cito--: Ley no es, por tanto, lo que aprueba un parlamento, sino lo que aprueba el órgano legislativo de un régimen. Ese órgano legislativo pueden conformarlo las Cortes con el jefe del Estado o el Gobierno con el jefe del Estado. Las dictaduras siguen el segundo modelo. Luego, dentro del régimen de dictadura, un código gubernamental legislativo es un código legal. Cierro la cita de José Antonio Primo de Rivera. Ustedes, tal como defendía el padre del fascismo español, avalan con su ley un concepto que consolida --atención-- como legales los actos de la dictadura franquista, los mismos argumentos que José Antonio Primo de Rivera utilizaba respecto a las leyes de la dictadura militar de su padre. Huelga decir que, proclamada la República, el Código Penal de 1928 fue anulado y declarado sin ningún valor.

Para miles de catalanes, la vicepresidenta del Gobierno, doña Teresa Fernández de la Vega, será recordada por haber protagonizado una gran impostura. No tuvo ningún reparo usted en profanar una de las demandas más sentidas en Cataluña. Me refiero a la anulación de la causa judicial del presidente de Cataluña Lluís Companys. Hacía tan solo unos días que el Grupo Socialista había aprobado en esta Cámara una iniciativa de Esquerra que instaba al Gobierno a anular su causa judicial, entendiendo que su anulación comportaría inevitablemente todas las otras, por cuanto en una sociedad democrática no puede actuarse de otra forma. La vicepresidenta presidió un acto de homenaje al presidente mártir en Montjuic el día 15 de octubre de 2004, aniversario de su asesinato, en compañía del muy honorable presidente de Cataluña Pascual Maragall, y allí se ratificó en la anulación de su causa judicial. ¿Acaso usted creyó que podía tomarse a la ligera lo que para nosotros, para nuestro pueblo, es un imperativo de justicia? En cualquier otra democracia, europea por supuesto, en donde el relativismo sobre lo que nos concierne aquí hoy no hubiera hecho mella, lo hecho por usted sería incluso motivo de dimisión, pero de vergüenza seguro. No le quepa ninguna duda, señora vicepresidenta, de que algún día vamos a conseguir la anulación de la causa del presidente Lluís Companys, no lo dude, incluso a pesar de usted.

Vamos enterrando ya a los hijos de los miles de ciudadanos fusilados, desaparecen sin ver anuladas las causas que llevaron a sus padres a la ejecución, personas que habían interiorizado tanto dolor y tanto terror que en los años de la transición tan solo se atrevieron a iniciar muy tímidamente un difícil trayecto hacia la reparación de la memoria de sus padres, y al cabo de treinta años topan con un proyecto de ley que al fin y al cabo no difiere en nada de la situación del año 1980. No es de recibo, señores Herrera y Llamazares, decir que con la declaración de ilegitimidad del régimen dictatorial se abre una brecha jurídica para poder acometer la anulación de las causas judiciales. No ha habido ningún jurista que se haya atrevido a publicitarlo. ¿Pueden decirnos por qué en un futuro un juez debería fallar a favor de la anulación, si el texto legislativo deja sellado de forma explícita e implícita que aquello que no se cuestiona es la legalidad de los tribunales? Creo que no deberían confundir a las víctimas, porque son víctimas y porque muchas de ellas son muy, muy mayores. Además, si les animan ustedes a iniciar un nuevo viacrucis y a establecer un pleito con el Estado por el reconocimiento de la nulidad, permítanme que les pregunte si es justo que la víctima sufra por partida doble. ¿Acaso la Administración se hará cargo de los procedimientos? ¿Aceptarán el listado de diez, veinte, cincuenta mil personas fusiladas para que se abran consecuentemente los mismos procedimientos de anulación? ¿Qué institución del Estado se hará cargo de la representación judicial de los ausentes? Porque, ustedes saben bien, que en la comisión de crímenes contra la humanidad la figura más representativa no son los presentes sino los ausentes.

Lamentablemente el Partido Popular no ha aprovechado la oportunidad de convertirse en un partido homologable al resto de partidos conservadores europeos, pero no les extrañe, todavía hoy un personaje como Manuel Fraga Iribarne, responsable del asesinato por parte de la Policía de cinco trabajadores en Vitoria en el año 1976, ocupa un lugar distinguido en su partido. Ello en el resto de Europa sería incomprensible. Solo cabe recordar la dimisión de Kurt Waldheim de su cargo de presidente de Naciones Unidas al descubrirse su pasado nazi.

Nos duelen también otras posiciones: El señor Duran i Lleida esperó casi treinta años a presentar una demanda parlamentaria de anulación de la causa judicial que llevó al patriota catalán, Carrasco i Formiguera, fundador de Unió Democrática de Cataluña ante un pelotón de ejecución. Al final se decidió a ello. Ciertamente la coyuntura le era favorable, el Gobierno se había comprometido con la anulación de la causa a Lluís Companys, a demanda de Esquerra, pero, a cambio, hoy ustedes van a legitimar un gran fraude.

En relación a los monumentos y espacios de la memoria retomo las frases pronunciadas por el diputado Herrera, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, en la Comisión Constitucional sobre los campos de exterminio del régimen de Pol Pot en Camboya y la Villa Grimaldi en Chile, que hoy también ha sacado a colación, en donde la trasgresión de los derechos humanos adquirió rango de categoría sistemática. Una vez más, nos encontramos con un intento de querer alejarnos del origen y las causas de la guerra civil española. Si el señor Herrera quiere conocer los centros de la memoria debería visitar Mauthausen, lugar en donde se halla la historia real de Europa y la realidad de los republicanos del Estado español. Llevarnos a Camboya o a Chile es pretender confundir el conflicto. Por ello uno no puede dejar de preguntarse: ¿Dónde se halla la pirueta intelectual que permite ser categórico en lo lejano y flexible en lo que concierne al régimen que padecimos?

Ustedes niegan la condición jurídica de víctima a los represaliados, no quieren asumir los riesgos que supone este reconocimiento, puesto que dotaría al ciudadano del instrumento necesario para que actuara en uso de sus libertades como considerara oportuno. He aquí la gran diferencia entre ustedes y nosotros los republicanos. Para Esquerra corresponde al Estado reparar a sus víctimas, dotándolas de una condición jurídica de víctimas y ampararlos, dando a poyo a las reclamaciones que consideren oportunas de canalizar por vía judicial, si creyeran que las reparaciones no les satisfacían. No hay pues reconocimiento de la condición de víctima en toda su casuística, desde las ejecuciones extrajudiciales, pasando por las ejecuciones sumarísimas, juicios arbitrarios, torturas, exilios, destierros, depuraciones administrativas, saqueos, etcétera. Estos actos, que se cometieron de forma sistemática en contra de la población civil, constituyen crímenes contra la humanidad y están recogidos por el derecho internacional y por la jurisprudencia europea. No obstante, para sorpresa de Esquerra, en una sentencia de la Audiencia Nacional de 19 de abril de 2005, que fue ratificada posteriormente por la Sala Penal del Tribunal Supremo, la jurisdicción ordinaria española reconocía la imprescriptibilidad de los crímenes cometidos contra ciudadanos españoles y argentinos en Argentina. Esta imprescriptibilidad y su aplicación por la justicia ordinaria fue ratificada finalmente, de forma expresa, por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, en el año 2006. En definitiva, esta ley no respeta ni tan siquiera las resoluciones del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.

Ustedes van cayendo en contradicciones que incluso lindan con el esperpento. Desde esta tribuna, el ministro Caldera defendió la restitución de los bienes incautados a las centrales sindicales. Así, la Unión General de Trabajadores recibió 149 millones de euros. La demanda era justa y Esquerra la apoyó. Por eso no somos capaces de asimilar la razón por la que no hacen extensibles los argumentos del señor Caldera a tantos otros miles de ciudadanos o entidades que fueron objeto también, como UGT, de la misma acción. ¿Por qué razón lo que se repara a UGT no debe aplicarse a los ciudadanos que sufrieron la incautación de bienes inmuebles o, por ejemplo, el dinero incautado por orden de las autoridades franquistas? ¿No pretenderán decirnos que los sindicatos merecen mayores dignidades que otras entidades, que otras instituciones, o que los ciudadanos particulares? Dirigentes democráticos europeos han pedido perdón en nombre de sus Estados. Cuando un dirigente alemán pide perdón al pueblo de Euskal Herria por el bombardeo de Gernika o cuando se arrodilla en las puertas de Auschwitz, la sociedad alemana se fortalece, se prepara para combatir presentes inquietantes y futuros inciertos para con las libertades y el respeto a los derechos humanos. ¿Cómo vamos a esperar que la Iglesia católica pida perdón por su colaboración con el Estado fascista si el mismo Estado español no pone en cuestión su pasado perverso?

