EQUIPO NIZKOR |
|
20jul06
Ante la sentencia de la Corte Constitucional las AUC presionaran al Congreso.
La renuncia de los abogados de los ex jefes de las Auc, debido a la sentencia de la Corte Constitucional sobre la ley de Justicia y Paz, sería una forma de presionar al Gobierno y al Congreso que se posesiona hoy, para encontrar normas que los beneficien más.
Se trataría de una estrategia de los jefes desmovilizados que, de acuerdo con expertos en el tema de la negociación con las Auc, buscan consolidar una posición que les favorezca.
"No pueden echarse para atrás, porque se encuentran con la extradición. Tienen que mantenerse en la negociación pero buscan un mecanismo de supervivencia", aseguró uno de los analistas que pidió reserva de su nombre.
Coincide en el tema el ex ministro de Gobierno y constitucionalista Jaime Castro, para quien los ex jefes de las Auc estarían presionando al nuevo Congreso, como el escenario donde ellos plantearían las reformas que buscan.
Castro aseguró que la coyuntura es favorable para que el Gobierno convoque a todas las fuerzas políticas, incluida la oposición, para que acuerden cuáles son los propósitos de la negociación y que beneficios pueden concedérseles a los desmovilizados.
"Ellos ejercen una presión para crear una situación que conduzca a lo que llaman un Gran Acuerdo Nacional por la Reconciliación. Pero antes de hacerlo es indispensable un acuerdo previo de quienes están en la otra orilla, para que el país además sepa qué se está entregando", afirmó Castro.
Renuncian juristas
La comisión delegada del Movimiento Nacional de Autodefensas reiteró ayer que se mantienen en el proceso y que buscarán "abrirle espacio a un Gran Acuerdo Nacional que nos permita encontrar los caminos de la reconciliación y la Paz".
Rodrigo Tovar Pupo (a. Jorge 40) leyó un comunicado en representación de los 30.151 desmovilizados y de quienes faltan por dejar las armas, en el que los ex jefes de las Auc se comprometen a continuar con el proceso de paz pese a la renuncia de sus abogados.
Minutos antes Germán Navarrete, vocero del Colectivo de Abogados Alfonso Reyes Echandía que reúne a 35 juristas dedicados a la tarea de analizar los alcances de la Ley de Justicia y Paz, anunció la imposibilidad de seguir asistiendo a sus clientes.
Según Navarro, luego de la sentencia de la Corte la Ley de Justicia y Paz "limitó la defensa a la sola presencia del abogado, sin capacidad alguna para defender al reo de cualquier acusación".
De acuerdo con el abogado, la Corte elevó los requisitos para la elegibilidad de las personas que quieran acogerse a la ley, en aspectos como la verdad y la reparación a las víctimas.
Navarro puso como ejemplo el caso de los desaparecidos, sobre los que, según él, no existe ninguna claridad acerca de lo que pudo haberles ocurrido y por lo tanto no se puede pensar que los desmovilizados asuman la responsabilidad.
"Aquí la gente se desaparece porque se va, abandona a su familia, se esconde, le dan escopolamina. La Corte generaliza y obliga a que los desmovilizados se hagan responsables por todos los desaparecidos", dijo Navarro.
El problema radica en que si, luego de acogerse aparece una nueva denuncia sobre un hecho que el desmovilizado no confesó, se perderían los beneficios de la ley.
Buscar un acuerdo
Una persona cercana al proceso con las Auc aseguró que "la única forma de subsanar la dificultad que tiene el proceso, es que sobre la normatividad y los enfoques fundamentalistas prime la voluntad de paz de 44 millones de personas".
Esta persona, que interpreta el sentir de los ex jefes de las Auc, opinó que la metodología que se elija es lo menos importante y puede denominarse Convención Nacional, como lo plantea el Eln; Intercambio Humanitario, como la propuesta de las Farc, o Gran Acuerdo Nacional.
"Lo fundamental es que confluyan las fuerzas vivas de este país para la búsqueda de la paz", señaló.
Para Castro la búsqueda de un consenso es necesaria, pero no direccionada por los desmovilizados, sino por el Gobierno.
"Un proceso de paz con los paramilitares o con la guerrilla debe ser producto de un gran acuerdo nacional promovido por el Gobierno, a quien corresponde la iniciativa, porque en esa materia el establecimiento debe presentar un frente unido", dijo el ex ministro.
Entre las consideraciones sobre lo que buscan los jefes desmovilizados, está la posibilidad de que estén presionando a la opinión pública para que respalde un referendo o un plebiscito sobre el proceso de paz.
En abril de 2005 cuando la Ley de Justicia y Paz pasaba momentos difíciles en el Congreso, Iván Roberto Duque (a. Ernesto Báez), ex vocero político de las Auc, anunció que se buscaría un acuerdo político para la realización de un referendo.
Duque dijo entonces que se les preguntaría a los colombianos sobre la extradición y posibles entregas a la Corte Penal Internacional, dos temas fundamentales en la negociación.
Entre los ex jefes de las Auc, se niega esa posibilidad.
[Fuente: El Colombiano, Medellín, Col, 20jul06]
 | This document has been published on 22Jul06 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. |