El Colectivo de derechos Humanos Semillas de Libertad CODEHSEL integrado por las organizaciones abajo firmantes manifestamos un total respaldo y solidaridad a la actividad social y popular que desarrollan LUZ PERLY CORDOBA, Presidenta de la Asociación Campesina del Arauca y JUAN GUTIERREZ, Tesorero de la misma organización, detenidos el pasado 18 de febrero por orden de un Fiscal Delegado en la sede de la Brigada XVIII del Ejército que opera en el Departamento de Arauca; y el rechazo categórico a la serie de procedimientos arbitrarios que en virtud de la aplicación de la Política de Seguridad democrática se vienen implementando en el país.
Tal como se ha evidenciado desde el inicio del mandato del Presidente de la República Álvaro Uribe Vélez, el señalamiento, la persecución y la judicialización de los integrantes de Organizaciones sociales populares, campesinas, indígenas, sindicales, de derechos humanos, de oposición a sus políticas configuran una estrategia favorable al Estado Colombiano, tendiente a la descalificación de la labor que se cumple y al descrédito ante la Comunidad Nacional e Internacional, sin obviar la persistente vulneración a los derechos a la vida y la integridad personal, que lejos de cesar ha cobrado otras tácticas que develan la impunidad.
En este orden de ideas, el proceso penal dirigido y regulado por la Fiscalía General de la Nación ha sido el instrumento más idóneo para la implementación de esta política estatal. En efecto, aunque no es norma reglamentada, la Fuerza Pública tiene plena ingerencia en las actuaciones judiciales: recepciona testimonios de desertores, cooperantes y otorga dadivas económicas a quienes suministran información, que luego, por argucias judiciales no puede ser controvertida en el trámite procesal, acomodan testimonios para vincular a los líderes sociales en delitos atribuidos a la guerrilla, todo ello en abierta violación al derecho de defensa. De igual manera con base en su particular convicción militar extienden abusivamente el concepto jurídico de la captura en flagrancia para provocar detenciones masivas, tales como las que se han conocido en este periodo gubernamental.
Se instalan Despachos de Fiscales dentro de las Guarniciones militares y de Policía que actúan sin ninguna independencia frente al poder militar. Con simples conjeturas o sospechas provenientes generalmente de labores de “inteligencia” militar, que no revisten un juicioso análisis probatorio, ordenan diligencias de allanamiento, registro, captura y se interceptación de teléfonos y correspondencia. Así mismo, interpretan arbitrariamente las normas que regulan las diligencias de reconocimiento fotográfico y en fila de personas, vulnerando abiertamente el debido proceso, con el ánimo de provocar la individualización de los futuros acusados.
Dentro de este marco nada ajustado a derecho actúan la Fuerza Pública y la Fiscalía para vilipendiar, amedrentar y acallar a los líderes sociales y populares, a miembros de organizaciones sociales, comunidades en resistencia y a la población campesina y de barrios marginados.
Es por ello, que en todos los casos, exigimos de la Fiscalía General de la Nación de muestras de independencia y juridicidad en la instrucción de los procesos penales que adelanta. Se supriman las funciones judiciales a la Fuerza Pública que de hecho vienen ejerciendo las autoridades militares, en contravía de las normas internacionales de protección de los derechos humanos.
Así mismo, nos sumamos a las exigencias de la Red de Comunidades en Ruptura y Resistencia que vienen demandando:
La libertad inmediata de la líder social LUZ PERLY CORDOBA y demás miembros de la Asociación Campesina de Arauca que se encuentran detenidos.
A la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, vigilar el respeto a los derechos y garantías como la asistencia alimentaria, vestidos y satisfacción de las necesidades básicas y la visita de sus familiares.
Al Comité Internacional de la Cruz Roja, realizar una visita a los detenidos para verificar las condiciones en las que se encuentran.
Llamamos a las organizaciones sociales y ONG de derechos humanos del nivel nacional e internacional a manifestar, en todas las formas posibles su denuncia por estos hechos, la solidaridad con los detenidos y emprender una campaña por la defensa del derecho a la objeción de conciencia frente a las injusticias de la mal llamada justicia colombiana.