Ustedes protagonizan una dejación que acarreará, a nuestro entender, graves perjuicios en un futuro inmediato, de la misma manera que la dejación anterior nos ha llevado a un mayor protagonismo de revisionismo histórico, el revisionismo que permitió al ministro Bono la desfachatez de hacer desfilar al unísono un liberador de París y un legionario de la División Azul, escenifica ción de una pretendida legitimación del bando fascista. Un revisionismo histórico que explica la catalanofobia existente en la sociedad española, causada por el desconocimiento de lo que significó el franquismo como agente activo de los genocidios culturales y lingüísticos de las naciones vasca, gallega y catalana.

El señor PRESIDENTE: Señor Tardá, ya tiene que concluir. Lleva más de dos minutos de exceso.

El señor TARDA I COMA: Termino, señor presidente.

En definitiva, su ley ha sido rechazada por las entidades memorialistas, incluso ha sido deslegitimada por Amnistía Internacional y por supuesto da aire al intento de la derecha de banalizar los derechos humanos y los crímenes contra la humanidad. Que no se engañe el señor presidente, hoy ausente, con su texto ha condenado a una segunda muerte a las víctimas del fascismo y, atendiendo a las referencias contenidas en su discurso de investidura, me parece, francamente, muy, pero que muy deplorable.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tardá. Gracias.

Corresponde el turno a Convergencia i Unió, señor Duran.

El señor DURAN I LLEIDA: Muchas gracias, señor presidente.

Señora vicepresidenta del Gobierno, señorías, nuestro grupo parlamentario se ha posicionado en el debate de la Ley de Memoria Histórica en contenidos y en formas distintas de las que acaba de expresar el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, pero también de las que ha expresado hasta la fecha fuera de la Cámara y en la Cámara el Partido Popular. Mi compañero Jordi Xuclá, ponente de esta ley, explicará después las enmiendas que mantenemos vivas y el porqué de la presentación y del mantenimiento de las mismas. Quisiera dedicar parte del tiempo adjudicado a Convergéncia i Unió a razonar el porqué de nuestro posicionamiento político, de nuestra filosofía --si me lo permiten-- ante esta importante Ley de la Memoria Histórica.

Memoria histórica. La memoria, de entrada, señorías, significa, a nuestro juicio, algo subjetivo, algo personal. La memoria provoca lógicamente sensibilidades distintas, incluso muy íntimas, muy familiares, especialmente cuando se hace referencia a la memoria histórica, a la memoria de 1936-1939 y dictadura franquista. La historia, que es la otra parte que compone o integra el título de esta ley, habría que dejarla, a nuestro juicio, para los historiadores, no para los políticos, y en cualquiera de los casos aceptando que, al manejarla los políticos, siempre se corre el riesgo, siempre, de que esta memoria pueda ser sectaria, pueda ser parcial, o ambas cosas a la vez. Cuando se plantea --y ha salido ya a colación en este debate-- el derecho y necesidad de esta ley, nuestro grupo parlamentario también tiene necesidad y se siente en la obligación de aportar alguna reflexión al respecto.

Derecho. Convergéncia i Unió defiende el legítimo derecho de las personas, de las familias, en recuperar la memoria de las víctimas de dos realidades: en las víctimas de la realidad de la guerra civil y en las víctimas de la realidad del franquismo. No víctimas de la República, como algunos también quieren incorporar --después hablaré de la República--, en la medida en que la guerra civil y el franquismo fueron regímenes o realidades que no fueron amparadas por la legalidad democrática. Ese es por tanto el marco en el que se concreta la memoria y la legitimidad del derecho a recuperar, por parte de quien lo haya deseado, aquellas circunstancias y recuperar y reparar los daños producidos.

Necesidad. Se ha discutido, y la vicepresidenta del Gobierno lo ha defendido, la necesidad de esta ley. Por supuesto yo coincido con el Gobierno si por necesidad se entiende la de adoptar una serie de medidas, tanto en cuanto se refiere a ayudas como a reparación, a reconocimiento, etcétera. La reparación moralmente es justa y necesaria y desde este punto de vista, desde los contenidos, nosotros podemos abrazar la idea de la necesidad de este proyecto de ley. Ahora bien, es justo y legítimo que se opine --y yo opino que sí-- que todo eso podría haberse hecho también sin una ley. Es una acepción tan legítima como la otra. No le discuto al Gobierno los contenidos, le discuto el instrumento legislativo o el instrumento político adoptado. Por otra parte, el Gobierno, y así se lo han recordado los grupos parlamentarios, lo hizo básicamente a remolque de la resolución propuesta por Esquerra Republicana y por Izquierda Unida. ¿Por qué creo que había otra alternativa? Aun insistiendo en dejar claro que los contenidos sí son necesarios a nuestro juicio, a juicio de este grupo parlamentario, independientemente de que en alguno de los contenidos --como se verá después, por lo que explicará el señor Xuclá-- nuestra posición no coincida con la del Gobierno e incluso nos fuerce a votar algún punto en particular de manera distinta a la suya.

¿Por qué creo que puede ser considerada innecesaria? Ya dije que porque se podía haber recurrido a otros instrumentos. En segundo lugar, porque al final esta ley no va a satisfacer a nadie, a nadie. Por supuesto, no satisface a quienes impulsaron la legislación sobre esta materia, a quienes impulsaron la resolución en su día en el debate del estado de la Nación, y tampoco satisface a otra parte de la Cámara por motivos distintos. Porque además se ha provocado, y esta sería una tercera razón, un debate político en torno a esta ley. Tanto más importante que el contenido de esta ley, en política, tanto más importante de lo que son las cosas es cómo parece que son, y no se puede obviar por esta Cámara, más allá del contenido --en el que insisto que vamos a estar de acuerdo básicamente, con alguna pequeña diferencia o con alguna diferencia más notoria--, no se puede obviar, repito, en política, una realidad, lo que refleja el debate, distinto de lo que realmente es la ley. Y esta ley ha provocado un debate, ante el cual quisiera en nombre de nuestro grupo parlamentario posicionar nuestra actitud.

Se ha cuestionado la transición. Después volveré a hablar de ella, al final de mi intervención. Por supuesto que la transición no fue un punto y final, fue un punto y seguido, fue un pasar página, y es importante recordarlo. Es verdad, es cierto que fue así. Pero dicho esto, es bien cierto, y nuestro grupo parlamentario no renuncia por tanto a los efectos positivos de esa transición, que llevamos 30 años de éxito de esa transición. Y cuando se ha querido contrastar la transición con la misma II República, es cierto que aquella fue una etapa positiva, una etapa que abrió muchas esperanzas, y lo dice alguien que forma parte de un partido que se creó en el año 1931, un partido fiel a la República y por cuya fidelidad a la República se mata a gente, ya diré después quién y cómo. Por tanto, hablo en nombre de un partido, de una coalición, de Convergéncia i Unió, que tiene autoridad moral para decir, desde esa convicción de partido que defendió la República, que en la República no todos los valores fueron republicanos ni todos los valores fueron demócratas, y que además aquella experiencia acabó mal. Por tanto, si se comparan, yo insisto en no rechazar el valor positivo de la transición, al margen de reconocer todo lo que hubo de esperanza en aquella época democrática de la República.

Señorías, si creo que fue un error presentar la ley, en la medida --insisto-- del concepto de necesidad que he atribuido o no a la ley, creo que también es un error refugiarse en una actitud contraria a la misma y presentando ante la sociedad unos contenidos que no se corresponden con esta ley. Tanto error es abrir un debate que puede dar pie a una interpretación sectaria de la historia como refugiarse en otra interpretación, que puede ser partidaria y que por tanto también puede ser parcial, de la historia. Por ese motivo nosotros no compartimos una parte de las posiciones que mantienen algunos partidos de la oposición, por entender que refugiarse, insisto, en no querer entrar a dialogar sobre esta cuestión es refugiarse en otra interpretación parcial y sectaria de la historia.

