1. Conflicto armado:

Los grupos guerrilleros que actualmente operan en el país Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia [FARC], Unión Camilista-Ejército de Liberación Nacional [UC-ELN] y Ejército Popular de Liberación [EPL] tuvieron su origen en la década de los años sesenta.

Su antecedente más inmediato, las guerrillas liberales surgidas come reacción a la persecución política iniciada por el gobierno del Partido Conservador (1946-1953), que incluyó el asesinato del candidato liberal Jorge Eliécer Gaitán (abril 9/48), hecho que dio origen a una revuelta popular que se conoce como "El Bogotazo" y a un largo periodo de violencia liberal-conservadora que dejó un saldo trágico de cerca de 300 mil muertos.

Luego de un periodo de dictadura militar (1953-1957), los partidos Liberal y Conservador pactaron el llamado Frente Nacional, que inició un nuevo periodo de acuerdo político entre los partidos tradicionales, que les permitió alternarse el ejercicio del Gobierno durante 16 años. Otras fuerzas políticas fueron entonces excluidas de la contienda política.

Las FARC tuvieron su origen en 1964, como forma de autodefensa frente a la persecución desatada contra las formas de organización campesina lideradas entonces por el Partido Comunista. Luego, en la década de los años setenta construyeron una estrategia política global frente al Estado colombiano. En la actualidad está formada por cerca de 10 mil combatientes, organizados en 70 frentes distribuidos en todo el país.

La UC-ELN surgió en 1965 en el departamento de Santander, como un proceso de radicalización de algunos sectores del Movimiento Revolucionario Liberal -MRL- que lideró Alfonso López Michelsen a finales de la década de los cincuentas, planteándose la toma del poder por las armas. Se calcula que cuenta con unos 5 mil combatientes, organizados en 30 frentes. Una fracción de la UC-ELN, denominada Corriente de Renovación Socialista, firmó en 1994 un acuerdo de desmovilización con el gobierno de César Gaviria.

El EPL tuvo origen en 1968, localizado en la región occidental de la Costa Atlántica, expandiendo luego su acción hacia otras regiones, teniendo particular incidencia en la zona bananera de Urabá, donde el auge de las exportaciones de la fruta creó un fuerte conflicto social. Una fracción considerable del EPL firmó un acuerdo de paz con el gobierno de César Gaviria en marzo de 1991, y se convirtió en el movimiento Esperanza, Paz y Libertad.

Otros grupos guerrilleros, surgidos en las décadas de los 70 y 80, firmaron acuerdos de paz con los gobiernos Barco y Gaviria, para convertirse en movimientos o partidos politices. Son éstos, el Movimiento 19 de Abril -Ml9-, el Partido Revolucionario de los Trabajadores -PRT- y el Movimiento Quintín Lame.

Las FARC, la UC-ELN y el EPL, no obstante sus diferencias de trayectoria, políticas e ideológicas, conforman la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar.

Ante el surgimiento de las guerrillas y su pretensión de ganar influencia sobre la población campesina y sobre los movimientos populares urbanos, el Estado colombiano desarrolló desde los años sesenta, una estrategia contrainsurgente bajo la orientación de la llamada "doctrina de la seguridad nacional", que se aplicó con mayor rigor a partir del gobierno del presidente Turbay, con un saldo de graves violaciones a los derechos humanos.

No obstante que la pretensión aparente de la política contrainsurgente era la derrota de los grupos guerrilleros, ella se aplicó en forma indiscriminada contra importantes sectores de la población campesina y del movimiento popular urbano que fueron seriamente afectados.

Los propios grupos guerrilleros, si bien han sufrido serias derrotas militares, en la última década han aumentado su poder militar, hasta el punto que desde comienzos de los años ochentas se ha planteado por diferentes analistas, y por los propios actores del Conflicto armado -Gobierno y Guerrilla-, la imposibilidad de un triunfo militar de alguna de las partes, lo que invalida la salida militar.

Más de diez años de conversaciones de paz entre los sucesivos gobiernos y los grupos guerrilleros han dado lugar a algunos acuerdos de desmovilización, ya enunciados, pero no han logrado la firma de un acuerdo de paz global con las organizaciones guerrilleras más antiguas y con mayor capacidad militar.

Quizás el hecho de que los Gobiernos hayan considerado las negociaciones con los grupos guerrilleros como acuerdos de desmovilización, sin atender a la búsqueda de la solución de las causas originarias del levantamiento en armas, explique los precarios alcances de las políticas de paz hasta ahora aplicadas.

