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04nov06
Corrupción y participación.
Se atribuye al político británico del siglo XIX Lord Acton haber dicho que “el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”. La historia política reciente ha confirmado tal aserto, sea con el caso del PRI en Méjico, la Democracia Cristiana en Italia, o el Partido Comunista de la Unión Soviética que terminó derrumbando por dentro al “socialismo realmente (in) existente”, mientras el PC Chino trata de controlar la corrupción fusilando cada vez más altos funcionarios públicos. Los casos Enron en EUA, de la IBM en Argentina o Parmalat en Italia nos recuerdan que el sector privado tampoco está libre de este pecado.
En Chile el caso MOP-Gate, “el jarrón” de Corfo que se perdió en manos de Inverlink y todavía no aparece, la reciente sentencia en el caso Dávila nos recuerda las cuantiosas pérdidas por transacciones a futuro en Codelco que fueron ganancias para otros. En fin, en referencia al pasado no se puede hablar de las privatizaciones de la dictadura militar y en el presente no es bien visto hablar de las concesiones en las obras públicas, lo cual nos recuerda que este país y sus instituciones públicas tampoco están libres de la corrupción. Se afirma que ésta aún es poco significativa aquí, pero la pasada semana noticiosa estuvo pauteada por el caso de Chiledeportes y el fin de semana pasado los análisis y recomendaciones prosperaron.
Algunos convocaron a la probidad de la función pública en el mejor sentido weberiano de la expresión, eso sí, sin plantear nada sobre la estabilidad laboral y la carrera administrativa. Otros plantean este bochorno como una oportunidad para reformar el Estado, sin decir en que consistiría esta, lo cual por lo general se reduce a la transparencia en la gestión, que siempre se queda en la publicidad institucional, y a las cuentas públicas –accountability-, que siempre termina en auditorios somnolientos. No faltó quien con gran pragmatismo propuso que no se designara en la administración pública a operadores políticos “rascas” en sus habilidades y competencias. También se ha visto ahora la oportunidad de reformar la Contraloría, mientras que nadie sabe políticamente cómo designar a alguien en ese cargo hace tiempo vacante.
Otros interpretan la actual situación como la oportunidad de acabar con las máquinas políticas y sus operadores en los partidos, que corrompen a la administración pública al recibir porciones de ella como botín político en pago por sus lealtades y movilizaciones de adherentes y recursos en las campañas políticas internas o electorales. El absolutismo político del binominalismo es tal que en las coaliciones no se prospera políticamente enfrentando a coalición oponente, donde por definición del sistema no hay nada que ganar, aquí sólo se prospera enfrentando a los socios donde si hay mucho que ganar, y que perder.
En el caso de Chiledeportes y el motivado por el mal manejo del Programa de Generación de Empleo se relacionan directamente el uso indebido de los recursos públicos y las campañas políticas, en particular las electorales, lo cual se vio complejizado en esta semana porque aparecieron vinculados a la empresa fantasma Publicam, aparentemente empleada para hacer pagos indebidos con los recursos de Chiledeportes, el Senador Guido Girardi de Gobierno, así como a la ex diputada y ex candidata a senadora Lily Pérez y al ex candidato presidencial Sebastián Piñera, ambos de la oposición. La constatación de la relación entre las campañas políticas y el uso indebido de los recursos públicos debe ser el hilo conductor para comprender cabalmente e intervenir correctamente en el problema de la corrupción.