La memoria histórica, que es de lo que trata esta ley, señorías, debería ser de todos; lamentablemente, no lo es, no lo va a ser. ¿No lo es por responsabilidad del Gobierno? En parte. ¿Toda la responsabilidad es del Gobierno? No; toda la responsabilidad no es del Gobierno. El Gobierno ha aceptado modificaciones importantes a esta ley y el Gobierno ha dialogado con quien ha deseado dialogar. Consecuentemente, me siento en la obligación, aun partiendo de ese reconocimiento de la innecesariedad --dicho desde el punto de vista desde el que lo he dicho--, de reconocer que el Gobierno ha dialogado sobre esta ley, que el Gobierno ha estado abierto a cambiar temas importantes de la misma. Hoy, la ley incorpora, por ejemplo, el reconocimiento de aquellos que fueron perseguidos por razones religiosas; hoy, la ley incorpora, por ejemplo, no simplemente considerar ilegítimas aquellas decisiones de tribunales orgánicamente establecidos, sino también el término jurados, que todo el mundo sabe lo que significa y lo que supuso en el contexto de la retaguardia de la República. El Gobierno ha estado dispuesto a dialogar todo eso con este grupo parlamentario y con otros grupos parlamentarios que asimismo han añadido sus aportaciones.

Sobre el tema del Valle de los Caídos, para que nunca más pueda ser utilizado por nadie en el futuro, también ha dialogado el Gobierno, como lo ha hecho en otros ámbitos. Y quiero señalar, para que me permita enlazar con las palabras finales de mi intervención, algo que no es anecdótico sino muy importante en torno al Valle de los Caídos. Uno de los colectivos que se han interesado ante este grupo parlamentario para encontrar una solución respecto al Valle de los Caídos han sido los monjes de Montserrat. La Iglesia y los monjes de Montserrat nunca ampararon la dictadura, nunca; y esos monjes benedictinos, como los del Valle de los Caídos --y muchas veces estuvieron confrontados por razones políticas con los que regentaban el Valle de los Caídos--, son los primeros que han solicitado la decisión que finalmente hemos adoptado respecto a esa comunidad y respecto al Valle de los Caídos, como signo de reconciliación, que es lo que le falta a esta Cámara y que es lo que le falta a España. Ese es un buen ejemplo que todos debiéramos adoptar y aceptar.

Si decía antes que tampoco entiendo posiciones que se cobijen bajo el error, hipotético error, de plantear mediante ley aquello que no era necesario plantear mediante ley, aunque era necesario abordarlo, si decía que es un error político cobijarse en esa situación, también tengo que decir que, si algo positivo aporta esta ley --y conviene que lo conozca la ciudadanía, ante ciertas interpretaciones de la misma--, no es la condena del franquismo como tal --aunque uno, cuando oye las palabras de algún representante de alguna formación política sobre el franquismo, íntimamente se convence de que también es necesario, una vez más, asumir la condena de ese régimen, de esa dictadura--, no es esa la gran aportación, porque esta Cámara ya condenó el franquismo. La gran aportación de esta ley, la que debe significarse a la sociedad, es que por primera vez se reconoce que también hubo una tercera España, y especialmente en Cataluña. En muchas partes de España se sorprenden cuando hablamos de esta tercera España, porque desde el principio estuvieron siempre bajo el mando de las tropas franquistas y por tanto solo conocieron el franquismo y otros simplemente vivieron el contexto de los unos y de los otros. En Cataluña hubo mucha gente que murió que no eran ni de los unos ni de los otros, a los que esta ley al principio no recordaba ni asumía en su memoria histórica y que en estos momentos, a raíz de nuestras enmiendas, sí recoge, sí asume y sí contempla. En ambas partes, señorías, en ambas partes, hubo víctimas y verdugos, en ambas, y, consecuentemente, solo desde el punto de vista de la reconciliación --insisto-- podremos superar de una vez por todas lo que es la historia, la memoria de aquellos difíciles años, de aquella guerra incivil y de la dictadura posterior.

Se ha dicho aquí que la Iglesia debe pedir perdón. Yo he escuchado voces de la Iglesia pidiendo perdón, pero yo me pregunto, señorías, ¿es la Iglesia la que debe pedir perdón? ¿Nadie más tiene responsabilidades de 1936 a 1939? Se ha hablado de Carrasco i Formiguera. Señor Tardó, no me utilice a Carrasco i Formiguera, no utilice a Carrasco i Formiguera, por dos razones. En primer lugar, y que lo sepa toda España, como usted sabe, a Carrasco y Formiguera le asesinan las tropas franquistas el 9 de julio de 1938, pero por 24 horas no le asesinan otros. Por 24 horas no le asesinan otros. Sí, fue así, y ustedes gobernaban Cataluña y tenían la obligación de garantizar el orden público y no lo hicieron. Por eso Carrasco i Formiguera tuvo que huir de Cataluña. No estoy atribuyendo la muerte a nadie más que a los franquistas, pero en Cataluña se asesinó y había gente en las cunetas antes de que entrara Franco. Y a Andreu Nin no le mataron los franquistas; alguien le mató. (Aplausos.) Por tanto, también hubo verdugos, también hubo otras personas en el contexto de esa etapa profundamente negativa de la historia de España. Carrasco i Formiguera, familia Carrasco i Formiguera, y que sirva de reconciliación. He hablado permanentemente con ellos; por eso digo que no utilice el nombre de Carrasco i Formiguera, señor Tardó. Su familia hubiese deseado más, pero está de acuerdo con lo que le reconoce esta ley; se siente satisfecha. Nunca han tenido que reivindicar el honor de Carrasco i Formiguera, porque nunca perdió el honor Carrasco i Formiguera. (Aplausos.) Pero más allá de no perder nunca el honor, la familia considera que se está en un contexto democrático plural, que la memoria debe ser de todos y que el reconocimiento que se hace en esta ley es suficiente y así lo acepta. Y así lo acepta Unió Democrática y así lo acepta Convergéncia i Unió.

Quiero acabar, porque estoy dejando sin tiempo a mi compañero y amigo, señor Xuclá. Vuelvo a insistir en que hay que apostar por la reconciliación, sin ignorar, por supuesto, la historia, pero sin que nadie haga un uso parcial de esta historia. Transición no fue equivalente a reconciliación, como dije antes; fue simplemente pasar página. Sigue por tanto siendo necesaria la reconciliación. No creo sinceramente que Convergéncia i Unió… (El señor Aragonés Mendiguchía pronuncia palabras que no se perciben.) ¿Puede permitir que acabe tranquilamente? (Pausa.) Muy bien, muchísimas gracias, señor Aragonés. Puedo creer que, en ese contexto de reconciliación, Convergéncia i Unió no tiene que pedir perdón a nadie, pero por si acaso pido perdón. Creo que no tiene que pedir perdón por nada ni por nadie de 1936 ni de la dictadura franquista, pero por si acaso quede muy claro que Convergéncia i Unió expresa la necesidad de perdón de unos y de otros y de empezar, eso sí, y que el Gobierno continúe reconociendo a través de los mecanismos necesarios y reparando el dolor en términos morales y en términos económicos de la víctimas y de los familiares de las víctimas. Pero lo que conviene a todos, señorías, es que nadie manipule la historia, que nadie haga un uso sectario y que todos seamos capaces de reconciliar nuestras posiciones y mirar hacia el futuro.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor Xuclá.

El señor XUCLÁ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.

Intervengo para complementar la intervención del portavoz de mi grupo parlamentario, el señor Duran, en la línea de lo que desea este grupo parlamentario y por lo que mantenemos enmiendas vivas, una reflexión profunda, como se planteaba. Algunos dicen que estamos en malos momentos para los matices, pero este grupo parlamentario no renuncia a continuar introduciendo matices y a la búsqueda de la verdad. Así, mi grupo parlamentario apoyará la indemnización y la reparación a las víctimas del franquismo, cosa que se podía haber hecho por real decreto, y a las medidas rigurosas para afrontar las exhumaciones de cadáveres, cosa que también se podía haber hecho por real decreto. Mi grupo votará favorablemente al artículo referido a la ilegitimidad, porque esta es una aportación del Grupo Parlamentario de Convergencia i Unió conjuntamente con otros grupos parlamentarios. Nos sentimos satisfechos de la derogación expresa de leyes en el articulado y de la declaración de ilegitimidad, de acuerdo con la teoría general del derecho, con los planteamientos del filósofo Hans Kelsen y también con el mandato expreso del Legislativo en la exposición de motivos. Nos encontramos asimismo muy satisfechos por la incorporación de enmiendas respecto a la persecución por motivos religiosos o cuando hablamos de motivos ideológicos. Queremos dejar constancia en el «Diario de Sesiones» de que asimismo hacemos referencia a aquellos que defendían convicciones nacionalistas democráticas. También hemos participado en la modificación del artículo 16, referido al Valle de los Caídos; hemos conseguido su despolitización, mejorando así su contenido.

