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De las esperanzas socio-políticas a las frustraciones. De la tortura a la muerte y la desaparición. Del paramilitarismo confeso al inconfeso
Capítulo II 1970 - 1984
Los crímenes de Planas se acomodaban a los parámetros represivos del período, aunque tenían características peculiares por tratarse de la agresión contra una etnia precolombina, agresión que parecía reeditar las brutalidades de La Conquista, como modalidad de etnocidio, con despojo de las tierras y medios de subsistencia de los nativos, pero donde la tortura y el encarcelamiento arbitrario fueron los instrumentos decisivos.
Nadie ignora que la década de los setentas hasta un poco avanzada la de los ochentas constituye el Ciclo de la Tortura en la historia político militar de Colombia. No porque la práctica de la tortura no se hubiera dado en otros períodos ni porque no se siga dando, sino porque en éste fue particularmente amplia e intensa hasta causar alarmas internacionales. Las misiones que Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizaron en Colombia en 1980 respondían a un clamor internacional contra la tortura en Colombia, y los informes correspondientes así lo dejaron consignado para la historia. (1)
Lo que se vive en la Zona Séptima durante este período, entre los setentas y los ochentas, no podría entenderse sin aludir a algunos rasgos del contexto nacional. En efecto, en la mayor parte de la década del 70 se vivió intensamente el conflicto por la tierra. A mediados de la década finalizó legalmente el ciclo del Frente Nacional con la alternancia excluyente de gobiernos liberales-conservadores, y por ello brotaban las primeras propuestas de una alternativa política y social. Por otra parte el modelo represivo, acosado ya por la denuncia internacional, comenzó a rediseñarse y sus prácticas más sistemáticas fueron cambiando de dosificación. El Estado fue reacomodando su aparato represivo y muy especialmente las relaciones Estado/Para-Estado. El mismo tratamiento a la insurgencia armada sufre un revolcón a comienzos de los ochenta, abriendo la expectativa por una solución negociada, pero llevando precipitadamente a una profunda frustración. Todo esto repercute, de una u otra manera, en esas tierras llaneras de las incesantes trashumancias, llevando más muerte que vida. Por eso vale la pena destacar sintéticamente algunos de esos rasgos del período que afectaban a todo el país y que repercutieron, sin lugar a dudas, en la Zona Séptima.
1. El conflicto por la tierra
La Ley 135 de 1961 incentivó las expectativas por una reforma agraria, expectativas que se fueron frustrando muy rápidamente. El gobierno de Lleras Restrepo (1966-70) decidió reabrir esas expectativas creando la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos -ANUC- que ofrecía un cierto marco organizativo institucional a los usuarios del INCORA, pero rápidamente el campesinado rompió los marcos institucionales y creó una ANUC no gubernamental de oposición, que lideró tomas de tierras "de facto" por todos los rincones del país. La represión contra el movimiento campesino no se hizo esperar y millares de campesinos, movilizados y no movilizados, tuvieron que pasar por la experiencia aterradora de la tortura y de la pérdida de la libertad en prisiones inhumanas. Por su parte, los terratenientes reaccionaron con su poder de coerción sobre el gobierno. De allí que los gobiernos de Misael Pastrana (1970-74) y de Alfonso López Michelsen (1974-78) fueron revirtiendo las pautas más progresistas de la reforma agraria e imponiendo un modelo de desarrollo capitalista del campo, orientando los créditos e incentivando las empresas agroindustriales que se orientaran hacia la diversificación de exportaciones. La Ley 6 de 1975 constituyó el golpe final a los intentos de reforma agraria, a la vez que daba cumplimiento al "Acuerdo de Chicoral", firmado entre el gobierno de Patraña Borrero, las jerarquías de los partidos tradicionales y los gremios agroindustriales, en el cual se condicionaba el apoyo a la futura candidatura de López Michelsen a un viraje completo en la política agraria. La lucha por la tierra se hizo, desde entonces, más aguda y más "subversiva".
Como se recordó en el capítulo introductorio sobre esta Zona, muchas de las trashumancias que fueron tejiendo la historia de los asentamientos humanos de la Zona Séptima, tuvieron en su origen conflictos por la tierra. No pocas de ellas estuvieron marcadas por una concepción no capitalista de la tierra y cristalizaron en organizaciones que tomaron la forma de SINDICATOS AGRARIOS, particularmente en la zonas del Ariari, del Guayabero y del Duda. Esto explica la represión que tuvieron que sufrir muchos dirigentes campesinos de la región.