CORPORACION JURIDICA LIBERTAD
FUNDACION SUMAPAZ
COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLICTICOS (Sec Medellín)
ASFADDES (seccional Medellín)
COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS “HECTO ABAD GOMEZ”
MOVIMIENTO SOCIAL DE DESPLAZADOS DE ANTIOQUIA (MOSDA)
ASOCIACION NACIOANL DE AYUDA SOLIDARIA (ANDAS) Seccional Medellín
ASOCIACION CAMPESINA DE ANTIOQUIA
23 de Febrero de 2004
En su carrera profesional, los peligros más graves que enfrenta la mayoría de los científicos son los de recibir un salario demasiado bajo, convertirse en adictos a la cafeína o que un rival descubra lo que han buscado por años antes que ellos.
En contraste, la vida de Fredy Peccerelli y la de su familia ha sido amenazada y se ha visto forzado a exiliarse de su nativa Guatemala.
Lea Nota
ACCIÓN URGENTE - EL OBSERVATORIO
COL 002 / 0204 / OBS 010
Tortura / Ejecuciones extrajudiciales
COLOMBIA
11 de febrero de 2004
El Observatorio para la protección de los Defensores de los Derechos
Humanos, programa conjunto de la FIDH y la OMCT, solicita su
intervención URGENTE ante la siguiente situación en Colombia.
Descripción de la situación:
El Observatorio ha recibido información de fuentes confiables, entre
ellas la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos
(FCSPP) y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, acerca de la
ejecución extrajudicial de la defensora de derechos humanos Sra.
María Lucero Henao y de su hijo, Yamid Daniel, de 16 años de edad, en
hechos ocurridos en la Vereda Puerto Esperanza del municipio El
Castillo, en el Departamento del Meta.
De acuerdo con las informaciones, el 6 de febrero de 2004, hacia las
10h30 de la noche, varios civiles armados, al parecer pertenecientes
a grupos paramilitares, llegaron hasta la casa de la Sra. María
Lucero Henao ubicada en la Vereda Puerto Esperanza, procediendo a
golpear en la puerta y a llamarla. Al principio ella se negó a abrir
pero como los hombres armados amenazaron con derribar la puerta la
Sra. María Lucero Henao se sintió obligada a hacerlo luego de lo
cual, los hombres se la llevaron por la fuerza mientras ella gritaba
llamando a su madre y a sus hijos, quienes salieron para tratar de
impedir el hecho.
De acuerdo con las informaciones, en el trayecto hacia las afueras
del caserío intentaron amarrar la Sra. María Lucero Henao con unas
cuerdas de nylon mientras le gritaban: "desde hace tiempo le teníamos
ganas pero no se había presentado la oportunidad" y, a la familia
que la acompañaba le gritaban: "ustedes son unos h.p guerrilleros".
Al llegar a las afueras del caserío, aproximadamente a cinco minutos
de la casa, obligaron a las niñas y a la abuela a regresar a la casa
y se quedaron con la Sra. María Lucero Henao y con su hijo Yamid
Daniel. Unos minutos después, su familia escuchó varios disparos de
armas de fuego pero por temor a la presencia de los presuntos
paramilitares no salieron de la casa hasta la madrugada cuando
encontraron los dos cuerpos sin vida. Según las informaciones, el
cuerpo del joven Yamid Daniel presentaba muestras de haber sido
torturado.
De acuerdo con las informaciones, la familia de la Sra. María Lucero
Henao era una de las diez únicas familias que se mantuvo en el
caserío Puerto Esperanza, después de la incursión paramilitar del 2
de agosto del 2001 en la que hombres armados que se identificaron
como paramilitares obligaron a desplazarse a sus pobladores. En
aquella ocasión, la Sra. María Lucero Henao, en su calidad de
Presidenta de la Junta de Acción Comunal y defensora de los derechos
de los habitantes del caserío, ante la ausencia de la actuación
rápida y oportuna de las autoridades competentes, debió realizar el
levantamiento de los cadáveres de siete vecinos de su vereda.
