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09dic10
La Fiscalía pedirá penas de hasta ocho años de prisión por sedición
Los juzgados comienzan a tomar declaración a los empleados que abandonaron su puesto de trabajo
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, afirma que se propondrán penas de hasta ocho años de cárcel para los controladores aéreos que abandonaron su puesto de trabajo por un presunto delito de sedición.
Así lo ha anunciado el fiscal general antes de presidir una reunión de la Junta de Fiscales en Zaragoza, en la que se ha incluido por vía de urgencia tratar el conflicto de los controladores y sus repercusiones penales. Conde-Pumpido ha dicho que los hechos protagonizados por los controladores suponen un delito "muy grave" sancionado con penas de entre tres y ocho años de prisión.
A juicio del fiscal general, el conflicto protagonizado por los controladores no es un problema laboral, porque no se han utilizado los cauces previstos en estos casos, sino que se ha producido un abandono del puesto de trabajo "premeditado", "concertado" y "colectivo", con un grave daño para los ciudadanos y para España. Conde-Pumpido ha confirmado que hay más de 20 diligencias abiertas en toda España y más de 400 personas responsables de estos hechos a los que se exigirá la correspondiente responsabilidad.
Inicio de las declaraciones
La Fiscalía de Madrid tiene previsto empezar hoy a tomar declaración a una treintena de los más de cien controladores que faltaron a su puesto de trabajo o que lo abandonaron entre el pasado viernes y la mañana del sábado, antes de que el Gobierno decretara el estado de alarma.
El Ministerio Público ha citado a los controladores para que expliquen por qué abandonaron sus funciones en el aeropuerto de Barajas y en la base aérea de Torrejón de Ardoz, una situación que el fiscal jefe de Madrid, Eduardo Esteban Rincón, entiende que fue lo "suficientemente grave" para que pueda ser constitutiva de un delito de sedición contemplado en la Ley Penal Procesal de la Navegación Aérea. Un delito que, según Esteban Rincón, se refiere a las personas que por su abandono de sus funciones "de manera concertada provocaran, o la paralización de una aeronave o, como en este caso, de toda la navegación aérea".
La pena de prisión por este delito puede alcanzar los ocho años, de ahí que la Fiscalía de Madrid decidiera abrir las diligencias de investigación el viernes por la noche, cuando los controladores que protagonizaron el plante fueron identificados por la policía y la Guardia Civil.
Excusas inasumibles
A la Fiscalía de Madrid no le "parece asumible que a todos les haya pasado la misma causa, una enfermedad que definen como de disminución de su capacidad psicofísica y que les haya ocurrido a todos a la vez".
Además de la de Madrid, otras fiscalías de otras comunidades autónomas han abierto diligencias para estudiar la posible responsabilidad de los controladores que abandonaron su puesto de trabajo. Todas ellas actuarán de forma coordinada para determinar si los controladores han incurrido en algún tipo de delito.
[Fuente: El Periódico, EFE, Madrid, Zaragoza, 09dic10].
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