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31oct06
Siete claves para entender la nacionalización.
Cómo era previsible, las compañías se quejaron hasta último momento del cambio en las condiciones de ejercicio del negocio petrolero y gasífero en Bolivia tras la nacionalización de los recursos hidrocarburíferos el 1º de mayo pasado. Y como también era previsible, terminaron acordando las nuevas condiciones con la Administración del presidente Evo Morales y a partir de ahora dejan de ser propietarios de los recursos y pasan a revestir el carácter de operadoras y prestadoras de servicios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Estas son las claves para entender lo sucedido.
1- ¿Qué significó la nacionalización?
En abril de 1996, durante la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada, Bolivia introdujo la modalidad de contratos de riesgo compartido entre el Estado, dueño de los recursos naturales, y las empresas privadas, mayoritariamente extranjeras. Con la normativa, transfirió a las corporaciones foráneas el 50 por ciento de las acciones de YPFB y la titularidad de los recursos. El 1º de mayo pasado, Morales nacionalizó mediante el Decreto Supremo Nº 28701 los recursos hidrocarburíferos (petróleo y gas natural), en virtud de lo que había anunciado durante la campaña electoral y de las conmovedoras movilizaciones sociales en contra de la política anterior. A partir de esa disposición, el Estado recupera la propiedad de los recursos, y obliga a las empresas a negociar las nuevas condiciones para la explotación comercial. Las compañías deben constituir una nueva empresa en sociedad con YPFB, donde el 51 por ciento del paquete accionario queda en manos de la estatal, convirtiéndose en meras prestadoras de servicio.
2- ¿Cómo es el aspecto económico de la nacionalización?
En esencia, la inversión debe hacerla el sector privado, e YPFB obtiene las ganancias, paga las regalías y demás contribuciones, y transfiere una parte de las ganancias a la operadora privada. En números, el Estado –a través de YPFB- se va a quedar en los campos más grandes en cuanto a reservas con el 82 por ciento de la renta gasífera y petrolera, mientras que antes era del 50 por ciento. Las inversiones deben madurar, pero a partir de 2010, La Paz va a obtener ingresos por 4.000 millones de dólares anuales –según fuentes oficiales- gracias a las ventas a Argentina y Brasil.
3- ¿Quedan aspectos sin resolver?
Sí, pero en lo esencial todo se acordó. La principal operadora en Bolivia es la brasileña Petrobras, responsable del 20 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) de la nación mediterránea, y debido a la magnitud de las cifras en juego, todavía quedan algunos temas pendientes. Pero las diez empresas que operan en ese territorio (la española Repsol YPF, la brasileña Petrobras, la franco-belga Total Fina Elf y la estadounidense Vintage, las argentinas Matpetrol y Pluspetrol; British Gas; Repsol y su filial Andina, la Empresa Petrolera Chaco, perteneciente al grupo British Petroleum) firmaron los nuevos contratos.
4- ¿Los nuevos contratos son homogéneos?
No, existió flexibilidad y se tuvieron en cuenta las condiciones concretas de explotación. El porcentaje de participación va a depender de una fórmula dependiente de variables como la producción, el nivel de inversión, los precios y la depreciación, entre otras. Como en cualquier país, existen grandes campos y áreas marginales. En aquellas zonas donde el recurso es abundante, el Estado se apropia de mayor renta, mientras que en las fajas menos importantes las empresas privadas obtienen mayores ganancias. Por ejemplo, para el caso de Total Fina Elf, la fórmula acordada es de 82 por ciento para Bolivia, mientras que con Vintage la relación es 50 y 50.
5- ¿Cómo funciona la operatoria?
Según la prensa boliviana, las empresas que produzcan gas y petróleo en el territorio boliviano están obligadas a entregar en propiedad de YPFB toda la producción de hidrocarburos, la cual a nombre y en representación del Estado asume la comercialización y define las condiciones para la exportación y la industrialización, así como los precios. Este tema todavía no fue resuelto con Petrobras, ya que la brasileña se opone a aumentar el precio de la BTU de gas que exporta a Brasil. Argentina ya tiene un contrato en vigencia de 20 años de plazo a un precio de 5 dólares por BTU. Asimismo, YPFB no puede ejecutar contratos de explotación de hidrocarburos que no hayan sido autorizados y aprobados por el Poder Legislativo tal como instruye la Constitución Política del Estado. "Los contratos tienen que ser remitidos al parlamento para su aprobación, tal como establece la CPE y tal como no se hizo antes", puntualizó el presidente de YPFB, Juan Carlos Ortiz.
6- ¿Cómo va a ser la evolución de los ingresos fiscales?
Según la información oficial, las compañías petroleras debían pagar al Estado el 18 por ciento del valor de la producción a boca de pozo, más un impuesto a las ganancias y a la remisión de las utilidades al extranjero. Eso sumaba 318 millones de dólares anuales. Con los cambios introducidos en junio de 2005, con la nueva ley de Hidrocarburos, los ingresos crecieron hasta 906 millones de la moneda norteamericana. Y tras la nacionalización de los recursos del 1º de mayo pasado y la nueva modalidad contractual, se estima que los ingresos van a alcanzar los 1.186 millones de dólares, el equivalente al 23 por ciento del PBI boliviano.
7- ¿Cuál es la lectura política que se puede hacer?
Una interpretación afirmaría que Bolivia está en vías de superar un tema tan espinoso como el energético sin la intervención de agentes externos –algo tan común en los últimos años- en forma autónoma, y obtener recursos para destinar a superar los dramáticos indicadores socioeconómicos. Además, Argentina y Brasil se garantizan la autonomía energética por años al poder acceder a las segundas reservas de gas natural de Sudamérica después de Venezuela. Y sin la interferencia de las potencias mundiales. En síntesis, con la nacionalización se conjugaron la autonomía y la solidaridad.
[Fuente: Por Pablo Ramos, Agencia Periodistica del Mercosur, UNLP, La Plata, Arg, 31oct06]
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