Colombia Nunca Más

Consolidación y exterminio de la oposición política en el Bajo Nordeste Antioqueño

Segunda Etapa - 1985-1988

Capitulo VIII
1. Riqueza Natural vs. Miseria Humana
Los municipios de Segovia, Remedios, Zaragoza, El Bagre, Taraza, Cáceres, Caucasia y Nechí conforman la rica y a la vez pobre región el Nordeste y Bajo Cauca antioqueños, rica por su vocación minera, especialmente en oro y plata. Es de resaltar que en este período se presenta una bonanza aurífera tras el aumento del precio del oro y la apertura a una nueva mina para la explotación conocida como Providencia.⁽¹⁾
Como contraste, frente a las riquezas extraídas de la zona se percibe una inmensa miseria de la gran mayoría de sus pobladores, deriva da de un reiterado abandono del Estado en materia de servicios públicos y de la creciente militariza ción de la misma. Esta situación ha determinado que el Nordeste Antioqueño se haya caracterizado por ser una región de profundos conflictos sociales y de luchas populares, donde se destacaron fuertes paros cívicos exigiendo del Estado la efectiva prestación de los servicios básicos, protestas que se acallaron con el asesinato de sus dirigentes y activistas.
Un factor esencial en estas conflictivas regiones ha sido la forma como las empresas nacionales y extranjeras explotaban los recursos a través del sistema de enclave, no obteniendo beneficios ni el municipio ni el país; a este sistema los movimientos sociales se oponían drásticamente, dando así surgimiento a grupos de izquierda que empezaron a obrar con más contundencia a mediados de la década del 80.
Por ejemplo, cuando se realizaron las marchas del mes de mayo de 1988, el municipio de Remedios contaba con 17.736 habitantes,⁽²⁾ en las siguientes condiciones de vida:
Vivienda:

El 25.2% tenía alcantarillado
El 43.6% tenía acueducto
El 47.1 % cocinaba con leña
El 42% tenía el piso de su vivienda en tierra

Salud:

8 camas para cada 10.000 habitantes
0.39 enfermeras para 1.000 habitantes
1.6 médicos para cada 10.000 habitantes

Educación:

36.7 de analfabetismo
Menos de 4 de cada 10 niños entre los cinco y nueve años iban a la escuela.⁽³⁾

2. La Alternativa de poder y el Movimiento Popular: ¿Quimera o Posibilidad?
Luego de la arremetida contra las expresiones sociales, populares y políticas de la región, las cuales quedaron exterminadas o muy menguadas a comienzos de los ochentas, viene un proceso de reconstrucción de las mismas. A partir de 1984 y 1985 dicho proceso estuvo marcado por la, táctica implantada por la fuerza pública para combatir a la indulgencia armada: el para militarismo. Este enfiló su accionar en contra de la oposición política y de las diferentes expresiones de movimiento popular.

La reactivación de la organización popular estuvo marcada por dos factores que determinaron su dinámica en el escenario político de la región y el país:
• El primero tuvo que ver con la organización campesina, que si bien fue el sector social más victimizado, continuó con sus formas de expresión propias; ejemplo de ellas son las primeras movilizaciones de 1984exi-Jiedo justicia y bienestar social para la población de las zonas rural de Segovia y Remedios; ligadas a estas dinámicas aparecen las Ju tas Cívicas, tanto en el campo y la ciudad.
• El segundo factor fue la incidencia de la coyuntura nacional, pues con fruto de la tregua pactada entre el Estado y algunos grupos insurgentes,! entre ellos las FARC, se llegó a una serie de acuerdos con estos, concretamente con las FARC se estableció la creación de un movimiento político amplio que entraría a la contienda política, movimiento que se conformó como partido, con el nombre de UNIÓN PATRIÓTICA.
Tanto el movimiento campesino y popular como la misma U.C. se apoyaron el uno del otro; como resultado encontramos el fortalecimiento de la organización campesina y cívica y el ascenso electoral de la U.C. como alternativa política en el Bajo Nordeste Antioqueño, en detrimento de los partidos tradicionales; las cifras son claras:

1980 1986 1988

municipio liberal conservador izquierda liberal conservador izquierda liberal conservador izquierda

Remedios 791 196 95 601 318 1344 646 262 859

Segovia 1714 389 353 1201 295 2368 869 9 1223

2.1. Campesinos y mineros: terquedad y fuerza en la movilización
Si bien desde comienzos de 1984 los campesinos habían expresado sus inconformidades y exigencias a través de los éxodos y las marchas a las principales cabeceras municipales, solo hasta 1985 lograrían fortalecerse. En febrero de 1985 llegaron a la cabecera municipal de El Bagre alrededor de 6.000 campesinos en éxodo, para reclamar atención del Estado en lo concerniente a vías de penetración, centros de salud, construcción de escuelas, facilidades de préstamos en la Caja Agraria y a ser tenidos en cuenta en los planes de desarrollo municipal, departamental y nacional. Este movimiento campesino pacífico sería disuelto por la fuerza pública y militar a punta de plomo, muriendo el 27 de febrero 4 campesinos y que dando lesionados otros 26. Desde entonces el movimiento tomó el nombre de esa fecha trágica y se denominaría Movimiento 27 de Febrero.⁽⁴⁾ Su radio de influencia comprendía los municipios de El Bagre, Zaragoza, Segovia y Remedios; sus dirigentes eran campesinos, obreros y educado res que asumieron una actitud solidaria, combativa y consecuente con el movimiento social que emergía como alternativa de poder en regiones olvidadas y abandonadas de presencia estatal, realizando denuncias permanentes de la represión estatal y constantes movilizaciones.
Los éxodos se convierten a partir de ese entonces en el recurso de las comunidades campesinas para demandar el retiro de las tropas milita res de los campos y el cese de los ametrallamientos, a la vez que reclamar del Estado garantías para sus vidas, mejoramiento de las vías de penetración, construcción de escuelas, puestos de salud, asistencia médica y ante todo, presentar a la opinión pública los abusos de las autoridades y el olvido estatal. Los municipios de Segovia y Remedios fueron unos de los primeros en vincularse a las marchas campesinas de mayo en el norte del país, tras el asesinato del alcalde electo de la U.C., EIkin de Jesús Martínez Álvarez, el 16 de mayo de 1988, en la ciudad de Medellín, a manos de paramilitares.⁽⁵⁾
No obstante, lo efectivo del recurso terminó por convertirse en un instrumento deliberado de las Fuerzas Armadas en la consolidación táctica y estratégica en el combate contra la indulgencia. El retardo en aparecer las comisiones del alto gobierno para dar soluciones a las problemáticas planteadas, el hacinamiento de las comunidades en las escuelas, las enfermedades virales, gastrointestinales y malarias, sumado el hostigamiento y señalamiento de las autoridades civiles y militares, fueron desgastando poco a poco la resistencia de las comunidades campesinas hasta el punto que muchos regresarían al campo para recoger lo que poseían para volverse rápidamente al pueblo a instalarse en lotes de invasión.
El desplazamiento y el desarraigo en que se ven envueltas las comunidades rurales al concentrarse en las cabeceras de los municipios, la mayor cantidad de población en condiciones inhumanas, obliga a los ruraleños a aceptar esta forma de vida como única alternativa de vida posible. La carencia de una vivienda con los mínimos servicios públicos, hace del plástico y el cartón el único medio para temperar las inclemencias de su des tino; el hambre, la miseria, las enfermedades, el desempleo, etc., se convertirían en su cotidianidad. En esta nueva forma de vida, de desarraigo, se puede ver claramente la política contrainsurgente. Se puede ver concretamente en acción uno de los principios de la Doctrina de la Seguridad Nacional, "quitarle el agua al pez".
Poco a poco, movimientos sociales como el de los campesinos, los mine ros, las juntas cívicas, los derechos humanos, la misma Unión Patriótica, los chanceros, Asocomunal, Asogremios, los sindicatos, es decir todas aquellas expresiones de organización alternativa de las comunidades, fue ron quedando bajo la óptica de "enemigo interno".
El nuevo movimiento político U.P. copa los espacios barriales de los desplazados presentándose como alternativa de cambio para mejorar las condiciones de vida y propender por la legalización de predios. Este movimiento político asume en 1988 las alcaldías de los municipios de Segovia y Remedios por elección popular, desplazando del control político al Partido Liberal. El nuevo movimiento de oposición comienza a caminar y a. abrir las expectativas de sus adeptos, con el desarrollo de obras de infraestructura y de asistencia a las comunidades desarraigadas en el desarrollo de la guerra contra insurgente.
La guerra que en sus comienzos se desarrollaba en el campo, cambia de escenarios. En las cabeceras de las municipalidades se van a concentrar las acciones combinadas de los grupos de justicia privada y los miembros de la fuerza pública.
2.2. Las Juntas Cívicas
En la historia reciente del Nordeste de Antioquia una de las expresiones sociales de masas que jugó un papel histórico en las luchas reivindicativas por mejores condiciones de vida fue la de las Juntas Cívicas.
La pionera y más importante de éstas fue la Junta Cívica de Remedios. Esta nace también como reflejo de los hechos luctuosos del 27 de febrero de 1985 en El Bagre. En esa época Remedios estaba bajo la hegemonía del Partido Liberal, pero soplaron nuevos vientos de organización social y el cacicazgo de los partidos tradicionales, encabezado por César Pérez García, comenzó a derrumbarse. El movimiento cívico naciente proclamaba en los sectores barriales y campesinos: "No más engaño ni promesas electorales incumplida.
La desorganización, la apatía y el adormecimiento en que se encontraban las comunidades por el cúmulo de promesas y engaños, hicieron que en principio los gestores del movimiento cívico fueran mirados con cierta reserva. Pero pudo más el deseo y compromiso de trabajo de los líderes de la Junta Cívica para romper la indiferencia y poder ser escuchados por las comunidades.
Los objetivos del trabajo cívico se perfilan así:

Organizar los barrios a través de las necesidades más sentidas por ellos;
Desarrollar la autogestión, exigiéndole a la administración municipal los recursos materiales;
Despertar el sentido de solidaridad entre los sectores obreros, campesinos y barriales en torno a sus necesidades y luchas comunes;
Rescatar el sentido de justicia comunal para resolver los conflictos que se presentaran en las comunidades.

La Junta Cívica, pese a que era un movimiento pluralista de masas que respetaba los credos políticos y religiosos que se daban en su interior, pero que consideraba como su tarea más importante el crear conciencia de las comunidades en torno a los problemas que las afectaban, se dio a la tarea de orientar esta organización de las comunidades. "La dirección del movimiento estaba regida por el centralismo democrático, en donde las decisiones fueran producto de las discusiones políticas".
Esta forma de organización social incomodó a los representantes de los partidos tradicionales del municipio, pues los integrantes de la Junta Cívica eran vistos como desestabilizadores del orden y de la tranquilidad ciudadana.
En su labor de copar espacios, los líderes de la Junta Cívica con su traba jo abierto elaboraron un plan de acción:

Cada semana, de acuerdo a un cronograma, se visitaría un barrio y se levantaría el diagnóstico de las necesidades más sentidas; se organizaría la junta barrial y las diferentes comisiones para el desarrollo de las tareas.
Un representante de la junta del barrio pasaría a integrar la Junta Cívica central.
Todos los domingos la Junta Cívica realizaría una asamblea pública en el teatro del municipio, para presentar los informes de las tareas desarrolla das, recibir inquietudes de las comunidades y programar actividades.

Las personas que integraban la Junta Cívica Central eran campesinos, trabajadoras sexuales, obreros, amas de casa, vendedores ambulantes, estudiantes y educadores, entre otros. Este amplio espectro de representantes de la comunidad contribuyó al despertar de los líderes naturales de las comunidades que fueron surgiendo en las veredas y en los barrios como si se hubiese cosechado en tierra fértil.
La innovación de este movimiento fue el combinar la teoría con la práctica; se hablaba a las masas y se trabajaba con ellas. De esta manera se obtuvo el primer logro en el trabajo comunitario: dar solución de vivienda a las trabajadoras sexuales con la construcción del barrio "Camilo Torres".
Tanto la Junta Cívica como la Unión Patriótica fueron procesos paralelos que se presentaron en estos municipios, cada uno con sus particularidades. Mientras la U.P. buscó la organización de las comunidades con fines electorales y populistas, las Juntas Cívicas lo hicieron teniendo como criterio la solución de problemas que agobiaban a las comunidades, sin aspirar a cargos públicos.
No obstante la existencia de diferencias políticas entre el movimiento de oposición política y las Juntas Cívica, hubo respeto mutuo. Ello posibilitó la realización de actividades conjuntas en la coordinación de los paros cívicos, que se gestaron como respuesta a los bombardeos indiscriminados y los operativos militares contra las comunidades, las cuales no tuvieron otra alternativa que el éxodo.
En los éxodos a las cabeceras municipales no solo se denunciaban los ametrallamientos, los incendios a las viviendas, el sacrificio de animales domésticos, el maltrato físico y psicológico al que eran sometidas las comunidades en desarrollo de las operaciones militares; también se hacía de ello una lucha reivindicativa. Los representantes del alto gobierno adquirían compromisos con las comunidades marchantes en relación con la construcción de vías de penetración, construcción y dotación de escuelas rurales, nombramiento de educadores, construcción de centros de salud, dotación de hospitales, mejoramiento de servicios públicos en general. Allí estaban las Juntas Cívicas orientando y colaborando con los campesinos. Su presencia moral y física en el acompañamiento a las comunidades la hacía parte en la negociación de las peticiones.
El asesinato en 1988 de Elkin de Jesús Martínez, Alcalde electo de la U.P., generó en los municipios de Remedios y Segovia un paro cívico de vastas proporciones en rechazo de este crimen. Hasta las cabeceras urbanas llegaron miles de campesinos que se albergaron en las escuelas y colegios. Era notable en los campesinos el peso de las enfermedades, la des nutrición y la miseria. Esta protesta de rechazo por el asesinato del líder de la Unión Patriótica, coincidió con las marchas del Nororiente del país. La Junta Cívica canalizó el malestar campesino que no había sido escuchado y se puso al frente del movimiento. Al cabo de 20 días llegaron los delegados del alto gobierno departamental y nacional. La Junta Cívica hizo entrega del pliego petitorio y se dio comienzo a las discusiones
El pliego petitorio contenía puntos de acuerdos anteriores incumplidos. Se exigió como condición para levantar el paro cívico, lo siguiente:

Dotación del hospital local "San Vicente de Paúl" con instrumentos quirúrgicos y ampliación y cobertura de su planta física.
Ambulancia.
Nombramiento de personal médico y enfermeras
Mejoramiento de la planta del acueducto, distribución de redes y tratamiento del agua.
Ampliación de la cobertura educativa, con la construcción y dotación de escuelas.
Nombramiento de plazas de educadores
Construcción de viviendas de interés social
Compromiso de no represalias contra los dirigentes del paro y sus negociadores.
Cumplimiento a los acuerdos pactados en paros anteriores

