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25nov11
El Gobierno español indulta a Alfredo Sáenz, vicepresidente y consejero delegado del Banco Santander
El Consejo de Ministros ha aprobado indultar al vicepresidente y consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, en su primera reunión tras las elecciones del 20-N.
La concesión conmuta la pena de arresto mayor y la suspensión del ejercicio profesional por la multa máxima prevista para este caso, que, según cifra 'Expansión', sería de 144.000 euros. Sáenz cobra al año nueve millones de euros.
Así lo ha transmitido Moncloa al grupo financiero, según ha podido saber ELMUNDO.es. Sáenz solicitó el indulto el pasado marzo tras haber sido condenado por el Tribunal Supremo por presentar una denuncia falsa a sabiendas hace 16 años cuando era presidente de Banesto. Fue condenado a pena de prisión y de inhabilitación y éste ha recurrido al Constitucional y logró la suspensión de la ejecución de la sentencia.
Para ser directivo de banco es necesario cumplir los requisitos de honorabilidad que exige el Banco de España. A pesar del indulto, el consejero delegado del Santander mantiene los antecedentes penales. Por ello, además de pedir su indulto, Sáenz también recurrió al Constitucional con el fin de salir del registro de penados y poder continuar con su actividad.
El portavoz del Gobierno en funciones, José Blanco, explicó en rueda de prensa que "no es habitual" justificar los indultos tratados en Consejo de Ministros, pero confirmó que el de Sáenz "fue tratado". "El ministro de Justicia va a informar en una nota", afirmó.
El comunicado del ministerio, que no explica los motivos de la decisión del Consejo de Ministros, informa del "indulto parcial" de Sáenz y los directivos Rafael Jiménez de Parga y Miguel Ángel Calama por "unos hechos acaecidos hace 17 años".
Por su parte, el Santander ha emitido una escueta nota de una línea en la que "muestra su satisfacción tras conocer la decisión del Consejo de Ministros de conceder el indulto a Alfredo Sáenz".
El caso Banesto
El delito se remonta a 1994. Banesto, presidido por Sáenz tras su intervención por el Banco de España, presentó una querella criminal por estafa y alzamiento de bienes contra los empresarios Pedro Olabarría, Luis y José Ignacio Romero y Modesto González Mestre, a los que reclamaba una deuda de 600 millones de pesetas por las empresas del grupo Harry Walker a las que representaban.
El juez Luis Pascual Estevill dictó prisión preventiva para los denunciados. Esta decisión fue considerada injusta por el Supremo y el juez fue condenado por prevaricación y detención ilegal en 1996.
Una vez archivada la causa, los empresarios y Rafael Pérez Escolar -consejero de Banesto durante la etapa de Mario Conde, ya fallecido- presentaron una querella contra Sáenz y los otros ejecutivos relacionados con Banesto.
Investigado el caso por el juzgado de instrucción número 20 de Barcelona, los directivos de Banesto lograron que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) diera por archivada la causa al entender que las acusaciones de algunos de ellos habían prescrito y las de Sáenz y otro acusado no eran constitutivas de delito.
Sin embargo, en mayo de 2006 el Supremo anuló esta resolución y ordenó al TSJC que continuara con la tramitación de la causa.
La Audiencia Provincial de Barcelona condenó a Sáenz en diciembre de 2009 a seis meses de prisión por los delitos continuado de acusación y denuncia falsa, pero le absolvió del de intento de estafa procesal.
En marzo de 2011, el Tribunal Supremo rebajó la pena: condenó a Sáenz a tres meses de prisión y de inhabilitación para ejercer funciones en banca por el delito de acusación falsa.
Sáenz pidió el indulto, algo que rechazó entonces el Supremo porque "no se aprecia la concurrencia de razones de justicia o equidad para la concesión del indulto, por lo que se informa desfavorablemente". No obstante, tenía el apoyo de la Fiscalía.
[Fuente: Por Carlos Segovia, El Mundo, Madrid, 25nov11]
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