Señorías, este grupo parlamentario ha hecho llegar a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios una enmienda transaccional apoyada en la enmienda 365, del Grupo Parlamentario de CiU, para modificar el apartado 1 del artículo referido a los símbolos. Primero, para incorporar la autonomía local y de las comunidades autónomas cuando se mandata a las administraciones públicas, en estricto respeto a los distintos niveles de Administración que se contemplan en nuestra Constitución. Segundo, para que aquellas ayudas públicas o subvenciones que se puedan denegar estén directamente relacionadas con el patrimonio donde estén ubicados dichos símbolos. Pensamos que es claramente una enmienda de perfeccionamiento y de mejora y está firmada en estos momentos por el Grupo Parlamentario Socialista, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió), por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y por Coalición Canaria. También creamos un apartado segundo --con lo cual el apartado segundo pasa a ser el tercero y correlativamente-- en el que en las excepciones se consideran las artísticas, las arquitectónicas y las artístico-religiosas, todas ellas protegidas por la ley, por la importancia de que se puedan objetivar estas razones al amparo de la ley.

Quiero recordar, señorías, que en el debate en Comisión de la ley este grupo parlamentario presentó una enmienda transaccional para mejorar el artículo 3, referido a la declaración de ilegitimidad, para que, a la espera de la resolución judicial, se pudieran incorporar a la de declaración de ilegitimidad que emana del artículo 3 del actual proyecto los expedientes de sentencias de muerte, en caso de que existieran. Señorías, inexplicablemente esta enmienda transaccional, que nos parece razonable y que ayuda a dar luz a la declaración de ilegitimidad, no fue incorporada y no fue recibida por el grupo de la mayoría. Fue una enmienda transaccional, no la podemos mantener viva para el Pleno, pero anuncio nuestra voluntad de intentar perfeccionar el texto en su momento. También les quiero anunciar finalmente que, en la votación en Pleno, este grupo parlamentario va a abstenerse en la disposición adicional séptima. Nos parece que este es un tema de calado, de mucho calado, que se ha planteado de forma atropellada y que no propugna una reflexión de conjunto sobre algo tan importante como es la política de inmigración a través de una disposición adicional de la Ley de la llamada Memoria Histórica. Y una vez más, señorías, en el trámite final de esta ley en el Congreso de los Diputados tenemos que expresar nuestro voto contrario a los artículos 20 y 21 y a la disposición adicional primera, referidos al Archivo General de la Guerra Civil, al Centro de documentación de la memoria histórica, en un contexto determinado, en el contexto del incumplimiento evidente del retorno de los llamados documentos de la Generalitat --los llamados papeles de Salamanca-- al Gobierno de la Generalitat, no solo en el ámbito de lo público, no solo en el ámbito institucional, sino también en el ámbito de los partidos y de lo privado. Así pues, votaremos en contra de los artículos 20 y 21 y de la disposición adicional primera.

Señorías, quiero terminar haciendo un reconocimiento expreso a la labor de los historiadores, historiadores que llevan años de investigación, historiadores que han hecho que en estos momentos haya más libros de investigación científica sobre la guerra civil española que sobre la Segunda Guerra Mundial. Y alguien, este legislador, este cuerpo legislativo, podría tener la petulancia de erigirse en sustituto de los historiadores. Y, afortunadamente, los historiadores han avanzado mucho, muchísimo, en la creación de lo que yo definía en mi intervención inicial de la toma en consideración de las enmiendas de totalidad como la definición de un espacio ético y político que configure nuestra sociedad democrática. Esta ley, tímidamente, sin esta reflexión de fondo, a la cual hacía referencia el señor Duran, y que deseaba el Grupo Parlamentario de Convergencia i Unió, hace una aportación para crear este espacio ético y político para configurar una sociedad democrática. En mi intervención inicial, decía también que esta ley debe servir y puede servir para dar instrumentos para conseguir y para perseguir la consecución de la verdad, de la verdad histórica, para facilitar el recuerdo; y finalmente decía: y también desearíamos que esta ley sirviera para conseguir el perdón y para conseguir la reconciliación. Pero un instrumento legislativo, una ley no sirve para el perdón y para la reconciliación; solo las buenas gentes que contemplan este trámite legislativo seguro que aportarán más que algún momento de la reflexión y algún momento de la tramitación de esta ley para que sea posible también, después de setenta y tantos de la guerra civil, después de treinta años de éxito de convivencia en democracia, la consecución de la verdad, la facilitación del recuerdo, pero, sobre todo, la consecución del perdón y de la reconciliación.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Xuclá. Grupo Popular. Señor Zaplana.

El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Señor presidente, señorías.

Nos convoca aquí esta mañana la obsesión de un Gobierno por el revisionismo, por encubrir su fracaso presente en la mirada al pasado. No es casual que este sea el último proyecto legislativo de calado, aparte de los Presupuestos Generales del Estado, que vamos a discutir en esta legislatura. Este Gobierno mira a la España de nuestros abuelos en clave de enfrentamientos superados, porque al final de la legislatura --periodo en el que nos encontramos-- es clara su incapacidad para ofrecer un camino de futuro para todos los españoles. Ojala este debate, señorías, no se hubiera producido. Confieso que en algún momento hemos pensado que se imponía la sensatez y se aparcaba este proyecto, pero se ve, y los hechos así lo demuestran, que están bien necesitados de iniciativas para distraer a los españoles de su incapacidad de Gobierno.

No vengo, señor presidente, a dar ni a quitar razones de quienes vivieron la tragedia de la guerra civil, ni mucho menos a ocultar la historia o a reescribir el pasado; vengo modestísimamente, como lo hemos hecho, como lo han hecho mis compañeros durante toda esta tramitación, a intentar poner un mínimo de sentido común en este debate. Por eso creo oportuno recordar, para empezar, a dos hombres ilustres. Ambos fueron presidentes de las Cortes y ambos fueron víctimas, en uno y otro bando, del odio y la violencia cainitas desatados en España. Me refiero al liberal Melquíades Álvarez y al socialista Julián Besteiro. Traigo el recuerdo de ambos a esta Cámara, en este trámite parlamentario de la llamada Ley de Memoria Histórica, para que en el homenaje a sus figuras podamos al menos reconocernos todos. No tengo ninguna duda de que si estuvieran aquí y ahora, si hablaran con nosotros esta mañana, nos convocarían a hacer de esta sesión un homenaje unánime a todas las víctimas, a todas, de aquella tragedia, pero, sobre todo, a la reconciliación surgida años después. (Aplausos.)

Señor presidente, señorías, tres son las grandes razones que motivan nuestra firme oposición a este proyecto de ley. En primer lugar, nos oponemos a este proyecto de ley en su conjunto porque rompe la herencia de consenso con la que se construyó la transición democrática. Este proyecto de ley rompe el primero de los consensos en que se basó la transición de la concordia y la reconciliación entre españoles: el acuerdo de mirar hacia adelante y no recurrir jamás a la peor de nuestras tragedias colectivas. El recuerdo de la guerra civil solo nos podía servir, según acordamos, para evitar entre todos los factores que la hicieron posible.

Los españoles decidimos hace treinta años que la guerra civil nunca más volvería a ser arma arrojadiza. Que los muertos, todos los muertos, merecen una piedad compartida. Que honrar y ensalzar a los unos no significa deshonrar y culpabilizar a los otros, como precisamente criticamos porque así ocurrió en el franquismo. (Aplausos.) Atendiendo a este gran acuerdo todo lo que hasta ahora ha significado reparación moral y económica, justa reparación a las víctimas de la guerra civil y de la dictadura, señora vicepresidenta, se ha hecho en esta Cámara prácticamente por unanimidad, por casi unanimidad. Bajo gobiernos de distinto signo y con distintas mayorías esta Cámara ha venido debatiendo y aprobando más de veinte leyes y disposiciones a favor de quienes sufrieron las consecuencias de la guerra civil y de la dictadura. Todas estas normas fueron aprobadas con el más amplio respaldo y de forma natural, porque tales iniciativas estaban y están en la naturaleza misma de la Constitución, que es la suma expresión de la reconciliación y la concordia entre españoles. De hecho, ya lo he dicho alguna vez, la mejor ley de memoria histórica ha sido y sigue siendo la Constitución, que encarnó el abrazo de todos y para todos. (Aplausos.) El Partido Popular ha ofrecido siempre su impulso y el apoyo para llevar adelante cuantas medidas pudieran resarcir a las víctimas de la guerra civil y de la dictadura en la convicción de que no debía existir ningún español, ninguno, que pudiera verse desatendido en sus derechos como consecuencia del pasado, y esa seguirá siendo nuestra posición en todo lo referido a la reparación de las víctimas y a ello seguimos estando dispuestos y abiertos, como sabe S.S. y así se lo hemos hecho saber.