Los acuerdos se firmaron luego de intensas reuniones en la localidad de os y en la ciudad de Medellín. Luego las comunidades regresaron a sus lugares de trabajo en espera del cumplimiento de lo pactado, porque de lo contrario, estaban dispuestas a marchar nuevamente.
El desarrollo de este paro contó con el constante hostigamiento y las amenazas de la fuerza pública en cabeza del Mayor Blanco Pineda y del Capitán Londoño, que insistentemente trataron de acabar el movimiento. El asedio a los líderes de las comunidades y a los miembros de la Junta de la junta cívica fue una constante, pero el movimiento se mantuvo.
La junta Cívica adquirió resonancia y popularidad entre las comunidades del Nordeste por su seriedad, honestidad, claridad, entrega y compromiso de trabajo. Los logros en salud, construcción de vivienda, la construcción de escuelas, la pavimentación de calles, la construcción de vías y solución a los conflictos que se presentaban al interior de las comunidades, hicieron de éstas una expresión social que gozaba del reconocimiento y del afecto de las mismas.
2.3. La oposición política... truncada
Así mismo, producto de los acuerdos de tregua concertados en 1984 entre el Gobierno de Belisario Betancur y un sector de la indulgencia armada; que se contaban los Acuerdos de La Uribe con las FARC, nació el proyecto político denominado Unión Patriótica -U.P.-. Dirigentes del Partido Comunista, algunos guerrilleros amnistiados y otros líderes políticos que se sumaron, fijaron las orientaciones fundamentales del nuevo partido.
Este ensayo político tenía como objetivo abrir espacios democráticos a la oposición, espacios a los que sólo el bipartidismo tenía acceso hasta entonces en el manejo del Estado. Fue concebido como un movimiento pluralista, democrático y popular, en el cual cabrían todas las tendencias políticas . Bajo este mismo presupuesto se creó la Unión Patriótica en Segovia y Remedios.
Comunistas, gentes sin partido, campesinos, obreros y personas de los partidos tradicionales, convergen en el nuevo proyecto político; en el campo los campesinos van creando y dando vida a sus organizaciones comunitarias.
En las elecciones del 86 esta coalición debilitó el poder del conservatismo y el liberalismo tradicionales y logró quedar en mayoría en el Concejo municipal de Segovia, con 6 concejales hasta 1989.
Ese mismo año, Carlos Peña, coordinador regional de la U.P., fue uno de los amenazados, "varios muros de Segovia fueron pintados con inscripciones amenazando de muerte al coordinador de la U.P. Carlos Peña, están que lo borran del mapa como a Gilberto Gallego"⁽⁶⁾. El 16 de marzo cayó asesinado en la vereda Laureles, de Segovia, Luis Eduardo Rojas quien se desempeñaba como vicepresidente de esa organización política en el municipio de El Bagre, junto con otros cuatro militantes, por unidades de contraguerrilla del Ejército al mando del Teniente Aníbal Yohar Muñoz. El hecho fue presentado a los medios de comunicación como un "enfrentamiento entre el ejército y una columna guerrillera".
El 18 de marzo de 1987 la Unión Patriótica convocó a una rueda de prensa en la que su presidente, Jaime Pardo Leal, hizo graves denuncias contra los miembros de la Fuerza Pública, suministrando a los periodistas pruebas concretas de casos de violaciones de los derechos humanos en los cuales con nombres propios era señalado personal uniformado. En sus denuncias manifestó que el grupo paramilitar Muerte a Revolucionarios del Nordeste venía utilizando para sus crímenes el vehículo de placas PT0080 de propiedad de la Policía de la localidad y que en una de sus incursiones al municipio de Segovia había caído muerto, por la reacción de un celador, uno de sus miembros que resultó ser un agente de la Policía de apellido Sánchez.⁽⁷⁾
En el primer trimestre del año 87 el MRN difundió dos "cartas abiertas al pueblo del nordeste". La segunda de ellas resultó ser reveladora de los futuros acontecimientos. En ella se leía "Respaldamos al gran caudillo de esta región, doctor Cesar Pérez García, en su anhelo por la Presidencia de la Cámara de Representantes. Saldremos para la elección de Alcaldes con dos honorables baluartes: don Humberto González, para Remedios, y don Sigifredo Zapata, para Segovia. No aceptamos alcaldes comunistas en la región, como tampoco concejos municipales integrados por idiotas campesinos o vulgares obreros como los de la Unión Patriótica ya que no tienen la inteligencia para desempeñar tales posiciones y manejar estos municipios que siempre nos han pertenecidos y ahora recuperaremos lo que cueste!..". El MRN terminaba con un macabro aviso: «saldremos con un gran golpe mortal».
A fines de 1987 el Ejército realizó un intenso operativo de inteligencia en del Batallón Bomboná tendiente a vincular a la militancia de la Unión Patriótica a actividades propias de los grupos subversivos; el objetivo era evitar que esta agrupación política ganara las elecciones de 1988.La consigna era: "el aniquilamiento físico o el encarcelamiento'. Más adelante, a partir de la primera elección popular de alcaldes, cuando la U.C. ganó las alcaldías de Segovia y Remedios, desde de ese momento sintió la presencia activa y continua del MRN y "Los Realistas", movimiento en el cual estaban involucrados algunos de los caciques políticos de la región pertenecientes al Partido Liberal; algunos boletines de estos grupos paramilitares fueron editados en la base militar Bomboná, en el mimeógrafo de la Frontino Gold Mines y otros despachados directamente desde Medellín. En abril de 1988 el grupo paramilitar MRN amenazó a los alcaldes electos de los municipios de Apartado, Mutatá, Remedios, Segovia y Yondó, todos ellos pertenecientes a la U.P;⁽⁸⁾ además, a los siete de los diez concejales elegidos que pertenecían al partido de izquierda en Segovia. El 18 de mayo de 1988, el Alcalde electo de Remedios y miembro de la Unión Patriótica, Elkin DE JESÚS MARTÍNEZ, fue asesinado en la ciudad de Medellín, éste debía posesionarse el 1° de junio.
"En las elecciones de 1988 la Unión Patriótica U.P. alcanzó 18 alcaldías con listas propias: Apartado, Mutatá, Remedios, Segovia y Yondó en el departamento de Antioquia; San Pablo en Bolívar; San Vicente y Sabana de Torres en Santander; Lejanías, El Castillo y Vista Hermosa en el Meta; Leyva en Narino; Arauquita y Tame en Arauca; Cartagena del Chaira y La Montañita en el Caquetá; Cabrera en Cundinamarca y Riosucio en el Chocó.
"Participaron en alianzas políticas para las elecciones de un poco más de 50 alcaldías. En las elecciones de 1986 las fuerzas del PC obtuvieron 300 mil votos, en las elecciones de 1988 la cifra fue de 223 mil votos; para 1999 tiene una gran prueba en razón a que más de 1.000 dirigentes han perdido la vida como producto de sus actividades políticas... que provocaron la violenta reacción de la derecha colombiana..." ⁽⁹⁾(sic.)
El 11 de Noviembre de 1988 se realiza la peor masacre ocurrida en el Nordeste Antioqueño. Fue una masacre anunciada mediante boletines y graffittis en las paredes con frases como estas: "Pronto entraremos en acción" " Tanto ama Dios a Segovia que nos mandó para salvarlos","ELN, Farc y comunistas asesinos, todos pagarán".
Es de anotar que el día 27 de octubre, las centrales obreras del país habían programado un paro nacional de protesta contra el gobierno del Presidente Virgilio Barco Vargas; las organizaciones sociales y campesinas tenían programado marchar y demandar del gobierno nacional reivindicaciones laborales, agrarias y el respeto al derecho a la vida.⁽¹⁰⁾ A las 11 de la noche de la víspera, el Ejército se distribuyó por toda la localidad y comenzó a hacer disparos al aire para aterrorizar a la población; además escribieron mensajes en las paredes aterrorizando a la población de Segovia; también repartieron por debajo de las puertas de las casas octavillas firmadas por el grupo paramilitar "Los Realistas", vástago del MRN.
Los cambios operados en 1988 en la composición política y la pérdida de las elecciones por parte del Partido Liberal, trajeron consigo el recrudecimiento de la ola de violencia contra los militantes de la U.P. El mecanismo para iniciar el exterminio contra los miembros de la U.P. fue la utilización del grupo paramilitar Muerte a Revolucionario del Nordeste, el cual contó con el patrocinio del narcotraficante Fidel Castaño y con la orientación de los altos mandos del Batallón Bomboná con sede en el municipio de Puerto Berrío y del gamonal y político de la región César Augusto Pérez García.
Además se señala que en la motivación de la ola de asesinatos también hubo ánimos de venganza, toda vez que el Representante a la Cámara Cesar Pérez García había sido objeto de dos atentados por parte de integrantes del ELN, además del libre desarrollo de la labor ilícita del
narcotraficante Fidel Castaño Gil y su afán de venganza contra las FARC.
En adelante se seguiría una cadena de crímenes contra los militantes de la U.P., cometidos en ocasiones por grupos paramilitares en connivencia con las fuerzas militares y en otras por las Fuerzas Armadas quienes, so pretexto de realizar acciones militares o enfrentamientos con la guerrilla, asesinaban a los militantes y simpatizantes de esta agrupación política; en algunos casos las investigaciones determinarían que las víctimas an tes de ser ejecutadas habían sido sometidas a torturas físicas.
2.4. Los partidos tradicionales vuelven a hegemonizar
En el pasado, el Bajo Nordeste Antioqueño había sido un importante bastión del Partido Liberal con César Pérez García como uno de sus máximos representantes, seguido por Bernardo Guerra Serna, Humberto González, Sigifredo Zapata y poco más tarde Jorge Honorio Arroyave, quienes contaban con un fuerte dominio electoral en la región. Sin embargo, a raíz del surgimiento de la U.C., tras la tregua suscrita entre el Gobierno de Belisario Betancur y las FARC, en 1984, modificó la hegemonía política existente, en favor del naciente grupo de oposición, que en las elecciones de 1986 alcanzó altos niveles de votación para Senado de la República, Cámara de representantes, asambleas departamentales y con cejos municipales. En el municipio de Segovia, por ejemplo, las elecciones populares de 1988 mostrarían el ascenso de la U.C. en desmedro de la hegemonía del Partido Liberal, confirmado así: siete de los 10 concejales elegidos pertenecían al partido de izquierda y obtendría la primera alcaldía popular para su movimiento; en Remedios sucedería algo similar.
El exterminio de la oposición política, en este caso la U.C., fue la forma como los partidos tradicionales, en especial el liberal, recuperaron la hegemonía política del Bajo Nordeste Antioqueño. Así, César Augusto Pérez García, máximo orientador del liberalismo en la región, líder del grupo político conocido como Los Bacalaos y quien se desempeñaba como Presidente de la Cámara de Representantes, retornaría en 1989 al control político de la región, luego del desmoronamiento de las distintas organizaciones sociales a causa de la represión estatal paramilitar.
3. La Guerra Sucia: Forma Estatal de afrontar el Conflicto Armado
3.1. Los tentáculos del terrorismo de Estado en el Bajo Nordeste Antioqueño: XIV Brigada, Batallón Bomboná, MRN, Realistas
La estrategia de represión, terror, control y amedrentamiento de la población, utilizada por las instituciones del Estado, ha estado dirigida a proteger la explotación de los recursos naturales y en la década del 80 al mantenimiento de los partidos tradicionales en el control político de la zona.
Con este fin se desarrolló toda una campaña de terror en la zona, que buscaba aniquilar al movimiento popular o su inmovilización por medio de la amenaza a sus integrantes. Para ello utilizaron básicamente tres estrategias: 1) La ejecución de acciones indiscriminadas; 2) El asesinato selectivo; y 3) La criminalización del movimiento social y popular. La simulación de enfrentamientos y los cotidianos atracos sobre todo a los vehículos de servicio público fueron las formas de generar terror y amedrentamiento general hacia la población.
Para analizar este fenómeno es necesario tener en cuenta los crímenes de lesa humanidad que se presentaron en estas zonas, puesto que con ellos se buscaba, en el fondo, el mismo objetivo: acabar con todo lo que fuera organización, participación comunitaria, liderazgo y proceso social de la región.
Durante este período seguía haciendo presencia en Segovia una base militar adscrita al Batallón Bomboná, el cual formaba parte de la recién creada XIV Brigada del Ejército con sede en Puerto Berrío.
Igualmente, el grupo paramilitar Muerte a Revolucionarios del Nordeste -MRN-⁽¹¹⁾, fue conformado en 1986, tras una alianza entre varios grupos y como una extensión del MAS, así se pudo establecer con los acontecimientos del 11 de noviembre de 1988:
"Por un lado, los miembros del Ejército integraron el comando del MRN. Un integrante del comando paramilitar había sido visto días antes dirigiendo un operativo militar en Segovia. Este grupo, integrado por miembros de la red de inteligencia de la XIV brigada, estuvo bajo el mando del Sargento Aurelio Benavides, alias 'Carlos'.
Por otro lado, se encontraban miembros de la red paramilitar que opera en la jurisdicción de la XIV Brigada y bajo su directo control. Esta red era conocida cerno 'Fuerza Delta'. Uno de sus más importantes miembros, Alonso de Jesús Baquero Agudelo, más conocido como 'Alfredo' o 'El Negro Vladimir', ex guerrillero de las FARC y miembro de ACDEGAM, había integrado junto con otros paramilitares de Puerto Berrío el comando que asaltó Segovia. (...)
Otro grupo integrante del comando estaba constituido por personas ligadas al narcotraficante Fidel Castaño Gil. Se trataba de los hermanos Ruiz Villa. Unos meses antes de la masacre, una columna del Ejército de Liberación Nacional había secuestrado y asesinado a dos de sus hermanos. Sin embargo, su presencia no obedecía solamente al ánimo de venganza. Hacían parte de la estructura del narcotraficante Castaño, la cual servía de apoyo a numerosos grupos paramilitares diseminados en varías regiones de Antioquia, Córdoba y Bolívar, y que trabaja en estrecha relación con el Ejército"⁽¹²⁾
Además, en palabras de la misma Procuraduría, afirmando que "resulta incontrovertible que el MRN surgió en el momento en que se desmoronó el cacicazgo de los viejos dirigentes políticos locales, hegemónicos hasta consolidarse en la región la mayoría política de la Unión Patriótica",⁽¹³⁾ es decir, tras la derrota política a César Augusto Pérez García.
En Segovia, para 1986, luego de la masacre en la que murieron Luis Eduardo Rojas, dirigente de la Unión Patriótica y cuatro militantes más, se re unieron en un establecimiento comercial de propiedad de Fabio Gil, varios miembros del grupo paramilitar MRN. Simultáneamente empezaron a aparecer octavillas llamando a la población a "colaborar" con el Ejército y anunciando "una gran tragedia que sólo se podrá evitar si el campesinado tra baja con el Ejército". "No era casualidad que el comandante del batallón Bomboná en 1986 fuera el Teniente Coronel Virgilio Arturo Anzola Montero. En 1982, siendo entonces Mayor y perteneciendo a la V Brigada, este oficial había colaborado en la creación del grupo paramilitar 'Los Tiznados en San Juan Sosco de la Verde, en Santa Helena del Opón, en el Magdalena Medio santandereano. Según desertores de este grupo, que también operaba bajo los nombres del MAS, 'Los Carecuchos' y 'Los Grillos', Anzola había tomado personalmente parte en ejecuciones y desapariciones de campesinos de la región".⁽¹⁴⁾
En una segunda Carta Abierta al pueblo del Nordeste suscrita por el MRN, manifestaron que "queremos recordar que así como nuestros compañeros del MAS limpiaron a Puerto Berrío de tanto títere comunista, exterminaremos al pro-castrísta ELN y aniquilaremos a la subversiva Unión Patriótica y acabaremos con la popular tregua de las FARC. De nuevo le decimos a nuestros hermanos del nordeste que reconquistaremos la región así sea a 'sangre y fuego'. Para ello contamos con el apoyo militar de la Policía, del Ejército colombiano, del MAS y de ilustrísimos hijos de la región que hoy ocupan altísimas posiciones en el gobierno. Reconocemos y valoramos el esfuerzo que hacen nuestros aliados de las Estados Unidos, que bajo la fuerte mano de su presidente Dr. Ronald Reagan, combaten intensamente el comunismo internacional. No debemos ser desagradecidos con ellos, ya que han invertido muchos dólares en nuestra patria y por eso debemos corresponderles con nuestras riquezas naturales y rechazar los atentados dinamiteros que el ELN hace a los oleoductos y a las dragas desinteresadamente construidas por los norteamericanos...»
En el año 1987, el MRN reivindicaría los asesinatos de varios sindicalistas y dirigentes de oposición en la ciudad de Medellín; estos tendrían su epicentro en la Universidad de Antioquia. En ese tiempo hizo presencia alterna con el MRN otro grupo paramilitar denominado "Amor por Medellín". Se señaló a miembros de la organización de ultraderecha "Tradición, Familia y Propiedad" como quienes se ocultaban detrás de la sigla. El MRN también amenazó a dirigentes agrarios y a Alcaldesa de Aparatado, respectivamente.
3.2. La subversión armada
El Nordeste Antioqueño también se ha caracterizado por ser zona asentamiento de organizaciones subversivas como las FARC y el ELN que contaban con varios frentes guerrilleros desde hacia varios lustros. Inclusive en la región de Anorí, no muy distante de ésta, el Ejército inició una opera ción de cerco y aniquilamiento al Ejército de Liberación Nacional, en los meses de septiembre y octubre de 1973. El ELN había concentrado en ase lugar el grueso de sus combatientes y allí murieron dos de sus máximos dirigentes y varios de sus integrantes fueron encarcelados.
Si bien la presencia de las FARC para este período era ya un hecho, sólo en estos años se hace más evidente su accionar político en la zona rural y urbana. La tregua firmada en La Uribe con el gobierno del presidente Betancur abrió algún espacio para ello. El Ejército de Liberación Nacional ya tenía allí una proyección política desde años atrás.
Efectivamente, y a pesar de los constantes hostigamientos en el área rural que generaron éxodos campesinos en Cañaveral, El Río, Fraguas, El Puna, la indulgencia armada se fortaleció en estos años. El frente "José Antonio Galán" del ELN creó la Compañía Anorí y le dio vida al frente 'María Cano", de una parte, y el IV frente de la FARC creó el frente XXXVII.
4. El aniquilamiento como forma de hacer política
Si bien en otros períodos de este nuevo ciclo de violencia en el Bajo Nordeste Antioqueño la represión había sido descomunal, en éste se evidencia una de las máximas que anima a la clase política colombiana.
Gonzalo Sánchez bien lo señala: "En una sociedad donde los contendores políticos y sociales no pueden ser pensados en términos de rivalidad sino de desviación de una verdad o creencia originaria -de ortodoxia y herejía, como en las guerras de religión-, la regeneración social y política no puede lograrse sino por medio de la proscripción o el aniquilamiento de quienes, según los parámetros histérico-culturales dominantes, se encuentran en estado de transgresión... Desde el poderse urdían verdaderas estrategias de homogeneización dentro de las cuales la guerra y la política no podían pensarse simplemente en términos de victoria sobre el enemigo sino de eliminación física del mismo. La diferencia se había hecho incompatible con el orden".⁽¹⁵⁾
En el transcurso de estos años, 1986-1988, en el Bajo Nordeste Antioqueño se puede comprobar que esta máxima predomina, tanto en los partidos políticos tradicionales, especialmente en el Liberal, como en los altos mandos militares, quienes en compadrazgo con los narcotraficantes, llevaron a cabo el exterminio físico de la oposición política en la región; veamos:
4.1. 1986 1987: Primeras acciones contra la oposición política
Los Asesinatos
Durante estos años se presentaron varios casos de asesinatos y algunos de desaparición, como preámbulo a la arremetida frontal que se vendría contra la oposición política y la población en general. Se caracterizaban por la participación directa de la fuerza pública, tanto en la zona rural como en las cabeceras municipales:
El 6 de febrero de 1986 fue asesinado en Segovia el empleado de una discoteca, Carlos Héctor Mejía Parra, por el agente de la Policía Hernando Copete González, quien se encontraba borracho. El hecho se presentó cuando Carlos Héctor se negó a venderle licor al uniforma do. La Nación, en condena administrativa, pagó los perjuicios morales causados a los familiares de Carlos Héctor.⁽¹⁶⁾
El coordinador de la Unión Patriótica en el municipio de El Bagre, Luis Eduardo Rojas, Una Mujer Menor de Edad y Cuatro Hombres Sin Identificar, militantes de la U.C., fueron detenidos, tortura dos y asesinados con sevicia por una patrulla del Batallón Bomboná al mando del Teniente Aníbal Yohar Muñoz, en el corregimiento Fraguas, ubicado en el municipio de Segovia, el 16 de marzo de 1986 a las 2 de la tarde aproximadamente.
Momentos antes se había presentado un enfrentamiento armado con una columna de las FARC. Dicha patrulla detuvo a orillas del río Copune a los cinco campesinos; después los labriegos fueron torturados y obligados a despojarse de sus vestidos y a usar uniformes militares. Luego de ser quemados con agua hirviendo, los cinco campesinos fueron fusilados y sus cuerpos rociados con ácido.
El Ejército afirmó posteriormente que se trataba de "guerrilleros muertos en combate." Dicha versión fue poco creíble, ya que las balas les habían penetrado por la espalda; además las quemaduras con ácidos y las fracturas en diversas partes de los cuerpos de las víctimas hacían evidente que habían sido retenidos y torturados antes de ser asesinados con sevicia. "Si acaso existió algún encuentro armado, las víctimas fueron de alguna manera retenidas y posteriormente les fueron empleados métodos inquisitivos torturándoles de tal manera que a algunos les estallarían sus órganos vitales".⁽¹⁷⁾ El caso está permanece en la más absoluta impunidad, ya que la versión de los militares prevaleció por encima de cualquier otra.⁽¹⁸⁾
Para el tiempo en que ocurrió la masacre estaba vigente el acuerdo de tregua y cese al fuego entre el gobierno de Belisario Betancur y la guerrilla de las FARC. Los cuerpos fueron sepultados como NNs.
Más de 6.000 campesinos de la región realizaron un éxodo hacia la cabe cera municipal para protestar por los crímenes, para exigir la desmilitarización de la región y el mejoramiento de los servicios públicos. El día 22 regresaron a sus lugares de origen, después de la firma de un acuerdo con el Gobierno.
El 18 de noviembre de 1986 fue desaparecido en Remedios, torturado y asesinado, el agricultor Manuel Salvador Ceballos Sierra, quien se desempeñaba como dirigente de la U.C., presidente de una Junta de Acción Comunal, por militares de la XIV Brigada, quienes con lista en mano lo seleccionaron de entre las personas de la vereda y se lo llevaron. Días después su cuerpo apareció asesinado con visibles señales de tortura.
Cinco meses más tarde, el 11 de abril de 1987, en el municipio de Segovia fue asesinado Heriberto Ramírez Maldonado por policías que pasaron disparando por una calle de la zona de tolerancia. En horas de la madrugada, dichos policías exigieron cinco mil pesos ($5.000.oo) a Jaime Alberto Zapata a cambio de no retirarle la licencia de funcionamiento de su establecimiento, alegando que el sonido de la música estaba demasiado alto. Más tarde aparecieron otros soldados exigiendo lo mismo. La Policía bajó por la calle disparando cayendo asesinado Heriberto Ramírez Maldonado en el mencionado establecimiento. Según testigos, quien dis paraba era el Capitán Acuña de la Policía. Según un obrero del municipio, el capitán Acuña había bebido aguardiente en el recinto del Palacio Municipal. Un vendedor ambulante, Nicolás Alberto Gómez, fue alcanzado por balas de los policías quedando herido. Posteriormente el Capitán Acuña, en estado de embriaguez, intimidó y amenazó a Carlos Arturo Rueda.
El 15 de abril de 1987 fue asesinado en Remedios Jairo Alonso Callejas, de 13 años, y torturada Victoria Jaramillo, ambos campesinos de la vereda El Recreo, por miembros del Batallón Bomboná bajo las órdenes del Coronel Anzola. Los militares irrumpieron en la vereda aproximadamente a las 5:00 de la mañana, disparando en todas direcciones, causando la muerte de Jairo Alonso y heridas a otras personas. El cuerpo del menor presentó más de treinta impactos. Victoria, al igual que los demás pobladores de la vereda, quiso salir del lugar, pero los militares se lo impidieron sometiéndola a tortura; igualmente impidieron el paso de personal médico del hospital San Vicente de Paúl que llegó hasta el lugar con el fin de atender a los heridos. Posteriormente, cuando llegó el Coronel Anzola al lugar, dijo que "esas son cosas que tienen que ocurrir pues las balas no escogen a nadie' y trató de persuadir a la gente para que no abandonara la vereda.
Las Torturas
Las torturas fueron otra modalidad que prevaleció como práctica recurren te de las fuerzas armadas para arrancar información e intimidar a la población. Estas se presentaron básicamente en la zona rural del Bajo Nordeste Antioqueño:
El 22 de mayo de 1986, en el municipio de Remedios, el campesino Rafael Vidales ⁽¹⁹⁾ fue torturado por miembros del Ejército Nacional. Los militares llegaron a una casa en zona rural del municipio y rodearon y amenazaron a dos menores de edad de 9 y 12 años, a quienes les preguntaron por el paradero de su padre. Luis intervino para defender a los menores pero los militares lo amarraron, lo golpearon y posteriormente lo dejaron en libertad; también registraron todo el lugar, hurtaron veinte gallinas y luego se marcharon. Tres meses más tarde, el 14 de agosto, un hijo suyo, Juan María Vidales, sería igualmente torturado por el Ejército.
El 25 de mayo 1986, en el municipio de Segovia, nueve campesinos sin identificar, fueron detenidos y torturados por el Ejército, cerca del lugar donde hubo enfrentamientos entre los militares y la guerrilla. Los militares los maltrataron y golpearon, los privaron de bebida y comida; además los amenazaron con colgarlos al rotor de un helicóptero. Sus alimentos, cultivos y vivienda también fueron destrozados por los soldados.
El 23 y el 24 de julio de 1986, en el municipio de Remedios, los campesinos Nelson De Jesús Piedrahita, Luis Alberto Piedrahita Estrada y Olga Lucia Caro Álvarez, fueron detenidos y tortura dos por miembros del Ejército. El hecho se presentó cuando Nelson regresaba de su trabajo en la finca San Mateo de propiedad de Jesús Acevedo, e introducido en un monte donde lo obligaron a tenderse boca abajo, lo golpearon y amenazaron con asesinarlo. Al día siguiente correrían la mis ma suerte Luis Alberto y Olga Lucia, esta última fue interrogada por dos soldados acerca de la familia Piedrahita y de Jesús Acevedo propietario de la finca. Al día siguiente regresaron los militares en número mayor y amenazaron con asesinarla apuntándole con un fusil a la cabeza; el militar que estaba al mando la golpeó tratando de introducirla en el monte. Finalmente fue dejada en libertad.
4.2. 1988: Culmen de esquizofrenia estatal con el MRN
Como antesala a la masacre del 11 de noviembre de este año sucedieron una serie de agresiones que se caracterizaron por la victimización de la oposición política, cometidas, en su mayoría, por paramilitares. Es de anotar que "en marzo, se llevarían a cabo las elecciones. La derrota al grupo de
Los Bacalaos era grande. La Unión Patriótica conquistaba las alcaldías de Remedios y Segovia, mientras que ganaban un gran número de concejales en los municipios del nordeste⁽²⁰⁾ En dicho mes, César Augusto Pérez García fue objeto de un atentado contra su vida cometido por el Ejército de. Liberación Nacional en el Alto de los Muertos, del cual salió ileso.
En el transcurso de los meses que precedieron a la masacre de 43 personas en Segovia, se cometieron diversos crímenes de lesa humanidad en los municipios del Bajo Cauca y del Alto Nordeste Antioqueño; aquí sólo reportamos los casos esclarecidos de los municipios de Segovia y Remedios⁽²¹⁾:
El 1 de febrero de 1988, en el barrio María Alegría, ubicado en el corregimiento La Cruzada, de Remedios, fue asesinado por paramilitares Jorge Toro, de 40 años, quien era candidato al Concejo municipal en representación de la U.P.
Seis días más tarde, en este mismo municipio era torturado y asesinado Elkin de Jesús Moreno Salas y heridos y sometidos a tratos crueles e inhumanos Óscar Emilio Palacio, Joaquín Emilio Restrepo Caro y Germán Enrique Guerra Achury, este último perdió una de sus piernas a causa de las heridas. Todos militantes de la U.C. y trabajadores de la finca Las Perlas de propiedad del Concejal de la U.P. Omar Pineda Velázquez.
Ese 6 de febrero llegaron hasta la vereda El Terminal las patrullas Coyote 1 y 2, pertenecientes al primero y segundo pelotón de la compañía "Córdoba" del Batallón Bomboná, a cargo del teniente Carlos Eduardo Santacruz Estrada, quien dirigió la Operación Nº 2 "Bengala". Los militares recorrieron la zona junto a Luis Carlos Tangarife, reconocido miembro del grupo paramilitar MAS que opera en la región.
Los militares, que salieron de la base de "Cerro Grande", llegaron en la tarde del sábado 6 a la vereda El Terminal, allí retuvieron a Elkin de Jesús Moreno quien se encontraba arriando una muías. Ante su desaparición, varios trabajadores fueron a buscarlo pero sólo hallaron varias de sus
muías sin aperos; tras este fallido intento los campesinos se fueron a acostar hacia la media noche en una las casas de la finca Las Perlas. Pocos minutos después, "... a las 2:30 a.m. del domingo 7 de febrero, sentimos que nos disparaban con ráfagas y nos despertábamos. Descargaron tres ráfagas sobre el campamento, dejando una pausa entre ráfaga y ráfaga. Después de las tres descargas nos gritaron que saliéramos con las manos en alto. Cuando Íbamos a salir, tres de nosotros estábamos heridos: Oscar Emilio Palacio, Joaquín Restrepo y yo. Yo era el más grave. Cuando intenté pararme, me desplomé sobre el piso; tenía mi pierna izquierda destrozada. En medio del dolor intenso, protesté ante los soldados por lo que habían hecho. Uno de ellos me respondió: ¿para que no hablan?. Yo le dije que si era que no se daba cuanta que estaban atacando una casa de familia, y entré en una fuerte discusión con él. El que dirigía el operativo era un Teniente Santacruz y con él estaban 150 soldados uniformados.
Luego nos hicieron salir con las manos arriba y nos alejaron del campamento. Yo salí caminando en un solo pié, dando saltos, con la pierna des trozada. Los soldados nos amenazaban con volarnos con granadas; de cían que nosotros 'teníamos lavado el cerebro por la guerrilla'. Un rato después nos hicieron volver a entrar a la sala del campamento y nos obligaron a tirarnos al piso, boca abajo.
A las 7:00 a.m. pararon un camión maderero y nos hicieron subir allí. Nos dijeron que nos llevaban para la base militar de Segovia. A las 12 del día llegamos en el camión a la plaza principal de Remedios y el camión parqueó cerca de la alcaldía. Entonces el alcalde, quien se llamaba Carlos Mario y el alcalde electo que se llamaba Elkin Martínez, le pidieron explicación a los militares de lo que estaba ocurriendo; les dijeron que ellos nos cono cían; que éramos los trabajadores de don Ornar Pineda. Mucha gente se amotinó también allí. Los militares permitieron entonces que a los heridos nos llevaran al hospital, pero a los aliviados se los llevaron para Segovia.
El Alcalde y el personero se trasladaron a la hacienda Las Perlas, las inspeccionaron cuando todavía estaba ocupada por el Ejército, encontraron el cadáver del señor Elkin Moreno con signos evidentes de tortura y medio quemado, y tomaron fotografías de la hacienda como había quedado".⁽²²⁾
Los militares además de sacar a toda la gente que se encontraba en dicha vivienda, la hicieron tirar al piso pidiéndoles los documentos de identidad mientras les daban patadas y los golpeaban con los fusiles. Después de esto les ordenaron prender las plantas eléctricas de las dos casas y las saquearon: hurtaron dinero en efectivo ($212.700 pesos), cadenas de oro, oro en polvo y comestibles como enlatados, maltas y gaseosas. Mientras tanto los campesinos permanecieron tirados en el piso hasta la 9:30 de la mañana.
Ante la gravedad de las heridas en la pierna izquierda, Germán Enrique Guerra quedó inconsciente a causa de la pérdida de sangre; éste fue trasladado al hospital San Vicente de Paúl de Medellín donde tuvieron que amputarle la pierna a la altura de la rodilla.
Ese domingo fue encontrado el cadáver de Elkin Moreno estrangulado, baleado, medio incinerado y con un corte de arma blanca en la nuca. Junto al cuerpo había implementos de uso del Ejército, los cuales acababan de retirarse del lugar. Posteriormente se logró conocer que en el informe presentado por el dragoneante Ángel Roque Londoño Fonnegra se señala que Elkin intentó fugarse y que los soldados Héctor Jaime Medina Quintero, Enrique Morales Velásquez, José Antonio Jiménez Zuluaga y Jhon Jairo Hernández Agudelo usaron sus armas de dotación en contra de Elkin, causándole la muerte, hecho este controvertible ya que el informe de la necropsia señala como razón fundamental de la muerte el estrangulamiento con una cuerda, sumado a los disparos con arma de fuego.⁽²³⁾
Otros de los militares que participaron en los hechos fueron: los soldados José David Jurado Restrepo, Osear Emilio Gavina Soto, Luis César Canno Várela, José Fernando castro, Ramiro Adolfo Atehortua Sánchez, Franky Ibarra, Jorge Ivan Rúa Lasprilla, Gustavo Antonio Muñoz Palacio, Carlos Mario Callejas Ceballos, Ricardo Emilio García Cifuentes; los cabos primeros Jorge Enrique Hernández Murillo, José Ever Solórzano Conde, John Jairo Carmena Londoño, Edgar Fury Echavarría y Jhon Jairo Marín Castañeda;⁽²⁴⁾ los sargentos Walter de Jesús Colorado Florez, Nicolás de Jesús Gómez Castaño, Nerveis Humanes Cardales, Roger Duque Duque; y los sargentos segundos Jaime Castillo González y Mario Rafael Botto Fuentes.⁽²⁵⁾
"Los vecinos aseguraron que los militares conocían muy bien a los humil des labriegos que allí habitaban, pues habían pasado repetidas veces por la hacienda, pero que lo que querían era asesinar a Ornar por ser de la UP, y como no lo encontraron, se vengaron en sus trabajadores".⁽²⁶⁾
Este caso permitió comprobar, de una manera privilegiada, cómo funcionan los mecanismos estructurales de impunidad dentro de los procedimientos ordinarios de la Justicia Penal Militar: se trató de un proceso controlado desde el comienzo por los superiores jerárquicos de los sindica dos, quienes designan investigadores y jurados.⁽²⁷⁾ Ninguna instancia de controversia le es concedida a quienes defienden el punto de vista de las víctimas, así éstas hayan perdido la vida o hayan quedado inválidas para siempre. Quienes decidieron, en última instancia, sobre la culpabilidad o no de los sindicados, fueron los vocales, ordinariamente compañeros de los sindicados o miembros de la tuerza armada que muy probablemente se han visto o podrán verse en situaciones similares, y juzgan a sus cama radas desde profundos sentimientos de solidaridad de cuerpo. El caso que nos ocupa permitió destacar esa solidaridad de camaradas convertidos en jueces, en el extremo de llegar hasta dos autos interlocutorios de "Contraevidencia" por parte de quienes presidieron los Consejos Verbales de Guerra, y hasta culminar en una constancia final del mismo Tribunal Superior Militar, no exento tampoco de la solidaridad de cuerpo, pero que ante lo absurdo de los veredictos termina afirmando: "No compartimos este tipo de justicia que atiende sentimientos espurios y que más bien debiera ser basados en la sana crítica de la prueba, con justicia fría y analítica que no genera impunidad, pero que a pesar de todo lo que se argumente dura es la ley pero es la ley y no queda otra solución que acoger el veredicto.⁽²⁸⁾
Dentro de las grandes fallas en el proceso investigativo se encuentra la construcción de la verdad de los hechos, la cual se convirtió en un "RELATO-BASE", que se repetiría ritualmente en las convocatorias y en las actas de repetidos Consejos Verbales de Guerra, así como en la providencia del Tribunal Superior Militar; este "RELATO-BASE" fue construido exclusivamente con "la verdad" de los victimarios; allí se da por sentada la inocencia de los militares y la culpabilidad de las víctimas al pertenecer o ser estafetas de la guerrilla por sus actitudes "sospechosas".
Dicho "RELATO-BASE" tenía una intencionalidad encubridora. Objetiva mente hace caso omiso o hace desaparecer paulatinamente elementos claves para la tipificación de los crímenes y para la atribución de responsabilidades: a) la persecución contra la U.C., evidente entre otras cosas con la intervención de un "testigo" del Teniente Santacruz Estrada: el capitán ® del Ejército Guillermo Rodríguez Díaz, quien para el momento de los hechos era orgánico del Batallón Bomboná, el cual afirma que el Con cejo municipal estaba influenciado por la U.C., a la que identifica como "brazo político de las FARC" y reconoce que Fidel Castaño "le colaboraba al Batallón Bomboná" ⁽²⁹⁾; b) el carácter civil de las víctimas, las cuales fue ron reiteradamente señaladas como "guerrilleros", "bandoleros", "enemigos de la patria" o como personas de alta "peligrosidad" basándose en informes de inteligencia ofrecidos por el Mayor José Bernardo Blanco Pineda, el Sargento Nelson Peláez y el Capitán Aníbal Yohar Muñoz, todos jefes de inteligencia del Batallón Bomboná; c) la identificación de conductas delictivas por parte del Ejército mediante diversas estrategias: ignorarlas, restarles importancia o justificarlas; y d) las responsabilidades, ya que desde la "verdad procesal" construida en dicho "RELATO-BASE" no se plantean autorías intelectuales, materiales y beneficiarios de los hechos,
En la ciudad de Medellín, el 16 de mayo de 1988 fue asesinado el alcalde electo de Remedios y militante de la UP, Elkin De Jesús Martínez Álvarez, de 39 años. Dos sicarios del grupo paramilitar Muerte a Revolucionarios del Nordeste -MRN ejecutarían el hecho en el instante en que Elkin se encontraba cancelando una cuenta en el hotel El Cristal. Elkin de Jesús había viajado a esta ciudad a denunciar el retiro de su escolta personal. Su posesión como Alcalde se llevaría a cabo en el mes de junio de ese mismo año.
Por el asesinato de Elkin de Jesús, los campesinos y mineros de la región llevaron a cabo una protesta rechazando y denunciando el atroz crimen; dicha movilización se inscribió en el marco de la Marchas de Mayo, las cuales se desarrollaron en varios departamentos del norte del país.
El 23 de julio de 1988 en el municipio de Remedios un empleado de la Frontino Gold Mines conocido como "Chico" fue detenido y sometido a tratos crueles por parte de miembros del Ejército Nacional, quienes lo desnudaron, lo tiraron al piso, le pusieron pie en el pecho, le apuntaron
con un fusil a la cabeza y le preguntaron si había visto personas extrañas en la vereda. Con él fueron detenidas 4 personas más que posteriormente fueron dejadas en libertad. Días anteriores varios campesinos de la región habían sido detenidos y torturados por miembros del Ejército.
