EQUIPO NIZKOR |
|
11oct07
La Ley de Memoria Histórica del PSOE: inútil e imposible
¿Ley de la memoria histórica? ¿Oportunismo parlamentario o contumacia del PSOE y el Gobierno? Es difícil comprender cuál sea el interés del Gobierno por sacar una Ley que nace muerta, a contracorriente, cogida con alfileres, provocando más tensiones y enfrentamientos de los que dice querer resolver y sin verdadero apoyo parlamentario.
Nace muerta porque deja el problema principal que urge resolver exactamente igual que estaba y, por tanto, la polémica seguirá exactamente igual que hasta ahora, incluyendo cada día más a la Constitución, la Corona y la Iglesia.
Nace a contracorriente porque la hace el Gobierno en contra de la casi totalidad de las organizaciones de víctimas, sociales y de derechos humanos que se ocupan del tema.
Nace cogida con alfileres porque se lleva a votar in extremis empujando a Izquierda Unida y a nacionalistas democristianos a cambio de concesiones económicas. Los partidos políticos cuyos bienes fueron objeto de apropiación por el régimen franquista parecen olvidar que su derecho a la restitución de tales bienes lo poseen al margen de lo que el partido gobernante de turno piense o haga. ¿Cómo van a defender los grupos parlamentarios los derechos de las víctimas del franquismo si no saben hacer valer los de sus propios partidos, también en cuanto víctimas ?. ¿Quién es un partido para "decidir" la devolución a otro de lo que es suyo de pleno derecho ?. El refrendo de esta verdad por el Parlamento no debiera depender del uso como moneda de cambio que quiera o necesite darle el partido gobernante. La garantía del disfrute de un derecho -el derecho a la devolución de los bienes objeto de apropiación indebida- no debiera ser utilizada para negar el reconocimiento jurídico y la protección y defensa de los derechos de las víctimas del franquismo. De consumarse esta utilización perversa, nos encontraríamos ante un vacío de moralidad preocupante.
Nace provocando tensiones y enfrentamientos porque este proyecto de ley, al no tener base racional, está siendo utilizado por el Partido Popular de manera espuria y este tipo de campaña está haciendo enorme daño a la sociedad, aunque ambos partidos, PP y PSOE, crean que a ellos les favorece.
Y nace sin verdadero apoyo parlamentario porque, si bien contará con el voto favorable del grupo Parlamentario de Izquierda Unida gracias los esfuerzos de los Sres. Diputados Joan Herrera y Gaspar Llamazares, cuenta con la oposición real del principal partido de Izquierda Unida y uno de los partidos que cuenta con gran número de víctimas entre sus afiliados y militantes: el Partido Comunista.
Es un manifiesto error la contumacia con la que el Gobierno insiste en sacar adelante esta Ley, y nos preguntamos por qué.
El Proyecto de Ley plantea problemas importantes de técnica jurídica, por ejemplo, su cláusula derogatoria se solapa con la disposición derogatoria de la Constitución de 1978 y supondría que una serie de normas del régimen seguirían vigentes hasta que entre en vigor esta ley, normas que se suponen ya derogadas (que no anuladas) por la Constitución actual. Es de un tenor parlamentario verdaderamente propio de un país de escasa tradición parlamentaria e incluso democrática.
¿Por qué entonces esa actitud que roza lo obsesivo por parte del Gobierno?
El PP reacciona de forma exaltada, agresiva y sin ir al fondo de la cuestión, como si la condena a un régimen fascista que apoyó al nacionalsocialismo y sus políticas durante la II Guerra Mundial estuviera fuera de sus posibilidades. El Partido Comunista se opone porque no puede dar el visto bueno al no reconocimiento jurídico de las víctimas; el pulso con la parte de la dirección de Izquierda Unida que apoya las tesis de la "ilegitimidad" (que no "ilegalidad") podría hasta llevar a la disolución de Izquierda Unida. A los diputados nacionalistas vascos y catalanes parecería que les lleva a la votación la pareja de la Guardia Civil. Y dentro del propio PSOE se impone la estricta disciplina a la que sus militantes están tan bien acostumbrados desde los tiempos en los que Guerra decía aquello de que los que se muevan no salen en la foto.
Parece que las luminarias gubernamentales, aisladas de la realidad y recluidas en sus despachos de La Moncloa, han llegado a la conclusión de que con esta ley queda claramente demostrado que ellos, y sólo ellos, son el centro, aunque ello lleve a colocar sobre el papel al mismo nivel a víctimas y victimarios. No se entiende el cálculo electoral, pues esta frivolización de principios no puede llevar más que a un aumento de la abstención progresista, y este aumento de la abstención, aunque no lo diga, el partido gobernante sabe que nunca le ha beneficiado.
