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14ene06
Cocaína al por mayor.
Según las estadísticas de la Dirección Antidrogas, desde el 1º de enero hasta el 31 de diciembre del año último se secuestraron 2721 kilos de cocaína, lo cual representa un aumento significativo del 130 por ciento respecto del año anterior en el que se habían secuestrado 1180 kilos. El récord se debe a un mayor tráfico de esa droga en la región, al aumento de la presión sobre el narcotráfico en todos los países del área y a un incesante incremento de coca cultivada en Bolivia y Perú.
En efecto, el último informe de las Naciones Unidas de 2004 sobre la superficie de hojas de coca cultivadas revela que hubo un incremento del 35 por ciento sólo en el país del altiplano.
Los números hablan por sí solos de la gravedad del fenómeno del narcotráfico, si se considera además que la Gendarmería Nacional secuestra la mitad de toda la cocaína que se descubre en el territorio nacional. También se destaca la cantidad de procedimientos efectuados. En 2005 se realizaron 199 procedimientos más que en 2004; en el último de ellos, denominado Carbón Blanco II, se secuestraron 738 kilos de cocaína, con un valor de 80 millones de pesos. Asimismo, hubo más detenidos: 4477 el año último, contra 3427 en 2004.
Un dato que llamó la atención en 2005, además del regreso de los grandes cargamentos enviados por mar de la Argentina a Europa, es la duplicación en la cantidad de cocaína que ingresaba encapsulada gracias a las "mulas", es decir, correos humanos que traspasan las fronteras con cargas de un kilo de cocaína, dividida en cápsulas protegidas por látex que son tragadas por estas "mulas" o "camellos".
En 2005 se verificó un incremento del 131 por ciento de la cantidad de cocaína secuestrada que era ingresada al país mediante esta modalidad y se duplicó la cantidad de "capsuleros" detenidos en comparación con 2004. El año último fueron decomisadas 18.741 cápsulas con cocaína con 232 detenidos, contra 14.298 de 2004, con 102 detenidos.
Cuando se analizan las causas del crecimiento de los secuestros de droga deben mencionarse, entre otras cuestiones, dos hechos relevantes. El primero de ellos tiene que ver con la efectividad y eficacia de los procedimientos llevados a cabo por las fuerzas de seguridad; el segundo, está relacionado con la expansión del mercado consumidor: a mayor cantidad de droga en circulación, mayor consumo.
Con respecto a la ley que desfederaliza los delitos de menor cuantía vinculados con el tráfico y consumo de estupefacientes, a la que adhirió la provincia de Buenos Aires, se conocieron diferentes voces autorizadas según las cuales se agravarán los problemas que existen actualmente para investigar este tipo de delitos. Al respecto, el Foro para la Justicia Democrática (Fojude), que agrupa a funcionarios judiciales, presentó un documento tras unas jornadas sobre la materia, en el que señaló que "si se persigue mayor eficacia en el combate de la droga, pretender hacerlo con un sistema judicial sobrecargado con la competencia ordinaria exige por lo menos asegurar que se podrán afrontar las necesidades derivadas de la ampliación de ésta en esa magnitud".
Ello supone dotar previamente a la Justicia de todos los recursos humanos y materiales que reclama elementalmente semejante empresa, ya que de lo contrario -según la citada declaración- "se consolidaría el actual estado del sistema penal, con un nuevo y estrepitoso fracaso conceptual y práctico, con los inconmensurables daños que ello implique". En el mismo sentido se había manifestado la procuradora de la Corte, María del Carmen Falbo, cuando advirtió que para poner en marcha la ley se necesitará dotar a la Justicia de "mayores recursos humanos, materiales y técnicos con los cuales poder enfrentar eficazmente el crecimiento de las causas que implicará la nueva competencia".
A partir de la ley de desfederalización comenzarán largas contiendas por la competencia entre los magistrados -provinciales o federales- con la consecuencia de no poder avanzar, hasta que dichas cuestiones se diluciden, en las causas judiciales abiertas, con las graves consecuencias que ello traerá aparejado.
Se requeriría, entonces, realizar un seguimiento estricto por parte de las autoridades correspondientes y de organizaciones no gubernamentales vinculadas con esta problemática, que permita determinar si el nuevo mecanismo propuesto para la persecución del narcotráfico es más eficaz que el que regía con anterioridad a la reforma y, en caso negativo, realizar las modificaciones normativas que correspondan.
[Fuente: La Nación, Bs As, Arg, 14ene06]
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