El punto de partida puede ser la ingenua afirmación de un importante dirigente político en comentario sobre el caso de Chiledeportes, al decir: “No veo qué relación hay entre la dieta baja y una irregularidad”. Ahí se pone presente el meollo de la cuestión de la corrupción en la administración pública, ya que esa afirmación presupone un funcionario público –concejal, diputado o empleado de un servicio público- que no necesita de la dieta para cumplir la función pública, cosa que sólo es posible si tal funcionario tiene cómo procurarse los ingresos para satisfacer sus necesidades y deseos, así como los de sus dependientes, es decir, si tiene sus propias rentas debido al disfrute de sus bienes o al ejercicio de sus habilidades. Tal era el caso de las repúblicas aristocráticas o censitarias que eran gobernadas directamente por sujetos de sus elites económicas, sociales y culturales. De no ser así el funcionario público debe ser remunerado por sus servicios de tal manera de solventar sus necesidades y de acuerdo con el estatus que el cargo exige, tal ha sido el caso de las repúblicas modernas, mesocráticas y meritocráticas. De lo contrario el funcionario público suplirá sus escaseces vendiendo sus servicios públicos al mejor postor y en beneficio de aquel. Bien se puede decir que la probidad del funcionario público está en función de la retribución que él recibe por su labor, además de su carrera funcionaria, derechos laborales, etc. esta es la condición necesaria de la probidad de la función pública.
Pero la probidad de la función pública es más compleja aún en tanto que aquella depende del ejercicio de la política, de acceder y mantenerse en el poder para conducir el Estado, la administración de la sociedad. Así mientras que los sectores sociales de altos ingresos cuentan con habilidades y recursos propios para movilizar adherencias, lealtades y organizar acciones políticas colectivas, incluidas las de promoción y propaganda que son de alto costo. Los sectores sociales populares y medios si bien pueden contar con habilidades suficientes para la organización y la movilización política –educación y cultura - carecen de los recursos necesarios para llevar adelante campañas políticas que reposan en la promoción y propaganda, que exige de costosos medios y recursos publicitarios.
Para las organizaciones políticas de los sectores populares y medios las lealtades políticas dependen cada vez más del ejercicio de la función pública, la disponibilidad de esas habilidades depende de su pertenencia a la administración pública, esto se llama el clientelismo, además, para financiar o procurar los recursos necesarios a las campañas políticas se hace apropiación y uso indebido de los recursos públicos, esto es la corrupción. Esta situación se ve agravada por que las organizaciones políticas y sociales que cuentan con mayores recursos y mejores medios, precisamente por representar a quienes se apropian de la mayor parte de la riqueza nacional [En Chile el 20% más pobre de su población se queda con el 3.9% del ingreso nacional mientras que el 20% más rico obtiene el 56.5% del mismo, 14 veces mayor que el anterior]pueden denunciar a aquellas otras que debido a sus escaseces actúan ilícitamente en el uso de los recursos públicos para financiarse.
Es por eso que en las democracias modernas y desarrolladas resulta imprescindible el financiamiento público de los partidos políticos y la prohibición de las financiación privada de sus actividades, ya que solo de esa manera todos los sectores políticos y sociales compiten por el poder de manera igualitaria en cuanto a medios, es decir, de manera realmente democrática. La entrega por parte de Servicio Electoral del cheque a la Presidenta Bachelet por la devolución de los gastos erogados en su campaña presidencial, debió haber sido un gran acto cívico que celebrara un hito más en el desarrollo de la democracia en Chile.
El control de la función pública no es un asunto que se restrinja a control administrativo de la misma, que nuestra institucionalidad encomienda a la Contraloría. La condición suficiente para controlar la corrupción se cumplirá cuando la ciudadanía, que es la mandataria de los funcionarios públicos, tenga una participación directa en el diseño, evaluación y control de las políticas públicas que deben ser la encarnación y realización de sus derechos ciudadanos, en aquellos aspectos que le conciernen a cada ciudadano por su localización, condición social, estatus cultural, etc. Es por esto que la participación ciudadana que no se restrinja al simulacro de lo consultivo y avance por los espacios de la deliberación, la práctica de la resolución y la voluntad de la vinculación de las partes a lo acordado, es la condición suficiente para controlar la corrupción en la administración pública.
[Fuente: Por Ibán de Rementería, El Mostrador, Santiago de Chile, 04nov06]
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