2. La búsqueda de alternativas políticas
Legalmente el Frente Nacional debía terminar en 1974 para dar paso al libre juego de partidos y fuerzas políticas. Ya en las elecciones de 1970 se manifestó explosivamente el inconformismo con la hegemonía de un único partido gobernante bajo la apariencia de "dos partidos" que en el fondo se identificaban con unos mismos intereses: los de las capas privilegiadas de la sociedad. Sin embargo, el triunfo de la Alianza Nacional Popular en 1970, cuyo candidato tuvo que presentarse como "conservador" para que no fueran invalidadas las elecciones, fue negado mediante un fraude confesado 28 años después, y el movimiento ahogado en represión. No obstante esto, desde 1974 van surgiendo alianzas electorales de la izquierda que van dando expresión a la búsqueda de una alternativa.
La Zona Séptima, debido justamente a las migraciones características que fueron tejiendo muchos de sus asentamientos, estaba más predispuesta a acoger esas propuestas políticas alternativas. Ya desde 1972, la izquierda comienza a expresarse electoralmente con fuerza en algunos municipios llaneros, particularmente en Puerto Lleras, San Juan de Arama y Granada. Entre 1978 y 1984 otros municipios van poniendo votaciones significativas para fuerzas alternativas de izquierda, como El Castillo, Mesetas y Vista Hermosa.
3. El modelo represivo
El encarcelamiento arbitrario y la tortura marcaron ciertamente este período, como las formas más corrientes y rutinarias de represión. Su práctica fue "in crescendo" durante los años setentas y llegó a niveles mundialmente escandalosos durante el gobierno de Turbay Ayala (1978-82). El "Estatuto de Seguridad" (o Decreto 1923 del 6 de septiembre de 1978) consolidó un marco legal para facilitar estas prácticas, instaurando el reino de la arbitrariedad represiva más desmesurada. Hasta la "era Turbay",las víctimas de estos crímenes habían sido ordinariamente los campesinos, que no tenían medios de denuncia. A partir de la "era Turbay" la tortura y la prisión arbitraria tocaron a muchas otras capas sociales, como estudiantes, sindicalistas y profesionales, lo que desbordó los niveles de tolerancia social. Pero justamente la intervención de la comunidad internacional a partir del año 80 lleva al Estado a rediseñar ese modelo represivo, que había llegado hasta dividir profundamente al mismo partido gobernante (el liberal). Quizás el motivo más fuerte para un rediseño del modelo represivo fue su fracaso militar: las fuerzas armadas se habían propuesto exterminar definitivamente a la insurgencia armada durante el cuatrienio Turbay, sometiendo a cárcel y tortura a su "brazo desarmado",como llamaron en numerosos documentos a la izquierda legal. Pero el efecto fue el contrario: al ver cerrados los espacios de lucha legal por transformaciones sociales, muchos militantes legales se radicalizaron y adhirieron a la insurgencia armada, la cual creció entonces mucho más que en otras épocas.
