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Capítulo XXIII
Un país que huye (1)
En su intervención en la instalación de la Mesa de diálogo del gobierno nacional con las Farc-EP, el 7 de enero, el Presidente de la República, Andrés Pastrana Arango, afirmó: "Colombia no puede seguir dividida en tres países irreconciliables en donde un país mata, otro país muere y un tercer país, horrorizado, agacha la cabeza y cierra los ojos" (2)
Sin embargo, existe otro país: el de los colombianos que huyen de la muerte; el que se dispersa diariamente de sus regiones y de sus raíces sociales y culturales en busca de lugares que puedan ofrecer condiciones mínimas de seguridad y supervivencia; el que marcha en éxodos reclamando justicia y protección, el país del desplazamiento forzado por la violencia
Precisamente, 1998 pasará a la historia contemporánea de Colombia como un año crítico por el inusitado número de personas que fueron obligadas a huir de sus regiones hacia otros lugares del territorio nacional, como consecuencia de una guerra irregular en la que la principal víctima sigue siendo la población civil no combatiente.
Para 1998, el Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos en Colombia (Sisdes), estima una cifra de 308.000 personas desplazadas violentamente por las dinámicas de terror, muerte y éxodo que propician las masacres, asesinatos y amenazas por parte de los diversos actores armados. Es decir, que en un año se produjo el des plazamiento de 71.613 hogares integrados en su mayoría por mujeres, niños, niñas y jóvenes. En resumen, aproximadamente ocho hogares fueron desplazados cada hora en Colombia durante 1998.
Fronteras y población civil
La de los desplazados es una tragedia prolongada, diaria y anónima, de naturaleza social y política, que a causa de la violencia ha obligado a migrar desde 1985 alrededor de 1.500.000 colombianos dentro de su propio país y que ya empieza a afectar países vecinos, en lo que se constituye en un indicador del progresivo deterioro de la situación de derechos humanos y de la crítica situación humanitaria que se produce a medida que gana terreno la guerra entre los colombianos.
Tabla 1. Tendencia del desplazamiento forzado en Colombia 1995-1998 89.000 1995 181.000 1996 257.000 1997 308.000 1998 Situación que tiende a agravarse en las zonas de frontera en donde el conflicto se acentúa por razones geoestratégicas que en la actual coyuntura de paz y guerra en Colombia, empiezan a ser más visibles a la luz del reacomodamiento de los actores armados y a las presiones internacionales.
Los anuncios de militarización de las fronteras con Perú, Ecuador (3) y Venezuela, además de los problemas generados en el inmediato pasado con Panamá (4) (a propósito del éxodo de refugiados del Urabá finalmente "repatriados") y, más recientemente, con Brasil (como consecuencia de la protesta de ese gobierno por el supuesto uso de su territorio por parte de Fuerzas Militares que hacían frente a la incursión de las Farc en Mitú), crean un clima de tensión que podría afectar a la población civil en general, y en especial a las personas que buscan refugio en esos países ante el grave riesgo que corren sus vidas en el marco del conflicto armado y la violación de derechos humanos en Colombia.
Es necesario llamar la atención de los gobiernos de países vecinos para que el ejercicio legítimo de su soberanía en las conflictivas zonas de frontera no afecte negativamente a la población civil ajena a la confrontación y amparada por el derecho humanitario y demás normas internacionales de protección de los derechos humanos.
Población civil: objetivo militar
El desplazamiento forzado es la expresión dramática de una de las características más problemáticas y distintivas de la guerra irregular que tiene lugar en el país: la violencia de los actores armados contra la población civil como arma predilecta en el marco de las dinámicas estratégicas y militares de la geopolítica del conflicto.
La población civil ha sido convertida en objetivo militar en muchas regiones mediante la acusación de que colabora con uno u otro actor armado y, en consecuencia, debe "someterse, morir o huir" según los códigos impuestos por el poder de las armas.
Los criterios que usan los actores armados para determinar el grado de afinidad, simpatía o pertenencia de los civiles con el adversario son tan subjetivos como alejados de las exigencias del derecho humanitario y el derecho de la guerra. En los extensos y flexibles teatros de la confrontación la población civil soporta innumerables situaciones que son invocadas como justificación de los ajusticiamientos sumarios y demás crímenes: el transporte obligado de hombres armados, la permanencia de uno u otro grupo en un corregimiento o vereda, la venta o suministro de alimentos o la participación en actividades comunitarias, políticas, de derechos humanos que por su naturaleza plantean contradicciones con los diferentes actores armados y en no pocas ocasiones con el mismo Estado.
Esta justificación abstracta conduce a la arbitrariedad y, en muchas ocasiones, al encubrimiento de otros intereses ligados a la propiedad y la valorización de las tierras y los recursos económicos estratégicos en las regiones, a la recomposición misma de las condiciones de la participación política, a entronizar las armas como poder prevalente, independientemente de la historia, el presente y, sobre todo, el futuro de los pueblos afectados.
La realidad de fenómenos como el desplazamiento desborda este tipo de argumentaciones pues, a todas luces, resulta absurdo plantear que los 308 mil colombianos desplazados por la violencia en 1998 se pueden catalogar como colaboradores de los actores armados.
Esta práctica de involucrar a los civiles en el conflicto ha sido una constante en la confrontación armada en Colombia y una muestra del desprecio de sus protagonistas por el derecho internacional humanitario que, ante la evidencia de una guerra interna, no busca evitarla, pero exige responsabilidad política a los actores del conflicto en el acatamiento de un mínimo de normas, justamente para excluir a los no combatientes del conflicto y garantizar, en todo caso, el respeto por los derechos humanos aún en las circunstancias críticas que sugiere la contienda. Pero en Colombia este propósito sigue siendo una utopía como lo muestran las declaraciones públicas de los actores armados.
Por ejemplo, el jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, Carlos Castaño, refiriéndose a la masacre de Mapiripán, en el departamento del Meta, afirmó:
"Nada justifica disparar indiscriminadamente. Lo que sucede es que la guerrilla está camuflada dentro de población civil. Pero créame que no han muerto inocentes. Y lamento tener que decir esto, pero el guerrillero para nosotros es objetivo militar, aunque esté de campesino" (5).
Así mismo, en una comunicación a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Castaño precisa;
"En el curso de la actual guerra irregular, la población civil, atrapada en el escenario de las operaciones militares se vuelve necesariamente copartícipe de las partes del conflicto. La diferencia está en que la intención de la guerrilla es mimetizar su militando dentro de la población civil para encubrir sus actos terroristas, lo que involucra a la población civil y por tanto la hace víctima de la confrontación La intención de las autodefensas no es causar el terror sino evitar que la guerrilla siga camuflándose entre la población civil y sólo ha_impulsado la migración de comunidades para salvar su vidas mientras se combate a la guerrilla (el subrayado es nuestro)" (6)
Por su parte el comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Manuel Marulanda Vélez sostiene:
"...estamos en una carretera (...) ejerciendo un control de los vehículos, preguntamos quienes van ahí y si van dos o tres paramilitares los recogemos si es que se conocen (...) si en el vehículo aparecen cinco o seis personas sindicadas de pertenecer al paramilitarismo las recogen y se las llevan (...) (subrayado nuestro). Sí después se comprueba que no son responsables, los devuelven a sus familias..." (7)
Los comandantes del Ejército, general Jorge Enrique Mora Rangel, y de la Fuerza Aérea Colombiana, Héctor Fabio Velazco, en declaraciones de prensa sobre el caso de civiles muertos en el corregimiento Santo Domingo, municipio de Tame, departamento del Arauca, explican las acciones de la fuerza pública en términos que desconocen el debido proceso y las garantías fundamentales que están obligados a observar como agentes de un Estado regido por el ordenamiento constitucional de 1991;
"Se han realizado ametrallamientos desde los helicópteros y aviones de la fuerza Aérea; se han lanzado cohetes en la zona rural de Santo Domingo, especialmente hacia las matas de monte desde donde eran atacados ios aparatos militares (...) No se sabe con exactitud quién o qué produjo la muerte de civiles (y) de haberse producido como consecuencia de la acción del ametrallamiento y el lanzamiento de cohetes es porque se encontraban en el monte(...) (subrayado nuestro). No se descarta la posibilidad de que entre los civiles muertos se encuentren guerrilleros, que utilizaban a la población como escudo para hostigar desde las matas de monte a los helicópteros y los aviones que apoyaban la acción de las tropas." (8)
Es evidente que, aduciendo una situación de guerra irregular e interpretando desde su posición militar el derecho humanita rio, los actores del conflicto intentan Justificar sus acciones contra la población civil o, en todo caso, negar su responsabilidad, mientras crece el número de muertos civiles, de desaparecidos, de secuestrados, de víctimas de minas antipersonales, de amenazados y de desplazados en Colombia.
En los ataques de grupos paramilitares mueren mujeres, ancianos y niños que difícilmente pueden ser acusados de combatientes armados (9). Tampoco son combatientes armados los defensores de derechos humanos o los activistas sociales o las comunidades indígenas que insisten en sus "territorios de paz". En las "pescas milagrosas" de las Farc han sido secuestradas personas por intereses económicos, en una práctica que infringe el derecho humanitario. También vulneran los derechos de los civiles los ataques indiscriminados contra poblaciones acusadas de "auxiliar a los paramilitares". (10) El atentado al oleoducto en Machuca, municipio de Segovia, departamento de Antioquia, por parte del ELN, ocurrido en octubre de 1998, fue un hecho grave de irresponsabilidad y barbarie con un impresionante saldo entre la población civil de 75 muertos, 65 heridos y centenares de desplazados.
En algunos de los ataques aéreos o en acciones de las Fuerzas Militares murieron civiles (11) y en muchos otros casos hay denuncias de omisión de la Fuerza Públi ca frente a ataques paramilitares (12).
Crecen los éxodos
Según el Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos (Sisdes), el 21% del total de la población desplazada durante 1998, aproximadamente 65.117 personas, huyeron en forma de éxodos en masa como última opción para salvar sus vidas ante situaciones registradas como masacres, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, amenazas y ataques aéreos. Es decir que en los últimos dos años (1997 y 1998), del total estimado de población desplazada (565.000), aproximadamente 135.000 personas participaron en desplazamientos masivos con algún nivel de organización y resistencia frente a las circunstancias de violencia que motivaron la decisión.
En promedio, en Colombia, durante 1998, por cada ser humano asesinado en una masacre o en una cadena de asesinatos selectivos, se desplazaron en forma de éxodo aproximadamente 78 personas, en su mayoría mujeres, niños, niñas y jóvenes.
El hecho más grave fue el éxodo de unos 10 mil pobladores del sur de Bolívar hacia centros urbanos de la región, especialmente hacia la ciudad de Barranca bermeja, como consecuencia de la acción de grupos paramilitares que anunciaron la "recuperación" de esa zona del país en una ofensiva que afectó principalmente a personas indefensas.
Otros éxodos relevantes, que involucraron aproximadamente 18.000 personas, se registraron en municipios del departamento de Antíoquia como Frontino, Vegachí, Anorí, San Carlos, Girardota, San Rafael, Granada, Liborina, Dabeiba, Mututá, Murindó, Yolombó, Salgar y San Luis, entre otros, que son escenario de disputa entre grupos paramilitares y guerrilleros (13).
La guerrilla fue responsable de la salida de por los menos 3.000 personas de zonas rurales de los municipios de Río Blanco y Planadas, en el departamento del Tolima, en desarrollo de acciones contra la población que infringieron abiertamente el derecho humanitario. (14)
En los municipios de la llamada "zona de distensión" (La Uribe, Vista Hermosa, Mesetas y La Macarena, en el departamento del Meta, y San Vicente del Caguán en el departamento del Caquetá) se registró el desplazamiento de por lo menos de 2.000 personas, algunas de las cuales manifestaron temor "por los abusos que podrían cometer los guerrilleros de las Farc", o para "sacar a los hijos de la influencia de la guerrilla o de posibles reclutamientos" (15)
Las acciones de grupos paramilitares en el departamento del Putumayo (Puerto Asís, Valle del Guamuéz y Orito (16)) y en municipios del Meta (Granada, Mapirípán, Puerto Gaitán, Puerto López y El Castillo) originaron importantes flujos de población en el sur del país.
El asalto de las Farc en Mitú y la destrucción de parte de la población motivó la salida forzada de por lo menos 1.000 personas.
En el corregimiento de Santo Domingo, jurisdicción del municipio de Tame en el de partamento del Arauca, se registró el desplazamiento masivo de aproximadamente 300 personas luego de enfrentamientos en tre las Fuerzas Militares y guerrilleros de las Farc que incluyeron ataques aéreos que afectaron a la población civil. En el departamento de Córdoba se mantuvo un desplazamiento que afectó por lo menos a 5.000 personas en las zonas del Alto Sinú y Alto San Jorge, del cua los afectados responsabilizaron a grupos paramilitares o a movimientos guerrilleros que se disputan ese territorio.