Hemos creído siempre que estas iniciativas han colaborado a que se fuera cerrando con éxito el capítulo de la reconciliación entre los españoles como un camino en el que no había vuelta atrás. Y lo creía por supuesto el que hoy es presidente del Gobierno, aunque esté ausente de este debate. Lo creía así porque en el año 1999, en esta misma tribuna, afirmaba que con estas iniciativas se había conseguido culminar la reconciliación. Ya lo he recordado en otras ocasiones, se votaba entonces la aprobación de una medida a favor de los militares de la República, que mi grupo lógicamente, como en otras muchas ocasiones, votó favorablemente, y que el señor Zapatero calificó --los términos son suyos-- de último paso, último fleco, último resquicio y hasta de punto final en el proceso de restitución moral de las víctimas de un bando de la guerra civil. (Aplausos.) Pero miren por dónde el mismo que daba por culminado el proceso de reconciliación cuando estaba en la oposición decide reabrirlo, y de la peor manera posible, cuando es presidente del Gobierno. De la misma forma que este presidente del Gobierno ha quebrado otra constante de nuestra política a partir de la transición junto con la búsqueda de acuerdos. Hasta la llegada a la Presidencia del Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, hasta el año 2004, la política española, y coincidirán SS.SS. conmigo, era centrípeta: los dos grandes partidos nacionales buscaban acercarse o confluir en el centro político. Esa ha sido nuestra constante. A partir del año 2004, la tendencia, por su parte, ha sido a la radicalización; lo ha sido en la búsqueda de sus aliados a los que hemos tenido algunos la oportunidad de escuchar hace un momento y, como consecuencia, en muchas de las políticas que ustedes han seguido. En esa propia radicalización han pretendido --ese ha sido su interés fundamental-- colocarnos a nosotros en el otro extremo, pero no lo han conseguido ni lo van a conseguir, señorías; seguimos siendo fieles a los principios y valores que han propiciado a España la mejor y más larga etapa de convivencia, de libertad y de prosperidad, y por mucho que ustedes se radicalicen, como están haciendo, no van a separar al Partido Popular del centro político ni de la defensa de las ideas de libertad que siempre hemos defendido. (Aplausos.--Rumores.) Si las mantuvimos en otras épocas, ¿por qué no ahora? También con dificultades y ejemplos, señora vicepresidenta; ejemplos, incluso personales, les podría poner muchos en este debate, pero no los pondré. (Aplausos.)

Señor presidente, la segunda de las razones de nuestra oposición está estrechamente ligada a la primera. Nos oponemos a esta ley --se ha dicho también esta mañana-- porque es innecesaria para los efectos que declara perseguir y claramente perjudicial para la convivencia nacional. Todo lo fundamental que había que hacer ha sido hecho y si alguien entendía que faltaba algo, se podría hacer pero no requería una ley como ésta. Son muchos los españoles que hoy se preguntan el porqué y para qué de este proyecto de ley sobre el que ni siquiera ustedes, los que van a votar a favor, se manifiestan en la misma dirección y en el mismo sentido. ¿Por qué en catorce años, entre 1982 y 1996 --y miro a esta bancada porque algunos estaban allí--, los gobiernos socialistas nunca se plantearon la necesidad de redactar una ley de memoria histórica? ¿Se les puede acusar de franquistas por no haberlo hecho? No creo. ¿Es que hicieron mal entonces por seguir la misma vía de reparación que había iniciado un Gobierno de Unión de Centro Democrático y a la que se sumó luego, después de los gobiernos socialistas, el Gobierno del Partido Popular? Me gustaría saber por qué muchísimos de ustedes a título individual --el propio señor Rodríguez Zapatero que ahora redacta los preámbulos de su puño y letra-- nunca presentaron una iniciativa similar en tanto tiempo. Me gustaría saber por qué --y lo digo con el máximo respeto, se lo puedo asegurar-- tampoco cuando el Partido Comunista tenía veinte escaños en esta Cámara, cuando aquí se sentaban Dolores Ibarruri, Carrillo, Alberti o Ignacio Gallego, se presentó una medida semejante. ¿Saben por qué, señorías? Porque no era necesaria, porque las reparaciones se estaban realizando y porque, como dijo Felipe González en el año 1984, Franco es ya historia de España y no podemos borrar la historia, nos guste o no nos guste. (Aplausos.--Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.

El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: ¿Saben también --y este es un juicio subjetivo y personal-- por qué creo que no lo hicieron? Porque en sus filas, dentro y fuera del hemiciclo, hay mucha gente que por su pasado y por el de sus familias tienen que tener muchos más apuros con esta ley que quien les está hablando en este momento, muchísimos más. (Aplausos.) Pero, insisto, no cometeré la indiscreción en este debate de dar ningún nombre, ni yo ni nadie de mi grupo estamos en eso. (Rumores.) Pero, señorías, ¿es que alguien ha impedido desde el año 1977 --me sabe mal hablar de esta cuestión aquí pero se ha puesto encima de la mesa--, por ejemplo, que cualquier familiar buscara los restos de las personas allegadas y desaparecidas? (Varias señoras y señores diputados: ¡Sí!--La señora Hermosín Bono: ¡Claro que sí!)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.

El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: ¿Lo impidieron los gobiernos socialistas durante catorce años? (La señora Hermosín Bono: ¡No!) ¿Lo impidieron los gobiernos socialistas que han gobernado este país más que nadie, durante más tiempo que nadie? (Aplausos.--La señora Hermosín Bono: ¡Hipócrita, que eres un hipócrita!) Miren, lo que pasa es que todos estos procesos se han hecho hasta ahora siempre con el debido respeto, con la debida dignidad y sin utilizar políticamente el justo dolor de los familiares, eso es lo que se ha hecho hasta ahora. (Aplausos.) Eso lo hicieron todos los gobiernos.

Lo que convierte esta situación en la que nos encontramos ahora en nueva con respecto a la anterior es que, por primera vez en democracia, el Gobierno y sus socios deciden hacer de las fosas de la guerra civil uno de sus argumentos de propaganda política, esa es la diferencia. (La señora Hermosín Bono: No es verdad.) Lo que ha cambiado es que, por primera vez, un presidente de Gobierno, fíjense, queriendo o sin querer --el beneficio de la duda--, se fija como único programa político la división de la sociedad española. (La señora Hermosín Bono: No es verdad.) Lo que ha cambiado es que, por primera vez, un presidente de Gobierno da por liquidada la herencia de la transición de una España de todos y para todos, que es nuestro principal activo en estos últimos treinta años, señorías. (Aplausos.)

Aquí está la tercera razón de nuestra oposición a este proyecto de ley. Porque lo que ustedes persiguen realmente, estoy convencido de ello, es la quiebra de un proceso político en el que la inmensa mayoría de los españoles nos reconocemos, que es el surgido en la transición. Ya lo han venido haciendo en toda la legislatura al acabar con la política de consensos desde el principio. Ustedes pretenden hacer borrón y cuenta nueva de la superación de nuestro pasado más conflictivo, del gran éxito de la transición. Lo que persiguen es precisamente eso: deslegitimar nada más y nada menos que el pacto de la transición; eso es lo que hay detrás de todo esto.