El Gobierno siempre se ha planteado lo que desde su óptica sería la "gestión" de lo que se puede llamar el movimiento de víctimas del franquismo. Se creó una Comisión Interministerial para estudiar el tema, presidida por la Sra. Vicepresidenta, y que no incluía ni a la fiscalía, ni al Ministerio de Justicia. Las asociaciones fuimos llamadas, pero excluidas de las participación en la misma y sin ser tenidas en cuenta. Presidencia aprobó subvenciones para repartir entre las asociaciones, pero jamás se hizo eco de sus demandas, como ha quedado reflejado en el Proyecto de Ley.
El tratamiento que el proyecto de ley da a los símbolos del franquismo refleja el exiguo concepto que del estado de derecho tienen sus redactores, pues en ningún momento se habla de simbología "fascista" ni de simbología relacionada con la negación de las libertades públicas e individuales.
En esta situación se impone aclarar que el triunfo del Gobierno, caso de sacar adelante la ley, habrá significado para sus eventuales socios parlamentarios un fracaso, especialmente por parte del PNV y de IU, cuya situación interna no pareciera muy compatible son este extraño viaje. Claro está que a cambio van a recibir las importantísimas compensaciones en forma de devolución de patrimonio histórico, como también lo tiene ofrecido Unió Democrática. Estos partidos deberían pensar que a partir de diciembre el Gobierno actuará con el Parlamento disuelto y que difícilmente podrá devolver este patrimonio sin que el PP se oponga, incluso jurídicamente, y nadie garantiza que el Gobierno que salga de esas elecciones vaya a querer o poder cumplir esos acuerdos.
De esta manera el acuerdo parece poco útil para estos partidos, salvo para los representantes de Izquierda Unida que puedan estar pensando en presentarse a las próximas elecciones por partido diferente al que ahora representan, como resulta obvio.
Todo esto respecto a la extraña situación política que se está creando en torno a este empeño del Gobierno.
En cuanto a la ley misma, el problema es grave.
La ley no declara nulos los juicios sumarios de la dictadura, sino que declara "ilegítimos" una serie de tribunales y condenas, así como la derogación (que no la nulidad), de varias normas franquistas que, por oponerse a la Constitución, ya estaban derogadas por ella. Si son ilegítimas es porque tienen un defecto de origen –ser consecuencia de un golpe de Estado y de un simple triunfo militar en medio del auge de los fascismos en Europa- y por tanto son ilegales. Declárense entonces ilegales y nulas de pleno derecho. ¿O es que se quieren declarar ilegítimos porque se considera que la ilegitimidad no implica ilegalidad y por tanto no implica nulidad, y por eso se hace preciso derogarlas?
Porque la ley exige que sean los tribunales los que declaren ilegales y nulos, si así lo consideran, los juicios de cada una de las víctimas del franquismo, pero parece difícil que estos tribunales actúen así precisamente a partir de una ley que al declarar ilegítimos pero no ilegales los casos a juzgar, acepta una sólida base por la que escaparse de la declaración de nulidad de cada caso particular.
En todo caso, la confianza de la ciudadanía en la independencia del poder judicial, especialmente en el tema de la memoria histórica, es escasa. Hasta el momento, ningún fiscal ha actuado de oficio ante el conocimiento de la existencia de fosas comunes (presuntos crímenes, que de serlo, son imprescriptibles), ni ningún juez ha investigado los restos en cuestión (¿cómo pueden saber que son restos de la etapa de la guerra o de la dictadura si no los han ni siquiera investigado ? ). Como en todo estado de derecho que se precie, existe un protocolo a seguir para el levantamiento de cualquier cadáver, que todo juez debe cumplir por ley. Los casos de revisión (que no de nulidad) que han llegado el Tribunal Supremo, resulta que son decididos por la Sala de lo Militar y no por una sala ordinaria. Increíble en una democracia europea y con las consecuencias de la II Guerra Mundial ya tratadas y resueltas en la mayoría de los países afectados y de nuestro entorno.