Por otra parte en varias ocasiones, como defensora de su comunidad,
se entrevistó con representantes de varias delegaciones diplomáticas
con asiento en Colombia como las Embajadas de Austria, Canadá, Gran
Bretaña, Italia, Alemania, Francia, y también con la Oficina del Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y con la
Defensoría del Pueblo, con el fin de denunciar ante ellos la grave
situación de los pobladores de Puerto Esperanza luego del
desplazamiento forzado y de la permanente presencia paramilitar. La
Sra. María Lucero Henao, a nombre de la comunidad, intervino también
ante Comisión Interinstitucional que visitó la zona durante el primer
semestre del año anterior, para relatar los hechos de agresión de la
que venían siendo víctimas, debido a la permanente presencia
paramilitar en la zona.
La Sra. María Lucero Henao había sido objeto de amenazas en dos
ocasiones y de un intento de asesinato durante los últimos tres años.
En una de estas ocasiones, una noche llegaron a su casa buscándola,
pero ella no se encontraba en el lugar y su familia no abrió la
puerta, días después, varios paramilitares estacionaron una camioneta
en el frente de su casa, pusieron música, y uno de ellos le manifestó
que: "en ese momento no la iban a matar porque no les habían dado la
orden". A pesar de estas amenazas ella se mantuvo en el trabajo
organizativo de su comunidad, en la denuncia de las violaciones de
los derechos humanos de las que eran víctimas y en el desarrollo de
actividades productivas para su familia, dada su condición de cabeza
de familia.
Por otra parte, el Observatorio ha sido informado por la Fundación
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP) acerca del
asesinato del defensor de derechos humanos Sr. José Mendivil
Cárdenas, ocurrido el 7 de febrero de 2004, en Barranquilla,
Departamento del Atlántico.
Según la información recibida, el Sr. José Mendivil Cárdenas fue
asesinado, a pocos metros de la Clínica de la Policía, ubicada en la
avenida Circunvalar con Calle 38, por una pareja de desconocidos que
se movilizaban en una motocicleta, los cuales interceptaron el
vehículo en donde él se transportaba con un amigo de apellidos Ortiz
Blanco quien resultó herido de gravedad durante los hechos. El Sr.
José Mendivil Cárdenas había colaborado por muchos años con Amnistía
Internacional, y había trabajado con organizaciones sociales y ONG de
la ciudad en procesos de promoción y defensa de los Derechos Humanos.
El Observatorio denuncia estos nuevos hechos de extrema violencia
contra defensores de los derechos humanos. El Observatorio también
manifiesta su grave preocupación por la seguridad y por la integridad
física y psicológica de todos los miembros de la familia de la Sra.
María Lucero Henao y en general de todas las personas que trabajan
por la defensa de los derechos humanos en Colombia.
Acción solicitada:
Favor dirigirse a las autoridades de Colombia urgiéndolas a:
i. garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de
todos los demás miembros de la familia de la Sra. María Lucero Henao
y en general de todos los que
trabajan en la defensa de los derechos humanos en Colombia;
ii. garantizar una investigación inmediata e imparcial en torno a las
ejecuciones extrajudiciales de la Sra. María Lucero Henao y de su
hijo, Yamid Daniel, y al
asesinato del Sr. José Mendivil Cárdenas con el fin de identificar a
los responsables, llevarlos ante un tribunal competente e imparcial y
aplicarles las sanciones penales,
civiles y/o administrativas previstas por la ley;
iii. asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre
los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea
general de la ONU el 9 de
diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del
Derecho de toda persona "individual o colectivo, de promover la
protección y el respeto de los derechos
humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el plano nacional
como internacional y a esforzarse por ellos" (Art.1) y a "garantizar
la protección de toda persona,
individual y colectivamente, frente a toda violencia, amenaza,
represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o
cualquier otra acción arbitraria
resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la
Declaración" (Art. 12.2);
iv. de manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por la
Declaración universal de derechos humanos y los Pactos y Convenciones
internacionales
ratificados por Colombia.
Direcciones:
S.E. Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República, Cra. 8 n°.7-26,
Santa fe de Bogotá. Fax: (+57 1) 566.20.71, e-mail:
auribe@presidencia.gov.co ; Vicepresidente: E-
mail: fsantos@presidencia.gov.co
· Dr. Jorge Alberto Uribe, Ministro de la Defensa, Avenida El
Dorado con Cra. 52 CAN, Santa fe de Bogotá. Fax: + 57.1.222.18.74;
E-mail : siden@mindefensa.gov.co ;
infprotocol@mindefensa.gov.co ; mdn@cable.net.co
· Doctor Edgardo José Maya Villazón, Procurador General de la
Nación, Carrera 5 No. 15-80, Santa Fe de Bogotá. Fax: +
57.1.342.97.23; E-mail :
reygon@procuraduria.gov.co anticorrupcion@presidencia.gov.co
· Dr. Carlos Franco, Director del Programa Presidencial de Derechos
Humanos y de Derecho Internacional Humanitario. E-mail:
cefranco@presidencia.gov.co
· Dr. Fernando Ibarra, Asesor del Programa Presidencial de Derechos
Humanos y de Derecho Internacional Humanitario. E-mail:
fibarra@presidencia.gov.co Calle 7 N° 5-
54
TEL.: + 57.1.336.03.11fax: +57.1.337.46.67
· Doctor Luis Camilo Osorio, Fiscal General de la Nación, Santa fe
de Bogotá. Fax: + 57.1.570.20.00; contacto@fiscalia.gov.co;
denuncie@fiscalia.gov.co
· Dra. Elba Beatriz Silva, Directora de la Unidad de Derechos Humanos
y de Derecho Internacional Humanitario. Fiscalía General de la Nación
E-mail:
elbsilva@fiscalia.gov.co
· Doctor Volmar Antonio Pérez Ortiz. Defensor del Pueblo, Calle 55
n°. 10-32 Santa Fe de Bogotá. Fax: + 57.1.640.04.91 E-mail:
secretaria_privada@hotmail.com
· Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en
Ginebra.Chemin du Champ d'Anier 17-19, 1209 Ginebra. FAX :
+41.22.791.07.87; TEL.: + 41.22.798.45.55.
E-mail: mission.colombia@ties.itu.int
Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de
Colombia en sus respectivos países.
Ginebra-París, 11 de febrero de 2004
Favor informarnos sobre cualquier acción emprendida, citando el
código de este llamado en su respuesta.
El Observatorio, El Observatorio, programa conjunto de la FIDH y la
OMCT, está destinado a la protección de los defensores de los
derechos humanos víctimas de violaciones y a proporcionarles una
ayuda cotidiana tan concreta como sea posible.
Para contactar al Observatorio, comuníquese con la Línea de Urgencia:
Tel. y FAX: FIDH : + 33 (0) 1 43.55.20.11 / + 33 (0) 1 43.55.18.80
Tel. y FAX: OMCT : + 4122 809.49.39 / 809.49.29 E-mail:
observatoire@iprolink.ch
Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT)
World Organisation Against Torture (OMCT)
Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
8 rue du Vieux-Billard
Case postale 21
CH-1211 Geneve 8
Suisse/Switzerland
Tel. : 0041 22 809 49 39
Fax : 0041 22 809 49 29
E-mail : omct@omct.org
http://www.omct.org
DENUNCIA ASESINATO JOSE MENDIVIL CARDENAS, FAIZAR JOSE RUIZ BOLAÑOS Y GEOVALDIS JOSE PEREZ ROA EN DEPARTAMENTO ATLANTICO
El Defensor de los Derechos Humanos JOSE MENDIVIL CARDENAS, fue asesinado el día 7 de febrero de 2004, en Barranquilla a pocos metros de la Clínica de la Policía en la Circunvalar con Calle 38, por una pareja de Motorizados
quienes interceptaron el vehículo donde se transportaba con un amigo de apellido Ortiz Blanco y quien resulto herido de gravedad.
El Defensor de Derechos Humanos JOSE MENDIVIL CARDENAS había colaborado por muchos años con Amnistía Internacional, y trabajó con organizaciones sociales y ONGs de la ciudad en procesos de promoción y defensa de los Derechos Humanos, fue un incansable defensor de la vida y la paz.
A pesar que las autoridades no quieren reconocer que en el Departamento del Atlántico hay paramilitares, la presencia de estos grupos es cada día mas visible. Prueba de ello lo dan los cadáveres de los dos campesinos jornaleros FAIZAR JOSE RUIZ BOLAÑO de 28 años de edad y GEOVALDIS JOSE PEREZ ROA de 31 años. Estos campesinos fueron sacados de sus parcelas a la fuerza en horas de la noche por 6 sujetos encapuchados, quienes amarraron a el resto de personas que se encontraban viendo televisión en la parcela. El hecho sucedió el viernes 6 de febrero en la vereda conocida como Lomas de las Vacas ubicada entre Sábana larga y el corregimiento de la Peña en el Departamento del Atlántico.
Horas más tarde fueron encontrados los cadáveres de los campesinos amarrados y con las siglas de las AUC en sus cuerpos
Según denuncia realizada por los habitantes de Luruaco y entrevista hecha a el Comandante del Sexto Distrito Sabana larga, Teniente Coronel Jaime Ulises Ordóñez Venegas publicada por el Periódico la Libertad de febrero 6 de 2004 pagina 7E, donde se denuncia la circulación de unos panfletos de las AUC, donde le dan 48 horas para que abandonen el pueblo a 14 personas residentes en diferentes lugares del municipio de Luruaco y alguno de sus corregimientos.
En los panfletos enviados a estas personan le dicen que si no abandonan el pueblo en 48 hora serán declarados objetivos militares por las Autodefensas Unidad de Colombia AUC, .
Según las declaraciones del Teniente Coronel Jaime Ulises Ordóñez Venegas, quien se limita a decir que en la investigación realizada por estos hechos se logro establecer que los amenazados son personas que tienen antecedentes y que algunos están o estuvieron solicitados por la fiscalia, y otros fueron detenidos por hurto, lesiones personales, y continua diciendo el
alto oficial que se están haciendo indagatorias con el objetivo de mantener la calma y la seguridad de los moradores de la zona y ha dado instrucciones necesaria a los uniformados para que adelanten planes consistentes en verificar antecedentes a personas, vehículos y motocicletas, al igual que la incautación de armas de fuego por diferentes motivos, pero no hace
referencia a la presencia de las AUC en el departamento y sus municipios, sino que se deja entre ver más bien que justifica las amenazas diciendo es que los amenazados son personas involucradas en la comisión de diferentes actividades ilícitas.
A las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos nos preocupa esta situación de violencia y crímenes en todo el departamento, y no vemos política clara y real de prevención, investigación y judicialización a los responsables de estos hechos, que aumentan la impunidad y la falta de garantías a la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos siendo un derecho
constitucional.
Solicitamos a las autoridades civiles, la iglesia, los organismos de control su pronunciamiento en defensa de la vida y la seguridad de los sectores más vulnerables que no se continué con la famosa limpieza social, que se implementen herramientas de resocialización con oportunidades de vivienda digna, salud, educación y trabajo.
El comisionado de Paz y el Gobierno Central revisar el proceso de negociación y reincersión con los paramilitares que continúan realizando actos de sometimiento, y barbarie contra la vida, de los luchadores sociales.
S.E. Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República, Cra. 8 n°.7-26, Palacio de Nariño, Santa fe de Bogotá. Fax: (+57 1) 566.20.71 e-mail: auribe@presidencia.gov.co ;
Vicepresidente: E-mail:fsantos@presidencia.gov.co
· Doctor Jorge Alberto Uribe Ministro de la Defensa,Avenida El Dorado con Cra. 52 CAN, Santa fe de Bogotá. Fax: (+57 1)222.18.74; E-mail : siden@mindefensa.gov.co ;infprotocol@mindefensa.gov.co ; mdn@cable.net.co
· Doctor Edgardo José Maya Villazón, Procurador General de la Nación, Carrera 5 No. 15-80, Santa Fe de Bogotá. Fax: (+57 1)342.97.23; E-mail : reygon@procuraduria.gov.co;anticorrupcion@presidencia.gov.co
· Dr. Carlos Franco, Director del Programa Presidencial de DerechosHumanos y de Derecho Internacional Humanitario. E-mail :cefranco@presidencia.gov.co
· Dr. Fernando Ibarra, Asesor del Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario. E-mail :fibarra@presidencia.gov.co Calle 7 N° 5-54 TEL. : (+57 1) 336.03.11FAX : (+57 1) 337.46.67
· Doctor Luis Camilo Osorio, Fiscal General de la Nación, Diagonal 22 B n°. 52-01, Santa fe de Bogotá. Fax: (+57 1) 570 20 00;contacto@fiscalia.gov.co; denuncie@fiscalia.gov.co
· Dra. Elba Beatriz Silva, Directora de la Unidad de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario. Fiscalía General de la Nación E.mail: elbsilva@fiscalia.gov.co
· Doctor Volmar Antonio Pérez Ortiz. Defensor del Pueblo, Calle 55 n°. 10-32 Santa Fe de Bogotá. Fax: (+ 57 1) 640 04 91 E-mail:secretaria_privada@hotmail.com
· Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra.Chemin du Champ d'Anier 17-19, 1209 Ginebra. FAX : (+41 22)791.07.87; (+ 41 22) 798.45.55.
E-mail mission.colombia@ties.itu.int
COORDINACIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE BARRANQUILLA.
Iglesia Presbiteriana
Cedehnos
CPDH
Andescol
CSPP
Dto D.D.H.H. CUT
La Procuraduría General de Justicia (PGJ) presentó hoy a Zamudio García Reyes, como el autor material del crimen de Griselda Tirado Evangelio, defensora de Derechos Humanos de Indígenas de la Sierra Norte Lea Nota
El Observatorio ha recibido información de la Corporación Regional
para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS) y la Organización
Femenina Popular acerca del arresto arbitrario, las torturas y malos
tratos de que fue víctima la Sra. Inés Peña, defensora de derechos
humanos y miembro de la Organización Femenina Popular (OFP) en hechos
ocurridos en Barrancabermeja, Departamento de Santander.
ACCIÓN URGENTE - EL OBSERVATORIO
Nueva información
COL 002/1003/OBS 053.1
Torturas / ataque armado / hostigamiento
COLOMBIA
2 de febrero de 2004
El Observatorio para la protección de los Defensores de los Derechos
Humanos, programa conjunto de la FIDH y la OMCT, solicita su
intervención URGENTE ante la siguiente situación en Colombia.
Nueva información:
El Observatorio ha recibido información de la Corporación Regional
para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS) y la Organización
Femenina Popular acerca del arresto arbitrario, las torturas y malos
tratos de que fue víctima la Sra. Inés Peña, defensora de derechos
humanos y miembro de la Organización Femenina Popular (OFP) en hechos
ocurridos en Barrancabermeja, Departamento de Santander.
De acuerdo con las informaciones, la Sra. Inés Peña, de 22 años de
edad, integrante del Movimiento Juvenil, del Convenio Universitario
OFP- UNIPAZ y coordinadora del Centro de Documentación "María Cano"
de la OFP, quien además es presentadora y miembro del consejo de
redacción del programa de televisión La Mohana, e integrante de la
Red Juvenil de Derechos humanos de la Defensoría Regional del Pueblo,
fue abordada por dos hombres pertenecientes a grupos paramilitares
quienes, amenazándola con un arma de fuego, la obligaron a subirse a
un vehículo rojo cuando ella caminaba cerca de la Biblioteca "
Alejandro Galvis Galvis ", en un lugar ubicado a trescientos metros
de la base principal de la Policía en Barrancabermeja.
De acuerdo con las informaciones, los hombres armados realizaron un
recorrido en el carro en el que llevaban a la Sra. Inés Peña durante
el cual la hicieron objeto de malos tratos tanto físicos como
verbales; su cabello fue rapado y las plantas de sus pies fueron
quemadas con agua caliente mientras le proferían repetidas amenazas
diciéndole: "para que se salga de esa OFP donde está metida y ahora
si siga haciendo CULTURA POR LA VIDA", haciendo referencia al nombre
de la sección juvenil que ella presenta en el mencionado programa de
televisión. Posteriormente, la joven Inés Peña fue dejada en la parte
posterior del Coliseo " Luis F. Castellano ", un lugar estratégico de
regular control militar.
Este grave hecho, no solamente constituye una agresión a la dignidad
y la humanidad de la Sra. Inés Peña, sino sobre la OFP en general y
en particular sobre el medio de comunicación alternativo conocido
como " La Mohana ", vulnerando la libertad de prensa y de
pensamiento.
Por otra parte, el 27 de enero de 2003, tres miembros de la OFP,
entre ellos su Presidenta, la Sra. Yolanda Becerra, acompañados por
una comisión humanitaria conformada por cuatro delegados del Consejo
Noruego para los Refugiados, dos delegados de la Consejería en
Proyectos Latinoamericanos y un integrante de las Brigadas
Internacionales de Paz (PBI) fueron atacados cuando se desplazaban
dentro de una chalupa (pequeña embarcación) por el río Magdalena.
Cuando pasaban por el sitio conocido como Palo Quemao, a unos 15
minutos del retén permanente de la Armada Nacional, entre
Barrancabermeja y San Pablo (sur de Bolívar), fueron atacados con
disparos de armas de fuego de corto alcance, provenientes de un grupo
armado al no detenerse ante las señales que les enviaba un hombre que
se hallaba en la orilla del río. Según las informaciones, todos los
ocupantes de la chalupa se lanzaron al piso y el conductor de la
misma logró evadir los impactos contra el bote.
De acuerdo con las informaciones, el grupo pretendía visitar los
proyectos de vivienda que adelanta la OFP en el sur de Bolívar en
beneficio de las mujeres cabeza de familia y mujeres desplazadas,
proyecto del que hacen parte estas ONG como integrantes del consorcio
de la Agencia Internacional de Consejería en Proyectos.
Recuerdo de la situación:
El Observatorio recuerda que estos nuevos casos se agregan a una
grave campaña de hostigamiento y persecución que se lleva a cabo hace
varios años contra los miembros de la OFP. El más reciente de estos
actos fue el asesinato, por parte de miembros de grupos
paramilitares, de la Sra. Esperanza Amaris Miranda, hecho ocurrido el
16 de octubre de 2003 (ver Llamado Observatorio COL 006 / 1003 / OBS
053). La Sra. Esperanza Amaris Miranda había denunciado ante la
Fiscalía las amenazas provenientes de los grupos paramilitares, que
pretenden acallar las voces de las mujeres que denuncian las
violaciones de los derechos humanos ocurridas en la región.
El Observatorio ha denunciado a través de llamados urgentes varios de
los casos de violencia y de hostigamiento contra los miembros de la
OFP (ver los llamados urgentes COL 002 / 0201 / OBS 013; 013.1;
013.2; 013.3; 013.4, así como los Llamados Especiales del 7 de marzo
de 2003; el 11 de junio de 2003 y el 8 de diciembre de 2003).
El Observatorio había también enviado el 8 de marzo del 2001, una
misión de solidaridad para manifestar su apoyo a la sociedad civil de
Barrancabermeja, como punto culminante de la campaña de movilización
" Viva Barranca : por la vida, por la paz y contra el paramilitarismo
", lanzada por la OFP y por el Espacio de Trabajadoras y Trabajadores
de Derechos Humanos de Barrancabermeja y del Magdalena Medio.