Aquí estamos cerrando la legislatura con un debate que es ajeno a las inquietudes y a las aspiraciones de los españoles. A los votantes no se les pide en estos momentos que juzguen la gestión de su Gobierno, se les intenta forzar a que sentencien qué españoles fueron buenos y quiénes los malos en un acontecimiento que a día de hoy es más historia que memoria, de la que --yo también estoy de acuerdo-- deben ocuparse fundamentalmente los historiadores. Este proyecto de ley pretende imponer una memoria única y oficial, que fue una de las cosas que más criticamos al franquismo. Caen ustedes en el mismo error. ¿Por qué hay que forzar a los españoles a elegir entre García Lorca y Muñoz Seca? (Rumores.) ¿Por qué no se puede reconocer y homenajear a estos dos grandes escritores a la vez? (Una señora diputada: No se puede comparar.) ¿Por qué se intenta etiquetar a los españoles de acuerdo con su resistencia a aceptar el trágala de la verdad única y oficial? El que la acepta es de los buenos; el que la rebate, la matiza o sencillamente no la acepta, es de los malos. Esa es la idea de democracia, esa es la idea del debate político: está conmigo o está fuera del sistema. Pues mire, no; señoría, no. (Aplausos.) Precisamente estamos queriendo mantener la etapa de la que los españoles nos podemos sentir más orgullosos.

Han decidido enmendar la plana al mismo Manual Azaña, que invocaba hace setenta años la paz, la piedad y el perdón. Al propio Indalecio Prieto (Un señor diputado: No lo manches.), que defendió la reconciliación…

El señor PRESIDENTE: Señora Hermosín, señor Cuesta, les ruego que respeten a quien está en el uso de la palabra. (Protestas.) Señora Hermosín, la llamo al orden. No tiene usted ningún derecho a molestar al orador y no moleste. (Rumores.--La señora Hermosín Bono: No estoy molestando.) La llamo al orden. Eso provoca reacciones inevitablemente en el hemiciclo y esto termina siendo un guirigay, que es lo que pretendo evitar. No me gusta lo que oigo pero lo respeto; no me gusta lo que oigo pero lo respeto, esa es la base. Le ruego silencio, por favor. Continúe señor Zaplana. (Protestas.) Me están interpretando mal. Lo que quiero decir como lógica es que cuando incluso se oye algo que no me gusta se respeta, no me estoy refiriendo en particular al señor Zaplana, cualquier diputado lo ha entendido así.

El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Yo lo he entendido así, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: No quiero guirigay esta mañana. Continúe, señor Zaplana.

El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Señora vicepresidenta, este es el espíritu de concordia que, según usted, trae la ley. Ustedes han cometido un importante error porque les hablaba de don Manuel Azaña y les hablaré de don Indalecio Prieto, que defendió la reconciliación con frases tan claras como esta: A fin de que en España quede la concordia de extinguir los rencorosos afanes de venganza. Fíjense qué visión tuvo este dirigente socialista. Han llegado incluso a contradecir al mismo Julián Zugazagoitia, (Rumores.), el que fuera director del periódico El Socialista, que hizo un llamamiento para que nadie pudiera utilizar la guerra civil --decía él-- para envenenar con un legado de odio la convivencia virgen de las nuevas generaciones de españoles. Afortunadamente, los españoles encontraron en la transición el antídoto contra los legados del odio. Los dirigentes de la izquierda, algunas de las personas que se sientan en la bancada hoy del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, dirigentes del centro, de la derecha y nacionalistas estuvieron en ese momento histórico a la altura y dieron una prueba de madurez democrática y de sentido de la responsabilidad. Y esa muestra de madurez y de sentido de la responsabilidad ha sido una constante hasta que se ha iniciado esta legislatura, les guste más o les guste menos. Por eso no se dedicaron entonces a reabrir las viejas trincheras, sino que abrieron puentes de concordia y quisieron mirar hacia delante.

Señor presidente, señorías, aquel fue el espíritu de la transición plasmado en lo que todo el mundo ha llamado la Constitución de la concordia. Aquel mismo espíritu de concordia fue refrendado por unanimidad hace cuatro años en la Comisión Constitucional, por cierto, señorías, con mayoría absoluta del Partido Popular, para que el pasado no fuera utilizado como arma política con el fin --y cito en este caso textualmente-- de no revivir viejos rencores, resucitar odios o alentar deseos de revancha. Eso, señora vicepresidenta, sí que es o hubiera sido cumplir con el mandato de esta Cámara y no seguir las órdenes y el dictado del grupo nacionalista que les apoya. (Aplausos.-- Varios señores diputados: ¡Muy bien!) Eso sí que es cumplir con el mandato de esta Cámara. Pero esta ley tiene mucho más que ver con la separación y el enfrentamiento entre españoles que con la reparación de las víctimas. Señorías, ¿por qué se han negado a apoyar nuestra enmienda a favor de los presos del franquismo? Se han negado. ¿Por qué les ha molestado que el Partido Popular haya propuesto un aumento de la indemnización a los que sufrieron prisión bajo la dictadura? Que también lo han hecho. Es evidente por qué lo han hecho, porque no era tanto la reparación lo que les preocupaba, sino que lo que les preocupaba era vender una imagen distorsionada del Partido Popular, esa era la estrategia fundamental de esta iniciativa, no era otra. Por eso cuando hemos puesto encima de la mesa enmiendas para mejorar la reparación de estas personas ustedes han dicho que no porque lo único que querían y pretendían era romper otro consenso, el más importante y fundamental de los conseguidos en España en los últimos treinta años. (Aplausos.)

Se les ha venido abajo el juego que consistía en presentar como franquistas a todos los que se oponían a esta ley. Todos eran franquistas y ustedes eran los antifranquistas. Alguno tendrá que decir antifranquista de nuevo cuño, claro, pero, en fin, en cualquier caso antifranquistas. (Rumores.--Risas.) En vez de haber buscado apoyos que la señora vicepresidenta sabe que hubiera encontrado para poner encima de la mesa reparaciones reales y efectivas a las víctimas de la dictadura y de la guerra civil si creíamos que había posibilidades de hacerlo, que sinceramente mi grupo así lo piensa. No sé cómo apoyan esta ley y sobre todo lo que significa y el debate que genera destacados hombres de la filas de Izquierda. Insisto en que no voy a citar a nadie, pero ustedes están tirando el trabajo generoso y eficaz de muchos de los dirigentes de su partido hoy todavía en sus filas y algunos que, aun estando, ya no están en activo y prestaron un gran servicio no solamente al Partido Socialista, sino a la democracia española.

El señor PRESIDENTE: Señor Zaplana, ha de concluir ya.

El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Acabo, señor presidente.

Reconozca que esta ley hace bien poco por las víctimas, pero en cambio se han volcado en atender a quienes aún hoy ni siquiera respetan la libertad, la dignidad, la democracia y la Constitución, como son los terroristas. A esos sí que se les permite beneficiarse de algún tipo de ayudas de las contempladas en esta ley.

El resultado de esta ley es que en estos dos últimos años hemos visto reabrirse viejas cuentas que dimos por cerradas.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zaplana, no le puedo permitir más.

El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Acabo, señor presidente.

Señores de la mayoría, dejen de mirar por el retrovisor y miren al frente. (Rumores.) Si de verdad miran al frente, si de verdad creen que la política de consenso es algo de lo que nos podemos sentir más orgullosos los ciudadanos españoles, y especialmente la clase política, vuelvan a ella. Si vuelven sinceramente a ella, saben ustedes que allí nos encontrarán.

Gracias. (Aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Popular, puestos en pie.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Comenzamos el turno de fijación de posiciones. En primer lugar, señor Labordeta.

El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias, señor presidente.

Quiero comenzar esta fijación de posiciones leyendo el texto del catedrático de la Universidad de Zaragoza, Julián Casanova, que dice: Los pasados traumáticos de guerras y dictaduras suelen provocar conflictos entre diferentes memorias individuales y de grupos, entre distintas maneras de mirar la historia, y como declaró hace ya dos décadas el historiador conservador alemán Ernst Nolte a propósito del nazismo: el pasado no quiere irse. Precisamente por esas razones, añado: nuestro pasado corresponde a cuarenta años de represión y, por eso, queremos salir del pozo del terror y del dolor que sobrepasó la guerra civil, comenzó en el mismo 1939 --las trece rosas rojas-- y terminó en septiembre de 1975. Vamos a dar nuestro apoyo a la ley, porque queremos que todos los heridos de la guerra sean de una vez caballeros mutilados, y no que los que defendieron la legalidad republicana sean putos rojos, y que hoy, víspera de difuntos, a todos los familiares de todos aquellos que fueron asesinados en las cunetas y en las tapias de los cementerios durante la dictadura les llegue una paz verdadera al sentir reparada en parte --no del todo-- su brutal injusticia. Ojalá que la teoría de Nolte sobre el nazismo no se cumpla con el franquismo y que el pasado del enfrentamiento fraticida, y sobre todo de la brutal represión de la dictadura, puedan quedar ya para las páginas de los libros de historia. Señor Zaplana, Azaña e Indalecio Prieto murieron en el exilio.