La Constitución española incorpora el derecho internacional a nuestro sistema jurídico; el estatuto bajo el que se juzgó a los principales líderes nacional socialistas es de aplicación a las Potencias Europeas del Eje, y la ONU, en dos importantes resoluciones de 1946, reconoció que el régimen franquista había "sido fundado con el apoyo de las Potencias del Eje", y que "En origen, naturaleza, estructura y conducta general, el régimen de Franco es un régimen de carácter fascista, establecido en gran parte gracias a la ayuda recibida de la Alemania nazi de Hítler y de la Italia fascista de Mussolini".
Habrá que recordar nuevamente que han pasado muchos años sin que estos graves problemas se resuelvan y las víctimas somos ya mayores, o muy mayores, y la mayoría es consciente de que morirán antes de que los jueces hayan dictado sentencias favorables. Sería lamentable que en un estado de derecho, en el que se presupone un funcionamiento independiente del poder judicial, las víctimas del Franquismo se vean obligadas a dirigirse a organismos internacionales y otros tribunales para hacer valer sus derechos
Por último, es preciso aclarar que de forma torticera el Gobierno ha hecho un totum revolutum de dos cosas que no deben contemplarse de igual manera: la Guerra Civil y la dictadura.
A nadie le puede parecer mal que se haga una ley sobre las consecuencias directas de la guerra, y mantener un criterio de reconocimiento para quienes sean víctimas de estos hechos, luchasen en las filas que fuera. El marco jurídico aplicable en este caso es el del Derecho Internacional Humanitario, que dice qué es lícito en la guerra y cómo ha de tratarse a los prisioneros. Es necesario, e imaginamos que la asesoría letrada del Gobierno y de los Diputados sabe de esto, que se tenga claro el derecho que rige en una guerra y el derecho que protege a la población civil, tanto en tiempos de paz como de guerra.
Otra cosa es la dictadura y las víctimas del franquismo. Nadie puede hablar de "dos bandos" en la dictadura, salvo que deliberadamente quiera provocar engaño o sea declaradamente fascista y el otro bando sea el resto del mundo.
De esta manera debe quedar claro que lo que reclamamos las víctimas es una ley que reconozca jurídicamente la situación de quienes fueron fusilados, encarcelados, exiliados, represaliados o vejados por la dictadura, no por la guerra, que debería en todo caso ser contemplada de forma singular y no intentar mezclarse con el problema del fascismo y su Gobierno durante cuarenta años.
Y si nos dicen que el Parlamento no puede aprobar una Ley que declare nulos los procedimientos sumariales de la dictadura precisamente porque el Parlamento y la Constitución se hicieron desde la herencia del franquismo y no desde la ruptura y por tanto se hicieron aceptando la propia legalidad franquista y transformándola cuidadosamente, les diremos que es obvio, y que es hora, de que el Parlamento trabaje para restablecer a las víctimas del franquismo en sus derechos, y que esto es lo que daría seguridad jurídica a la democracia actual.
Quede claro pues que lo único que impide aprobar una ley de verdadera liquidación de nuestro triste pasado fascista es el exagerado número de diputados y cargos públicos de todos los partidos criados, educados, y a veces enriquecidos, gracias a la dictadura.
Sobran pues estas propuestas que nacionalistas y comunistas pueden llegar a pagar muy caro electoralmente a cambio de unas prebendas económicas que posiblemente no vean nunca. Y si en todo caso quiere hacerse una ley de memoria histórica para rescatar la memoria de la dictadura y sus víctimas todo es mucho más sencillo. Consulten desde El Congreso de los Diputados a las Asociaciones de Memoria Histórica que ya comparecimos en su día ante la Comisión Interministerial creada a tal efecto y escuchen sus señorías, aunque sólo sea para que descansen sus conciencias, a quienes sufrieron cuarenta años de dictadura, veinticuatro horas cada día, sintiendo cómo se les robaba la existencia y la vida.
11 de octubre de 2007
Adelina Kondratieva, Presidenta y Dolores Cabra, Secretaria.
Presidenta y Secretaria General de Archivo Guerra y Exilio - AGE
Asociación para la creación del Archivo de la Guerra Civil, las Brigadas Internacionales, los Niños de la Guerra, la Resistencia y el Exilio EspañolAGE (ARCHIVO GUERRA Y EXILIO)
Constituida el 24 de marzo de 1997 con el nº de registro nº 162.452
APARTADO DE CORREOS 13.083. 28080 MADRID
Tel: 607.798.292
E-MAIL: correoage@nodo50.org
E-MAIL: age@derechos.org
WEB: http://www.nodo50.org/age y http:// www.galeon.com/agenoticias
 | This document has been published on 11Oct07 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. |