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15sep09
Las sospechosas decisiones del Banco de España
Fue una de las noticias de alcance de la canícula veraniega. El Banco de España decidía levantar el pistón y cambiaba el criterio de cómputo de la morosidad en bancos y cajas. Así ya no era necesario provisionar el 100% de la financiación fallida cuando se trataba de locales y viviendas terminados, sino que bastaba con dotar la diferencia entre el importe concedido y el 70% del valor de tasación del inmueble afectado.
La medida respondía a una lógica cierta y es que las casas, al final, algo valen. Resultaba mucho más discutible el establecimiento de un valor residual igual para todo tipo de vivienda o local cualquiera que fuera su ubicación, con los excesos en eriales que ha habido en España en los últimos años, y que no se abordara la cuestión de la independencia de las tasadoras, muchas de ellas vinculadas a las entidades financieras, siendo éstos dos de los peros principales que se podían poner a la iniciativa.
En cualquier caso, el supervisor compraba la idea de la pérdida neta a lo largo del ciclo, unidad de medida del riesgo final para su negocio a la que hacían constante referencia los gestores de bancos y cajas, y decidía elevarla a la categoría de una recomendación que venía como agua de julio a unas firmas que comenzaban a la ver las orejas al lobo de la caída de márgenes y de la segunda ola de morosidad en sus cuentas anuales de 2010. Sus plegarias habían sido escuchadas.
Pero no en su totalidad. El límite de pérdida máxima del 30% del crédito concedido no aplicaba, sin embargo, ni al suelo urbanizable ni a las promociones en curso que quedaban fuera del ámbito de influencia de la circular. Se atenía de forma implícita el Banco de España a un criterio de capacidad de realización.
En efecto, por pura lógica sólo cuando el mercado fuera capaz de absorber el stock de vivienda terminada, podrían las entidades dar salida a las pendientes de conclusión y a los terrenos, con calificación urbanística primero y sin ella después (el suelo rústico, de hecho, queda amparado por la recomendación del supervisor que lo justifica en su condición de tal, aunque esa no fuera la finalidad última de la adquisición por parte del deudor). Para muestra el botón de la anterior crisis de principios de los 90 en el que la banca tardó una media de ocho años en quitarse esos activos de peor calidad del balance, a base de sangre, sudor y lágrimas.
Un nuevo criterio, alegría bancaria, que chocaba, no obstante, con un hándicap significativo: gran parte de la mora de la mayoría de la banca española se debe, precisamente, al impago de promotores por financiación de suelo de imposible desarrollo ante la ausencia de demanda, o porque la incapacidad de vender activos en curso sobre plano les impide contar con los ingresos necesarios para continuar con su actividad, concluir las obras y/o hacer frente a las deudas pendientes.
A grandes males, grandes remedios. Es precisamente esa acotación que fijó el Banco de España la que ha provocado que sean muchas las entidades financieras las que se hayan puesto el casco y se hayan lanzado a finalizar la construcción de aquellos activos en curso que se han adjudicado, o que previsiblemente se van a adjudicar, con objeto de beneficiarse de la nueva orientación del supervisor y minimizar el impacto de las dotaciones por mora sobre sus cuentas de resultados. Acabar las obras se ha convertido, para muchas, en una prioridad.
De este modo, esa apuesta de Zapatero por el sector inmobiliario (El Confidencial, Vuelve el ladrillo), cuya reactivación considera condición necesaria para sacar a España de la crisis, se ha encontrado con un aliado casual, o no, en el Banco de España que ha permitido la, siquiera modesta, mejora en la actividad de un sector que transitaba por las cavernas de la parálisis más absoluta. Con ello, el gobierno gana y con él una banca que, según AFI, tenía unos 25.000 millones de activos en curso computados como morosos a cierre del pasado mes de marzo y que puede liberar, con la medida, hasta 5.000 millones de euros de provisiones potenciales.
No obstante, este vaivén normativo, acertado en el supuesto que nos ocupa en mi modesta opinión, no es sino una manifestación adicional de la confusión que reina en el Organismo Supervisor que, obnubilado por la fama que su política de dotaciones anticíclicas le ha granjeado a nivel internacional, se ha olvidado, no hay más ciego que el que no quiere ver, de los principios que guiaron en el pasado sus actuaciones en el mercado nacional, tal y como recogió The Economist en su última edición de julio. (Spanish Property Market, Tricks & Mortar)
Su capacidad de hacer la vista gorda ante las sociedades inmobiliarias fuera de balance, la irreal valoración de los inmuebles adjudicados y las refinanciaciones sobre negocios imposibles en plan patada a seguir que han proliferado en la banca patria en los últimos 18 meses dicen mucho, y no precisamente bueno, de la capacidad del Banco de España para contribuir a solucionar los problemas de nuestro sistema financiero que, de esta forma, no hacen sino prolongarse en el tiempo en perjuicio de todos.
Es precisamente tal laxitud la que convierte una medida positiva en sospechosa. ¿Quién supervisa al supervisor? Antes o después habrá que exigir al mismo cuentas tanto del origen de la crisis, excesiva concentración de riesgos en muchas entidades, como de su desacertada gestión de la misma. Y es que el día en que MAFO deje de dar discursos a diestro y siniestro y se ponga a trabajar para lo que realmente le pagan, novedad de novedades, lo mismo hasta empezamos a poner los cimientos para arreglar el problema de la banca en España. Ya verán.
[Fuente: Cotizalia, Madrid, 15sep09]
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