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10ene14
Cuando Luis del Rivero y Florentino Pérez incendiaron Colombia
Todavía hoy se preguntan en Colombia en qué demonios se gastaría el consorcio que presidía Florentino Pérez la friolera de 77 millones de dólares aportados por el Estado como anticipo para construir y gestionar una autopista que, finalmente, no construyó dicha sociedad. Obras de arte para decorar oficinas, opíparas reuniones, compra de camionetas Discovery y extravagantes juntas directivas en Madrid con vuelos en primera clase que fueron sufragados, según dicen sus detractores, con ese dinero público. En qué saco cayó la totalidad de los millones sigue siendo una incógnita.
El presidente del grupo ACS y del Real Madrid no despierta demasiadas simpatías en Colombia. Nadie olvida su participación activa en el llamado escándalo Commsa, el culebrón más sonado en la historia de la contratación pública en ese país. Commsa es el acrónimo de Concesionaria del Magdalena Medio, un grupo conformado por cuatro firmas colombianas más las españolas ACS y Sacyr, que eran a la postre las líderes del proyecto. Florentino Pérez ejercía como presidente y el entonces consejero delegado de Sacyr, Luis del Rivero, ocupaba el rol de lugarteniente.
Así que escuchar juntos los términos Sacyr y suspensión de obras por sobrecostes inasumibles, como ocurre ahora en Panamá, ha puesto los pelos de punta en Colombia, donde todavía escuece, y mucho, el bautizado como caso Commsa. Aquel episodio fue más allá de ganar una licitación con unos presupuestos a la baja y exigir después una inyección de recursos al Gobierno de turno. Como buen culebrón latino, duró nada menos que ocho años y contó con ingredientes a medio camino entre el género de la picaresca y la novela negra, incluyendo oscuras intrigas políticas al más alto nivel.
Derrotar a la competencia por K.O.
Corría el año 1997 cuando Commsa ganó el concurso para construir una autopista de 625 kilómetros de longitud que uniría Bogotá con Medellín y la costa atlántica, un recorrido que incluía 15 túneles con el objetivo de respetar el frágil ecosistema de la región, tal como había exigido el Banco Mundial a la hora de ceder fondos para esta obra. El consorcio de Sacyr y ACS ganó la licitación por K.O. técnico: ofertó un presupuesto 70 millones de dólares más barato que el de sus competidores (425 millones en total) y se comprometió a asumir todos los riesgos de la obra y a cumplir escrupulosamente el trazado. Ninguno de sus rivales se atrevió a hacerle sombra.
Ganar la licitación y pedir al Instituto Nacional de Vías de Colombia (Invías) cambiar el trazado fue todo uno. Commsa pretendía no construir los túneles, la parte más costosa de la operación, para ahorrarse 100 millones de dólares. El Invías rechazó la propuesta porque no era lo acordado y porque el Banco Mundial jamás aceptaría prestar dinero a una obra que no cumplía los requisitos medioambientales pactados. A partir de ese momento, Commsa empezó a verse en aprietos para cumplir los compromisos, tales como conseguir créditos por sumas enormes y hacer aportes de capital propio. Finalmente, el proyecto fue congelado por falta de financiación. Corría mediados de 1999 y el país se sumía en una dura recesión económica.
Pero el auténtico escándalo comenzó en el año 2000. Entonces, Colombia, que en 1998 había cambiado de presidente y de signo político, exigió cobrar la póliza de indemnización por incumplimiento del contrato y, de paso, recuperar los 77 millones de dólares aportados como anticipo. No obtuvo ni lo uno ni lo otro. El Estado descubrió para su sorpresa que no existía ninguna póliza, sino que, al parecer, lo que había hecho el consorcio de ACS y Sacyr era mandar un borrador de póliza durante el concurso que, una vez ganado, no llegó a contratar.
En cuanto a los dólares procedentes del erario público, el consorcio argumentó que, en el momento de trasvasarse ese dinero a un fideicomiso de administración para la obra, dejó de ser público, por lo que su gasto, por muy moralmente reprobable que pueda parecer, no era penalmente punible.
El más ilustre invitado del palco del Bernabéu
La triquiñuela de la póliza por poco le hace escupir fuego al entonces presidente Andrés Pastrana, quien hecho una furia declaró la caducidad del contrato pese a que, históricamente, en Colombia estaban acostumbrados a que las concesiones, los términos de los contratos y los trazados se pudiesen cambiar por el camino. Algunos analistas sostienen que si Pastrana rompió la baraja fue para echar abajo un proyecto firmado por su antecesor, Ernesto Samper, y no como castigo a los teóricos responsables del desastre, el consorcio Commsa.
De hecho, los instruidos en la política colombiana recuerdan que, en cuanto dejó la presidencia (2002), Pastrana se convirtió en el más ilustre de los invitados colombianos de Florentino Pérez en España. Pastrana pasó un año sabático en nuestro país que incluyó, entre muchas otras prebendas, magníficas noches de fútbol en el palco del Bernabéu. De hecho, la excelente relación de Pérez con Colombia no parece reducirse sólo al gabinete del expresidente. El pasado mes de julio, el primer espada de ACS recibió en Bogotá la Orden del Congreso de Colombia en grado de Caballero.
Pero antes de que ese idilio entre la élite política colombiana y el magnate español de la construcción se formalizara, Pastrana lanzó a su caballería contra ACS y Sacyr. El abogado que defendía al Estado, Jaime Lombana, trató de que el consorcio fuera acusado de delitos graves como estafa, peculado, celebración indebida de contratos y detrimento patrimonial. Se les reclamaba una cláusula penal pecuniaria de 137 millones de dólares, además de otras cuantiosas compensaciones. Commsa y sus socios instauraron ocho demandas ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para anular los actos administrativos del Invías, alegando que el valor de la cláusula penal era de sólo 77 millones, por lo que el ente público debía resarcir los perjuicios causados por este proceder.
Y entonces llegó Miguel Sebastián
El litigio se mantuvo abierto durante ocho largos años y se convirtió en una auténtica patata caliente para los sucesivos Gobiernos. Al no existir una póliza que cobrar por incumplimiento de contrato, el asunto se enmarañó hasta obligar al gobierno de España a interceder en favor de ACS y Sacyr. El exministro de Industria Miguel Sebastián fue el encargado de representar a España frente al Gobierno de Colombia.
En 2007, después de varios recursos y apelaciones y de reuniones a puerta cerrada entre representantes de los Gobiernos de Colombia y España, todo quedó en una condena por abuso de confianza. Se llegó a una conciliación en la que el consorcio liderado por ACS y Sacyr se comprometía a liberar los famosos 77 millones de dólares aportados por el Estado a una fiduciaria y a ceder además los aportes hechos por el consorcio.
A su vez, el Invías renunció a su derecho de cobrar multas o sanciones por la caducidad del contrato suscrito y a hacer efectivo lo que consideraba que debía ser el valor de la cláusula penal pecuniaria (139 millones de dólares). Para cerrar el litigio, ambas partes se obligaban a terminar los procesos ejecutivos y penales instaurados a esa fecha. Es decir, todos volvieron a la casilla de salida de 1997, sin apenas perjuicios para las constructoras a pesar de haber puesto a Colombia en un compromiso al suspender las obras de una infraestructura clave para el país.
No fue hasta 2011 cuando Sacyr pudo empezar de nuevo a concursar en Colombia. Un año después, ACS se adjudicó la construcción de una desaladora para un campo petrolero. Por su parte, otra de las grandes constructoras patrias, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), también ha tenido problemas jurídicos en Colombia. En 2011, la empresa Proactiva, de la que posee el 50%, fue despojada unilateralmente de un contrato público debido al incumplimiento de las cláusulas, y multada con unos modestos 51 millones de pesos (19.400 euros).
[Fuente: Por David Brunat, México D.F., El Confidencial, Madrid, 10ene14]
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