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19jul15

La deuda de la ciudad de Gandia se aproxima a los 400 millones de euros

Gandía ha vivido cuatro años de espaldas a la realidad, negando la necesaria intervención por parte del Estado. El gobierno del 'popular' Arturo Torró 'pasó' de pagar a los bancos los siete millones de euros en intereses heredados de una deuda que al comienzo de la legislatura, en 2011, ascendía a 160 millones. La herencia de más de 20 años del PSOE que, al menos, cambió la cara de la ciudad, con algunos excesos como los 10 millones de euros para celebrar el Año Borgia, con 624.000 euros para pagar el Gran Holiday, el crucero en el que Orengo partió rumbo a Italia junto al hoy número dos del PSPV, Alfred Boix, que asegura que pagó su billete y el de sus acompañantes, y otras 1.800 personas.

De la época de Orengo se recuerdan otros sonados borrones como el presunto desvío a través de la empresa pública IPG de los cinco millones de euros que Fomento destinó a la construcción del edificio Innova -por lo que está imputado-; los 55 millones del canon del agua que recibió de Aguas de Valencia, más otros 15 del saneamiento, y que destinó a otros fines ajenos al mantenimiento de la red municipal, como pagar a proveedores; y numerosas denuncias de «clientelismo» en las operaciones inmobiliarias, un amiguismo que también practicó su sucesor, Arturo Torró, bajo el techo de IPG, la empresa pública utilizada por unos y otros para esconder sus vergüenzas. Eso, más los créditos que Orengo firmó a corto y largo plazo sin el consentimiento de la Generalitat.

Según los técnicos municipales, Torró se habría fundido otros 140 millones en cuatro años -subiendo la deuda un 104%-, pese a no pagar a los bancos deuda, más allá de los obligados fondos ICO. Los conciertos de Tom Jones y Julio Iglesias, el circo romano de cartón piedra que llamó Maremagnum para traer atracciones amortizadas en Terra Mítica y los estudios preliminares de proyectos como la ciudad agroalimentaria, el parque acuático, el hotel cinco estrellas de la Marxuquera, con campo de golf, hípica y tenis o la compra de un concesionario para levantar una majestuosa comisaría de policía agujerearon aún más las arcas de la capital de la Safor, pese a que el ex alcalde insistía en la política del «coste cero». «Un humo demasiado caro, como el de los cohíba», apuntan los técnicos, mientras el ex alcalde asegura que no ha incrementado la deuda bancaria porque «no podía».

Sumando los excesos de Orengo y Torró, la deuda de Gandía se va por encima de los 300 millones de euros, que podría «rozar los 400», en opinión de los técnicos, cuando acaben de salir los secretos que esconde IPG, el último los 900.000 euros en facturas con Púnica que Torró ocultó a los agentes de la UCO. «No pidieron facturas, sólo contratos», matiza el ex alcalde, que habla de "trola" de la alcaldesa para "desviar la atención de la subida de impuestos". La intervención es un hecho.

El departamento económico del consistorio desmenuza la deuda, que parte de una base de 160 millones de la era Orengo. A partir de ahí, el ejecutivo de Torró recibió 62 millones de Hacienda en 2012, dentro del programa Puesta a Cero, para hacer frente a facturas impagadas entre 2007 y 2011 y algunas de 2011 y 2012; y un año después recibió otra partida de algo más de 20 millones, pese a lo cual a 30 de junio de 2015 había en el cajón 54.822.177 euros en facturas impagadas. A su vez, esta cantidad se desglosa en 13.210.000 euros de facturas sin crédito presupuestario; 10 millones en facturas ya sin crédito de este mismo año; otros 10 millones en obligaciones reconocidas y 20 millones en facturas diversas entre 2012 y 2014. La era Torró se saldaría, por tanto, con 80 millones gastados, más los 54 en facturas impagadas y «lo que salga de IPG», calculan los técnicos.

Las cifras son demoledoras, a las que hay que añadir la deuda de más de 3.000 euros por habitante, con 75 millones de presupuesto -se debe cinco veces más- y un descenso de la población de cerca del 3%, que Torró atribuye a su política de seguridad para sacar a los "indeseables" de la ciudad, mientras el actual gobierno sostiene que esas 5.000 personas que han salido de Gandía dejando la población en algo más de 76.000 son en su mayoría inmigrantes y joven sin trabajo ni oportunidades, y desde luego "nada de indeseables".

El rescate

Como en el Parlamento griego, el pleno local sacó adelante -con los votos en contra del PP- el plan de ajuste para Gandía, que en los próximos días aprobará el Ministerio de Hacienda, prolongando hasta 2032 la intervención. Los bancos empezarán a cobrar, los recortes y ajustes a los que se resistía Torró llegarán y los ciudadanos acabarán pagando los platos rotos. Hasta tres planes de ajuste presentó el ex alcalde ante el Ministerio que dirige su propio partido, pero su intención de refinanciar la deuda hasta 2050 fue tumbada una y otra vez. «Y yo me negué a subir los impuestos», sentencia Torró, que acusa a su sucesora de haber «hincado la rodilla» en su primer encuentro con Beteta, el secretario de Administraciones Públicas.

El caso es que el ajuste va a llegar, casi «la horca», según el personal cualificado del ayuntamiento. El plan, el primero elaborado por los técnicos junto al interventor, consistirá en llevar los tipos impositivos al máximo a partir de 2016, lo que se traducirá en una subida del 24% en el IBI, del 30% en el Impuesto de Circulación, aplicando el coeficiente 2 a todos los vehículos, y la obligación de subir, por imperativo legal, las tasas municipales y los precios públicos. Es decir, la recogida de la basura, las piscinas, los gimnasios o el autobús, por ejemplo, serán más caros, con el objetivo de que estos servicios acaben cubriendo su coste con los ingresos: el primer año se deberá llegar al 50% del coste, el segundo al 75% y el tercero al 100%.

Los impuestos y pagos cotidianos pueden ser lo más llamativo para la ciudadanía, pero la intervención, que debió llegar hace tres años según los expertos, consiste también en «encorsetar» las maniobras del ayuntamiento en cuestión de gastos. En el próximo curso se reducirá un 5% el capítulo de personal, que podría ser más cuando lo que es una previsión se vaya ajustando hasta 2032; otro 5% caerán los gastos generales del ayuntamiento sobre un presupuesto que viene prorrogado desde 2013, al «no ser capaz Torró de aprobarlo pese a su mayoría absoluta»; y nada de beneficios fiscales en los tributos -salvo los que contempla la ley- y de gastar en asuntos que exceden las competencias municipales, como planes de empleo. En ese caso, sólo podrán salir con fondos del Estado o la Generalitat. Desde los sindicatos piden que esas terribles subidas no sean lineales.

Gandía, una de las joyas de la costa mediterránea, ha pasado de ser conocida por su turismo de borrachera y la marca 'Gandía Shore' a convertirse en la hija pobre de Valencia, acogida por el frío orfanato financiero de Montoro. La Grecia española está gobernada por Diana Morant, una variante responsable de Tsipras que no ha necesitado que le impongan los recortes para asumirlos. Al frente de una cruda oposición sigue Arturo Torró, a quien algunos ven como el Varoufakis de la derecha por su irreverencia. ¿Y la calle? ¿Cómo responderá la calle? «Se les debe una explicación», creen los técnicos.

[Fuente: Por Iván Pérez, El Mundo, Madrid, 19jul15]
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