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29nov18
Se suspende declaración de medio hermano del expresidente por trama Odebrecht
Los dos grupos antagónicos de congresistas del Frente Amplio y el APRA que viajaron la semana pasada a Montevideo libraron una competencia de cobertura mediática y artículos de opinión de especialistas uruguayos a favor y en contra del pedido de asilo de Alan García.
Los apristas observan el resultado de pronóstico reservado y adelantan que, según la Convención de Caracas, si el asilo es rechazado Uruguay no puede dejar a García así nomás, de patitas en la calle.
Una opción es trasladarlo a otra embajada en la que pueda volver a solicitar un asilo. El propio García reconoció que la de Colombia fue una opción que se descartó en favor de Uruguay. Otra fórmula es buscar volver a Madrid.
En la guerra que se libra dentro de la Fiscalía destaca el episodio del pasado 21 de noviembre, cuando la fiscal Norma Mori recibió del fiscal Alonso Peña, jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y de Extradiciones de la Fiscalía de la Nación, el oficio en el que le daba cuenta que debía estar al día siguiente, el 22 de noviembre a las 2:30 de la tarde, en la Ciudad de la Costa de Uruguay para interrogar en el juzgado letrado de Primera Instancia en lo Penal a Andrés Norberto Sanguinetti Barrios. Evidentemente, la fiscal Mori no alcanzó a organizar su viaje y debió suspender la diligencia.
Norberto Sanguinetti es medio hermano del expresidente Julio María Sanguinetti, quien se ha declarado a favor del asilo a Alan García. Y es el uruguayo clave en la trama de Odebrecht. Lo conocen como Betingo y es actualmente consejero del club de fútbol Peñarol.
En agosto de 2017 fue detenido y quedó en libertad tras pagar US$ 30 mil de fianza. Trabajó en la filial uruguaya de la Banca Privada de Andorra y fue señalado en Odebrecht como el contacto que trianguló con la constructora el pago de sobornos en el Principado.
"Es un muchacho serio y decente", dijo entonces el exmandatario de su familiar.
Formalmente, la fiscal Mori relaciona a Sanguinetti con el caso de Miguel Atala, ex vicepresidente de Petroperú en el segundo gobierno aprista, a quien Odebrecht le pagó US$ 900 mil supuestamente por un terreno. Pero las coimas que depositaron al exviceministro Jorge Cuba y otros exfuncionarios en el marco de proyecto del Metro de Lima, también fueron a parar en la Banca Privada de Andorra.
[Fuente: Caretas, Lima, Per, 29nov18]
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