Muchas gracias. (Aplausos.--Un señor diputado: ¿Y tú dónde estabas?)

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Oramas.

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Señor presidente, señora vicepresidenta, señoras y señores diputados, Coalición Canaria va a apoyar el dictamen de este proyecto de ley porque es fruto de importantes avances respecto al texto original que trajo aquí el Gobierno en diciembre de 2006 después de meses de negociación y de tramitación parlamentaria. El Gobierno hizo una ley pensando en parte de las víctimas; hizo una ley excluyente, pensada en clave política y no de reconciliación. Esa memoria parcial de lo que ocurrió hace setenta años se ha corregido durante la tramitación del proyecto de ley. Nosotros lamentamos que en un tema tan sensible, que tanto tiene que ver con la memoria individual y colectiva y con la dignidad, la visión inicial, partidista, del Gobierno y del PSOE reabriera heridas, provocara crispación y generara división en nuestra sociedad. El dolor es igual en todas las personas, independientemente de las circunstancias de la muerte, de la identidad de la víctima y de los autores. El dolor de un hijo o de una viuda es el mismo, cualquiera que sea el motivo y el lugar de la muerte, y el derecho a conocer su paradero y a recuperarlo también, porque de lo que se trata es de recuperar la memoria, la dignidad y el honor y de asegurar un sitio donde los muertos puedan descansar en paz para siempre y los vivos honrarlos. En todo caso, lo más importante de una ley de esta naturaleza no es remover el pasado, sino proyectarse hacia el futuro, una ley que se conciba como una continuación del acuerdo de convivencia democrática que supuso la transición política. Ampliación de derechos, honor y paz para todas las familias españolas e igual dignidad, memoria familiar y memoria pública para afrontar un futuro común. Es el deseo de los españoles y es el apoyo que Coalición Canaria dará a esta ley. Tan solo quiero decir que nos hubiera gustado que en esta tribuna personas como Florisel Mendoza, Pedro Lezcano o Ramón Rojas hubieran visto hoy aprobada esta ley. Nuestra memoria para ellos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Oramas. Fijación de posiciones. Señor Torres Mora, por favor.

El señor TORRES MORA: Gracias, señor presidente.

Señorías, el 14 de diciembre de 2006 el Pleno de la Cámara aprobó la toma en consideración del proyecto de Ley sobre las víctimas de la guerra civil y la dictadura que remitió el Gobierno. Tras casi un año de trabajos parlamentarios, el proyecto vuelve al Pleno con importantes mejoras, algo que no podemos afirmar de la oposición al mismo. En los trámites de ponencia y Comisión hemos amplificado y resuelto con una fórmula jurídicamente más adecuada la declaración de reparación y reconocimiento personal. De igual modo, hemos mejorado algunas de las prestaciones económicas contenidas en el proyecto que envió el Gobierno, hemos introducido una cláusula de derogación expresa y formal de algunas leyes de la dictadura por su carácter radicalmente contrario a los derechos humanos y hemos atendido una sentida demanda de los hijos del exilio, ampliando la posibilidad de adquirir la nacionalidad española a los descendientes hasta el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles. Con todo, el texto que en su día presentó el Gobierno y el que hoy debatimos conservan el mismo espíritu, un espíritu que ha propiciado el encuentro y el acuerdo de quienes partíamos de posiciones distantes. La política es como una manta corta, solo puede cubrirnos a todos si nos unimos. Hay quien siempre ofrece a los ciudadanos su frustración porque no han conseguido la totalidad de sus objetivos y hay quienes ofrecemos un acuerdo.

Señor Herrera, le reconozco un gran mérito en esta ley, pero ha errado usted su intervención al atacar al Gobierno que la ha hecho posible. Son las manos libres del presidente Zapatero las que han sumado 164 votos a sus cinco votos para que usted pueda ofrecer una ley en lugar de un lamento. (Aplausos.) Señor Tardá, para que quede constancia en el «Diario de Sesiones», la vicepresidenta nunca comprometió la anulación del juicio del señor Companys, sino restablecer la dignidad y el honor de él y de todos los que fueron víctimas de la violencia. (Aplausos.) Le emplazo a que, cuando lo tenga a bien, lea la declaración de la vicepresidenta. Señorías, si Izquierda Unida, PNV, Convergéncia i Unió, BNG, la Chunta, Coalición Canaria y el PSOE hemos sido capaces de alcanzar un punto de encuentro, no hay razón para que en ese punto no estén Esquerra Republicana y el Grupo Popular. Su problema no es que no puedan, sino que no quieren llegar a un acuerdo (Aplausos.), un acuerdo que en esta ley tiene en cuenta a todas las víctimas, con independencia de que lo fueran por su ideología política, por sus creencias religiosas o por su forma de vivir. Las víctimas son por definición inocentes y su inocencia las debe unir ante nuestros ojos. Por eso no podemos estar de acuerdo con quienes defienden que la democracia no debe reparar a las víctimas que ya fueron reparadas por el franquismo. Eso supondría dar por buenas las reparaciones de una dictadura, cuando las víctimas de las atrocidades, procedan de donde procedan, tienen pleno derecho al reconocimiento público de la democracia. Sin embargo, es verdad que nuestra democracia hasta ahora no había reconocido el carácter de doble victimización de quienes, por pertenecer a los vencidos, no solo no fueron reparados durante largas décadas, sino que además han sufrido múltiples formas de persecución y discriminación a lo largo de todo este tiempo.

La presente ley, lejos de constituir, como dicen algunos sin creérselo del todo, la ruptura del espíritu fundacional de nuestra democracia, supone precisamente la continuación de la voluntad de reconciliación y de reencuentro democrático y pacífico característico de esa época. Lo que esta ley condena y expulsa de nuestro ordenamiento jurídico no es ni más ni menos que aquello que repugna a la conciencia democrática de cualquier ciudadano: la violencia política, la conculcación de los derechos humanos, los juicios sin garantías, las sentencias arbitrarias y las leyes injustas. Ningún demócrata puede sentir más que orgullo al ver cómo la democracia española proclama la ilegitimidad de tales actos. Esta ley recoge, con ánimo de perfeccionarlo, aquel mismo espíritu de reconciliación mediante la introducción de claras mejoras en la reparación a las víctimas. Ello resulta a su vez coherente con la política de reconocimiento y ampliación de derechos seguida por el Gobierno a lo largo de esta legislatura. Lejos de ir en contra de los acuerdos fundacionales de nuestra democracia, esta ley contribuye a fortalecerlos en la medida en que supone una profundización en el espíritu de los mismos. Todos los pactos fundacionales son revisados y mejorados con el paso del tiempo, cuando las condiciones permiten ir más allá que en aquellos difíciles primeros momentos. Esta es la razón de las sucesivas medidas reparadoras que se han venido aprobando desde la Ley de Amnistía de 1977. En muchas de ellas se recoge explícitamente la voluntad de superar las limitaciones de aquellos primeros años de andadura democrática. Baste recordar que los militares de la UMD quedaron fuera del ámbito de la Ley de Amnistía hasta casi una década después, cuando en 1986 se amplió la Ley de Amnistía a los militares profesionales. No se estaban conculcando entonces los acuerdos de la transición. Entonces, cada vez que se trataba de impulsar una medida que equiparara a los vencidos en la guerra civil con los vencedores o que supusiera la reparación de los represaliados por la dictadura, todas las voluntades se unían alrededor del Gobierno. En esto consistía también el espíritu de la transición, en el consenso alrededor de tales medidas. Es este aspecto fundamental del espíritu de la transición el que se ha roto por parte del principal partido de la oposición, que ha aprovechado este que debe ser un motivo de concordia para convertirlo en un motivo de discordia, como ha hecho con tantos otros en esta legislatura. (Aplausos.) Es la generosidad que tuvo el PSOE cuando gobernaba la UCD lo que en nuestros días le está faltando al Partido Popular, un partido que entonces tuvo un escaso apoyo de los ciudadanos precisamente por no participar en alguno de los acuerdos básicos de la transición, como fueron la Ley de Amnistía o la parte política de los Acuerdos de la Moncloa. Ahora, treinta años después, ustedes reducen el espíritu de la transición a su letra, una letra que o no firmaron o firmaron a medias. Por eso ahora también van a votar a medias esta ley. No discuto que su espíritu, señores del Grupo Popular, es el mismo que ustedes tenían en 1977, pero les aseguro que ese espíritu de ustedes no es el de la transición. (Aplausos.)

