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10nov12
Prisa dinamita la negociación en 'El País' al querer pagar a plazos el ERE
El conflicto laboral en el diario El País entra en una nueva fase después de que la plantilla rechazara ayer en asamblea la última propuesta de la empresa, que recientemente presentaba un expediente de regulación de empleo (ERE) para un tercio de su redacción. Según fuentes internas del diario, dos fueron las razones que motivaron el rechazo final de los trabajadores. La primera, que a última hora la compañía introdujera una cláusula por la cual las indemnizaciones se pagarían a plazos. "La gente no se fiaba", explican. La segunda, que la indemnización de 35 días por año trabajado con un límite de 24 mensualidades tuviera un tope de 175.000 euros. "No se quería ser menos que 'El Mundo', que en su expediente no puso ningún tope", remachan.
Tras esta negativa y con el plazo vencido para negociar el jueves a medianoche, lo lógico es que la dirección formalice el ERE y comience a comunicar los despidos de forma inminente. Una posibilidad ante la que los trabajadores ya tienen preparada la respuesta. "Presentaremos demandas individuales y otra colectiva. Nuestra intención es darle continuidad a esta pelea. Entendemos que el ERE no se ajusta a derecho. No es necesario para la viabilidad de la empresa", explicaba esta semana anticipándose a los hechos Manuel González, presidente del Comité de Empresa.
El plazo expiraba en paralelo al tercer día de huelga en el rotativo, unos paros secundados por entre el 80% y el 90% de los trabajadores. Sólo los capos remaron para llevar a los quioscos números de circunstancias, en plenas elecciones estadounidenses. Inicialmente, la compañía planteó la salida de 149 profesionales -119 despidos y 30 prejubilaciones- acogiéndose a las condiciones de la reforma laboral del Gobierno popular, esto es, 20 días por año trabajado con un límite de 12 mensualidades. Durante la negociación, llegó a rebajar hasta 124 el número de despidos y a elevar la cuantía a percibir en las prejubilaciones voluntarias. También aumentó las indemnizaciones hasta los citados 35 días por año con un límite de 24 mensualidades.
"En el tema de las prejubilaciones había más o menos acuerdo. Empresa y Comité estaban de acuerdo en abonar un 65% del salario neto a los mayores de 58 años y un 70% a los mayores de 60. El principal problema fue la forma de pago de las indemnizaciones, esto es, 50% en el momento de salir de la empresa, un 25% al año y otro 25% a los 18 meses. Hay que conocer a esta plantilla y eso no podía salir adelante", corrobaran otras fuentes internas del rotativo.
Durante la negociación, la dirección también incluyó la posibilidad de suspender el contrato -por elección de la empresa- durante 15 meses hasta completar la cifra pactada de salidas, restadas las bajas voluntarias y las prejubilaciones. Los afectados percibirían durante esos meses la prestación por desempleo y la suspensión se convertiría en baja definitiva si los ingresos de 2013 era inferiores a los de 2012. Una apuesta de riesgo que el Comité no estaba dispuesto a asumir. La contrapropuesta sindical pasaba por la suspensión de contratos voluntarias con una cobertura que sumada a la prestación por desempleo llegara al 80%.
"Tirar por la borda a 150 personas"
Los números están detrás de un conflicto en el que el rotativo aparece como la última víctima de una compañía -Prisa- que lidia con una deuda que supera los 3.000 millones. Es más, ante la imposibilidad de cubrir un agujero que llegó a superar los 5.000 millones, el grupo de medios ya ha pactado la entrada en el capital de sus principales acreedores, véase la gran banca -HSBC, Santander y La Caixa-. El País registró un saldo operativo negativo de 5,43 millones de euros hasta septiembre, un deterioro significativo respecto al beneficio de 1,25 millones obtenido en el mismo periodo del año anterior. "Las previsiones de la empresa son empatar este año o registrar pérdidas mínimas y perder seis millones en 2013. Nosotros estamos dispuestos a que la plantilla asuma ese coste evitando los despidos", explicaba González.
"Con el ERE pretenden un ahorro de 14 millones de euros. Los podemos asumir a través de un expediente de regulación de empleo temporal. Afectaría al que más cobra, pero no tiraríamos por la borda a 150 personas", añadía el presidente del Comité de Empresa durante un acto celebrado el pasado jueves en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid. E iba más allá. "El objetivo cuando nació El País no era hacer un gran negocio, sino hacer un gran periódico. No se trata de un fondo de inversión que tiene que generar grandes beneficios", apuntaba. Y pese a todo, recordaba que el diario ha proporcionado a la firma de los Polanco 850 millones de beneficio en lo que llevamos de siglo. "Los periódicos no dan dinero ni en el mundo ni en España, pero El País ha sido una excepción", zanjaba.
La relevancia del medio -fundado en 1976 y clave para explicar la Transición- ha provocado que el conflicto trascendiera el ámbito laboral, tocando a algunas de las principales firmas del periódico. En algún caso con resultados devastadores. Por ejemplo, el intelectual e historiador Santos Juliá abandonaba el barco la semana pasada tras 18 años en la casa. Todo tras un artículo en que citaba a uno de los desheredados del diario -Enric González-, mención que el Comité de Empresa aseguró que había sido censurada por la dirección del periódico. Almudena Grandes o Maruja Torres han sido otros de los insignes colaboradores del rotativo que han mostrado su apoyo a los profesionales. "La codicia se ha hecho cargo de los gobiernos y de las empresas, también de los medios de comunicación, y de éste especialmente", lanzaba esta última.
De hecho, una treintena de firmas ilustres del diario encabezadas por Mario Vargas Llosa, Antonio Muñoz Molina, Jorge Edwards, Fernando Savater y Javier Marías, remitían una misiva al Comité de Reacción en la que mostraban su inquietud sobre por la situación en el periódico. "Nosotros, colaboradores del diario El País, queremos manifestar nuestra inquietud y malestar por los casos de censura que ha denunciado el comité profesional en los últimos días, vinculados al ERE (.) Creemos que estos episodios suponen un paso más en el deterioro de los valores fundacionales de un diario crucial para las libertades y la democracia española, que hoy es más necesario que nunca ante la profunda crisis económica, política e institucional que viven España y Europa", exponía la carta.
[Fuente: Por Daniel Toledo, El Confidencial, Madrid, 10nov12]
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