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27feb09
Analiza el Gobierno argentino estatizar todo el comercio de granos
El Gobierno analiza estatizar el comercio de granos y subproductos mediante un decreto de necesidad y urgencia, confirmaron anoche fuentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Aunque no trascendieron detalles del proyecto, que fue elaborado por el jefe de ese organismo, Ricardo Echegaray, un hombre de extrema confianza del matrimonio Kirchner, habría un único comprador y vendedor de granos, harinas y aceites que se encargaría de abastecer la demanda doméstica y comercializar al extranjero los saldos exportables. Esa función podría recaer en la polémica Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), que ya administra las exportaciones de productos agropecuarios y que se mantienen restringidas.
La posibilidad de una estatización del comercio de granos paralizó ayer toda la cadena agroindustrial, inmersa en la incertidumbre causada por el conflicto todavía abierto entre el campo y el Gobierno, cuyos representantes volverán a reunirse el martes próximo. Algunos ruralistas y sectores del Gobierno creen que el proyecto sólo busca generar temor entre los productores para que vendan el remanente de la última cosecha de soja ?de entre 5 y 7 millones de toneladas? y permitan recaudar rápidamente cerca de US$ 1000 millones en retenciones. La difusión de la iniciativa promete complicar el ya frágil diálogo entre el sector y la administración Kirchner.
Por lo pronto, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), que agrupa a 114 sociedades rurales, manifestó su "total y absoluto rechazo ante lo que considera un pernicioso retroceso en la actividad comercial sectorial, que agudizará aún más el deterioro de los precios al productor". El presidente de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, sostuvo: "Nosotros siempre creímos en la intervención virtuosa del Estado para la defensa de los productores en el proceso de formación de precios y por eso propusimos la recreación de una junta de granos moderna con participación de productores, usuarios y consumidores. Pero de ahí a la estatización del comercio de granos hay kilómetros de distancia, más aún si se trata del Estado administrado por los Kirchner".
En los últimos días hubo varias reuniones tanto en el Gobierno como en la cadena agroindustrial en la que se analizó la posibilidad. Aunque ayer no se reflejó en los precios de las commodities agrícolas, en los operadores de los mercados de granos hubo mucho nerviosismo. En un encuentro de urgencia en la Bolsa de Cereales, la Comisión de Enlace analizó el impacto de una eventual estatización forzosa, que según información manejada por fuentes privadas podría alcanzar a la estructura portuaria.
Fuentes del campo, que no creen que la presidenta Cristina Kirchner se arriesgue a un nuevo estallido rural como el que siguió a la resolución 125, creen que el Gobierno sólo trata de presionar a los productores para que vendan el saldo de la última cosecha que todavía guardan en silos. Para el ministro del Interior, Florencio Randazzo, ese volumen alcanza los 9 millones de toneladas, y tiene un valor de 3000 millones de dólares; pero para el agro es algo menor, de entre 5 y 7 millones de toneladas.
En cualquier caso, los voceros creen que el Fisco, urgido de fondos, está echando mano de los recursos de más rápida liquidez. Si los productores vendieran el grano que aún retienen, el Estado se quedaría automáticamente con un tercio de esa facturación. "Si ésa es la intención, se confirma la gran ignorancia que tienen sobre campo. Además, no pueden obligar a vender a los productores", dijo un integrante de la Comisión de Enlace.
A última hora de ayer, en el Gobierno había varias versiones. Algunos voceros sostenían que el proyecto sólo busca asustar a los productores para que vendan aquel remanente. En cambio, otras fuentes ministeriales -de Producción, entre otros- negaban rotundamente que algo así esté siquiera bajo análisis. Desde la jefatura de Gabinete, en tanto, dijeron que ya no tienen participación en lo referente al sector agropecuario. Mientras que en la AFIP confirmaron que la idea está en estudio en el más alto nivel oficial.
Se trate de un proyecto concreto o sea sólo un globo de ensayo para "meter miedo a los productores" -como sostienen voceros del Gobierno- la novedad no cayó nada bien en el sector agropecuario, donde se mantiene el estado de crispación por la falta de definiciones sobre las retenciones a las exportaciones, la apertura de las exportaciones, la liberalización de los mercados agropecuarios y la falta de asistencia a los afectados por la sequía. Ayer, cuando visitaba Tres Arroyos, la Presidenta fue recibida con una protesta por productores de la zona (ver aparte).
Tres de los cuatro presidentes de las entidades agropecuarias confirmaron a LA NACION que en el encuentro que la Comisión de Enlace mantuvo el martes pasado con Randazzo, la ministra de Producción, Débora Giorgi; y el secretario de Agricultura, Carlos Cheppi, se mencionó una eventual "nacionalización del comercio de granos". "Pensábamos que sólo era una chicana y no le dimos importancia hasta que empezó a correr el rumor", dijo ayer uno de esos dirigentes. Habría sido la propia Giorgi quien mencionó esa "nacionalización" cuando se comentó la situación del mercado de trigo, donde desde hace tres años los productores reciben un precio sustancialmente inferior que la cotización internacional del cereal. Un vocero del Ministerio de Producción negó rotundamente ese diálogo.
Echegaray ya había trabajado en la idea de convertir a la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca) en un megaente con capacidad de comprar y vender granos. El ahora jefe de la AFIP, que fue presidente de la Oncca hasta diciembre, trajo al país el año pasado a los directores de organismos y empresas estatales de México y Rusia que tienen esa función. Sin embargo, en ningún momento se contempló un monopolio estatal como el que estuvo en manos del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI) a mediados del siglo pasado (ver aparte) y que podría reeditarse ahora.
El jefe de la AFIP también se reunió ayer con exportadores de granos a los que les habría exigido que paguen los US$ 1600 millones que el ente recaudador les reclama por "la mala liquidación de retenciones" durante 2008, cuando esas empresas compraron el grano con retenciones del 27,5% para la soja y lo exportaron con otro de 35%, quedándose con la diferencia.
[Fuente: La Nación, Bs As, 27feb09]
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