No me extraña que ustedes piensen que una ley puede reescribir la historia. Eso de reescribir la historia es algo a lo que tienen bastante afición, incluso cuando la historia está sucediendo delante de nosotros. No les faltan medios para multiplicar hasta saturarnos que las calles estaban vacías cuando las llenábamos; que los lugares de trabajo estaban llenos cuando los vaciábamos; que había armas donde nunca las encontraron; que habían sido quienes no habían sido; que cedimos donde no cedimos y que esta ley pretende reescribir la historia, que pretende cambiar la memoria, como si la gente fuera a cambiar su memoria por 180 votos a favor, 120 en contra y 15 abstenciones. (Aplausos.) Si los españoles de hoy pudiéramos volver al pasado les aseguro que no sería para cambiar el nombre de los vencedores y los vencidos sino para impedir la guerra. (Aplausos.) Nada de lo que dicen es cierto. Para condenar la guerra civil la ley cita literalmente un texto que ustedes mismos aprobaron en 2002, y para condenar el franquismo cita una declaración de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en la que se denuncian las graves violaciones de los derechos humanos que se cometieron en España entre los años 1936 y 1977. Nada que un demócrata no pueda apoyar. La ley es sumamente cuidadosa porque está hecha para unir a grupos muy distintos. Es tan evidente la voluntad integradora del proyecto de ley, que hasta los grupos que se oponen globalmente al mismo votaron una parte considerable del articulado a su paso por la Comisión Constitucional. Es tan elemental lo que se propone, tan justo, que incluso quienes llevan haciendo toda la legislatura un discurso apocalíptico contra esta ley no tienen otro remedio que votarla, aunque sea por la puerta de atrás. Al final, como siempre, son molinos. Los gigantes, los fantasmas solo son fruto de la imaginación morbosa, y por más que los dirigentes del Partido Popular agiten el espantajo del pasado hasta romperse el brazo no conseguirán asustar a nadie. Las acusaciones de que esta ley abre antiguas heridas o libera viejos demonios se rompen contra el justo articulado de la misma. Confío en que cuando en marzo los ciudadanos vuelvan a descabalgarlos de sus expectativas de poder SS.SS. recuperen la cordura. (Aplausos.)

A lo largo de la legislatura se ha dicho que la ley que hoy debatimos es innecesaria, que es inoportuna y que es inadecuada. Innecesaria, porque, según afirman sus críticos, no hay una amplia demanda social. Inoportuna, porque todavía es pronto, o porque ya es tarde, es lo mismo; la doctrina es tan displicente como poco rigurosa. Inadecuada, porque es excesivo el rango de ley para lo que se propone. ¿Cuándo es necesaria una ley? ¿Cuándo la pide todo el mundo? Hemos hecho leyes, por ejemplo, para el acceso a la profesión de abogado o de procurador, para la reproducción asistida, para la adopción internacional o para la capitalidad de Madrid y de Barcelona. Sin duda, todos son colectivos importantes, pero ninguno de ellos abarca a la totalidad de los españoles, ni siquiera a la mayoría. Es verdad, esta ley se refiere solo a las familias de decenas de miles de personas que yacen en fosas comunes y a las que sufrieron violencia o exilio durante el franquismo; a ciudadanos que quieren saber dónde están sus padres, sus hermanos, o sus abuelos, que quieren recuperar sus restos y darles sepultura digna; a personas que quieren honrar la memoria de sus familiares que sufrieron una injusta violencia, a asociaciones y organizaciones de la sociedad civil que trabajan para la recuperación de la memoria de las víctimas. De acuerdo, no es una demanda mayoritaria, como no lo son tantas otras, pero es una demanda justa como pocas otras lo puedan ser. Por eso esta ley es necesaria. (Aplausos.) Así lo entiende la mayoría de la sociedad española cada vez que sobre este tema ha sido consultada; una mayoría amplia, tan amplia que incluso la mayoría de los votantes del Partido Popular consideran que esta ley es necesaria. Es necesaria para las personas que la piden y necesaria también para todos nosotros, para que quede memoria de que lamentamos los errores del pasado y de que hemos aprendido de ellos y nos hemos convertido en una sociedad mejor y más justa. Dos de cada tres españoles entrevistados por el CIS afirman que las víctimas de la guerra civil han sido las grandes olvidadas, y ya es hora de reparar la injusticia. Ya ven SS.SS., ya es hora. No es una ley inoportuna. No lo es para quienes han esperado forzosamente cuarenta años y generosamente treinta más. No hay derecho a que durante la transición se les dijera que era demasiado pronto y que ahora se les diga que ya es demasiado tarde. (Aplausos.) Son personas que tienen más de 70 años; fueron generosos en la transición; se les pidió que postergaran el recuerdo de sus padres en pos del futuro de los hijos de todos. Y lo hicieron. Han cumplido. Lo dejaron para más adelante, pero nunca los olvidaron. ¿Los olvidaríamos nosotros? ¿A quién sorprende que sigan empeñados en encontrar los restos de sus padres, de sus hermanos, de personas que quisieron, que sintieron, que abrazaron? Creo que tampoco piden demasiado. Una lápida con un nombre no es pedir demasiado. No creo que eso vaya a romper la sociedad española. No creo que vaya a abrir más heridas que las suyas propias por un rato, por unos días, para que finalmente cierren para siempre. Es bien poco. Quizá por eso hay quien dice que es una ley inadecuada por excesiva, que hubiera bastado con un par de decretos, con algunas órdenes ministeriales y otras medidas administrativas de rango menor.

Aunque hay reserva de ley para alguno de los aspectos que se tratan en el proyecto, no quiero buscar refugio en argumentos de carácter técnico. No es necesario porque la discusión no es técnica. Bajo el argumento de que el rango normativo de ley es excesivo para las víctimas de la violencia late una razón política. Una ley tiene un valor simbólico que es especialmente valioso y pertinente cuando el contenido de la norma tiene precisamente un carácter de reparación pública, y eso es lo que se regatea a una parte de las víctimas de la guerra civil y a todas las víctimas del franquismo. A estas alturas se está dispuesto a apoyar una buena parte del articulado de la ley porque es razonable, porque responde a un criterio elemental de humanidad, pero se regatea el rango de ley. Aquí, señorías, hemos hecho leyes para las semillas y las plantas de vivero, pero hay quien considera excesivo hacerlo para quienes perdieron la guerra. (Aplausos.) La verdad, a estas alturas es tan necesario, oportuno y adecuado que muchas familias recuperen los restos y la memoria de sus víctimas como que algunos, muy pocos, se olviden ya de su rencor y otros se olviden de su temor. No puede haber temor ni en la mirada. Tomar las mismas medidas de la ley con normas de menor rango sería como hacerlo a escondidas, con miedo o vergüenza, y eso, además de ser injusto para con las víctimas, casa mal con el espíritu de transparencia de este Gobierno, que es el espíritu de transparencia de la democracia española de 2007. No lo hacemos a escondidas. Un decreto sería, además, una medida exclusiva del Gobierno, y en una ley participamos todos. Esta ley tiene más valor reparador cuanto más la apoyemos. (Aplausos.) Señorías, la reconciliación no nace del olvido sino del recuerdo. Hoy es un día mejor que otros para recordar a las víctimas de la violencia. Como demócratas podemos reivindicar juntos algo que nos une a todas las víctimas de la guerra civil y la dictadura, el valor de mantenerse fieles a sus ideas sin levantar la mano contra el prójimo. Eso es algo que la España de hoy tiene en común con las víctimas del pasado. Y dado que desde hace muchos años ya no hay dos Españas sino una, que es la que hemos conocido la mayor parte de las generaciones vivas, es razonable que esa España lamente, recuerde y repare la dignidad y la memoria de las víctimas de todos.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista, puestos en pie.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Torres.

Damos por concluido el debate de este punto.

[Fuente: Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Pleno y Diputación Permanente, Año 2007 - VIII Legislatura - Núm. 296, 31 de octubre de 2007, pp. 14611-14633]
Tienda de Libros Radio Nizkor On-Line Donations

DDHH en España
small logoThis document has been published on 06Nov07 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes.