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Capítulo VIII
La extradiciónEl 14 de septiembre de 1979 culminó en Washington un extenso período de negociaciones diplomáticas iniciadas en la administración Turbay Ayala, cuando Cyrus Vanee, secretario de Estado de los Estados Unidos, y Virgilio Barco Vargas, embajador de Colombia en ese país, suscribieron dos tratados bilaterales: la extradición de nacionales acusados de narcotráfico y delitos conexos, y para el intercambio judicial de pruebas.
Según diversas versiones muy generalizadas, se ejercieron presiones sobre Julio César Turbay, a cambio de no hacer públicas evidencias que se poseían de actividades relacionadas con contrabandistas de esmeraldas, ni revivir incidentes "bochornosos" como el Memorando Bourne.
En 1977, la embajada estadounidense había entregado al jefe del Estado, Alfonso López Michelsen, el llamado "Memorando Boume".
El documento era una extensa lista de traficantes colombianos y de funcionarios públicos que les prestaban ayuda, la cual había sido elaborada por Peter Boume, asesor de la Casa Blanca para asuntos de narcóticos. En esta lista figuraba Julio César Turbay Ayala, vinculado por culpa de un sobrino suyo que vivía en Nueva York, y que según ese documento, tenía relación con la distribución de cocaína en esa ciudad.
Este memorando se explica porque el Departamento de Estado de los Estados Unidos había renunciado a solicitar --hasta 1981, fecha de vigencia del nuevo tratado--, la extradición de nacionales colombianos. Había un precedente.
El 10 de abril de 1972 el presidente de la República, Misael Pastrana Borrero, negó la extradición de un narcotraficante colombiano, José Alvaro Córdoba Bojassen, vicecónsul en los Estados Unidos, a quien la justicia de ese país acusó de "importación ilegal y posesión y ocultamiento ilícitos de drogas narcóticas". Ingresó 15 kilos de cocaína a Nueva York.
La Corte emitió concepto favorable para extraditar a Córdoba Bojassen, porque consideró que un tratado del año 88 prevalecía sobre el Código Penal vigente, que prohibía la entrega de nacionales.
Pastrana, en la Resolución Ejecutiva 90 de 1972, alegó que el Código Penal (de 1936), "no solamente no autoriza, sino que prohibe expresamente la entrega de nacionales colombianos".
Y planteaba una nueva razón, que Estados Unidos había hecho reserva sobre el artículo segundo de la Convención Interamericana de Montevideo, la extradición de nacionales, por lo que temía que no existiera reciprocidad de su parte.
Pastrana negó la extradición del sindicado de narcotráfico, y encargó al procurador general de la Nación de promover acción penal para que los hechos que se le imputaban a Córdoba, no quedaran en la impunidad. Pero el decreto 1118 del 70 consagraba una prescripción de un afio\para ese tipo de delitos. El exdiplomático, ni fue extraditado, ni fue juzgado en Colombia. Por esta razón, no hubo solicitudes de extradición durante la bonanza de los marimberos.
Transcurrieron casi 20 años, hasta cuando se modificó el Código Penal en cuanto a la entrega de colombianos, y se celebró el nuevo convenio.
Los tratados finalmente fueron suscritos en Washington. Pero el de extradición demoró un aflo en la nevera, mientras se resolvía su suerte. Finalmente fue sometió a consideración del Congreso, que lo aprobó en completo silencio.
Cuando se debía proceder a sancionar la ley que incorporó el tratado a la legislación colombiana, Turbay Ayala viajó al exterior, y dejó como delegatario a su ministro de Gobierno, Germán Zea Hernández, quien luego de varios días lo sancionó, para convertirlo en la Ley 27 de 1980. una de las más controvertidas en el país.
Ya en vigencia el tratado, Estados Unidos solicitó dos extradiciones, pero Turbay Ayala y su ministro de Justicia no tomaron ninguna medida tendiente a hacerlas efectivas.
En este estado, llegó Belisario Betancur a la Presidencia de la República. El mismo acaba de recibir en la última etapa de su campaña --personalmente, porque esa era la condición impuesta-- $110 millones en efectivo en Melgar, en una finca del torero (El Zorro de Toledo) que le ayudó a importar 128 reses de lidia a Jorge Ochoa, que resultaron ser de contrabando.
El dinero, se asegura, lo entregaron Pablo Escobar, Jorge Ochoa y Gonzalo Rodríguez Gacha. Ellos pusieron las condiciones. Belisario fue solo a la reunión, en su famoso R4.
Bernardo Gaitán Mahecha, su primer ministro de Justicia, evadió siempre el tema de la extradición. Cuando se iba a retirar, expidió varias órdenes de captura, más con el ánimo de evitar suspicacias posteriores que con el de cumplir con su deber.
En realidad, Gaitán Mahecha sólo iba a buscar la expedición de una ley para su banquero de cabecera, Jaime Michelsen Uribe, quien para ese momento tenía en su contra dos procesos penales por las defraudaciones del Grupo Grancolombiano a pequeños y medianos ahorradores.
El reemplazo de Gaitán Mahecha fue Rodrigo Lara Bonilla, quien a escasas dos semanas de ocupar el cargo afrontó un debate político convocado por el congresista principal de Pablo Escobar, el antioqueño Jairo Ortega Ramírez, y otro representante a la Cámara de su mismo grupo político en Cundinamarca, Ernesto Lucena Quevedo.
Se trataba del incidente por el cheque del millón de pesos de Evaristo Porras Ardila, el hombre de Leticia del Cartel de Medellín. Los colombianos se enteraron apenas esa noche de los vínculos de Porras y el narcotráfico, pues el propio Jairo Ortega reveló copia del auto de juzgamiento de la justicia peruana por ese delito.
Cuando la prensa buscó a Porras para hablar de sus antecedentes, afirmó que lo del Perú había sido una locura de juventud, que su dinero se originaba en su providencial suerte, pues en el diciembre anterior, 85, se había ganado tres premios mayores de la lotería. Pero ratificó haber entregado el cheque del millón de pesos.
La estrategia del debate debió ser muy discutida, pues Porras en la indagatoria que le tomaron a raíz del asesinato de don Guillermo Cano, afirmó que también poseía un cheque personal girado a favor de Belisario Betancur:
"Porras inclusive afirmó al despacho --dice el juez militar José Luis Barrios Arrieta en su providencia--, que además él había girado un cheque personal de su cuenta a nombre del doctor Belisario Betancur, para la campaña electoral en la época en que él era candidato, lo que le dio pie para solicitar que se aclararan todas estas afirmaciones que la prensa hablada y escrita lanzaban en su contra".
Luego del debate, Betancur tomó una determinación, que Rodrigo Lara estimó como un favor personal: le reiteró, en privado, su respaldo.
Lara quedó tan agradecido con el gesto, que en seguida firmó las resoluciones que negaron la extradición de dos guajiros traficantes de cocaína, Emiro de Jesús Mejía Romero y Lucas Gómez Van Griecken.
"El presidente me ayudó y le soy solidario", explicaría luego Rodrigo Lara en privado, como fundamento de su determinación.
En represalia los hermanos De la Roche, fugitivos en Miami, fueron dejados en libertad por EE.UU., que los iba a deportar
Al poco tiempo de ocurridos estos hechos, El Espectador reveló los antecedentes penales de Pablo Escobar, Gustavo Gaviria, Jorge Luis Ochoa y Jorge Gómez Van Griecken. Los dos primeros estaban comprometidos en un proceso por narcotráfico, el segundo en uno por contrabando, y el último, congresista suplente como Escobar, fue herido en una pierna en el municipio de Galapa, Atlántico, cuando la Policía allanó una finca donde encontró varios kilos de cocaína.
En una crónica de El Espectador, elaborada a los pocos días, titulada "Lucha desigual al narcotráfico", se cuestionó la decisión de Betancur que negó las extradiciones: en efecto, a los dos días de tomada, Gómez Van Griecken y Mejía Romero quedaron en libertad. Además, el propio Gómez Van Griecken contrató una avioneta para traer desde Riohacha a la Cárcel Modelo de Bogotá al secretario del juzgado que debía notificarle la libertad.
Un exasesor del Ministerio de Justicia, Jorge Edgardo González Vidales, demandó ante el Consejo de Estado las resoluciones que negaron esas extradiciones.
González fue asesinado en su carro, el día en que el Consejo de Estado iba a empezar a considerar un proyecto de fallo, en el que se anulaban las resoluciones, con base en sus argumentos. Ese día, los narcos confirmaron que se podía amedrentar la justicia. Renunciaron los consejeros a quienes correspondió estudiar la demanda. El expediente, quemado en el Palacio de Justicia, no fue reconstruido.
"Hombre, explicaba Rodrigo Lara, le debo el gesto a Belisario. Y los gringos lo único que hacen para luchar contra el narcotráfico es entregarle a Colombia tres helicópteros y US$200.000 anuales para gasolina. Pero .cuanto más me entero, agregaba, más sé del perjuicio que le causan los narcos a este país. Nunca más volveré a negar la extradición de un perro de esos".
Con este compromiso asumido en privado, Rodrigo Lara rubricó el inicio de la única batalla frontal que se ha adelantado en Colombia contra la mafia.
De este nuevo análisis, Lara sacó un aforismo, que repetía incesantemente: "mientras los jueces colombianos temen a los narcotraficantes, éstos sólo temen a los jueces norteamericanos".
La nueva posición de Lara generó dos frentes de ataque: por un lado, contra la ley del tratado, en demandas de inconstitucionalidad planteadas a la Corte Suprema de Justicia. El concepto fiscal, que debe rendir el Procurador General de la Nación, fue preparado por su procurador auxiliar, Marino Henao, quien concluyó un extenso trabajo que coincidía con las tesis de los demandantes.
El procurador, Carlos Jiménez Gómez, llevó a Marino Henao ante el presidente Betancur, para mostrarle, jubiloso, el concepto. Los tres se declararon plenamente satisfechos.
Al despacho de Rodrigo Lara llegó en los primeros días de 1984, proveniente de la Presidencia de la República, un proyecto de resolución ejecutiva en la cual se negaba la extradición de Carlos Ledher. De manera rotunda, Lara anunció que se oponía a firmarla.
El gobierno trató de presionar por todos los medios a Lara Bonilla. Betancur --o por lo menos en su nombre afirmaron ellos actuar--, envió a su antecesor en el ministerio, Bernardo Gaitán Mahecha y a la secretaria jurídica de la Presidencia, Liliam Suárez Meló, para que trataran de disuadirlo. Rodrigo Lara no se movió un ápice de su nueva posición.
En esos días apareció una grabación en la que el secretario privado del procurador Jiménez Gómez, el periodista William Bedoya, durante una reunión con su colega Mario Calderón, y el poeta Luis Fernando Mejía, hombre de confianza de Ledher, pedía $30 millones por solucionar el problema de su extradición.
Los diputados del Movimiento Latino Nacional, el grupo político de Ledher, exhibieron en una rueda de prensa la grabación donde Bedoya solicitaba el dinero. La noticia se publicó en todos los medios. Ese mismo día, el 22 de marzo de 1984, apareció muerto William Bedoya. La investigación por su muerte se archivó luego de que un abogado de la Procuraduría, Federico Torres Donado, halló el almacén donde Bedoya compró un veneno con el que, concluyó, se quitó la vida.
Torres, quien hasta ese momento era un asesor, fue promocionado al cargo de procurador regional.
No obstante, en lo poco que avanzó el proceso penal, se alcanzó a descubrir que el viceprocurador Jaime Ossa Arbeláez, había estado escondido tras una cortina en la reunión donde Bedoya, 30 días antes, pidió los $30 millones. Ossa Arbeláez estaba en compañía de otra abogada de la Procuraduría, Zoraida Rozo Barragán.
¿Qué transfondo había en esa reunión? Es un enigma, pues la investigación se archivó de inmediato. Ossa Arbeláez abandonó al poco tiempo su cargo, para ser promocionado al de Notario de Bogotá. Su reemplazo fue Jaime Hernández Salazar, entonces superior jerárquico de Torres Donado, y encargado de luchar contra el narcotráfico.
Hernández Salazar --cuyas complicidades con la multinacional alemana Mannesman fueron denunciadas por la revista Der Spiegel-, estuvo con Carlos Jiménez en Panamá en la entrevista con los narcotraficantes Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, Pelusa Ocampo y miembros del Clan Ochoa, que alegaban ser inocentes del asesinato de Lara Bonilla, y pedían una amnistía. El presidente Betancur optó por integrar una comisión para renegociar con los Estados Unidos el tratado de extradición. Era presidida por el exministro Bernardo Gaitán Mahecha.
La jugada consistía en lograr que pasaran las negociaciones, sin acuerdo alguno, de seis meses, para conseguir su abrogación, requisito previo para suspender su vigencia. En la mesa de negociación en Washington se descubrió la jugada, y se elaboró un acta de conciliación y buena voluntad. Gaitán Mahecha no se pudo negar, y abortó el plan.
Rodrigo Lara fue asesinado "I 30 de abril de 1984. La respuesta del gobierno fue seguir su línea. Betancur anunció, en la Catedral de Neiva ante el cadáver de Lara, que se concederían las extradiciones, empezando por la del propio Carlos Ledher.
A los pocos días, la Corte Suprema varió su doctrina tradicional sobre los tratados públicos, pero de tal manera que no invalidó el de extradición.
El expresidente Alfonso López Michelsen, reputado constítucionalista, escribió un extenso artículo en el suplemento dominical de El Tiempo, para tratar de defender la competencia plena de la Corte Suprema en materia de revisión de la constitucionalidad de este tipo de convenios internacionales. No lo tomaron en serio. La suerte quedó echada.
El 6 de noviembre de 1985 se produjo la toma del Palacio de Justicia, donde funcionaban la Corte Suprema y el Consejo de Estado.
Los narcos habían propuesto primero la toma a un grupo guerrillero tenido por díscolo, el Frente Ricardo Franco, pero en realidad no eran tan locos como se presumía. El M-19 aceptó el trato. .
El presidente Betancur aplazó un viaje largamente preparado a Europa, v el día de la toma, se retiró la vigilancia del Palacio de Justicia, que se había impuesto semanas antes, por la visita del presidente Francois Miterrand.
El M-19 había recibido de los narcos, para la toma del Palacio, US$5 millones y las armas.
"Era evidente que los guerrilleros buscaban ante todo llegar al cuarto piso del Palacio, donde se encontraban las oficinas de los magistrados de la Sala Constitucional y la Sala de Casación Penal de la Corte, la dos encargadas de conocer de las extradiciones", comentaría luego un magistrado sobreviviente de la Sala Laboral, que funcionaba en el tercer piso. Un testimonio similar rindió el exconsejero Enrique Low Murtra, cuando fue designado en 1987 como ministro de Justicia.
En noviembre de i 987, la revista Guión reveló una copia del proyecto de fallo inhibitorio que había elaborado el magistrado Alfonso Patino Roselli, en una demanda contra el Tratado que presentó el agente oficioso de los Ochoa, Julio Martín Uribe Restrepo. Ese proyecto, que recogía el nuevo criterio de la Corte, se debía empezar a estudiar en la Sala Constitucional del 6 de Noviembre de 1985, el día y la hora de la toma.
Fueron asesinados todos los magistrados de la Sala Constitucional, Manuel Gaona Cruz, Ricardo Medina Moyano, Carlos Medellín Forero y Alfonso Patifio Roselli, inclinados ya por la llamada tesis intermedia en la revisión de los tratados, es decir, que éstos sólo podían ser demandados antes de que se surtiera el canje de notas de los convenios bilaterales, lo cual evidentemente ya había sucedido con el de extradición.
Los guerrilleros asesinaron también a Alfonso Reyes Echandía, quien, como co-redactor del Código Penal de 1980, introdujo la posibilidad de extraditar nacionales, lo que se prohibía en el anterior Código Penal, de 1936.
Luego de la Hecatombre Judicial, cambió la Corte Suprema casi en su totalidad. Doce magistrados habían perecido. Ingresaron entonces magistrados como Jairo Duque Pérez, quien había sido secuestrado en extrañas circunstancias en Medellín, en enero de 1973. Su socio de oficina era Samuel Morales Maya.
Otro magistrado, Fabio Morón Díaz, también es oriundo de Medellín. En la primera sesión luego de posesionados los dos, reconocieron ante sus compañeros de la Corte que recibieron amenazas con respecto a la suerte de la extradición: "esperamos que se porten bien", les habrían dicho personas que ellos no identificaron. Los dos magistrados residen en un mismo edificio de Bogotá.
