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18feb06
La familia Botín blinda su unidad de voto en el Santander por 50 años.
Lo mejor es que todo quede atado y bien atado. Eso es al menos lo que se desprende del pacto parasocial que el viernes dieron a conocer a la CNMV Emilio Botín y sus tres hijos.
La familia Botín ha firmado un pacto para sindicar todas las acciones que poseen a título individual en el banco. En total, 44,4 millones de títulos equivalentes al 0,71% del capital. A lo que se suma, en estos momentos otros 2,39 millones de acciones, el 0,038% del Santander que controlan indirectamente.
El objetivo del acuerdo, según consta en el documento firmado, es desarrollar una política común, duradera y estable, y una presencia y representación efectiva y unitaria en los órganos de gobierno del banco. Hasta ahora toda la familia mantenía la unidad de voto, pero nadie les impedía romper esta tradición, y actuar de forma individual. Con esta unión se da forma jurídica a lo que ya estaban haciendo y se garantizan la unidad de voto para ellos y sus herederos al menos en 50 años. El acuerdo es prorrogable por periodos de 10.
El pacto establece que cada uno votará según su libre apreciación, aunque se precisa que se hará siempre de 'forma adecuada y ordenada' al interés del banco y del sindicato. De hecho, sus miembros se comprometen no sólo a pactar el sentido del voto, sino también a no vender sin la aprobación del resto.
El presidente de la sindicatura será el responsable del Patronato de la Fundación Marcelino Botín, cargo que ahora ocupa el presidente del Santander. De esta forma, también se une el voto de las acciones que controla esta fundación. Así, la sindicatura de forma directa e indirecta controla el voto del 2,17%, el porcentaje mayor del consejo, aunque el italiano Sanpaolo-IMI tiene el 2,3%, pero no tiene representación en el máximo órgano de gobierno del Santander.
En la sindicatura no se incluyen las acciones del hermano del presidente, Jaime Botín. A pesar de ello, y aunque abandonó en julio de 2004 su cargo como vicepresidente, sigue delegando su voto en su hermano.
En el banco niegan que este pacto esté relacionado con una hipotética sucesión en la cúpula del Santander. Relational retira la demanda contra Sovereign
El fondo Relational Investors ha retirado parte de la demanda contra el Banco Sovereign, del que es el primer accionista, aduciendo que el reciente cambio en las leyes de gobierno corporativo en Pensilvania, diseñadas para favorecer al banco, limita sus posibilidades en los tribunales, informa Ana B. Nieto. Con esta acción judicial, estos inversores, que poseen el 8% en Sovereign, trataban de bloquear el pacto de venta del 19,8% de esta entidad al Banco de Santander, un acuerdo al que se oponen.
Relational abandona así su pretensión de que la venta al banco español tenga que ser aprobada por la junta de accionistas. Según este fondo, aunque Santander va a comprar algo menos del límite legal para tener que convocar junta, el banco se hace con el control del Sovereign, algo que debería ser sometido a consideración de los inversores. Pero la nueva ley de este Estado, que apresuradamente aprobó su gobernador el pasado viernes, elimina este requisito. El gobernador, Ed Rendell, admitió que la ley está hecha para ayudar al Sovereign y que habría que enmendarla para que no afecte negativamente a otras compañías.
Sin esta base legal, Relational retira esta parte de su acción ante el juez de Manhattan en el que se sigue el caso. No obstante, sus abogados valoran la posibilidad de cuestionar la constitucionalidad de la citada ley de Pensilvania.
Relational, que lleva meses batallando contra este acuerdo, mantiene ante el tribunal la solicitud de que Sovereign celebre su junta en abril, la fecha que figuraba en los estatutos de la entidad antes de que decidiera modificarlos para aplazar su convocatoria.
También piden que les permita forzar la salida de dos consejeros del banco estadounidense. Los inversores argumentan que la nueva ley, que también limita la posibilidad de echar a consejeros sin causa, no se puede aplicar con carácter retroactivo. El juez decidirá si abre juicio el 31 de marzo.
[Fuente: Cinco Días, Madrid, Esp, 18feb06]
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