El Gobierno del presidente Samper, aparentemente con mayor realismo político que sus antecesores, ha iniciado el diseño de una nueva política de paz, cuya principal virtud parece ser el reconocimiento de que ninguna de las partes en el conflicto está en posibilidad de imponer condiciones a la otra, que por tanto los diálogos deben iniciarse para acordar una agenda en la que en principio no hay temas vedados, y que los diálogos se realizarán en medio del Conflicto.

El proceso de solución politiza al conflicto armado deberá partir del compromiso y de las acciones Concretas para dar solución al Conflicto social que subyace a aquél. Esa es la aspiración que expresan crecientemente diversos sectores de la sociedad colombiana, que reclaman la urgente necesidad de solución a un conflicto armado de tan profundas raíces y de mas de tres décadas, y que ha terminado por degradarse, lo que reclama un acuerdo urgente de humanización.

En efecto, de una parte, la estrategia estatal contrainsurgente de "quitarle el agua al pez", no ha reconocido limites a los objetivos y a los medios empleados para la guerra, afectando a la población civil y dando lugar a crímenes de tesa humanidad, cometidos en muchas ocasiones con particular sevicia.

De otra parte, aunque en proporción menor según revelan las cifras conocidas por las ONGs de derechos humanos, los grupos guerrilleros han cometido graves infracciones al derecho internacional humanitario, como homicidios deliberados, masacres y acciones que han comprometido la vida y la seguridad de la población civil.

2. El Paramilitarismo, estrategia contrainsurgente:

Desde comienzos de la década de los sesenta la Fuerza Pública y los organismos de seguridad del Estado han sido formados bajo los parámetros de la doctrina de la Seguridad Nacional y la aplicación de los fundamentos del Conflicto de baja intensidad. Dentro de tal propósito se han implementado mecanismos prestos a la eliminación del "enemigo interno", representado en la existencia del comunismo, la subversión o insurgencia.

Así, en el marco de dicha estrategia a comienzos de la misma década se recomienda por parte de asesores militares norteamericanos la conformación de organizaciones de "tipo antiterrorista" y para la "lucha anticomunista". En desarrollo de tal propósito es dietado el decreto 3398 de 196S, el cual fue convertido posteriormente en legislación permanente a través de la ley 48 de 1968, por medio de los cuales se dio el fundamento legal para la organización de la "defensa nacional", la "defensa civil" y la promoción en la organización de las "'autodefensas".

Bajo el amparo de dicha normas e inclusive desbordandolas, miembros, de la Fuerza Pública entrenaron, dotaron de armamento y adoctrinaron habitantes en zonas de Conflicto con la finalidad de involucrar de manera directa a la población dentro de la Confrontación y apoyar a los cuerpos oficiales en la lucha contrainsurgente.

Como propósito encubierto del accionar criminal de estos grupos aparece el amedrantamiento a la población con el fin de generar una atmósfera de miedo y temor que conlleve a la destrucción de las organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos, e impida la libre expresión de la inconformidad social.

Hasta la presente se ha constatado cómo los grupos paramilitares han sido desarrollados en diversas regiones del país con el claro propósito de actuar en la defensa y protección de intereses políticos, de proyectos económicos (explotación de recursos naturales como el petroleo y el carbón), y la defensa de sectores vinculados a la actividad agropecuaria y al narcotráfico.

2.1. Métodos de acción del Paramilitarismo:

En la geografía nacional los grupos paramilitares no han tenido un sólo modelo o método de acción, sino que este ha estado determinado por el nivel de conflicto en la región, el nivel de organización del movimiento popular y la resistencia de la población frente a este tipo de proyectos y al accionar de la Fuerza Pública.

En tal sentido son diferenciables tres (3) modelos de acción: a) El involucramiento compulsivo de la población; b) La conformación de una estructura permanente y cerrada, en la cual el tamaño depende del área de acción; c) La contratación de personas provenientes de otros lugares para que ejecuten crímenes, sin que hagan parte de fin grupo permanente.

