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10jul06
Mancuso: última advertencia.
Salvatore Mancuso, otrora jefe militar de las autodefensas, le pidió al Estado en los últimos días que le pusiera fin a la ola de crímenes que vienen registrándose en la zona de Tierralta (Córdoba) porque, en su criterio, está en peligro el proceso de paz; pero simultáneamente ha eludido las notificaciones de la justicia. Por eso, la Fiscalía le acaba de dar un ultimátum: o se presenta a rendir indagatoria en seis procesos que requieren su testimonio, o es capturado y llevado a Bogotá para que cumpla su deber como comandante desmovilizado.
La situación se viene presentando desde hace varias semanas, porque diferentes fiscales de la Unidad de Derechos Humanos que investigan múltiples crímenes del paramilitarismo, lo han citado en calidad de sindicado (ver recuadro) para rendir indagatoria. Sin embargo Mancuso se ha negado a comparecer aduciendo que se acogió a la Ley de Justicia y Paz y que por tanto todas las investigaciones en su contra deben ser “anuladas”. Esto motivó esta semana una reunión de alto nivel en el ente acusador, cuyo titular, Mario Iguarán, decidió tomar cartas en el asunto.
“En las investigaciones contra el señor Salvatore Mancuso, los fiscales del caso lo han citado varias veces a indagatoria. Pero como no ha querido presentarse, como lo ordena la ley, mi obligación es conminarlo, por última vez, a que cumpla su deber. De no presentarse a la siguiente citación de la Fiscalía se dispondrá su captura para efectos de que rinda indagatoria”, le dijo a El Espectador el fiscal Mario Iguarán Arana el viernes pasado.
Aunque Mancuso es vocero de las autodefensas en el proceso de paz con el Gobierno, los expedientes que adelantan los investigadores en su contra por delitos de lesa humanidad han seguido su curso. Y, como explicó el propio Fiscal General de la Nación, hasta que entre en aplicación la controvertida Ley de Justicia y Paz, los casos en la Fiscalía continuarán y el deber del ex comandante paramilitar es atender los requerimientos de la justicia.
“La Fiscalía conmina al señor Salvatore Mancuso, so pena de capturarlo, a que asista a sus indagatorias”, recalcó Iguarán Arana. Sus palabras podrían interpretarse además como un fuerte mensaje a todos los miembros desmovilizados de las autodefensas para que colaboren con la justicia sin mayores dilaciones en los expedientes que cursen en su contra.
De hecho, el pasado 28 de junio un fiscal especializado le negó a Mancuso la nulidad del proceso que se le sigue por la muerte, en julio de 1999, de cinco personas en Norte de Santander. Según el documento, ni la Ley de Justicia y Paz ni el decreto que la reglamenta “contemplan en ninguno de sus artículos la suspensión de las actuaciones penales en curso en las que estén vinculadas personas desmovilizadas; lo que se ordenó suspender fueron las órdenes de captura dictadas en contra de los miembros de la mesa de negociación”.
Al mismo tiempo, el fiscal que investiga los asesinatos del docente Álvaro José Taborda, el historiador Claudio Manuel Pérez y el joven Francisco Javier Galarcio –perpetrados en enero de 1996–, le respondió al abogado de Mancuso recientemente que no era posible decretar la nulidad de ese proceso por cuanto, como lo ordena la Ley de Justicia y Paz, “no se ha allegado la acreditación de los requisitos de elegibilidad” para acceder a los beneficios de la norma.
De igual manera le recordó que una cosa son “los diálogos de paz que el sindicado (Salvatore Mancuso) está desarrollando con el Gobierno, y otra los procesos que debe enfrentar ante la administración de justicia por sus conductas delictivas consumadas”. Y seguidamente el fiscal se va lanza en ristre advirtiendo que “los diálogos (de paz) no garantizan que vaya a comparecer ante los estrados judiciales, cuando su actividad estuvo siempre enmarcada en la clandestinidad y evadiendo los llamados de la judicatura”.
Finalmente el fiscal delegado señaló en su escrito que el hecho de que una persona esté en la lista de elegibles (que deberá enviar el Gobierno a la Fiscalía en el marco de la Ley de Justicia y Paz) no indica que necesariamente va a ser beneficiaria de las prerrogativas que otorga la norma, “pues quien determina que un desmovilizado cumple o no con los requisitos es el magistrado encargado de su juzgamiento”.
No obstante, el abogado del ex comandante paramilitar sostiene que no tiene sentido acudir a una indagatoria por un proceso en contra de Salvatore Mancuso, cuando el trámite del procedimiento de la Ley de Justicia y Paz debe iniciarse. Lo grave de todo este asunto es que ante la avalancha de peticiones de nulidad o de suspensión de los expedientes en contra de Mancuso, el país aún no conoce la sentencia de la Corte Constitucional sobre la polémica Ley de Justicia y Paz.
Una norma que, como se recordará, ha tenido decenas de cuestionamientos. El último de ellos fue el que hizo público el magistrado de ese alto tribunal Jaime Araújo Rentería, quien advirtió en este semanario hace un mes que se estaba cambiando la sentencia en el seno de la Corte Constitucional para favorecer a los paramilitares.
Por eso mismo, la decisión del fiscal Iguarán de darle un ultimátum a Salvatore Mancuso para que se presente ante la justicia fue celebrada por los fiscales de la Unidad de Derechos Humanos, quienes consideran este acto como un espaldarazo a las investigaciones que llevan adelantando por varios años en contra del ex comandante de las Auc.
Precisamente un funcionario de la cúpula de la Fiscalía le dijo a El Espectador el viernes pasado: “Es curioso que Mancuso se rehúse a ser indagado y le exija a la justicia que investigue las muertes en Tierralta, y por otro lado lo vea uno en televisión descansando”.
Los procesos en contra de Salvatore Mancuso.
Los expedientes en los que se ha negado a comparecer el desmovilizado jefe paramilitar son seis. El primero de ellos es la investigación por la masacre de Jorge Páez Garzón, Edinson Alberto Galván, José Ángel Contreras, José Antonio Padilla y Luis Contreras, en el corregimiento de La Gabarra (Norte de Santander) ocurrida en julio de 1999.
El segundo expediente contra Salvatore Mancuso es el de los secuestros y posteriores asesinatos, en enero de 1996, del docente Álvaro José Taborda, el historiador Claudio Manuel Pérez y Francisco Javier Galarcio en Montería (Córdoba). El tercero es por la masacre, el 6 de abril de 2000 en Tibú (Norte de Santander), de Ramón Sánchez, Víctor Manuel Peña, Martín Niño y otros habitantes más de la región, acusados por las Auc de auxiliar a la guerrilla.
El cuarto expediente es también por varios asesinatos selectivos, en 1999, también en Tibú. Los dos últimos procesos son por las masacres de El Salado (Sucre), ocurrida a finales del año 2000 y en la que fueron torturadas cerca de 40 personas, y la de Mapiripán (Meta) a mediados de 1997, en donde fueron asesinadas 49 personas.
[Fuente: El Espectador, Bogotá, Col, 10jul06]
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