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03oct07
El Ciadi condenó a Argentina a pagar US$ 172 millones
La Argentina acumuló otra condena ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que falló en favor de la compañía norteamericana Sempra Energy por la caída en el valor de su participación en dos compañías argentinas de gas natural a partir de la crisis y la devaluación.
"Esperemos que el gobierno de la Argentina honre sus obligaciones legales, ya que buscamos que se haga cumplir inmediatamente la compensación", informó ayer su consejero general, Javade Chaudhri, mediante un comunicado.
El Estado debería desembolsar US$ 172 millones -sobre un monto original reclamado de 200 millones más intereses-, pero la Procuración del Tesoro se encamina a pedir la anulación del laudo con argumentos similares a los que presentó contra la firma CMS Gas Transmission Company y en la que obtuvo un laudo parcialmente favorable el martes pasado, confirmó LA NACION.
El laudo sobre Sempra estableció que la Argentina violó el tratado que protegía las inversiones en el país de la empresa con sede en San Diego, California. Según los árbitros, los valores de las firmas Sodigas Pampeana y Sodigas Sur se derrumbaron con la salida de la convertibilidad y el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos.
Sempra tenía el 43,6% de las acciones de Sodigas, que a su vez posee el 86% de Camuzzi Gas Pampeana y el 90% de Camuzzi Gas del Sur. Pero la firma norteamericana anunció en 2006 que se abría del negocio en la Argentina después de alegar que el Estado violó las normas con las que había invertido en el país.
Mediante un comunicado, la Procuración dijo que el pago no deberá ser afrontado por el Estado sino por la licenciataria Camuzzi. Sucede que en el acta acuerdo que se firmó entre el Gobierno y la empresa para readecuar el contrato, y que aún no está vigente, se estableció una llamada cláusula de indemnidad, mediante la cual la licenciataria iba a afrontar las indemnizaciones que pudieran corresponder por los reclamos hechos por cualquiera de sus accionistas minoritarios.
Según informaron entonces, la decisión de marcharse de la Argentina era "parte de la estrategia de desprenderse de activos no estratégicos y concentrarse en incrementar nuestros negocios de infraestructura de gas natural y marketing, así como en los servicios en California", afirmó su presidente, Donald Felsinger.
Para el Gobierno, no obstante, este nuevo laudo adverso en uno de los organismos del Banco Mundial era casi esperado. Entre otros motivos, porque el presidente del tribunal, el chileno Francisco Orrego Vicuña, también presidió otras dos demandas que concluyeron mal para el país: las impulsadas por Enron y por CMS. En los tres casos, Orrego Vicuña fue también protagonista de la redacción de los laudos, que en el caso de CMS fue parcialmente anulado el martes pasado -con varias críticas del tribunal revisor hacia el fallo objetado- y en el caso de Enron se encuentra en proceso de "revisión" desde julio pasado.
También trascendió que el tribunal no hizo lugar a la nulidad que había planteado la Argentina a un laudo que la condenó a pagar US$ 133 millones más intereses. El nuevo fallo en el caso CMS -propietaria hasta ahora del 29,42% de Transportadora de Gas del Sur (TGN)- dispuso la anulación de un tema clave que había apoyado el primer tribunal, la llamada "la cláusula paraguas", por la que un sector de la doctrina sostiene que si se violó un contrato con una empresa privada extranjera se violó también el tratado de inversión.
"Hay que ver, en función del precedente que ahora es lo decidido en el caso CMS, cuál será la política que seguirán otros tribunales a la hora de determinar los pasos a seguir", dijo un funcionario argentino consultado por LA NACION.
Más allá de la anulación parcial del laudo anterior, la medida no causó mayores efectos, ya que igual se deberá indemnizar a la compañía.
El Gobierno, aunque el Estado deberá pagarle poco más de US$ 135 millones a CMS, recibirá a cambio sus acciones en TGN.
Después del colapso de 2001 y 2002, el Ciadi acumuló 40 demandas contra la Argentina por más de US$ 17.000 millones por los efectos de la devaluación.
De esos 40 reclamos, 17 continúan vigentes -sin laudo arbitral-, otros 17 ya concluyeron con algún tipo de acuerdo entre el Gobierno y los demandantes y otros 6 derivaron en laudos arbitrales contra el país, de los que tres se refirieron al impacto de la "emergencia económica". Los tres, con Orrego Vicuña como árbitro.
[Fuente: Por Hugo Alconada Mon, Corresponsal en Estados Unidos, La Nación, Bs As, Arg, 03oct07]
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