25may04

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Parlamentarios y sindicatos dicen No al CAFTA

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Bajo los auspicios de la CIOSL/ORIT y la Coordinadora Sindical de América Central y el Caribe, se reunieron en San José de Costa Rica, los días 24 y 25 de mayo, parlamentarios y dirigentes sindicales de Panamá, Rca. Dominicana, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Guatemala para tratar el tema de los Tratados de Libre Comercio que sus respectivos gobiernos están negociando con Estados Unidos.

El TLC entre varios países de América Central y Estados Unidos será firmado el 28 de mayo, en Washington. Sin embargo, todavía falta que los parlamentos de esos países aprueben ese tratado. De ahí la reunión sindical y parlamentaria expresó claramente su oposición al TLC pues no refleja los intereses que tienen los países centroamericanos por un desarrollo sostenible y soberano.

Los sectores parlamentarios y sindicales reunidos acordaron un trabajo conjunto para lograr en sus respectivos países y en la región centroamericana que el TLC no sea ratificado por los parlamentos.

Víctor Báez Mosqueira, Secretario General de la ORIT, dijo que la reacción de sectores políticos y de la sociedad civil en general contra los TLCs refleja la retirada del neoliberalismo en sus aspectos culturales, pero el modelo ha implantado instituciones que todavía siguen vigentes y que la lucha va a llevar aun todavía mucho tiempo.

Texto del documento final

Declaración Sindical y Parlamentaria de San José.

El día 28 de mayo del 2004 esta previsto firmar en Washington, el Tratado de Libre Comercio (CAFTA) por parte de los Ministros de Comercio Exterior de los distintos países de Centroamérica y su homólogo de los Estados Unidos, esta firma ocurriría después de un proceso de negociaciones caracterizado por el secretismo y la exclusión; frente a dicho acontecimiento, los dirigentes sindicales y parlamentarios de América Central, Panamá y Rep. Dominicana, reunidos en San José de Costa Rica los días 24 y 25 de mayo, en la Conferencia Sindical y Parlamentaria, organizada por la CIOSL/ORIT, declaramos lo siguiente:

La firma del Tratado llegará en un momento caracterizado por el desempleo masivo, la informalidad creciente del empleo, la pérdida de derechos laborales y sociales, el cierre de empresas, la privatización y apertura de los servicios públicos, persecución sindical y profunda crisis y desmantelamiento de la estructura productiva de la región. Por ello y por otras razones, a continuación expresadas, esta firma, nos merece las siguientes observaciones críticas:

El proceso de negociación ha sido planificadamente excluyente y antidemocrático, las mayorías de nuestros países no han tenido ninguna participación. Las negociaciones han sido llevadas en secreto y sin proporcionarle información ni a la sociedad, ni a otros poderes del Estado, como el legislativo; como es obvio tampoco se ha dado un debate público sobre las ventajas e inconvenientes de un Tratado de esta naturaleza. Los únicos participantes en las negociaciones y acuerdos, ha sido un grupo muy reducido de funcionarios y tecnócratas del poder ejecutivo; inclusive los ministerios del área social (educación, salud, trabajo) y los de agricultura y del medio ambiente han quedado excluidos del proceso en la mayoría de los casos.

El Tratado amenaza con un proceso de transformación que desmantela los Estados y elimina los pocos derechos alcanzados por las mayorías en nuestros países y cercena las posibilidades de una construcción democrática, que vaya más allá de elecciones periódicas y se asiente en el desarrollo y la justicia social.

El llamado Tratado de Libre Comercio, no es tal; es mucho más que eso, pues incluye temas tan importantes y diversos, como Inversión Extranjera (incluidos los servicios), Propiedad Intelectual (patentes y derechos de autor). Se trata entonces de un acuerdo económico que va mucho más allá del comercio de mercancías y servicios y se puede afirmar que en este lo más importante es lo relativo a inversión.

Tampoco se debe olvidar que los países y economías participantes presentan abismales diferencias en recursos y niveles de desarrollo, lo cual genera asimetrías que favorecen al más desarrollado y pueden profundizar el subdesarrollo de los otros. En este plano, es importante señalar los subsidios que reciben los productores agrícolas en Estados Unidos, de parte de su gobierno, mismos que representan una competencia desleal para los productores centroamericanos.