Un mes más tarde, el 21 de agosto, en Segovia fue baleado por la Policía Carlos Arturo Murillo Porras. Los hechos ocurrieron en horas de la madrugada, cuando la víctima pidió ayuda a la Policía porque delincuentes le robaron su reloj. Como los policías no quisieron atender la queja, les reclamó, recibiendo golpes y una herida de bala. En ese estado fue detenido durante dos horas. Según testigos que denunciaron el atropello, los policías iban ebrios.
El 30 de octubre de 1988 fue asesinado el responsable político del ELN en el municipio de Segovia, WILSON, quien era conocido como «Fernando». Este se encontraba en la charcutería Huevos y Huevos, cuando dos hombres que se movilizaban en un vehículo tipo campero de color crema ingresaron allí y le dispararon, causándole la muerte inmediatamente. El campero había pasado en contravía por frente al comando de la Policía. En su retirada siguieron dispararon desde el vehículo en marcha, hiriendo en una pierna y causándole un daño permanente al menor Fernández Hernández, quien se había asomado a ver lo sucedido.
Tres días después, el 2 de noviembre, en el municipio de Remedios fue asesinado por efectivos del Ejército, José Luis Mendez Tobon, miembro del Sindicato de Trabajadores del Departamento de Antioquia y de la Junta Cívica. De acuerdo con la versión del sindicato, los militares se lo llevaron a la fuerza del lugar donde estaba departiendo con unos amigos y poco después se escucharon varios disparos. El hecho se presentó hacia la media noche. El cadáver fue encontrado cerca al Palacio Municipal con dos orificios de bala localizados en la frente y el mentón. "Ocho días an tes, José Luis había tenido una pelea, cuando se encontraba borracho, con el Mayor Blanco, adscrito al Batallón Bomboná. En medio de la disputa, José Luis le había dicho al Mayor que él era un asesino del pueblo. El día de su asesinato, el Ejército, con el Mayor Blanco a la cabeza, había llegado al casco urbano del municipio a eso de las 7 de la noche".⁽³⁰⁾
El 6 de noviembre de 1988, hacia las 11 de la noche, en el bar El Amañadero, del municipio de Segovia, fueron asesinados los mineros Rubén Darío Méndez Fonnegra, de 28 años, Darío Antonio Mira, de 30 años y Julio Antonio Valle, por varios hombres que portando armas de largo y corto alcance y sin mediar palabra los acribillaron en presencia del administrador del establecimiento. Otros mineros lograron escaparse de la muer te al salir corriendo por la parte trasera del bar.
En este bar, en el mes de octubre de ese mismo año, habían muerto dos militares de civil, que al parecer estaban evadidos de la base militar del Batallón Bomboná. Este hecho se le atribuyó a las milicias de las FARC que operan en el casco urbano de esta población.
4.3. La masacre del 11 de noviembre
Todo estaba debidamente sincronizado para ese fatídico viernes: había sido trasladado días antes el Capitán Henry Bernal Fernández del coman do del Distrito XII de la Policía y se habían ausentado de la base militar de Segovia el Teniente coronel Alejandro Londoño Tamayo y el Mayor Blanco Pineda, comandante y subcomandante del Batallón de Infantería Nº 42 "Bomboná"; el comando del MRN conformado, y los vehículos y las armas dispuestos; las instrucciones tanto al Ejército como a la Policía impartidas, para que no actuaran, y la coartada justificadora diseñada y convenida: así cayó la tarde y con ella hombres y mujeres soñadores.
Cuarenta y tres habitantes de Segovia masacrados y 54 heridos, por más de 30 hombres vestidos con trajes de camuflado que ingresaron en tres camperos al pueblo y durante aproximadamente una hora dispararon indiscriminadamente contra la población en el parque central, mientras que algunos de ellos asesinaban a varios simpatizantes de la Unión Patriótica en la calle La Reina. Ese día los militares suspendieron el patrullaje que diariamente realizaban en la población a las 6 de la tarde, y no se presenta ron los escoltas de la Policía asignados a la Alcaldesa y a la Presidenta del Concejo municipal, ambas militantes de la Unión Patriótica. La masacre fue reivindicada por el grupo paramilitar Muerte a Revolucionarios del Nordeste -MRN-. Dentro del grupo de asesinos fue reconocido un militar que semanas antes dirigió un control de identidad de personas; posteriormente se logró establecer, en declaraciones de Baquero Agudelo, que "...a esa masacre yo mandé a Rastrillo, que no me acuerdo el nombre pero está muerto, lo mandé con treinta muchachos más, entre ellos Pombo, de nombre Rafael Castaño; recuerdo a Segura (este era policía), otro muchacho Miguel, Piraña, esto es Alberto Arríeta... mi guardaespaldas..."(sic).⁽³¹⁾ y alias Tongo.
La incursión y la masacre perpetrada por el MRN fue planeada directa mente en el cuartel general de la XIV Brigada, en Puerto Berrío. La re unión de planificación estuvo presidida por el propio comandante de dicha Brigada, Brigadier General Raúl Rojas Cubillos. Dentro del grupo de asistentes se encontraban el jefe del B-2 de la XIV Brigada, Teniente Coronel Hernando Navas Rubio; el comandante del Batallón Bomboná, Teniente Coronel Alejandro Londoño Tamayo, quien elaboró el volante «la voz de la verdad» (firmado por "Los Realistas') e impreso en el mimeógrafo de la empresa Frontino Gold Mines por órdenes del Jefe de Negocios y Finan zas, Francisco Uribe; los mayores José Bernardo Blanco Pineda, subcomandante de dicha unidad, Marco Hernando Báez Garzón, segundo comandante del Batallón Bomboná y comandante de fuerza de tarea, quien estaba como comandante encargado para el momento de los hechos; los capitanes Hugo Alberto Valencia Vivas, Ciro Henry Borda Guerrero y Luis Roberto García Ronderos; los tenientes Luis Fernando Rojas Espinoza, Gilbert Álzate Álzate, Carlos Eduardo Santacruz Estrada⁽³²⁾ y Hernán López Vallejo; el Teniente adscrito al Batallón Bomboná, Edgardo Hernández Navarro y el Subteniente de la misma dependencia, Henry Ordoñez Gélvez.
Como preparación a la masacre se realizó una toma simulada entre el Ejército y la Policía, el 26 de octubre del mismo año, en la cual se repartió el mencionado volante y se pintaron graffitis en las paredes, donde se amenazaba a la población con la ocurrencia de dicha masacre. En esta toma participaron activamente entre otros el Capitán de la Policía adscrito al XII distrito, Henry Bernal Fernández y el Teniente del Ejército Edgardo Hernández Navarro, quien había amenazado en los días 2 y 6 del mismo mes, a los militantes de la Unión Patriótica Antonio Giraldo Giraldo y Luis Eduardo Sierra, con la pronta venida a Segovia de «Los Realistas».
Días antes de la masacre estuvieron inspeccionando la zona integrantes del MRN y militares de civil, quienes se desplazaban en varios vehículos por la población en horas de la noche.
El día de la masacre, el comandante encargado del Batallón Bomboná, Mayor Marco Hernando Báez Garzón, acantonó sus tropas en la base militar y en ningún momento hizo algo por detener la masacre o perseguir a los asesinos. Así mismo, el Teniente Carlos Eduardo Santacruz Estrada
se quedó cruzado de brazos. El comandante de la Policía en Segovia, Capitán Jorge Eliecer Chacón Lasso, no reaccionó contra los atacantes para impedir la masacre. Por las declaraciones del "Negro Vladimir" se pudo establecer que ellos conocían con anterioridad el plan de ataque contra la población de esta localidad: "En la base del Ejército me entrevisté con el Comandante de la Policía de Segovia y dijo que estaba de acuerdo y propuso que algunos muchachos le hicieran disparos a la estación para él poder decir que fue que lo atacaron y que no pudo salir. Después me entrevisté con el gerente de la empresa Gold Mines y dijo que estaba dispuesto a colaborar en algo".⁽³³⁾ La masacre, fue perpetrada el frente de las instalaciones de la Policía de la localidad y duró aproximadamente una hora, sin que los uniformados tomaran alguna iniciativa para proteger a la población inerme, y sólo pasados 15 minutos de finalizada la incursión salieron del cuartel y media hora más tarde apareció el Ejército.
De otro lado, luego de concluido el múltiple crimen, extrañamente, se averiaron las comunicaciones telefónicas.
Una vez cometida la masacre, los agresores, pasando por el Comando de la Policía y la base militar acantonada en. el municipio, huyeron sin obstáculo alguno, porque las autoridades policivas y militares no desplegaron ningún operativo para evitar la masacre ni para perseguirlos y retenerlos. En el recorrido final, en el corregimiento de La Cruzada, asesinaron a Olga Lucia Barrientes, y arremetieron con uno de los vehículos camperos en la casa de habitación de Teresa Álvarez, cuando salieron a detectar lo ocurrido, fueron recibidos con ráfagas de ametralladoras. Continuando con su camino, interceptaron un vehículo de servicio público tipo buseta con varios pasajeros a bordo y en su interior asesinaron a Erika Milena Marulanda e hirieron al conductor. En esta acción, los testigos identifica ron al paramilitar Carlos Mario Villa Ruiz, alias Pecas.
El día de la masacre, inexplicablemente, el comandante de la Policía, Jorge Eliecer Chacón, retiró el servicio de escoltas a la Alcaldesa Rita Ivonne Tobón y en las inmediaciones del parque principal del municipio no se encontraba, como era habitual, personal de la Policía ni del Ejército. Hacia ;
las seis de la tarde, según testimonios, al frente de la base militar de Segovia se encontraban estacionados dos vehículos tipo campero Toyota carpado, uno de color verde y el otro amarillo, con luces y motores apaga dos y en su interior varios hombres. Esos vehículos fueron identificados como los que horas antes habían partido desde Puerto Berrío y pasado por tres retenes militares que permanentemente controlan la carretera que de Puerto Berrio conduce al municipio de Segovia. Se conoció después por declaraciones, que a los puestos militares se dio la orden de dejarlos transitar sin poner obstáculos.
El tercer vehículo era un campero Dahiatsu de color café con placas 5084, En ellos se movilizaba personal paramilitar al mando de Alonso de Jesús Baquero, alias «El Negro Vladimir» o «comandante Alfredo».
Los informes militares presentados por el Brigadier General Raúl Rojas Cubillos sobre la autoría del múltiple asesinato, señalaron a los miembros de las organizaciones guerrilleras FARC y ELN que operan en la zona. En los libros de «población» y de «servicios de información» del Comando del Distrito XII de la Policía acantonado en Segovia, los uniformados anotaron ese día que el Cuartel había sufrido hacia las 18:50 de la noche un ataque de «bandoleros al parecer de la Coordinadora Nacional [guerrillera] por todos los flancos», no obstante que los testigos nunca vieron que se hubiera atacado a las instalaciones de la Policía y los impactos que tenía su fachada habían sido producidos en una incursión guerrillera registrada un mes antes de la masacre del 11 de noviembre de 1988. Días después, en una emisora radial de la ciudad de Medellín, el grupo paramilitar denominado DENIS, ramificación del MRN, reivindicaba la autoría de la masacre.
Según se pudo establecer, todo correspondía al diseño del plan concertado desde finales de 1987 por el Batallón Bomboná en contra de la Unión Patriótica, tendiente a conseguir suficiente información que les permitiera a los militares preparar una acción de retaliación contra la población del nordeste antioqueño. Así lo dejó esclarecido un documento enviado a los jueces y procuradores que adelantaban las respectivas investigaciones.
Según este documento, la masacre fue planeada en el mismo comando de la XIV Brigada, y una vez se ultimaron los detalles arrojados por las labores de inteligencia militar, se conformó por parte del Estado Mayor de esa Brigada un grupo integrado por miembros del B2 y paramilitares de Puerto Berrio, bajo el mando de «El Negro Vladimir», el cual salió de Puerto Berrio, pasando por tres retenes. El documento describió los tipos y placas de los vehículos utilizados y los cambios que recibieron con posterioridad a la ejecución de la masacre. Al respecto, en una indagatoria recepcionada a Alonso de Jesús Baquero Agudelo alias «El Negro Vladimir», éste señaló en idéntico sentido las modificaciones efectuadas a los vehículos automotores utilizados en la masacre. La Juez investigadora comprobó la veracidad de las reuniones efectuadas por los altos mandos militares y la permanente presencia de alias «El Negro Vladimir» al interior de las instalaciones de la Brigada de Puerto Berrío.
Otro testigo de excepción confirmó ante el DAS la participación de «El Negro Vladimir» en los hechos y la integración del grupo especial de miembros del Ejército y los paramilitares. En versiones suministradas a las autoridades jurisdiccionales por Alonso de Jesús Baquero Agudelo, alias «El Negro Vladimir», uno de los autores materiales de la masacre, sostiene que "el iniciador de los hechos fue César Pérez García, porque él le pidió a Fidel Castaño que sacara a la U.P. de Segovia, Fidel Castaño lo conectó con Henry Pérez y ya ellos en reunión se explicaron los motivos para la masacre. Yo hago la conexión con el Coronel Londoño, que me presenta al Mayor Blanco, al Teniente Hernández, al Capitán Blandón, al Capitán Báez, que es un grupo que él tiene seleccionado para estos trabajos en la parte urbana y la parte rural. A través del Coronel Navas y el Coronel Londoño seleccionamos una lista de personas colaboradoras de la guerrilla de Segovia, pero para mí como era un trabajo bastante complicado, me dirigí personalmente a verificar unas direcciones y esos nombres, y por eso la masacre se concretó en la calle la Reina en Segovia que era donde residían las personas de la misma, de esa lista se salvaron seis personas y la alcaldesa que no se encontraba en el municipio el día de la masacre".
En otra de sus declaraciones 'El Negro Vladimir' "señala que se reunió en varías ocasiones con Navas, cuando éste estaba adscrito a la XIV brigada de Puerto Berrío (Antioquia). Según Baquero, Navas fue uno de los oficiales que más presión ejerció para que se ejecutara la matanza de Segovia... bajo las órdenes del conocido líder paramilitar Henry Pérez. (...)
'La idea cuenta Vladimir era ablandar a Segovia. Por un lado estaba <Rambo> o sea, Fidel Castaño, presionando que por qué no se le metía el diente allá y por otro lado, por medio del Coronel Navas de la Decimocuarta Brigada de Puerto Berrío y el Coronel Londoño del Batallón Bomboná.
Tuvimos dos reuniones con ellos, con el Coronel Navas y con el Coronel Londoño -prosigue Baquero -. En la última reunión nos dijeron: <ustedes meten las narices en todas partes menos en Segovia. ¿qué pasa con Segovia, que allá hace lo que quiere y la guerrilla hace lo que quiere y ustedes pasándolos por la galleta> (sic)
Yo me reuní después en Puerto Boyacá con Henry de Jesús Pérez y le planteé la situación -dice Vladimir-. Entonces acordamos dos planes a seguir..."⁽³⁴⁾
De igual manera el oficial Rene Carvajal López, encargado de las comunicaciones para la fecha de la masacre, "declaró en el infolio, que el negro BAQUERO llegaba al Batallón Bomboná donde se entrevistaba con el jefe de inteligencia y así lo hizo tres días antes de la masacre, fecha en la que : se dio orden de levantar los retenes que normalmente se hacían en la vía ' que de Puerto Berrío conduce a Segovia. A través de los radios pudo escuchar la voz del negro BAQUERO, dando el parte de la operación en la que se habían tomado la población y les había ido bien. Así dijo (el oficial): '...yo me enteré en el momento que empezó la masacre por medio de los ; radios de comunicación con los que contaba o tenía el Batallón... ese día ; aproximadamente a las seis de la tarde llegó a comunicaciones el Coronel NAVAS RUBIO, me dijo que si pasaba algo raro él se encontraba en el casino de oficiales, que le avisara cualquier cosa. Cuando llamaron de Segovia yo llamé por radio a mi Coronel NAVAS y le dije que estaban hostigando la base de Segovia y él me dijo <ah bueno, me sigue informando si pasa algo más>, cuando ya se tuvo conocimiento de lo ocurrido en Segovia le volvía comunicar a mi Coronel NAVAS y me ordenó que tomara todos los datos que estuvieran pasando de allá.(...) un día me lo mostraron, me dijeron ése es el NEGRO VLADIMIR, precisamente tres días antes de la masacre de Segovia lo vi entrar a las instalaciones del Batallón Bomboná; él llegó con dos o tres vehículos tipo campero, color blanco uno, los otros no recuerdo, iba acompañado de otros sujetos, les alcancé a ver armas largas, estuvieron en la Sección de Inteligencia, no supe con quien se reunió ahí... PREGUNTADO: díganos si cuando BAQUERO AGUDELO estuvo en la guarnición militar anotada, se encontraba allí el Coronel NAVAS RUBIO? CONTESTO: no sé, supongo que él estaba en las instalaciones de la Brigada en ese momento, porque él poco iba al Bomboná, inclusive el día que llegó Baquero al Batallón Bomboná, prohibieron el paso de soldados por la sección segunda... la orden provino necesariamente de un oficial,... lo que sisé, es que antes de la masacre, me parece que el día anterior o dos días antes, se dio la orden de suspender retenes en la vía que conduce de Berrío a Segovia... no tengo conocimiento si él usara los equipos del Ejército pero en monitoreos que yo hacía a titulo personal escuché que se estaba planeando la toma de alguna población o guarnición militar... esto me preocupó y personalmente le informé al jefe de inteligencia de la Brigada... éste me dijo que siguiera monitoreando y que los estuviera poniendo al tanto; el día siguiente a la masacre coloqué los radios en la frecuencia que estaba yo monitoreando y escuché al NEGRO BLADIMIR hablar por éste y preguntaba que <qué pasaba con los otros carros que estaban retrasados ya que iban a tener problemas más adelante, el interlocutor le manifestó que <se les habían enterrado los vehículos debido al intenso invierno, también dijo BLADIMIR que les había ido muy bien, que en el pueblo los iban a recordar mucho, insistía en que se apuraran..."⁽³⁵⁾ (sic)
Así mismo, afirma Alonso de Jesús Baquero Agudelo que "... el Coronel Londoño Tamayo sabía; en una reunión que tuvimos el Coronel Navas Rubio que en ese tiempo era el comandante del B-2 de la Brigada, o sea la Sección de Inteligencia de la Brigada, el Coronel Londoño Tamayo y yo, prácticamente esta masacre la coordinamos entre los tres porque yo en ese entonces era el jefe paramilitar de la zona... los nombres de los muertos no los recuerdo porque para eso se llevó una lista de los que se debían matar y gran parte de esos nombres los suministró el Batallón Bomboná; me la entregó el Coronel Londoño Tamayo; otra lista me la entregó el Coronel Navas y otra la hice yo en Segovia días antes de la masacre.."⁽³⁶⁾
Además el propio escolta del "Vladimir", Luis Alberto Arrieta Morales alias "Piraña", reconocería que: "... días antes de la masacre VLADIMIR y yo íbamos a la brigada y se reunía con los militares y hablaban cada rato y se demoraban porque yo lo esperaba abajo y en varias ocasiones íbamos al batallón Calibio, yo lo veía mucho hablando con el Coronel NAVAS RUBIO, iba a la Brigada y se entrevistaban y se iban por allá, luego de las entrevistas se veía contento, se veía la gran amistad que ellos se tenían... a ese Coronel lo querían mucho los ganaderos por lo que les colaboraba mucho a las Autodefensas y le prestaban carros en varías ocasiones... luego de ese las relaciones entre VLADIMIR y los militares siguieron muy buenas..."⁽³⁷⁾
El 13 de marzo de 1990, en Bogotá D.E., Tarcisio Roldan Palacios, un ex juez, apoderado de los familiares de las víctimas de la masacre de Segovia, fue asesinado en su apartamento junto con su esposa.
La lista de los asesinados es la siguiente:

Pablo Emilio Gómez Chaverra, 33 años
María del Carmen Idarraga de Gómez, esposa de Pablo Emilio Gómez
Luis Eduardo Sierra, conocido como "Saino", mecánico. Días atrás había sido amenazado y señalado como auxiliador de la guerrilla por el Ejército en un allanamiento efectuado a su vivienda. Dicha acción estuvo dirigido por el Teniente Edgardo Hernández.
Jesús Antonio García
María Dolly Bustamante, 23 años
Diana María Velez, 16 años
Carlos Enrique Restrepo Pérez, 77 años, padre de Carlos Enrique y Eduardo Antonio
Carlos Enrique Restrepo Cadavid, hijo de Carlos Enrique y hermano de Eduardo Antonio
Eduardo Antonio Restrepo Cadavid, hijo de Carlos Enrique y hermano de Carlos Enrique
Luis Eduardo Hincapié, minero
Julio de Jesús Sierra Gómez
Luis Adalberto Lozano Ruiz
Jesús Emilio Calle Guerra, despachador de vehículos de servicio público
Robinson de Jesús Mejía Arenas, vendedor de rifas
Fabio Jaramillo
Jesús Orlando Vasquez Zapata
Roberto Antonio Marín Osorio, celador de la empresa Frontino Gold Mines
Pablo Emilio Idarraga Osorio
Luz Idalia Orozco Saldarriaga, 18 años
Rosa Angélica Mazo Apango, 20 años
William B. Escudero, 45 años, pensionado de la empresa Frontino Gold Mines
Jorge Luis Puerta Londono, secretario del Juzgado de Instrucción Criminal de la población
Libardo Antonio Cataño Atehortua
Guillermo de Jesús Ariza Arcila
Jesús Aníbal Gómez García
Julio Martín Florez Ortiz
Regina Del Socorro Muñoz de Mestre, empleada de la empresa Frontino Gold Mines
Jairo De Jesús Rodríguez Pardo
Jesús Danilo Amariles Casallas, minero
Henry Albeiro Castrillon
José Abelardo Osorio Betancur
Óscar de Jesús Agudelo López
Shirley Cataño Patino, 11 años
Erika Milena Marulanda, menor de edad
Francisco William Gómez Monsalve, 10 años
Luis Ángel de Jesús Moreno Sanmartín, 16 años, minero
Jesús Eduardo Hernández Sierra
Guillermo Orozco Escudero
Juan de Dios Palacio, minero
José Abelardo Madrid
Olga Agudelo de Barrientos
Jesús Antonio Benitez
José Antonio Marulanda

4.4. ... Y la acción de la justicia cerró el ciclo de impunidad
El Procurador General de la Nación, Horacio Serpa Uribe, ante las múltiples misivas enviadas por las autoridades municipales de Segovia solicitando la intervención de ese organismo de control para investigar el comportamiento de los militares, atendió el llamado sólo un día antes de la masacre, disponiendo enviar tres abogados con la finalidad de intermediar con las autoridades civiles y militares de la localidad. Pero su intervención no se hizo necesaria con ese objetivo, sino ya con el de investigar la ejecución de la masacre de las 43 personas.
En el sitio se recepcionaron innumerables testimonios a fin de constatar los hechos precedentes, concomitantes y subsiguientes a los hechos criminales. Así mismo, practicaron diligencias de inspección judicial a los libros del Comando de la Policía donde se extractaron anotaciones que reforzaban las versiones que los militares y policías venían sosteniendo en el sentido de que la masacre había sido perpetrada por los grupos guerrilleros. Pero no obstante lo anterior, se encontró una anotación que aludía a que sólo hasta pasadas dos horas del ataque contra la población, los agentes alertaron a las otras estaciones de Policía de la región por la ocurrencia de los hechos.
En los libros del Batallón Bomboná se reportaron los mismos registros y en relación con el despliegue en favor de la persecución y captura de los sicarios, solo se anotó que como a las 19:40 salieron dos pelotones para efectuar un retén.
El 1º de diciembre de 1988, el Procurador Delegado para la Policía Nacional, comisionado para la práctica de las primeras diligencias, rindió el primer informe evaluativo en el cual atribuía la autoría de la masacre al grupo paramilitar MRN ya que «resulta incontrovertible que (este movimiento) surgió a partir del momento en que se desmoronó el cacicazgo de los viejos dirigentes políticos, hegemónicos hasta consolidarse en la región la mayoría política de la U.P», en una clara alusión al grupo político del cual hacía parte Cesar Augusto Pérez García.
Según este funcionario, el ataque del grupo paramilitar a la población de Segovia tuvo fases que a su vez revelan dos finalidades de la masacre:
«una forma ejemplar de castigo» a las inclinaciones políticas de la región, mediante el terror y el ataque indiscriminado en el parque central y "una directa retaliación" contra la U.P, mediante el asesinato ya selectivo de varios de sus militantes en la Calle Real, La Reina y La Madre.
En relación con los hechos antecedentes del 26 de octubre el Procurador afirmó que el Ejército y la Policía habían efectuado un falso ataque guerrillero para distribuir los volantes impresos por orden del Teniente Coronel Londoño Tamayo. Cada uno de los antecedentes de la masacre fueron relacionados en el informe como una sistemática manera de intimidara la población, anunciando que algo grave se estaba preparando y que las autoridades militares y policiales no detectaron ninguno de esos hechos.
El informe llegó a la conclusión de la existencia de responsabilidad de la Policía y del Ejército por no tomar ninguna medida tendiente a contrarrestar el ataque de que era víctima inerme el pueblo segoviano y recomendó formular pliego de cargos contra el Capitán Chacón Lasso, de la Policía, y el Mayor Baez Garzón, del Batallón Bomboná, por «omisión de apoyo a la población", y proseguir la investigación por las conductas irregulares del Ejército y la Policía con anterioridad a la masacre.
Por último sugirió la actuación permanente de un agente del Ministerio Público dentro del proceso penal y la conformación de un equipo de investigadores de apoyo que auxiliara al Juez en la instrucción.
El Procurador General de la Nación ordenó inmediatamente abrir dos investigaciones disciplinarias, una por el Delegado para las Fuerzas Milita res en contra del Mayor Báez Garzón, y otra por el Delegado para la Poli cía Nacional en contra del Capitán Chacón Lasso. Los oficiales Londoño Tamayo, Hernández, Borda, Valencia y Bernal fueran investigados por separado.
De conformidad con la decisión adoptada, se abrieron cuatro investigaciones disciplinarias, dos para los oficiales del Ejército y dos para los dos oficiales de la Policía. Sin embargo, el Procurador Delegado para la Policía Nacional se declaró impedido para conocer de las investigaciones contra los oficiales de la Policía, impedimento que fue resuelto ordenando enviar los expedientes a la Delgada para las Fuerzas Militares y allí se abrió proceso contra el Capitán Chacón Lasso y se acumuló la causa disciplina ria contra Bernal a la adelantada contra el Teniente Coronel Londoño Tamaño y los otros oficiales del Batallón Bomboná, quedando en consecuencia tres procesos abiertos.
En relación con el Capitán Jorge Eliécer Chacón Lasso, el Procurador Delegado para las FFMM le notificó al Comandante de Policía de Antioquia que había abierto formal investigación contra este oficial para que se abs tuviera de iniciar investigación o la suspendiera si se había abierto por los hechos del 11 de noviembre en Segovia. El 6 de diciembre de 1988 le formuló pliego de cargos, y luego de practicar algunas pruebas solicitadas por el acusado, el 18 de mayo de 1989 falló ordenando su destitución. No obstante, en virtud del recurso de reposición, modificó la sanción de se paración definitiva del servicio a la de 30 días de suspensión «por su omi sión de apoyo a la población durante el 11 de noviembre de 1988 y por no haber tomado medidas preventivas', adoptada mediante resolución Nº 111 del 22 de marzo de 1990.
Por su parte, en el proceso seguido al Mayor Báez Garzón, el 5 de diciembre se abrió formal investigación en su contra y se le formuló pliego de cargos por no haber desplegado medidas eficaces para prevenir, contro lar, vigilar y preservar a la ciudadanía de un inmediato peligro, ataque o toma de la población por parte de un grupo criminal pese a conocer los antecedentes de amenazas y hostigamientos, y por haber tomado tardía mente las medidas de reacción al ataque de que había sido víctima la población de Segovia.
El Mayor presentó sus descargos y solicitó la práctica de pruebas que se llevaron a cabo en el lapso de los primeros tres meses de 1989. Y el 18 de mayo de ese mismo año expidió fallo sancionatorio en contra del Mayor Baez Garzón, consistente en 30 días de suspensión, dando plena credibi lidad a las exculpaciones que sirvieron de descargos al militar. El 18 de junio, ante el fallo se interpuso recurso de reposición, que fue desatado en marzo de 1990 absolviendo de todo cargo al Mayor Báez y archivando el caso.⁽³⁸⁾ La absolución de Báez Garzón fue firmada por el Procurador Dele gado para las Fuerzas Militares: José Plinio Moreno Rodríguez.
Por otra parte, el proceso seguido contra el Teniente Coronel Londoño Tamayo (y los otros oficiales del Ejército) y Bernal de la Policía, se fue construyendo a partir de las pruebas trasladadas de los procesos anteriores, y de las que obraban en el proceso penal. En su informe evaluativo, los investigadores recomendaban formular pliego de cargos contra todos los involucrados, sal vo contra los capitanes Borda y Valencia del Batallón Bomboná, por imputa ciones de situaciones puntuales que no recogían la integralidad del designio criminoso, antes, durante y posterior a la masacre.
Finalmente, el 17 de octubre de 1990 mediante resolución Nº 425 fueron sancionados a 30 y 20 días de suspensión el Teniente Coronel Londoño Tamayo y el Teniente Hernández, del Ejército. En relación con Bernal, se hizo ineficaz la continuidad del procedimiento, ya que por otras causas diferentes a la masacre de Segovia, había sido separado del cargo el 10 de noviembre de 1989.
En la Justicia Ordinaria, la Dirección Nacional de Instrucción Criminal designó para efectuar la investigación a los Jueces 13 y 30 de Instrucción Criminal, pero al día siguiente la Dirección Seccional de Antioquia designó a los Jueces Quinto y Octavo de Orden Público para que adelantaran las mismas diligencias preliminares, y como apoyos designó a los mismos Juzgados de Instrucción Criminal designados con anterioridad.
La Unidad de investigadores solo se desplazó a la localidad seis días des pués de ocurrida la masacre, la cual fue reforzada con agentes del Cuer po Técnico de Policía Judicial, del DAS , de la DIJIN y del F2.
Se recepcionó un sinnúmero de testimonios y se practicaron una serie de inspecciones judiciales en el perímetro urbano de Segovia, la base militar del Batallón Bomboná y el Comando del Distrito XII de la Policía. Se toma ron muestras grafológicas a las máquinas de escribir de la base milita,'
cuyos dictámenes fueron rendidos por personal de la DIJIN y cuyo resultado demostró que varias de las cartas amenazantes y de anuncio de llegada del grupo paramilitar MRN, dirigidas a lideres de la Unión Patriú! ca antes de la masacre, fueron escritas en la máquina de escribir destina da al Comando de la Base militar de Segovia.
Los funcionarios judiciales también comprobaron directamente que el Comando de la Policía no fue atacado el día de los hechos, como a través de los medios de comunicación se había informado. Las imágenes transmitidas en algunos medios de comunicación no correspondían a dicho comando.
A través de retratos hablados y testimonios recogidos en el municipio, identificó entre los autores del múltiple homicidio, al carabinero de la Po licía Benjamin Marín Castro y al Teniente del Ejército Néstor Raúl Vargas Morales, así como la participación de los hermanos Villa Ruiz.
El Juzgado Octavo de Orden Público el 29 de noviembre de 1988 ordenó abrir la investigación formal y ordenó la captura de Carlos Mario y Marcos Ruiz Villa, Francisco Antonio Monsalve y José Antonio Uribe Castaño. Asi mismo se solicitó la suspensión del carabineros Benjamin Marín Castro» del Teniente Néstor Raúl Vargas Morales y la indagatoria de los militare» Londoño Tamayo, Báez Garzón, Borda, Valencia y Hernández y del co mandante de la Policía Chacón Lasso.
La Juez Sexta declaró mediante providencia del 7 de enero de 1989 per sonas ausentes a los sicarios sobre quienes pesaba orden de captura, y no se había hecho efectiva. El 30 de enero el Juzgado resolvió la situación jurídica de los militares indagados, profiriendo medida de aseguramiento en contra del Teniente Coronel Londoño Tamayo, el Teniente Hernández del Ejército y el Capitán Chacón Lasso de la Policía, por el delito de terro rismo, cometido por los uniformados el 26 de octubre de 1988 y la impre sión del boletín del MRN. Citó para indagatoria al Capitán Henry Bernal, quien había sido trasladado para el municipio de Apartado, pero las auto ridades policiales informaron a la Juez que éste se había evadido del cuar tel. Sin embargo, algunos policías remitieron al Juzgado una boleta de remisión del capturado Bernal, pero ésta se extravió del proceso.
La Juez se abstuvo de proferir medida de aseguramiento por el homicidio, las lesiones personales y el daño en bien ajeno acaecidos el 11 de no viembre de 1988 a los uniformados Báez, Borda y Valencia. Y ordenó la remisión de copias del proceso a la Justicia Penal Militar para que investi garan el delito de cobardía al no haber concurrido a socorrer a la población cuando era víctima del ataque.
Así mismo, decretó la detención preventiva contra Carlos Mario Ruiz Villa, Otoniel Uribe Castaño y Francisco Antonio Monsalve y ordenó la cesación de procedimiento en favor de Néstor Raúl Vargas Morales. La decisión del Juzgado sexto de remitir copia del expediente a la Justicia Penal Militar para investigar el delito de cobardía contra los militares Báez, Borda y Valencia, fue apelada, y una colisión de competencias fue interpuesta en favor del Teniente Coronel Londoño Tamayo, del Teniente Hernández y del Capitán Chacón. La Corte Suprema de Justicia, en providencia del 15 de febrero de 1989, las resolvió reafirmando la competencia de la penal mili tar para investigar el delito de cobardía y de la ordinaria para seguir cono ciendo del delito de Terrorismo imputado a los otros oficiales, por los he chos antecedentes a la masacre del 11 de noviembre de 1988.
Así mismo, "Cesar Pérez García, ex miembro del Congreso de Colombia y destacado miembro del Partido Liberal, fue acusado de ser uno de los dirigentes paramilitares que estaban detrás de los homicidios y arrestado el 8 de septiembre de 1995. La orden de arresto se había dictado el 6 de julio de 1994. No obstante fueron retirados los cargos en su contra poi haber expirado el plazo en que debían haber sido presentados. Quedó en libertad en octubre de 1995"⁽³⁹⁾, su detención no fue un hecho de justicia, sino una táctica para lavar su culpa; casualmente, al día siguiente de la detención de este político liberal, en las paredes de Remedios aparecie ron varios mensajes que decían: "Paramilitares en Remedios sí, guerrille ros asesinos no". En 1998 el expresidente de la Cámara de Representan tes, César Augusto Pérez García, fue elegido Diputado a la Asamblea Departamental de Antioquia.
De otro lado, el Coronel retirado⁽⁴⁰⁾ Hernando Navas Rubio, el 4 de septiem bre de 1996, "fue detenido luego de presentarse ante la Fiscalía de San Andrés,... trasladado a Bogotá y recluido en una guarnición militar'⁽⁴¹⁾ En contra de Navas existe el testimonio de Alonso de Jesús Saquero que lo implica directamente como un determinador de la masacre de Segovia entre otros casos.
La Fiscalía Delegada para los Derechos Humanos dictó resolución de acu sación el 20 de marzo de 1998 y en segunda instancia el 23 de febrero de 1999, contra Navas Rubio (determinador), Luis Alberto Arrieta Morales (coautor) y Fidel Antonio Castaño Gil (determinador), por los hechos del 11 de noviembre de 1988 en Segovia, bajo los delitos de terrorismo, con cierto para delinquir, homicidio con fines terroristas y lesiones personales. El 29 de agosto de 2000, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, luego de realizada una audiencia pública, absuelve a los implicados argumentando que no se puede sustentar una condena sobre el testimonio de un delincuente como Alfonso de Jesús Baquero Agudelo, rechazándolo por su calidad moral, y que los demás
"... testimonios no tienen la suficiente fuerza probatoria para soportal una sentencia condenatoria en contra de los aquí encartados (...)
Finalmente y con gran sorpresa encuentra el despacho que luego de que la Fiscalía ordenara enviar las diligencias en contra de CESAR PÉREZ GARCÍA para la Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, como consta a folios 8 del cuaderno #9 y en el folio 391 y 399 del cuaderno #15, inexplicablemente allí en la Corte Informan que no exis te ni ha existido ninguna investigación en contra del citado ciudadano, quien era igualmente sindicado de haber promovido la masacre de Segovia, precisamente porque fue quien se dice, se contactó con FIDEL CASTAÑO y HENRY PÉREZ, siendo indagado por los mismos hechos y con base en las manifestaciones de BAQUERO AGUDELO, lo que hace deducir con mayor seguridad al despacho, que donde existe la misma razón debe existir la misma sanción. Por lo tanto, ir a condenal a personas contra quienes prácticamente existe la misma sindicación, no sería ajustado a derecho. Más teniendo conocimiento de la actua ción sobre el particular del más alto tribunal de justicia.
Con razón se duelen los defensores al advertir las diferencias en el trato a los sindicados,pues por estos hechos estuvo CESAR PEREZ detenido solamente quince dias , en tanto en tanto que los otros sindicados llevan buen tiempo en recaudo . Que sucedio con esa investigacion ? No se sabe ni nadie lo sabe, que diferencia (sic)".⁽⁴²⁾
En la audiencia pública celebrada el 29 de agosto de 2000, la cual fue presidida por la juez Adalgisa Lopera Aristizabal y contó con la presencia del Fiscal Especializado Alvaro Castaño Serna y el agente del Ministerio Público Osear Uribe Martínez, se destacan las intervenciones de los abo gados de Navas Rubio, Fidel Castaño y Luis Alberto Arrieta, estos son: Agustín Pacheco, Bernardo David Quintero y Carlos Mario Palacio V, respectivamente ( los dos últimos nombrados de oficio).
Por su parte la Justicia Penal Militar, desde el Juzgado 56 de Instrucción Penal Militar adscrito al Comando de Policía Antioquia se desplazó hasta el municipio de Segovia por orden del Comando General de la Policía judicial. Un mes más tarde, luego de recibir las versiones de los agentes de la Institución, se inhibió de abrir formal investigación en contra de los policias, ya que según el análisis del Juez castrense, los autores del ata que eran delincuentes, y los policías acantonados en Segovia habían obrado acorde a las circunstancias y no había existido delito de cobardía, por lo cual la conducta era atípica. Posteriormente, el caso fue archivado.
De otro lado se logró establecer que la orden de la Juez sexta de enviar las copias del proceso a la Justicia Penal Militar, nunca se hizo efectiva;⁽⁴³⁾ sin embargo el Juzgado 126 de Instrucción Penal Militar inició el 24 de diciembre de 1993 investigación penal contra el mayor Marco H. Baez Garzón y los capitanes Ciro Henry Borda G. y Hugo Alberto Valencia V. por el delito de cobardía, por los hechos ocurridos el 11 de noviembre de 1988; "...a este juzgado se allegó copia del proceso adelantado por la Justicia Ordinaria, dentro del cual con fecha 18 de noviembre de 1994 se decretó prescripción de la acción penal y en consecuencia se ordenó la cesación de todo procedimiento en contra de los mencionados, decisión confirmada por el H. Tribunal Superior Militar en providencia del 28 de junio de 1995'.⁽⁴⁴⁾
5. De las Tomas del Casco Urbano al Paro Cívico
Una constante que se evidencia en el Bajo Nordeste Antioqueño tras la victimización ejercida por la fuerza pública en asocio con los paramilitares, es el permanente accionar de la población en pro de la defensa de la vida y la dignidad. Para ello se recurre a las acciones masivas como mecanismos de presión para que el Estado los tenga en cuenta. Fruto de estas, se suscribie ron acuerdos entre la población y el gobierno, los cuales nunca se llevaron a feliz término. Aquí recordamos las movilizaciones más significativas:
• Desde el 9 de mayo de 1987 y durante quince días más, permanecieron en Remedios más de 10.000 campesinos quienes llegaron de los muni cipios de Segovia, Yondó, El Bagre, Zaragoza, y Vegachí, del departa mento de Antioquia, huyendo de los enfrentamientos entre Unidades combinadas del Ejército y la Policía, contra una columna guerrillera.
Los campesinos aceptaron regresar a sus parcelas, después de que el Gobierno suscribió un acuerdo en el cual se estableció:
• Garantizar a los campesinos el libre acceso a sus regiones de trabajo y vivienda.
• Garantizar que no habrá persecusión a los dirigentes campesinos, cívicos y populares, miembros de la U.P o de cualquier otro grupo político.
• Enviar en un término de 15 días un cuerpo de Jueces de Instrucción Judicial para investigar los hechos denunciados y combatir la impunidad.
• Destacar funcionarios de la Procuraduría General de la Nación para vigilar la conducta oficial de los empleados y coadyuvar a los jueces en la investigación.
• Las autoridades judiciales se comprometen a que los testigos gozarán de las condiciones de máxima discreción y seguridad.
• La Consejería Presidencial desplazará funcionarios para evaluar los daños y proponer fórmulas para la reparación.
• La Consejería Presidencial gestionará ante la Junta Directiva de la Caja Agraria la reestructuración de los créditos de los campesinos de la región.
• La Consejería Presidencial y la Gobernación de Antioquia desplazarán sendos funcionarios para acompañar a los campesinos en su regreso y facilitar el transporte oficial necesario para ello.⁽⁴⁵⁾