El nuevo modelo represivo que se va perfilando al terminar los setentas yen los comienzos de los ochentas, disminuye considerablemente las dosis de tortura y de prisión política y opta por la desaparición forzada y el asesinato. Evidentemente estas prácticas implicaban una deslegitimación del Estado que ya no sería fácilmente manejable, ni a nivel interno ni externo. Por eso concomitantemente se va pasando de un paramilitarismo confeso, como el que se practicaba en la misma Zona Séptima cuando las colonizaciones militarizadas de los años cincuentas y sesentas. Se imponía ya mantener cuerpos de civiles que pudieran desaparecer y asesinar sin que su dependencia de la fuerza pública fuera fácilmente comprobable. En 1979 aparece ya un sigla pública, la "Triple A" (o "Acción Anticomunista Americana") que sirve de fachada a un grupo de oficiales del Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia "Charry Solano", y en 1981 aparece la sigla del MAS ("Muerte a Secuestradores") que encubre ya una estructura coordinada entre Fuerzas Armadas y narcotraficantes. En su libro de entrevistas históricas "En Secreto", el periodista Germán Castro Caycedo transcribe la confesión del narcotraficante Pablo Escobar sobre la fundación del MAS así:
"Lo que le estoy contando es muy jodido: sucede que ellos intentaron un primer secuestro, el de Lehder, que quedó herido y se les escapó en Armenia. Y después otro y más tarde otro. Y al tercero se reunieron todos estos mafiosos aquí en Medellín, alarmados porque si no había reacción inmediata y fuerte, iban a seguir jodiendo a sus propias familias -Mejor dicho, había que cortar por lo sano- y en cosa de dos horas pusieron sobre una mesa doscientos millones de pesos. En esa época doscientos millones era todo. Es que era todo el dinero y también pusieron al servicio de la causa como cien carros y motos y aviones y gente... y hasta un submarino, ¿oiga? [sonríe socarronamente]. Y se le pagaron a la Ley ochenta millones por la información que había en ese momento sobre los señores del Eme (Movimiento 19 de Abril, M-19) y al día siguiente -es que eso fue para ya- empezaron a caer. Los llevaban a ciertas casas, a ciertas fincas, y allá iba la gente de la Ley y los colgaban y empezaban a reventarlos ..." (2)
Esa estrecha coordinación clandestina de los militares con grupos acaudalados, como los ganaderos o cafeteros, y luego los narcotraficantes, se va multiplicando en experiencias locales y nacionales. Como se vio en el capítulo introductorio, existen fundamentos probatorios que nos revelan que en la jurisdicción que entonces cubría la Brigada VII, el Ejército apoyó una estructura armada de civiles que se cobijó también con la sigla del MAS para tratar de exterminar a los líderes cívicos y populares de la región. Más tarde será el narcotraficante Víctor Carranza el que le dará cobertura "civil" a la poderosa estructura paramilitar de la Zona Séptima.
Así, pues, este período está marcado por transiciones: se va pasando lentamente de las prácticas de encarcelamiento arbitrario y tortura, a las de desaparición forzada y asesinato; se va pasando de una tímida pero esperanzadora expresión electoral de una izquierda legal, a su exterminio;
se va pasando de las luchas sociales por la tierra a la extinción del movimiento campesino; se va pasando del paramilitarismo confeso y "legalizado", a un paramilitarismo inconfesable, fundado en relaciones encubiertas entre civiles y militares. Dentro de este contexto habría que encuadrar los crímenes de lesa humanidad perpetrados en diversas poblaciones de la Zona Séptima durante el período, cuyo registro pudo llegar hasta nosotros, a pesar de que en esa época no existían muchas instancias de denuncia, pues el movimiento no gubernamental de defensa de los derechos humanos era incipiente, sobre todo en zonas rurales de difícil acceso.
1. Vista Hermosa
En este contexto, en el municipio de Vista Hermosa, durante los días 26 y27 de enero de I975 se llevó a cabo el Tercer Encuentro campesino del Alto y Bajo Ariari, con delegaciones de Puerto López, Puerto Gaitán, Granada, Puerto Lleras, San Juan de Arama, Cabuiyaro, San Pedro de Arimena, San Martín, Fuente de Oro, Villavicencio y algunos representantes de Cundinamarca y Casanare. Presidieron la asamblea los líderes campesinos José Lisandro García F. y Alfonso Ladino.
En el comunicado que salió de dicho Encuentro, los campesinos denunciaron la concentración de tierras en manos de los terratenientes, la nula labor del INCORA en llevar a cabo la reforma agraria y del IDEMA en la compra de la producción agrícola; los altos intereses de la Caja Agraria y la falta de atención inmediata al desastre de la carretera en Quebradablanca, lo que había ocasionado la pérdida de sus productos. Protestaban también por la reciente expedición de la Ley de Aparcería (Ley 6 de 1975). Igualmente la asamblea denunció la represión oficial contra el campesinado:
Denunciaron particularmente hechos como los siguientes:
El Inspector de Policía de San Pedro de Arimena, recibiendo órdenes del terrateniente Víctor Machado, estaba desplazando colonos bajo amenazas de muerte.
En Puerto López, el alcalde y 70 policías destruyeron varias viviendas en las localidades de Las Palmas y La Argentina y atrepellaron a los campesinos.
Se daban asaltos a los campesinos por parte de bandas de "pájaros" al servicio del terrateniente Clímaco Naranjo; éstos dispararon armas automática contra 6 campesinos con el fin de asesinarlos, logrando aterrorizar a los pobladores, muchos de los cuales abandonaron las parcelas y huyeron.