También se ha constatado la contratación de mercenarios extranjeros por parte sectores económicos y altas autoridades del Estado, los cuales han intervenido en el entrenamiento de los grupos paramilitares y de militares en diferentes técnicas y en el empleo y manejo de sofisticado armamento.

a. El involucramiento compulsivo de la población

Ha sido habitual la intimidación a la población mediante el porte de listas donde se amenaza a los pobladores y en general se instiga a los habitantes para que se integren al proyecto paramilitar, se vayan o se enfrenten a la muerte. Estos grupos han sido justificados como "autodefensas", en donde se afirma que las patrullas de "campesinos organizados" están protegidas por el ejército y se promueve la participación en estos grupos mediante el ofrecimiento de salarios, la consecución de la libreta militar y otros beneficios.

Respecto de su relación con la Fuerza pública se ha determinado que llevan a cabo patrullajes conjuntos, se ha utilizado a la población civil para que les acompañe en los mismos, los dirigentes o comandantes paramilitares son transportados en helicópteros del Ejército Nacional y las bases militares han sido acondicionadas como lugar de permanencia de los integrantes de estas estructuras criminales.

El armamento con que cuentan les ha sido entregado a través de agentes e instituciones del estado, con recursos recibidos del campesinado, el cual ha sido obligado a pagar una serie de "impuestos" ilegalmente recaudados para el mantenimiento de estos grupos.

Tas es el caso de los proyectos implementados en los municipios de El Carmen y San Vicente de Chucuri (Santander), y de algunos municipios del departamento de Casanare, aledaños a la explotación petrolera de Cusiana.

b. La conformación de una estructura permanente

Para la conformación de estos grupos ha sido importante la participación de sectores del narcotráfico, esmeralderos y terratenientes en su financiamiento, los cuales han actuado de común acuerdo con la Fuerza Pública en cuanto a la dotación de armamento, entrenamiento y acciones encaminadas a ejercer control en determinadas zonas.

Desde el año 1983 el entonces Procurador General de la Nación, señaló la participación de personal de las Fuerzas Militares en la conformación de estos grupos. Además, son abundantes los testimonios de ex- integrantes de estas agrupaciones que dan cuenta de su modus operandi, estructura y papel de agentes del Estado en su promoción y protección.

Estos grupos han actuado especialmente en zonas como Urabá, Córdoba, Sucre, Meta, Norte de Santander y Sur del Cesar, entre otras. Su tipología de acción ha estado enmarcado en la realización de ejecuciones selectivas, hasta la realización de masacres indiscriminadas, tal es el caso de las masacres de Segovia, Honduras, La Negra, El Tomate y Pueblo Bello.

Pese a que frente a reconocidos dirigentes paramilitares como Fidel Castaño, alias "Rambo" han sido expedidas órdenes de captura, es claro el desinterés de las autoridades para hacerlas efectivas.

c. La contratación de personas para que realicen hechos específicos:

Esta modalidad ha venido siendo utilizada en algunos lugares de Antioquia y Norte de Santander, en donde, sectores económicos (tal es el caso de los cafeteros) e inclusive las propias Fuerzas Militares, a través de sus redes de informantes han contratado personal proveniente de otros municipios o departamentos para que realicen ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones.

Este accionar tiene como finalidad el dificultar las investigaciones en torno de estos grupos y encubrir a los responsables de la comisión de crímenes de tesa humanidad.

Se ha podido determinar cómo personal de la Fuerza Pública ha intervenido para procurar la fuga, para coordinar las acciones en cuanto al momento y lugar de ejecución, y para dotar de armamento a quienes participen en los crímenes.

Pese a que a nivel de los organismos de control y de la rama jurisdiccional ha sido ampliamente documentada la conformación de estos grupos, sus mecanismos de financiamiento, su relación con la Fuerza Pública y su responsabilidad en la ejecución de crímenes de tesa humanidad, la gran mayoría de los hechos permanecen en la impunidad, altos oficiales de la Fuerza Pública han sido ascendidos y los grupos paramilitares han extendido su accionar y poderío en el territorio nacional.

Desde el Gobierno Nacional la persecución y desestructuración de estos grupos se reduce a la expedición de una serie de decretos de Estado de excepción (anterior estado de sitio), en los cuales los ubica al margen de la ley, sin que con ello haya influido en su existencia. Por el contrario, a través de varios decretos se les ha otorgado un tratamiento benigno.

2.2. La reactivación de la acción paramilitar:

Frente a los anuncios de la administración del Presidente Samper en materia de políticas de paz y de derechos humanos, el fenómeno del Paramilitarismo, y la reactivación de sus acciones, constituye la más profunda preocupación de los organismos de derechos humanos, por cuanto las autoridades estatales se han negado de manera sistemática a reconocer su gravedad, y por sobre todo, a tomar las decisiones que se requieren para poner control a su acción criminal.