En lo único que cumplió el gobierno fue en facilitar el transporte que lleva ría de regreso a los campesinos, el resto del acuerdo se quedó en letra muerta. El Acta de Acuerdo del Gobierno con la Comunidad Campesina del Nordeste Antioqueño fue firmada por el Consejero Presidencial Carlos Ossa Escobar, el gobernador (e) Orlando Vásquez V., el Procurador Dele gado para los Derechos Humanos Bernanrdo Echeverri Ossa, el repre sentante a la Cámara Ovidio Marulanda, el presidente del Concejo de Remedios Alfredo Gómez, la presidente del Concejo de Segovia Jael Cano de Ortiz, el Coordinador Campesino de Segovia Antonio Giraldo, el dele gado de los campesinos Elkín Martínez⁽⁴⁶⁾ y el presidente de la Coordina dora Campesina Valle de Cimitarra Fernando Alvarado.
• El día 15 de noviembre de 1988, en el comunicado Nº1 de la Junta Municipal de Paro Cívico de Segovia afirman que:
"...las organizaciones políticas, sindicales, gremiales, cívicas y comunales nos hemos reunido y asumido como expresión amplia y repre sentativa de toda la comunidad adolorida de Segovia, la orientación y dirección del PARO CÍVICO INDEFINIDO que de hecho y espontáneamente ha declarado la población desde las primeras horas del sábado 12 de noviembre. (...)
¡Esta horrenda masacre no puede quedar impune y los responsables y autores tienen que ser descubiertos y castigados! (...)
Las comunidades de Segovia y Remedios SOLO EXIGIMOS JUSTI CIA Y REPARACIÓN, ya que es la dignidad y el honor nuestro y el de la Nación lo que está en juego.
Para ello, manifestamos nuestra indeclinable voluntad y decisión, ...hasta tanto no nos sean satisfechas a cabalidad y en todas sus consecuencias y alcances los siguientes tres puntos:
1. Presencia en Segovia del señor Procurador General de la Repú blica, con el objetivo único y preciso de que garantice la investigación de las declaraciones y comportamientos de la Fuerza Pública y sus comandantes.
2. Presencia en Segovia del señor Director Nacional de Instrucción Criminal, con el fin que garantice la rápida y eficaz investigación, captura y castigo de los asesinos y quienes los respaldan y protegen, mediante el desplazamiento de los jueces e investigadores que sean necesarios para que ello sea posible, dotándolos de los medios y seguridades que garanticen su eficiente labor.
3. Que el Estado, por el Gobierno Nacional y Departamental, garanticen tanto el auxilio y asistencia inmediata, como la indemnización total a los deudos y sobrevivientes, ya que se demostró incapaz de cumplir con sus deberes constitucionales y legales.
Hasta tanto estas tres exigencias no se cumplan a cabalidad y en los términos planteados, el paro continuará!!!
Solo exigimos justicia y el condigno castigo para los criminales y que el estado en sus instituciones y quie nes están a la cabeza de ellas, cumplan con su deber!!"(sic)⁽⁴⁷⁾
En dicha ocasión hicieron presencia como parte de la comisión guber namental el Ministro de Justicia, Guillermo Plazas Alcid, y el coman dante de la II división del Ejército, Mayor General FaroukYanine Díaz, entre otros. De los compromisos adquiridos se destacaron, la pronta, eficaz y exhaustiva investigación en el ámbito judicial, y la garantía y protección de la población de estos municipios, lo cual se tradujo en un aumento del pie de fuerza militar.
Luego de la masacre del 11 de noviembre fue creada la Corporación de Damnificados 11 de Noviembre, la cual estuvo conformada por familiares de las víctimas de dicha masacre. Esta forma de resistencia se desarticuló 4 años más tarde tras las permanentes amenazas, hostigamientos, judicializaciones, desplazamientos forzados y asesinatos de que fueron objeto.
También hay que resaltar que a partir de estos hechos se empieza a mo tivar el nacimiento del Comité de Derechos Humanos en Segovia y otros de la región, además se ve la necesidad de fortalecer los diferentes gru pos sociales en pro de la defensa de la vida y la dignidad de los poblado res, como son las juntas cívicas.
6. Algunos frutos del Terrorismo de Estado: La desolación y el desasosiego...
En palabras de los sobrevivientes: "Desde ese día se quebró la tranquilidad y los rumores corren por terreno abonado. La gente está muy sicosiada desde la masacre. Guarda aún el dolor de sus padres, de sus hijos muertos. Y hay mucho rumor. Ahora todo vehículo nuevo que llega a la zona despierta temores, explica un segoviano".⁽⁴⁸⁾
"La simulación de falsas tomas y hostigamientos por parte de las organi zaciones guerrilleras fueron algunos de los mecanismos utilizados poi miembros del ejército y lapolicía con el fin de generar un acostumbra miento en la población en cuanto a este tipo de hechos".⁽⁴⁹⁾
De esta forma los militantes de la U.P que no fueron asesinados tuvieron que huir: el titular de Remedios, EIkin Martínez, fue asesinado el 16 de mayo de 1988 antes de posesionarse; el 27 de septiembre de 1988 el militante de la Unión Patriótica y el Personero del municipio del Bagre Alberto Garzón, tuvo que huir, a consecuencia de amenazas de muerte, igual persecución sufrió la alcaldesa Rita Ivonne Tobón, del municipio de Segovia.
La Unión Patriótica fue diezmada reduciéndose el número de su militancia, lo que generó que en las próximas elecciones esta agrupación política perdiera gran parte de su participación en las administraciones municipales de la región.
"...después de estas masacres quedó tristeza, pobreza, desolación, hambre, y enfermedad".⁽⁵⁰⁾
Notas:
1. A partir de 1986 los obreros y empleados de la Frontino Gold Mines empezaron a recibir una bonificación especial diferenciada en porcentaje según el salario asignado. Esta situación perjudicó la consolidación del fondo de pensionados y alargó la figura concordataria.
2. Algunos datos sobre censos publicados en el Anuario Estadístico de Antioquia de 1985, ilustran el crecimiento poblacional en Segovia y Remedios:

Municipio 15 de julio de 1964 24 de octubre de 1973 15 de octubre 1985

Total cabecera resto Total cabecera resto Total cabecera resto

Segovia 10.428 9.234 1.194 12.203 9.976 2.227 20.862 14.861 6.001

Remedios 13.793 2.090 11.70. 15.314 2.537 12.777 17.736 4.115 13.621

3. Cf. Revista Colombia Hoy Informa. No. 58, año IX. Bogotá, Junio de 1988. Pág. 20.
4. "El primer paro civico del año--provocó la semana pasada cuatro muertos, veintisiete heridos, tres aviones incendiados, la militarización del pueblo, y una situación tensa que amenaza con extenderse a todo el nororiente antioqueño. (...) El conflicto empezó el domingo 24 de febrero. A medio día, en canoa, empezaron a llegar por el río cerca de siete mil campesinos que acudían a tomar parte en el paro cívico convocado porque... las promesas obtenidas por el paro cívico de agosto del año pasado no habían sido cumplidas por las autoridades. Pedían escuelas, centros de salud, agua potable, vías de comunicación... la coordinadora cívica organizaba brigadas de agua, de comida, de transporte, de primeros auxilios, para acoger esa súbita duplicación de la población de El Bagre, que en su casco urbano albergaba nueve mil personas. (...) El miércoles por la tarde se inicio una marcha sobre las instalaciones de la empresa minera, custodiada por unos cuarenta policías traídos como refuerzo por orden del comandante de la Policía de Antioquía, Carlos Randeras. A las ocho de la noche se oyeron disparos y se fue la luz. Tras cuarenta y cinco minutos de tiroteo quedaron tendidos los cadáveres de tres campesinos y un celador de la empresa, veintisiete personas más heridas, entre ellas un mayor de la Policía. Los manifestantes se volvieron entonces contra el aeropuerto y lo incendiaron, reduciendo a cenizas los tres aviones, una ambulancia y un bus de la empresa. (...) Las autoridades dicen que las 'turbas enfurecidas' intentaron tomarse las instalaciones de Mineros de Antioquia y las casas de los ingenieros, y atacaron a piedra y luego a bala el cordón de policía que protegía, el cual no tuvo más remedio que defenderse. El alcalde Gildardo Correa y el gobernador de Antioquia Alberto Vásquez Restrepo acusan a guerrilleros del frente Ricardo Franco y del ELN de haber im ciado los combates. Los pobladores de El Bagre afirman, en cambio, que quien disparó fue la policía. El padre Gustavo Palacio, asistente del cura párroco, dice que 'después de asistir a una misa, los campesinos iniciaron una marcha pacífica hacia los campamentos de la compañía'. El médico Botero declaró a la prensa que entre los heridos no había ningún policía, sino que todos eran campesinos. Uno de los heridos cuenta: 'no había guerrilleros; habíamos meros campesinos apenas'. (...)A la mañana siguiente, tropas del batallón Junín encabezadas por su comandante se tomaron el pueblo sin encontrar resistencia y militarizaron la zona. En Medellín, un consejo de seguridad presidido por el viceministro de Gobierno, Víctor G. Ricardo, ordenó el toque de queda..." Cf. Revista Semana. Nº148. Bogotá 5-11 de marzo de 1985.
5. En este período se llevaron a cabo las conocidas marchas de Mayo en la cuales "..cerca de 80.000 (campesinos) según la prensa, se movilizaron en los departamentos de Santander, Norte de Santander, Cesar, Magdalena, Sucre, Córdoba, Atlántico y Antioquia, y aunque no llegaron a los sitios previstos por sus organizadores, las capitales de los departamentos, conmocionaron al país, tanto por su cantidad como por su inquebrantable decisión de mar char a pesar de expresa prohibición del gobierno. (...) El trato dado por el ejército a las marchas fue común en todas las regiones: bloqueo de las vías principales, inmovilización de vehículos, decomiso y destrucción de alimentos, detención y maltrato físico a los participantes. Las evaluaciones preliminares afirman que medio centenar de campesinos murió en la jornada (sin contar la masacre de Llana Caliente) y 500 más fueron detenidos en diferentes circunstancias" Cf. Revista Colombia Hoy Informa. No. 58. Año IX. Bogotá, junio de 1988. Pág. 17 33 y No. 59. Año IX. Bogotá, julio de 1988. Págs. 13-16.
6. NCOS y otras. "Tras los Pasos de la Guerra Sucia. Paramilitarismo y Operaciones Encubiertas en Colombia". Ediciones NCOS. Bruselas, 1995. Pág. 76.
7. Cf. Revista Margen Izquierda No 15. Bogotá, junio de 1987. Pág. 15.
8. Cf. Revista Colombia Hoy Informa. No. 56. Año IX. Bogotá. Abril de 1988. Pág. 46.
9. QUIÑONEZ Nova, Hernán. "Magdalena Medio en Marcha por la Paz: Capitalismo Democrático, Alternativa Nacional". Editorial Fucpader. Puerto Boyacá, 1990. Pág. 56.
10. La protesta nacional se llevó a cabo, según, "Jorge Carrillo, el presidente, y Angelino Garzón, el secretario general, informaron a los presentes que los sindicatos afiliados a la CUT habían acatado la convocatoria al paro de actividades en un 60%, a pesar de las medidas intimidatorias tomadas por el gobierno, y que se aplicaron con todo su rigor contra los dirigentes sindicales y los trabajadores que participaron o intentaron participar en el paro". Cf. Revista Colombia Hoy Informa. ?63. Año IX. Bogotá. Noviembre de 1988. Pág. 20 y ss. "La Jornada del 27 de octubre: Un Paro Contra Viento y Marea".
11. La sigla de este grupo paramilitar impulsado por la fuerza pública, los gamonales políticos y el narcotráfico, surgió al parecer de un boletín que en 1986 produjo la U.P, el cual se llamaba Movimiento Revolucionario del Nordeste.
12. NCOS y Otras.Op.cit. Pág.86.
13. Informe Evaluativo de diciembre 1 de 1998, presentado al Procurador General de la Nación por el Delegado para la Policía Nacional. Pág. 2.
14. NCOS y Otras.Op.cit. Pág.77.
15. SÁNCHEZ, Gonzalo. "Guerra y Política en la Sociedad Colombiana". El Ancora Editores. Bogotá, 1991. Pág. 33.
16. En sentencia del 19 de julio de 1990 el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia condenó a la Nación a pagar los perjuicios morales causados a los familiares de Carlos Héctor.
17. Informe del abogado visitador de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial, dirigido al Procurador Delegado para la Vigilancia Judicial. 23 de marzo de 1986.
18. La Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares adelantó la Indagación Preliminar No. 913/48788 y archivó el caso el 30 de marzo de 1987 considerando que el oficial Yohar había actuado en cumplimiento del deber (Art. 24 del Código de Justicia Penal Militar). El 19 de marzo/86 el Juzgado 50 de Instrucción Penal Militar abrió el Sumario 295, por los hechos. El 7 de abril/86, el juez castrense se abstuvo de dictar auto de detención contra el oficial Yohar, y remitió el proceso al Comandante de la XIV Brigada para que como Juez de la. Instancia dictara sentencia. Según respuesta de la Auditoría Principal de Guerra de la XIV Brigada, el caso fue archivado definitivamente bajo el argumento de que la acción fue legal, pues las fuerzas militares sostuvieron que las victimas eran integrantes del IV frente de las FARC, quienes los atacaron. (Oficio Nº 220/BR14-APG-747, dado en Puerto Berrío a los 19 días del mes de junio de 2000, firmado por Luz Helena Rueda Galvis, Auditoria Principal de Guerra (e) Inicialmente el Juzgado 33 de Instrucción Criminal adelantó la respectiva indagación preliminar, remitiendo el caso a la Jurisdicción Penal Militar el 19 de marzo/86. Esta instancia concluyó "que era poco creíble la versión de los militares de que los sujetos habían ' caído en combate'" El Juzgado 50 de Instrucción criminal inició investigación por los mismos hechos y posteriormente la archivó.
19. Este campesino fue asesinado el 20 de enero de 2000 por paramilitares de las AUC, 3 días antes de este crimen el Ejército había allanado su vivienda, los hechos se presentaron en la vereda El Pollo.
20. NCOS y Otras. Op. cit. Pág. 82.
21. Se incluye el asesinato de Elkin de Jesús Martínez Álvarez, alcalde electo de Remedios, co metido en la ciudad de Medellín.
22. Germán Enrique Guerra Achury, denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, Bogotá, mayo 28 de 1997.
23. Cf. Resolución Nº 412 del 29 de noviembre de 1988 de la Procuraduría Delegada para las FF.MM.
24. Cédula de ciudadanía: 70.515.563 de Itagüi. Código militar 8140249. Retirado por solicitud de la Procuraduría Delegada para las FF.MM en julio de 1989.
25. Cf. Resolución de Convocatoria a Consejo Verbal de Guerra, por el comandante de la XIV brigada del Ejército, 27 de junio de 1991. Pág. 12.
26. GIRALDO M. S.J, Javier. "Lo que en Colombia se Llama 'Justicia'". Revista Justicia y Paz ?9, julio septiembre de 1998. Bogotá. Pág. 26.
27. Luego de presentarse denuncias por parte de algunos de los ofendidos, la JUSTICIA PENAL MILITAR avocó el juzgamiento de los responsables. El Comandante de la XIV Brigada del Ejército, con sede en Puerto Berrío, Antioquia, recogió los elementos probatorios y convocó a un primer Consejo Verbal de Guerra que tuvo lugar en la misma Brigada el 3 de junio de 1992, contra el teniente Carlos Eduardo Santacruz Estrada, quien comandaba el operativo dentro del cual fueron perpetrados los crímenes, y contra el cabo primero John Jairo Marín Castañeda, a cuya custodia había sido encomendado el retenido Elkin de Jesús Moreno salas, quien fue asesinado. En dicho Consejo Verbal de Guerra los vocales, por una nimiedad, declaran NO CULPABLES a los dos sindicados. En su Resolución, emitida dos días después, el Presidente de dicho Consejo declara CONTRAEVIDENTES los veredictos de no responsabilidad y envía la providencia, en consulta, al Tribunal Superior Militar. En su Re solución, emitida el 8 de septiembre de 1992, el Tribunal anula lo actuado a partir de la calificación de los hechos, pues no fueron tenidas en cuenta todas las conductas delictivas ni fueron bien tipificadas, ni controvertidos los elementos probatorios.
El comandante de la XIV Brigada convoca a un segundo Consejo Verbal de Guerra, no vinculando ya solamente al teniente Santacruz Estrada y al cabo primero Marín Castañeda, sino también a los 4 soldados (entonces ya reservistas) que habían disparado sus armas contra Elkin de Jesús Moreno Salas, quienes fueron juzgados "EN AUSENCIA". Además, esta nueva convocatoria completaba los hechos ocurridos en la casa-tienda atacada con armas de fuego al amanecer del 7 de febrero/88, en los cuales resultaron heridos Germán Enrique Guerra Achurry y otros, produciéndose también el saqueo de enseres, alimentos y dinero, hechos por los cuales se sindicó al Teniente Santacruz Estrada, como comandante del operativo.
Antes de realizarse este segundo Consejo Verbal de Guerra, el Teniente Santacruz Estrada muere violentamente en el municipio de la Mesa, departamento de Cundinamarca, el 9 de agosto de 1992. En Resolución proferida el 3 de noviembre de 1993, el comandante de la XIV Brigada declara EXTINGUIDA LA ACCIÓN PENAL contra el Teniente Santacruz Estrada.
El Consejo Verbal de Guerra se realiza el 19 de noviembre de 1993 con la sola presencia del cabo primero Marín Castañeda y se juzga en ausencia a los 4 soldados que dispararon contra Elkin de Jesús Moreno Salas. Nuevamente los vocales emiten un veredicto mayoritario de "NO RESPONSABILIDAD", a favor de todos los sindicados. El Presidente del Consejo Verbal de Guerra, en interlocutorio del 25 de noviembre de 1993, declara nuevamente CONTRAEVIDENTES los veredictos y remite su providencia, en consulta, al Tribunal Superior Militar. Dicho Tribunal, en providencia del 2 de mayo de 1994, confirma la Contra evidencia de los veredictos y la declaratoria de EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL contra el teniente Santracruz Estrada.
El comandante de la XIV Brigada, mediante Resolución 0070 del 23 de junio de 1994, convoca a un nuevo Consejo Verbal de Guerra, para enjuiciar nuevamente al cabo primero Marín Castañeda y a los cuatro soldados reservistas que dispararon contra Elkin de Jesús Moreno Salas. Dicho Consejo Verbal de Guerra tiene lugar el 26 de octubre de 1994 y en el curso del mismo los vocales emiten veredicto de NO RESPONSABILIDAD, por mayoría, a favor de los sindicados. El Presidente de dicho Consejo Verbal de Guerra, acogiéndose a la norma del articulo 680 del Código Penal Militar, en el cual se ordena que el veredicto proferido por los vocales en un segundo Consejo Verbal de Guerra es definitivo, acoge el veredicto. Lo mismo hace el Tribunal Superior Militar, en su fallo del 23 de enero de 1995 se resuelve confirmar el veredicto del Consejo Verbal de Guerra, no sin antes anotar: "No compartimos este tipo de justicia que atiende sentimientos espurios-y que más bien debiera ser basados en la sana crítica de la prueba, con justicia fría y analítica que no genera impunidad, pero que a pesar de todo lo que se argumente dura es la ley pero es la ley y no queda otra solución que acoger el veredicto".
En cuanto a la INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA, la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares asume, de oficio, la investigación, mediante auto del 11 de febrero de 1988, que inicia la averiguación disciplinaria Nº 022-67.331. el 29 de noviembre del mismo año, mediante la Resolución 412, sanciona al Teniente Santacruz Estrada con solicitud de destitución. El abogado de éste presenta recurso de Reposición, el cual es resuelto en la Resolución 0268 del 24 de julio de 1989, en la cual se confirma la sanción. Ante las gestiones adelantadas por la Comisión Interamericana de derechos Humanos -CIDH-, la Dirección Nacional de Fiscalías, mediante Resolución 0188 de 1997, asignó a la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos una nueva investigación, sustentada en la nueva denuncia instaurada por Germán Enrique Guerra Achury el 28 de mayo de 1997. A dicho expediente han sido remitidas por la Consejería Presidencial de Derechos Humanos algunas declaraciones de las victimas de los hechos, tomadas por el Personero Municipal de Remedios, durante el mes de enero de 1998.
28. Fallo en segunda instancia del Tribunal Superior Militar, fechado el 23 de enero de 1995, firmado por el magistrado ponente. Coronel Jorge Humberto Barrios Garzón; magistrada Luz Marina Castaño de Díaz; magistrado, Teniente Coronel retirado José Uriel Rojas Gutiérrez; Comandante General de las Fuerzas Militares y presidente del Tribunal Superior Militar, General Hernando Camilo Zuñiga Chaparro; y el secretario Fidel Antonio Serrato Salinas
29. Acta del Consejo Verbal de Guerra, XIV brigada del Ejército, 3 de junio de 1992. Págs. 2 y 3
30. Testimonio PNM.
31. Sentencia Ordinaria Radicado 081-3195-A. Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia. Medellín, 29 de agosto de 2000. Pág. 73.
32. C.c.: 14,317.248 de Honda. Código militar: 8103122. En 1989 fue trasladado al Batallón Nº18 Jaime Rooke; ese mismo año fue destituido en fallo de la Procuraduría Delegada para las FF.MM, mediante resolución 268 del 24 de julio de 1989. Fue asesinado el 9 de agosto de 1992 en el municipio de La Mesa Cundinamarca.
33. Amnistía Internacional. "Colombia. Segovia: Historial Recurrente de Violaciones Graves de los Derechos Humanos". Mimeo. índice AI: AMR 23/61/96/5. London, noviembre de 1996.
Pág 5
34. Periódico El Tiempo. Bogotá, 5 de septiembre de 1996. Pág. 8A.
35. Sentencia Ordinaria. Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia. Medellín, 29 de agosto de 2000. Págs. 54 y 55.
36. Sentencia Ordinaria. Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia. Medellín, 29 de agosto de 2000. Págs. 57 y 58.
37. Sentencia Ordinaria. Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia. Mede Ilin, 29 de agosto de 2000. Págs. 58 y 59.
38. Cf. Procuraduría Delegada Para las Fuerzas Militares. Oficio ?4230. Bogotá, 23 de No viembre de 1995.
39. Amnistía Internacional. "Colombia. Segovia: Historial Recurrente de Violaciones Graves de los Derechos Humanos". Mimeo. índice AI: AMR 23/6i/96/s. London, noviembre de 1996. Pág. 4.
40. Cabe recordar que este oficial fue destituido cuando se desempeñaba como director de pri siones en 1992 a raíz de la fuga de Pablo Escobar Gavina de la famosa cárcel La Catedral, ubicada en Envigado.
41. Periódico El Tiempo. Bogotá. 5 de septiembre de 1996. Pág. 8A.
42. Sentencia Ordinaria Radicado o8l-3i95-A. Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia. Medellín, 29 de agosto de 2000. Pág. 108 y 109. Se debe señalar que en la audiencia pública estuvo presente e intervino el mismo Cesar Augusto Pérez García.
43. Así lo comprueba el oficio N°2i8/BRl4-APG-747 de la Auditoría Principal de Guerra de la XIV brigada, fechado en Puerto Berrío el 19 de junio de 2000.
44. Ibidem
45. Cf. Coordinadora Nacional de Movimientos Cívicos. "Marchas, Tomas, Paros Cívicos: Actas de Compromiso" Ediciones Antropos Limitada. Sin Dato. Págs. 75-77.
46. Elkin de Jesús Martínez fue elegido alcalde popular de Remedios y asesinado el 16 de mayo de 1988 en la ciudad de Medellín por paramilitares.
47. Comunicado Nº 1 de la Junta Municipal de Paro Cívico de Segovia. En este comunicado se resalta la actitud omisiva y cómplice de la fuerza pública, además se descarta el hecho de que haya sido algún grupo guerrillero; dicho documento está firmado por: "Consejo Municipal, Unión Patriótica, Partido Liberal Colombiano, Partido Social Conservador, Movimiento 27 de Febrero, Sindicato de Trabajadores de la Frontino Gold Mines, Municipio de Segovia, Chanceros y Magisterio, Comerciantes, Acciones Comunales, Familiares de las Victimas y Partido Comunista Colombiano"; en Segovia el 15 de noviembre de 1988.
48. "Nordeste: Historia de Represión que Vislumbra Sueños de Esperanza ". Mimeo. Segovia, lo de noviembre de 1995. Pág. 12.
49. Op.cit.Pág. 12.
50. Testimonio recogido por el PNM.

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	1980			1986			1988
municipio	liberal	conservador	izquierda	liberal	conservador	izquierda	liberal	conservador	izquierda
Remedios	791	196	95	601	318	1344	646	262	859
Segovia	1714	389	353	1201	295	2368	869	9	1223

Municipio	15 de julio de 1964			24 de octubre de 1973			15 de octubre 1985
	Total	cabecera	resto	Total	cabecera	resto	Total	cabecera	resto
Segovia	10.428	9.234	1.194	12.203	9.976	2.227	20.862	14.861	6.001
Remedios	13.793	2.090	11.70.	15.314	2.537	12.777	17.736	4.115	13.621