El campesino NN Morales fue detenido en julio de I974 con desconocimiento de sus derechos legales y sometido a torturas psíquicas por parte de miembros del Ejército, quienes lo llevaron al puesto militar.
El encuentro terminó con la exhortación a realizar un gran paro departamental, para protestar por la desatención del gobierno al problema de la carretera a Bogotá, en el paso 'de Quebradablanca. (3)
Anteriormente, el 6 de mayo de 1972 había sido asesinado el campesino Andrés Cuero, por sicarios al servicio de terratenientes.
Después del referido encuentro continuó la represión. En efecto, el 12de febrero de 1976, la campesina Virgelina Franco, integrante de una organización gremial fue asesinada, por terratenientes.
El 12 de febrero de 1978 fue asesinado por terratenientes el campesino y militante político, Cristóbal Baez Anteriormente había sido detenido con desconocimiento de sus garantías procesales.
Luego, el 14 de julio de 1981, fueron detenidos Agustín Moica y Justo Moica, con desconocimiento de sus garantías procesales, sindicados y sometidos a amenazas, golpes y torturas psíquicas, por miembros del ejército.
El 12 de septiembre de 1982, los dirigentes del Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Meta -SINTRAGRIM-, Cristóbal Loaiza y Luis Leal, fueron detenidos en Vista Hermosa por miembros del B-2 del Ejército y posteriormente desaparecidos.
El 19 de marzo de 1983, el campesino Pedro Martínez fue desaparecido allí mismo tras ser detenido por miembros de una patrulla del Ejército.
El 8 de febrero de 1984, los sindicalistas y dirigentes comunistas Pedro José Andrade y José María Calderón Díaz, fueron asesinados por miembros de un grupo paramilitar..
El 22 de octubre Salvador y Alvaro Ardila, padre e hijo, fueron secuestrados por un grupo de paramilitares y asesinados. Sus cadáveres fueron encontrados amarrados y con señales de torturas.
2. El Castillo
En el municipio de El Castillo, fue torturado Pedro Caviedes el 7 de junio de I972, fuertemente golpeado y herido por el visitador de la Caja Agraria Efrén Leal. Después lo privaron de la libertad sin que alcanzara a recibir la debida atención a su herida.
Allí mismo, en El Castillo, el 3 de mayo de I980, Desiderio Torres fue detenido con limitación de garantías y torturado por parte de los militares. Después, tomando como base supuestas "confesiones" bajo tortura, fue sindicado y sometido a un proceso penal.
El 23 de abril de I982 fue allanada la vivienda de Luis Amaya por una patrulla militar. En el mismo hecho fue ametrallada la vivienda de Francisco Silva, detenidos Humberto Agosta Arevalo, un señor de apellido Aponte y Luis Amaya. Este último fue torturado por los militares.
3. Granada
En el municipio de Granada, en el mes de junio de I972 fue desalojado de su vivienda Juan De Dios Franco por miembros del Ejército, y agredido a patadas y puños, detenido con limitación de sus derechos. Durante su detención continuó siendo golpeado con objetos diversos y sometido a insultos e injurias.
Luis Alberto Peña, en abril de I976, fue detenido con desconocimiento de sus garantías legales y sometido a torturas por el dragoneante Pablo Emilio Bulla, quien lo hizo desnudar, lo golpeó y le causó heridas.
En octubre de este mismo año Ismael Gutiérrez fue torturado por miembros de la Policía hasta causarle la muerte. Ante este asesinato la reacción de los habitantes fue tan violenta, que atacaron el puesto de policía y liberaron a los detenidos que allí se encontraban.
El 14 de julio de 1978 fue desalojado de su tierra, el campesino Fabio Ramírez por parte de miembros de la Policía. Sufrió golpes, amenazas y detención arbitraria. Fue sometido a un proceso penal.
El 3 de junio de I979 Fue detenido y torturado el campesino Antonio Echeverri, lo llevaron al batallón 21 Vargas donde fue sometido a intensas torturas. Fue procesado con fundamento en supuestas "confesiones" arrancadas bajo tortura.
El 15 de marzo de 1981 fue detenido Jaime Cedano a quien le violaron sus garantías procesales; fue torturado por miembros del B2 en la inspección departamental de policía de Puerto Caldas. Se señala directamente como responsable de ordenar y efectuar el crimen al Sargento Sanabria, quien actuó junto con otros militares.