En efecto, la actitud de las autoridades de negar los diversos grados de conexidad entre los grupos de particulares armados y unidades militares, con el consentimiento o la tolerancia de los mandos de las Fuerzas Militares, las ha conducido a pretender a toda costa evitar la discusión sobre la acción paramilitar, con la consideración de que se trata de una conjura de la guerrilla colombiana para minar la legitimidad de las fuerzas armadas gubernamentales.

Durante los seis meses que trascurridos de la administración del Presidente Samper, a pesar de pregonarse la humanización del conflicto armado interno, se aprecia una reactivación del Paramilitarismo, demostrada en el surgimiento de los grupos "Muerte a Comunistas y Guerrilleros' -Macogue- y "Colombia sin Guerrilla" -Colsingue-, los cuales tienen un radio de acción nacional y quienes han dirigido sus acciones especialmente contra dirigentes políticos y sindicales.

En noviembre de 1994 se realizó la Primera cumbre de las autodefensas de Colombia , en la que, según un documento de 57 páginas que ha sido conocido por las ONGs colombianas, se aprobó "... seguir considerando como blancos militares, a los cuadros políticos y sindicales de la extrema izquierda, mientras los grupos insurgentes no humanicen la guerra y continúen asesinando militares y civiles fuera de combate, así como a los familiares de los miembros de las autodefensas".

De otra parte, constituye motivo de preocupación la aprobación del Decreto 3567 del 11 de febrero de 1994, Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, en cuyo Art. 34 se lee: "... la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada podrá expedir licencias de funcionamiento a cooperativas, juntas de acción comunal o empresas comunitarias para operar el servicio comunitario de vigilancia y seguridad privada en el área donde tienen asiento la comunidad. Podrán operar con o sin armas".

En noviembre pasado, el ministro de Defensa, Fernando Botero Zea, informó al país la puesta en ejecución del programa de cooperativas rurales de seguridad, que luego fueron denominadas "asociaciones", las cuales, a juicio de las ONGs de Derechos Humanos, tienen el serio riesgo de convertirse en formas legalizadas de los grupos paramilitares para realizar acciones armadas ofensivas contra la población civil que sea considerada "simpatizante" o "colaboradora" de los grupos guerrilleros.

Las explicaciones dadas hasta el momento por el Gobierno de Colombia para responder a las preocupaciones expresadas por diversos sectores de la sociedad colombiana en relación con las asociaciones de seguridad rural, se fundamentan en señalar que las autoridades militares y de policía ejercerán un celoso control sobre dichas asociaciones para que no desborden el marco de su acción, en apariencia circunscrito a labores de información a las autoridades y dotadas con armas de defensa personal.

Al respecto es preciso anotar que resulta difícil aceptar que el Gobierno pueda comprometerse a mantener el control sobre la acción de dichas asociaciones, para evitar que se conviertan en formas legalizadas del Paramilitarismo, si se tiene en cuenta que uno de los argumentos de las autoridades estatales para explicar la ausencia de resultados en el combate a este fenómeno es precisamente que las autoridades militares y de policía han estado imposibilitadas para controlarlo.

2.3. La urgencia de adoptar medidas:

Desmontar los grupos paramilitares, e investigados y sancionados los crímenes de tesa humanidad provenientes de estos grupos, e igualmente debe impedirse la presencia y actuación de mercenarios en el territorio nacional.

Además, hacer efectivas las ordenes de captura existentes contra miembros de grupos paramilitares

Investigar y sancionar a sus financiadores, integrantes y las autoridades que han intervenido en su promoción y/o protección.

Abstenerse de dar trato especial o benigno (amnistías, indultos, cuasi-amnistías, cuasi-indultos) en virtud de eventuales negociaciones de paz con el ejecutivo.

Derogar todas las normas o actos administrativos que autoricen, ordenen o favorezcan la creación o constitución de grupos paramilitares, así como de aquellas que posibiliten un trato benigno o favorable, en especial el Art. 34 del Decreto 3567 de febrero de 1994.

Destituir por vía administrativa, de manera inmediata, al personal de la Fuerza Pública que ha sido señalado por parte de organismos nacionales o internacionales como comprometidos en la formación, promoción o instigación de este tipo de grupos.

Campaña Derechos Humanos: ¡Ya!