La firma de un Tratado tiene un rango jurídico muy alto, de modo que tiende a establecer de manera indefinida, una estructura de relaciones y compromisos económicos estatales internacionales, que puede resultar contraproducentes para la puesta en práctica de un Proyecto de Desarrollo propio, con lo cual se estaría hipotecando la soberanía nacional.

El Tratado que se pretende firmar ahora (después seguirían Rep. Dominicana y Panamá), tampoco es tal o en realidad, sólo es Tratado para los países centroamericanos, puesto que Estados Unidos lo firmará en calidad de Acuerdo, que en dicho país es una figura jurídica inferior a la de Tratado, con lo cual se genera una asimetría jurídica innegable y de importantes consecuencias prácticas, presentes y futuras.

El Tratado no protege adecuadamente la producción agrícola, los derechos laborales y sociales y el medio ambiente de nuestros países. En materia laboral no se asume un compromiso preciso y sólo se remite a señalar que se procurará respetar las legislaciones nacionales existentes.

Considerando lo señalado, planteamos y proponemos lo siguiente:

El estudio del Tratado por los poderes legislativos de los países centroamericanos, de Rep. Dominicana y Panamá, no debe ocurrir, sin que antes se dé un amplio proceso de información, consulta y debate en y con las organizaciones de la sociedad civil de las naciones involucradas. Un punto central de dicho debate, es el papel que jugarán estos acuerdos comerciales y económicos en el desarrollo de nuestros países, de modo que se pueda generar riqueza, empleo y superar la pobreza y la exclusión de las mayorías. La firma sólo puede tener legitimidad si ocurre a través de un proceso democrático participativo, que concluya en el ejercicio de la democracia representativa parlamentaria.

Es necesario que se separe de lo propuesto como Tratado de Libre Comercio, todo aquello que no es directamente comercio. Deben proponerse y discutirse abierta e informadamente con los diferentes sectores de la sociedad, instrumentos separados para Inversión Extranjera y Propiedad Intelectual y no quedar incluidos en el TLC.

Se debe excluir del Acuerdo el comercio de los llamados servicios sociales como educación, salud, seguridad social y también la agricultura, los cuales son áreas prioritarias de desarrollo nacional, de integración social, de democracia y equidad y, por lo tanto, no pueden ser manejados como cualquier mercancía.

Es constitutivo de relaciones internacionales justas y equitativas, que las partes asuman el mismo nivel de compromiso jurídico. Por lo tanto, para eliminar la desigualdad e inequidad manifiesta que contiene la propuesta actual, proponemos que todos los involucrados firmen un instrumento jurídico del mismo nivel de compromiso. Con ello protegeríamos nuestra dignidad y soberanía. Es necesario dejar abierto el futuro para poder escoger libremente, el camino de desarrollo que nos parezca adecuado y adecuado. Un Tratado en nuestros países adquiere el nivel de ley fundamental de nuestras repúblicas, en tanto que un Acuerdo en Estados Unidos, es un instrumento secundario frente a la constitución y leyes y puede ser modificado posteriormente con daño para los intereses de nuestros pueblos.

Dada la asimetría de desarrollo de los que firman, así como diferencias marcadas de política económica (como los subsidios agrícolas), es necesario que el Acuerdo que se debería suscribir contenga los mecanismos que protejan a las economías más débiles, y que el país más desarrollado del Acuerdo aporte los recursos que permitan sustentar políticas específicas, para moderar primero y superar después las desigualdades económicas.

Es de la mayor importancia que el instrumento que se firme contenga la protección explícita de la agricultura de nuestros países, y cuente con los instrumentos jurídicos, definición de instancias y sanciones, que protejan los derechos en las áreas laborales y medio ambientales y además, resguarde nuestra biodiversidad de la piratería e impida su apropiación y obtención de patentes, por las grandes transnacionales.

Si los problemas señalados no son superados, llamamos a los parlamentos a que no ratifiquen el TLC y, nos comprometemos a trabajar en forma conjunta para alcanzar relaciones económicas y comerciales que beneficien a nuestros pueblos.

Dado en San José de Costa Rica a 25 de mayo del 2004

DESC

Este documento ha sido publicado el 07jun04 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights