El Colectivo de derechos Humanos Semillas de Libertad CODEHSEL integrado por las organizaciones abajo firmantes manifestamos un total respaldo y solidaridad a la actividad social y popular que desarrollan LUZ PERLY CORDOBA, Presidenta de la Asociación Campesina del Arauca y JUAN GUTIERREZ, Tesorero de la misma organización, detenidos el pasado 18 de febrero por orden de un Fiscal Delegado en la sede de la Brigada XVIII del Ejército que opera en el Departamento de Arauca; y el rechazo categórico a la serie de procedimientos arbitrarios que en virtud de la aplicación de la Política de Seguridad democrática se vienen implementando en el país.
Tal como se ha evidenciado desde el inicio del mandato del Presidente de la República Álvaro Uribe Vélez, el señalamiento, la persecución y la judicialización de los integrantes de Organizaciones sociales populares, campesinas, indígenas, sindicales, de derechos humanos, de oposición a sus políticas configuran una estrategia favorable al Estado Colombiano, tendiente a la descalificación de la labor que se cumple y al descrédito ante la Comunidad Nacional e Internacional, sin obviar la persistente vulneración a los derechos a la vida y la integridad personal, que lejos de cesar ha cobrado otras tácticas que develan la impunidad.
En este orden de ideas, el proceso penal dirigido y regulado por la Fiscalía General de la Nación ha sido el instrumento más idóneo para la implementación de esta política estatal. En efecto, aunque no es norma reglamentada, la Fuerza Pública tiene plena ingerencia en las actuaciones judiciales: recepciona testimonios de desertores, cooperantes y otorga dadivas económicas a quienes suministran información, que luego, por argucias judiciales no puede ser controvertida en el trámite procesal, acomodan testimonios para vincular a los líderes sociales en delitos atribuidos a la guerrilla, todo ello en abierta violación al derecho de defensa. De igual manera con base en su particular convicción militar extienden abusivamente el concepto jurídico de la captura en flagrancia para provocar detenciones masivas, tales como las que se han conocido en este periodo gubernamental.
Se instalan Despachos de Fiscales dentro de las Guarniciones militares y de Policía que actúan sin ninguna independencia frente al poder militar. Con simples conjeturas o sospechas provenientes generalmente de labores de “inteligencia” militar, que no revisten un juicioso análisis probatorio, ordenan diligencias de allanamiento, registro, captura y se interceptación de teléfonos y correspondencia. Así mismo, interpretan arbitrariamente las normas que regulan las diligencias de reconocimiento fotográfico y en fila de personas, vulnerando abiertamente el debido proceso, con el ánimo de provocar la individualización de los futuros acusados.
Dentro de este marco nada ajustado a derecho actúan la Fuerza Pública y la Fiscalía para vilipendiar, amedrentar y acallar a los líderes sociales y populares, a miembros de organizaciones sociales, comunidades en resistencia y a la población campesina y de barrios marginados.
Es por ello, que en todos los casos, exigimos de la Fiscalía General de la Nación de muestras de independencia y juridicidad en la instrucción de los procesos penales que adelanta. Se supriman las funciones judiciales a la Fuerza Pública que de hecho vienen ejerciendo las autoridades militares, en contravía de las normas internacionales de protección de los derechos humanos.
Así mismo, nos sumamos a las exigencias de la Red de Comunidades en Ruptura y Resistencia que vienen demandando:
La libertad inmediata de la líder social LUZ PERLY CORDOBA y demás miembros de la Asociación Campesina de Arauca que se encuentran detenidos.
A la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, vigilar el respeto a los derechos y garantías como la asistencia alimentaria, vestidos y satisfacción de las necesidades básicas y la visita de sus familiares.
Al Comité Internacional de la Cruz Roja, realizar una visita a los detenidos para verificar las condiciones en las que se encuentran.
Llamamos a las organizaciones sociales y ONG de derechos humanos del nivel nacional e internacional a manifestar, en todas las formas posibles su denuncia por estos hechos, la solidaridad con los detenidos y emprender una campaña por la defensa del derecho a la objeción de conciencia frente a las injusticias de la mal llamada justicia colombiana.
CORPORACION JURIDICA LIBERTAD
FUNDACION SUMAPAZ
COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLICTICOS (Sec Medellín)
ASFADDES (seccional Medellín)
COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS “HECTO ABAD GOMEZ”
MOVIMIENTO SOCIAL DE DESPLAZADOS DE ANTIOQUIA (MOSDA)
ASOCIACION NACIOANL DE AYUDA SOLIDARIA (ANDAS) Seccional Medellín
ASOCIACION CAMPESINA DE ANTIOQUIA
23 de Febrero de 2004