Acción solicitada:
Favor dirigirse a las autoridades de Colombia urgiéndolas a:
i. garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de
la Sra. Inés Peña, de todos los demás miembros de la Organización
Femenina Popular (OFP), y en general de todos los defensores y demás
voluntarios incluyendo los miembros de organizaciones extranjeras que
trabajan en la defensa de los derechos humanos en la región de
Barrancabermeja y del Magdalena Medio;
ii. tomar las medidas necesarias para que cese el hostigamiento y se
garantice el desarrollo del trabajo de los defensores de derechos
humanos y de todos los
voluntarios de organizaciones internacionales, particularmente los
miembros de la OFP, en la región de Barrancabermeja y del Magdalena
Medio;
iii. garantizar una investigación inmediata en torno a los hechos
denunciados, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos
ante un tribunal competente e
imparcial y aplicarles las sanciones penales, civiles y/o
administrativas previstas por la ley;
iv. asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre
los defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea
general de la ONU el 9 de
diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del
Derecho de toda persona " individual o colectivo, de promover la
protección y el respeto de los derechos
humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el plano nacional
como internacional y a esforzarse por ellos" (Art.1) y a "garantizar
la protección de toda persona,
individual y colectivamente, frente a toda violencia, amenaza,
represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o
cualquier otra acción arbitraria
resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la
Declaración" (Art. 12.2);
v. de manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por la
Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos y Convenciones
internacionales
ratificados por Colombia.
Direcciones:
S.E. Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República, Cra. 8 n°.7-26,
Santa fe de Bogotá. Fax: (+57 1) 566.20.71, e-mail:
auribe@presidencia.gov.co ; Vicepresidente: E-
mail: fsantos@presidencia.gov.co
· Dr. Jorge Alberto Uribe, Ministro de la Defensa, Avenida El
Dorado con Cra. 52 CAN, Santa fe de Bogotá. Fax: + 57.1.222.18.74;
E-mail : siden@mindefensa.gov.co ;
infprotocol@mindefensa.gov.co ; mdn@cable.net.co
· Doctor Edgardo José Maya Villazón, Procurador General de la
Nación, Carrera 5 No. 15-80, Santa Fe de Bogotá. Fax: +
57.1.342.97.23; E-mail :
reygon@procuraduria.gov.co anticorrupcion@presidencia.gov.co
· Dr. Carlos Franco, Director del Programa Presidencial de Derechos
Humanos y de Derecho Internacional Humanitario. E-mail:
cefranco@presidencia.gov.co
· Dr. Fernando Ibarra, Asesor del Programa Presidencial de Derechos
Humanos y de Derecho Internacional Humanitario. E-mail:
fibarra@presidencia.gov.co Calle 7 N° 5-
54
TEL.: + 57.1.336.03.11fax: +57.1.337.46.67
· Doctor Luis Camilo Osorio, Fiscal General de la Nación, Santa fe
de Bogotá. Fax: + 57.1.570.20.00; contacto@fiscalia.gov.co;
denuncie@fiscalia.gov.co
· Dra. Elba Beatriz Silva, Directora de la Unidad de Derechos Humanos
y de Derecho Internacional Humanitario. Fiscalía General de la Nación
E-mail:
elbsilva@fiscalia.gov.co
· Doctor Volmar Antonio Pérez Ortiz. Defensor del Pueblo, Calle 55
n°. 10-32 Santa Fe de Bogotá. Fax: + 57.1.640.04.91 E-mail:
secretaria_privada@hotmail.com
· Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en
Ginebra.Chemin du Champ d'Anier 17-19, 1209 Ginebra. FAX :
+41.22.791.07.87; TEL.: + 41.22.798.45.55.
E-mail: mission.colombia@ties.itu.int
Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de
Colombia en sus respectivos países.
Ginebra-París, 2 de febrero de 2004
Favor informarnos sobre cualquier acción emprendida, citando el
código de este llamado en su respuesta.
El Observatorio, El Observatorio, programa conjunto de la FIDH y la
OMCT, está destinado a la protección de los defensores de los
derechos humanos víctimas de violaciones y a proporcionarles una
ayuda cotidiana tan concreta como sea posible.
Para contactar al Observatorio, comuníquese con la Línea de Urgencia:
Tel. y FAX: FIDH : + 33 (0) 1 43.55.20.11 / + 33 (0) 1 43.55.18.80
Tel. y FAX: OMCT : + 4122 809.49.39 / 809.49.29 E-mail:
observatoire@iprolink.ch