El magistrado Hernando Baquero Borda fue asesinado el 31 de julio de 1986 por sicarios de Los Extraditables. Había sido co-redactor del Código Penal de 1980 y, siendo procurador, había estado en Washington revisando el tratado de extradición con Estados Unidos.
Llegó, el 7 de agosto de 1986, el gobierno de Virgilio Barco Vargas, que designó como su ministro de Justicia a un magistrado de perfil bajo, Eduardo Suescún Monroy, quien reveló en una reunón privada que al aceptar el ofrecimiento de Barco, le dijo que él no se metería con la extradición de narcotraficantes. "Yo no vengo a eso", le habría dicho Barco a Suescún, según su propia versión.
Otro magistrado de la Sala Penal de la Corte, Luis Enrique Aldana Rozo, murió el 17 de octubre de 1986. Como Baquero, había estado en Washington revisando el mismo tratado. Aldana recibió en su casa un féretro con una leyenda: "es para usted". Con la salud ya resquebrajada, sufrió un ataque al corazón. Fue trasladado a Houston, donde luego de una intervención quirúrgica, pareció quedar restablecido. Pero cuando salido del quirófano, misteriosamente, fueron cortados los tubos que le conducían el oxígeno, y murió de inmediato.
Se hicieron entonces acuerdos en la Corte Suprema para estructurar una jugada política.
Se trataba de demostrarle al país que el nuevo gobierno no quería otorgar extradiciones, pues ocho meses después de posesionado Barco, no se había ordenado una sola, pese a contar con por lo menos siete conceptos favorables de la Corte para hacerlo.
"El Gobierno usa a la Corte como mampara", era la apreciación de un magistrado.
La Sala de Casación Penal de la Corporación le puso una nueva condición a las extradiciones: para emitir concepto, las autoridades le deben demostrar a la Corte Suprema que el requerido se halla en Colombia. Empezó a dementarse la extradición.
Y cayó, el t3 de diciembre de 1986, la Ley 27 de 1980, con argumentos que contrariaban toda la posición tradicional de la Corte. Pero además, que creaban por doctrina, impedimentos para delegar unas funciones, como sancionar leyes de tratados. El ponente era el magistrado Jairo Duque Pérez.
Barco expidió entonces una nueva ley.
Después de asesinado don Guillermo Cano, hubo una nueva reunión de los magistrados de la Corte Suprema. "Los narcos con unos perros, pero es el gobierno el que los encubre. Durante muchos años los magistrados le pusimos el pecho, solos a la extradición, y nunca se oyó una voz del expresidente Carlos Lleras o de los excancilleres Carlos Lemos o Alfredo Vásquez de respaldo a la Corte. Y ahora vienen a criticarla, como si ellos pudieran exhibir algún aporte en la lucha contra el narcotráfico. Nos asesinaron a la mitad de nuestros compañeros, y quieren que sigamos poniendo los muertos, cuando desde las altas esferas del Gobierno se evidencian compromisos secretos para no extraditar narcotraficantes", dijo un magistrado.
Y añadió otro: "Encontramos un tratado del siglo pasado, del año 88, complementado con uno posterior, de 1940, según el cual se puede extraditar sin que la Corte Suprema emita concepto. Esa será nuestra decisión".
Se cayó él tratado de extradición del 79, y Barco, evidentemente, no extraditó sino a Ledher, pero con base en la resolución que había expedido Betancur.
Con su nuevo ministro de Justicia, el senador cordobés Edmundo López Gómez, se negó la extradición de Gilberto Rodríguez.
López Gómez negó también la extradición de José Santacruz Londoño, por una supuesta violación al principio jurídico de "Non Bis In Idem", violación que la Corte Suprema de Justicia había dicho que no existía en su caso. "Nosotros tenemos mejores elementos de juicio que la Corte", fue la única explicación del gobierno.
Barco y un nuevo ministro de Justicia, José Manuel Arias Carrizosa, revocaron otras cinco extradiciones, ya otorgadas por Betancur, entre ellas las de la organización de Severo Escobar, Mera Mosquera y el "rey" de la metacualona.
Se cayó la extradición, pero no el Gobierno.
