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27ago06
Ponen en libertad al responsable de Repsol detenido en Bolivia por una presunta 'estafa agravada'.
Un juez boliviano liberó al síndico (auditor y secretario del Consejo) de la empresa petrolera Andina, filial de Repsol YPF en Bolivia, que se encontraba detenido desde el viernes pasado por su supuesta responsabilidad en la firma de un contrato presuntamente irregular con la empresa Petrobras.
La decisión de liberar al síndico Saúl Encinas Miranda, al que la fiscalía de la ciudad de Santa Cruz acusó de "estafa agravada", fue tomada esta noche por el magistrado Jimmy López de la Corte de Justicia cruceña.
López dijo en la audiencia de medidas cautelares que "no existe esa posible participación en el delito de estafa", como denunció el fiscal Alberto Cornejo al presentar su imputación a medio día.
El magistrado dijo que la libertad de Encinas es procedente porque acreditó un domicilio fijo en Santa Cruz y un empleo estable, para rechazar la presunción de la fiscalía de que existía un posible riesgo de fuga.
Sin embargo, el juez determinó aplicar algunas restricciones que implican la presentación de parte del síndico de dos garantes ante el juzgado y un arresto domiciliario limitado que no le impedirá cumplir sus actividades laborales diarias.
También le prohibió viajar fuera del país mientras se realiza la investigación del caso y le impuso la obligación de presentarse una vez por semana ante el ministerio Público. Pese a la decisión del juez, al término de la audiencia el fiscal José Centenaro dijo que el ministerio Público mostró una "relación vinculante" entre Encinas y su responsabilidad en la firma de ese contrato con Petrobras.
Por su parte, el abogado de Repsol, Cesar Durán, manifestó que "no existían suficientes indicios de que Encinas haya sido autor o participe del delito denunciado", argumentando que su actividad como síndico se inició con posterioridad a la firma del citado contrato.
Poco antes de que se tomara la decisión del juez, el presidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró que apuesta por el diálogo con la empresa hispano argentina Repsol YPF para tener "un buen socio". Sin embargo, también dijo respetar la investigación iniciada por la Fiscalía contra la compañía petrolera.
En un discurso celebrado en una reunión sindical de campesinos en la ciudad de Cochabamba, Morales dijo que sus colaboradores en La Paz le informaron que la vicepresidenta de España, María Teresa Fernández de la Vega, llamó al Canciller boliviano y a otros ministros por el registro de la empresa realizado por un grupo de fiscales.
"Queremos decir, como Gobierno, que respetamos las investigaciones que hacen los poderes del Estado, el ministerio Público y su tarea, pero el Gobierno jamás va romper relaciones con empresas. Habrá diálogo, concertación, nuevos contratos en el marco del decreto supremo de nacionalización", aseguró Morales. El mandatario boliviano remarcó que "nunca" planteó expulsar ni expropiar las bienes de las trasnacionales, aunque señaló que estas compàñías "no pueden ser patrones ni dueñas", sino "tienen que ser socias". ¿Pérdidas para el Estado?
"Quiero decirle al Ejecutivo de España que algunos medios de comunicación están magnificando este tema y reiterarle que desde el Gobierno apostaremos por el diálogo por las negociaciones para que haya buenos socios y no malos socios", remarcó Morales, quien añadió que el Gobierno español dijo que respetará el decreto supremo de nacionalización emitido en mayo pasado. El presidente consideró que esa actitud es un reconocimiento de la comunidad internacional a las normas bolivianas.
La sede de la empresa hispanoargentina en Santa Cruz fue registrada el viernes por un grupo de fiscales y de policías para confiscar documentación e investigar una denuncia sobre la suscripción de un contrato supuestamente irregular entre la empresa Andina, filial de Repsol YPF, y la brasileña Petrobras. Según la denuncia, ese convenio firmado en 2002 provocó pérdidas de entre *160 y 190 millones de dólares* para el Estado boliviano, porque fijaba un ajuste de precios sobre el gas natural diferente al acordado entre los gobiernos de La Paz y Brasilia.
La denuncia fue realizada hace un mes por Gabriel Camacho, director designado por la empresa estatal *Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos* (YPFB) en Andina, nacionalizada en mayo pasado. La acusación fue secundada por el ministro de Hidrocarburos, *Andrés Soliz Rada*. El fiscal Cornejo dijo que en el marco de la investigación también serán citados a declarar en los próximos días otros ejecutivos de la empresa, incluido el actual presidente de Repsol YPF en Bolivia, el español *Luis García Sánchez*.
Fuentes de la empresa calificaron el registro realizado por los fiscales y una veintena de policías de *"irregular y desproporcionado"*, al tiempo que aseguraron, que durante la vigencia del contrato observado, no hubo daño alguno al Estado boliviano. La compañía petrolera, una de las que más dinero ha invertido en Bolivia en la última década, también dijo el viernes que entregó toda la información que los fiscales pedían.
[Fuente: El Mundo, Madrid, Esp, 27ago06]
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