El 30 del mismo mes fue también detenido y torturado el campesino Luis Noraldo Castillo por miembros del Ejército.
4. Puerto Lleras
En septiembre de 1979, fue allanada la vivienda de Alvaro Reinaldo Alban Medina por parte del Ejército. El ciudadano fue detenido con desconocimiento de garantías procesales y torturado. Como fruto de las presuntas "confesiones" arrancadas en las torturas, fue sindicado y condenado. Inicialmente estuvo en la VII Brigada en Villavicencio y luego fue trasladado a la Cárcel Picota en Bogotá.
5. San Juan de Arama
San Juan de Arama era una zona donde predominaban los hatos ganaderos y las empresas agrícolas lo que generó una fuerte confrontación con los campesinos que llegaban en busca de tierra, luego de la frustración de la colonización promovida por el Proyecto Meta I. Esta situación había dado lugar a la militarización del poblado, con la instalación de una base militar allí.
En julio de 1974 fueron detenidos con desconocimiento de sus garantías legales, por parte del Ejército, los campesinos Rogelio Piraquive, a quien inicialmente condujeron a la Escuela de Corrales donde fue sometido a amenazas, colgadas, golpes y plantón, siendo después sindicado y procesado, y Samuel Hernández, a quien también sometieron a torturas.
En septiembre de 1978 fue detenido arbitrariamente Carlos Julio Rodríguez por miembros del Ejército quienes lo sometieron a tortura, aislamiento e incomunicación.
El 29 de abril de 1979 fue detenido y torturado por miembros del Ejército el campesino Ismael Rodríguez. Entre los suboficiales responsables de la detención y tortura están los de apellidos Cruz y Ramírez. Lo tuvieron en el Batallón 21 Vargas. Las torturas consistieron en amarradas, colgadas, desnudadas, golpes y pinchazos hasta causarle heridas.
En I980 fue detenido el Concejal de la Unión Nacional de Oposición UNO, Pedro A. Barreto por un grupo de 12 miembros del ejército que llegaron hasta su vivienda, utilizando capuchas y haciéndose pasar por miembros de las FARC. Fue sacado a la fuerza y llevado a un puesto militar donde entre otras cosas, lo acostaron encima de un hormiguero, fue golpeado salvajemente, interrogado acerca de la guerrilla y sobre sus actividades políticas. Los militares le exigían reunir la Junta de Acción Comunal, a lo cual se negó porque era de noche. Entonces los militares procedieron a colgarlo del cuello y de los brazos de un árbol hasta que perdió el conocimiento. Dos días lo tuvieron desaparecido hasta que por intervención del Comité de Derechos Humanos fue abandonado en grave estado de salud, cerca del sitio donde fue torturado. Una fuente informa que Pedro fue llevado a las instalaciones de la VII Brigada.
El 28 de septiembre de I980 fue detenido con desconocimiento de sus garantías legales el campesino José Cartagena. Sufrió torturas infligidas por miembros del Ejército.
El 12 de abril de 1981 fue allanada la vivienda de la campesina Carmen Rosa Lozano Cubides quien fue detenida y torturada por tropas del Ejército. Fue recluida después en la VII Brigada en Villavicencio.
En abril de 1981 fue detenido sin el lleno de los requisitos legales, Gonzaga Morales a quien los militares torturaron propinándole golpes, colgándolo, levantándole las uñas e hiriéndolo. Las torturas le dejaron secuelas permanentes.
El 4 de septiembre de 1982 fueron detenidos y torturados los campesinos Bertel Quiñones Y Arturo Gómez, por miembros de una patrulla del Ejército.
6. Lejanías
En Lejanías, en el año 1979 el campesino Silvano Malhecha fue detenido con limitación de sus derechos y torturado por miembros del Ejército. Después fue dejado en libertad, habiéndole quedado graves secuelas de la tortura.
El 28 de septiembre de 1980 fue allanada la vivienda del campesino Antonio Salaria, quien fue detenido y torturado por miembros del Ejército, en la Brigada VII. Por este hecho se formuló denuncia ante la Procuraduría.
Ese mismo días fue allanada la vivienda de la familia Bárrelo y detenidos, con desconocimiento de sus garantías procesales, cuatro de sus miembros: Alfonso, Álvaro, José Antonio Y Marcos Barreo. Fueron llevados a las instalaciones de la VII Brigada en donde les infligieron torturas físicas y psicológicas.
7. Mesetas
En el mes de diciembre de 1978, fue asesinado el campesino Atanael Agosta, por el ejército, en la Base Militar de La Uribe; le propinaron un disparo de fusil en la espalda.
En el mes de junio de 1980, el campesino Guillermo Restrepo fue desaparecido por el ejército, después de ser detenido En la inspección departamental La Uribe, con limitación de garantías procesales y sindicado.
En la inspección departamental La Uribe, el 20 de septiembre de 1980, el campesino Alirio Garzón fue detenido sin garantías procesales y torturado por miembros del Ejército entre quienes se encontraban el Teniente Galindo y el Coronel Clemente de la Cruz. Fue sometido a amarradas, golpes, amenazas, privación de alimentos, colocación de vendas en la cara. Estuvo en las instalaciones de la VII Brigada en Villavicencio y fue dejado en libertad. Quedó con graves secuelas de la tortura.
En septiembre de 1980, el campesino Eli González fue detenido en la inspección departamental La Uribe, por miembros del ejército, que desconocieron sus garantías procesales y lo sometieron a tratos crueles, pues durante su detención fue víctima de amarradas, amenazas, privación de alimentos y colocación de vendas en la cara; posteriormente lo dejaron en libertad.
Según denuncias presentadas ante la Procuraduría General de la Nación, en la inspección departamental La Uribe, fueron desaparecidos seis campesinos, el 29 de octubre de 1981, por fuerzas militares; a tres de los labriegos los desaparecieron en un mismo hecho: NN Bautista, Salomón Bautista y Manuel Bedoya, en tanto que a los restantes se los llevaron, al parecer, en diferentes hechos: Pompilio Cruz, Juan García y Víctor Manuel Rondón
8. Región del Alto y Bajo Ariari
En la Región del Bajo y Alto Ariari, el 24 de septiembre de 1979 fue detenido José Rogelio Escala, campesino y miembro de una organización política. La detención la llevaron a cabo miembros el Ejército quienes lo sometieron a tortura.
En el mismo mes de septiembre, sin que se precise el día, fue detenido en forma irregular y torturado el campesino Ventura Agudelo por parte del Ejército.
También en septiembre fue allanada la vivienda del campesino Gilberto Moncada Muñoz, quien fue detenido sin el respeto por sus derechos legales; torturado por unidades del Ejército y recluido en las instalaciones del Batallón 21 Vargas; sindicado, procesado y condenado
9. Puerto López
En junio de 1970, en el municipio de Puerto López fue detenido y torturado por miembros del Ejército el campesino Manuel García, a quien también le fueron destruidos varios objetos en su vivienda.
El lo de enero del 72 fue detenido y torturado por miembros del Ejército el campesino Alfonso Rojas.
En el municipio de Puerto Lleras fueron detenidos y torturados en el sitio Guicharal, en el mes de junio de 1977, por miembros de la Policía, Francisco y Pablo Vargas, José Franco Cárdenas, Juan de la Cruz Poloche, Orlando Reyes. A algunas de las víctimas se les recluyó en la cárcel del municipio.
En junio de 1978 fue torturado Silverio Bonilla por el terrateniente Clímaco Naranjo, quien desde hacía algún tiempo venía persiguiendo y hostilizado a la víctima, llegando incluso a robarle y saquearle su vivienda con la intención de obligarlo a abandonar la tierra en la que trabajaba. Todos estos actos habían sido denunciados y tolerados por las autoridades.
En julio de 1978, o sea un mes después de los desafueros contra Silverio, el campesino Pablo Arturo Vargas también sufrió amenazas, insultos, golpes, injurias y saqueo de objetos de su vivienda por parte del mismo terrateniente Clímaco Naranjo, quien había venido siendo denunciado por las organizaciones campesinas por agredir y torturar a los campesinos y provocarlos, con el fin de que, ante cualquier reacción, pudieran ser encarcelados y así obligarlos a abandonar el predio.
En marzo de 1980 fue detenido y torturado por miembros de la Policía el campesino Efrain Fuentes. Las torturas consistieron en aislamiento, amenazas y golpes con objetos.
En el mismo mes fueron detenidos y torturados los campesinos Francisco Y Gilberto Blanquiset por agentes estatales que la fuente no precisa.
También fue detenido arbitrariamente y torturado el obrero Gabriel H. Betancur por agentes de la Policía.
10. San Martín
En San Martín, José Ítalo Ruiz fue detenido arbitrariamente por el Ejército el 26 de abril de 1979. Los militares lo sometieron a torturas psíquicas a través de amenazas de muerte contra su familia si no decía lo que le preguntaban. Fue sindicado y recluido en la cárcel del municipio.
El 18 de septiembre de 1984 fueron asesinados por unidades militares que llegaron al pueblo en dos guardacostas y varios helicópteros artillados, los pobladores Rosendo Quiroga Garzón, Climaco Torres, Martín Tamayo y Eutimio Cardona. La operación estuvo al mando del Mayor Rodríguez, quien convocó a toda la población en una calle y les dijo que los militares estaban allí "para proteger a los civiles". Mientras él pronunciaba estas palabras, la tropa allanaba y saqueaba numerosas viviendas y asesinaba a dichos ciudadanos. Entre las cantidades robadas por la tropa se contaba: cuatrocientos mil pesos robados a Martín Tamayo a quien dieron muerte; trescientos mil pesos a Eutimio Cardona a quien también dieron muerte, y diecinueve mil pesos robados de la maloca de los indígenas, a quienes les derramaron la harina de mandioca que tenían almacenada, la que constituye su principal alimento.
11. Villavicencio
En el departamento del Meta, Villavicencio, su ciudad capital y la de mayor importancia en los Llanos Orientales, se encontraba en pleno crecimiento como consecuencia del poblamiento de toda la región, a instancias de las colonizaciones. La ciudad contaba con un creciente comercio que servía también a los habitantes de los departamentos limítrofes de la Orinoquía. Como fruto del crecimiento urbano y de una gran masa de población flotante, se incrementaba el sector de los servicios (hotelería, transportes, correos, bancos, etc.), se iniciaba el montaje de algunas industrias y ensanchamiento de otras, especialmente las relacionadas con la construcción, los alimentos e insumos agrícolas. Paralelo al crecimiento de la ciudad iba en aumento el número de trabajadores, empleados y desempleados, quienes a la vez que se sentían atraídos por el crecimiento de la ciudad o desplazados por la violencia de los campos, sufrían múltiples discriminaciones y atropellos y se vinculaban a las luchas sociales y políticas del momento. Estas circunstancias contextuaron las detenciones y torturas de que fueron víctimas muchos de esos activistas, por parte de agentes estatales.
El empleado Gabriel Escribano fue detenido sin el mínimo respeto por sus derechos legales, por miembros de la Policía, de quienes recibió trato cruel con golpes, injurias y amenazas.
En el mes de mayo de 1977, Norberto Garzón, empleado, miembro de una organización sindical y militante político, fue golpeado y asesinado, por miembros del ejército entre los que se encontraban el teniente Torres y el cabo Martínez.
Posteriormente, en el mes de julio, fue asesinado por miembros de la Policía, el estudiante Carlos Guatativa.
El 14 de septiembre de 1977 fue detenido y torturado el maestro Jorge García, por miembros de la Policía.
En septiembre también fue detenida y torturada la sindicalista Magdalena Peña, por parte de miembros de la Policía. Durante los primeros días sufrió golpes, vendas en la cara, aislamiento, incomunicación y amenazas.
La vivienda de Luis Guevara, trabajador independiente, fue allanada el 23 de febrero de 1979 y él detenido y torturado por miembros del Ejército.
Gladis Hernández fue detenida y torturada en julio de 1979 por miembros del Ejército.
A la sede de la VII Brigada en Villavicencio fueron conducidos los militantes del Comando Guerrillero Urbano Pedro León Arboleda, disidencia del EPL, en el mes de septiembre de 1979. Según testimonios de los mismos detenidos, fueron torturados así: dejados 3 días con sus noches sin comer ni dormir, chuzados con palos, mantenidos de pie todo el tiempo recibiendo permanentemente golpes en el estómago y en el pecho hasta sacarles el aire. En una medida desesperada por llamar la atención acerca de lo que estaba pasando dentro del cuartel y evitar la continuación de las torturas, una de estas personas se cortó las venas del antebrazo, con los vidrios de una botella que encontró y rompió, delante de sus torturadores. También en medio de las amenazas con armas, fue herido un niño que se encontraba en las afueras del Batallón. Entre los mandos militares de la VII Brigada que están comprometido en estos crímenes se encuentra un capitán de apellido Herrera. Algunas de estas personas fueron trasladadas a Bogotá al complejo militar de Usaquén, donde continuaron las torturas. Permanecieron durante 7 meses en guarniciones militares en calidad de detenidos. Para esa época comandaba la Brigada de Institutos Militares, en Usaquén, el General Miguel Vega Uribe.
Entre los detenidos se encontraba estaban: Inés Torres De Castellanos, José Yesid Casallas, Carlos Alfonso Avilapatino, Hugo Patino Cortes, Luz Marina Vanegas de Patino, Edgar Emilio Bayona, Juan Carlos Bedoya Ramón, José Del Carmen Moran Rosero.
El 9 de septiembre de 1980 fue detenido y torturado por miembros del Ejército Pedro Nel Ramírez. Sufrió limitación de sus derechos y después de la tortura fue sindicado.
José Antonio Cardona Henao fue detenido el 8 de noviembre de1980 por el Ejército, sin el cumplimiento de garantías legales. Durante su detención fue sometido a aislamiento e incomunicación, golpes, plantón, privación de alimentos, tortura psíquica y vendas en la cara.
El campesino Pedro Celis Tobacia fue detenido en Villavicencio por el Ejército, el 18 de noviembre de 1980. Se violaron sus derechos al momento de la detención y fue sometido a torturas y tratos crueles. Después fue recluido en la cárcel de esta ciudad.
El campesino y militante político Nelson Antonio Cues fue detenido el 12 de noviembre de 1980 y fue torturado, mediante aislamiento, incomunicación, amenazas, golpes, insultos e injurias, privación de alimentos e interrogatorios prolongados. Posteriormente fue trasladado al Centro de Rehabilitación Social del municipio.
El 6 de julio de 1983, el directivo de la Central Nacional Pro Vivienda, CENAPROV, del barrio Las Américas, Aurelio Quiroga, fue detenido y torturado por agentes del F2 quienes lo tuvieron "perdido" durante tres días seguidos en los cuales fue sometido a intensas torturas.
El 6 de agosto de 1983, varios directivos de la CENAPROV: Emma Ballesteros, Alicia De Cañaveral, Vilma Gutiérrez, Luis Salinas, Humberto Morales y Guillermo Gilberto León, fueron víctimas de encarcelamiento ilegal y arbitrario por parte de agentes de la Policía y miembros del F-2, por el hecho de haber presentado una denuncia por agresión y daños a sus viviendas por elementos que constituyeron una "Junta de Acción Comunal" a espaldas de la comunidad.
El 6 de febrero de 1984, el dirigente de CENAPROV y candidado a la Asamblea departamental por el Partido Comunista, Humberto Morales Rivera, fue asesinado por un paramilitar.
Como puede verse, en el período predomina la práctica de la tortura y del encarcelamiento arbitrario, pero ya comienzan a registrarse casos de desaparición forzada y de ejecuciones sumarias extrajudiciales.
El sector social más victimizado durante el período continúa siendo el campesinado, pero otros sectores sociales como los activistas cívicos, particularmente los viviendistas, los maestros y los militantes políticos de izquierda pasan a estar en la mira.
En la mayoría de los crímenes actúan todavía abiertamente los miembros de la fuerza pública y de los organismos de seguridad del estado, los cuales son muchas veces identificables con sus nombres o al menos con sus apellidos. Hacia el final del período, sin embargo, se empieza a ver en acción a los paramilitares no identificados.
12. Acacias
En el municipio de Acacias, en marzo de 1976, fue allanada la vivienda de Carlos Beltran por miembros del Ejército y él detenido. Durante la detención le fue causado maltrato físico y psicológico, privándolo de los alimentos, incomunicándolo, profiriendo contra él y su familia insultos y amenazas; fue golpeado y pateado. Como fruto de las supuestas "confesiones" que hizo en esas condiciones bajo la tortura, fue sindicado.
Notas:1. Cfr. Informe de la Misión de Observación de Amnesty International a Colombia, realizada entre el 15 y 31 de enero de 1980, e Informe de la Misión de Observación a Colombia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, realizada entre el 21 y 28 de abril de 1980.
2. Castro Caicedo, Germán, "En Secreto", Editorial Planeta, 1996, entrevista con Pablo Escobar
3. Revista Alternativa Nº 27, marzo 3 al 17 de 1975.