Otras zonas relevantes de desplazamiento masivo, que amplían el mapa de esta modalidad de migraciones forzadas, son: el sur de la Guajira y la Serranía del Perijá, la zona del Atrato medio, los límites del Chocó y Risaralda y la zona rural de la localidad de Usme, en Bogotá. En estas zonas los desplazamiento son consecuencia de masacres, asesinatos o amenazas atribuidas a grupos paramilitares.
Sin embargo, es el desplazamiento individual y familiar, cuya principal característica es la dispersión y el anonimato, el que sigue registrándose mayoritariamente en el país (79% del total de la población desplazada en 1998). El caso más relevante es el de Bogotá, junto con algunos municipios de Cundinamarca como Soacha, Girardot, Fusagasugá, Facatativá, Madrid, Mosquera, Funza, La Calera, Chía y Cajicá, entre otros. Otros departa mentos, algunas de cuyas principales ciudades o poblaciones presentan un flujo considerable de desplazados en 1998, son: Antioquia (Medellín y los municipios del Valle del Aburra, el Nordeste, el Occidente, el Oriente y el Suroeste), Bolívar (en especial Cartagena que es la ciudad de mayor crecimiento proporcional en número de desplazados en los últimos meses), Santander (no sólo por el éxodo a Barrancabermeja sino por el constante desplazamiento individual y familiar a Bucaramanga y a los municipios del área metropolitana), Valle del Cauca (Cali sigue siendo epicentro de un desplazamiento constante y sostenido), Córdoba (en especial Montería y los municipios del bajo Sinú y la zona costanera), Magdalena (por la llegada cada vez más preocupante de desplazados hacia Santa Marta y los municipios ubicados al pie de la Sierra Nevada), Atlántico (Barranquilla, Malambo y Soledad) y Chocó (Quibdó y Riosucio, que han recibido en los últimos dos años el impacto de una masiva migración forzada que ha desbordado cualquier capacidad de respuesta).
La tendencia que presenta el fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia es crítica, en la medida en que no hay ninguna manifestación creíble de acatamiento real de las normas del derecho internacional humanitario y, en general, de la plena vigencia de los derechos humanos aún en medio del conflicto, que sería el paso más urgente para excluir, vía acuerdos verificables nacional e internacionalmente, a los civiles de los rigores de la confrontación armada.
Esta opción humanitaria, que se convirtió con el Mandato por la Vida, la Paz y la Libertad en una exigencia nacional, reclamada con fuerza por la comunidad internacional, constituye un imperativo ético que debería ser acatado por todos los actores armados, como un principio de responsabilidad política y, en la actual coyuntura, como preámbulo de un proceso de paz confiable y sostenible.
Sin embargo, asistimos a un escenario confuso y complejo de prediálogos en medio de un recrudecimiento del conflicto, que implica el reacomodamiento de los actores armados frente a las eventuales negociaciones, nuevas acciones de guerra contra la población civil y, más recientemente, contra las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, que hacen más difícil el camino de la paz.
Y este escenario lo único que garantiza es que en 1999 el país que huye siga creciendo, con sus secuelas de exclusión, polarización y marginalidad.
Tabla 2.
Comportamiento desplazados por depto 98 Dpto./Ciudad Ene/Jun Jul/Sep Oct/dic Total Antíoquia 20,500 14,959 16,395 51,854 Arauca 900 600 400 1,900 Atlántico 6,900 1,100 9SO 8,950 Bolfvar 7,050 14,350 7,570 28,870 Boyaca 2,075 640 500 3,215 Calda 1,070 360 610 2,010 Cauca 1,875 650 420 2,945 Caquera 2,600 420 610 3,610 Casanare 750 315 1,700 2,765 Cesar 6,340 1,080 1,156 8,576 Córdoba 3,150 8,200 2,001 13,350 C/marca 15,75O 6,043 1,667 23,460 Chocó 4,800 2,780 2,100 3,680 Guajira 625 190 80! 1.618 Cuaviare 100 375 520 1,295 Huila 170 260 509 1,239 Magdalena 4,165 3,050 2,90! 10,418 Medellin 8,500 2,300 2,MO 12,840 Meta 3,290 1,850 1,008 6,148 Nariño 935 350 400 1,685 N. Santander 2,250 1,970 602 4,822 Putumavo 550 550 980 2,080 Quindio 430 185 309 964 Risaralda 305 290 585 1,180 Bogotá 29,500 9,600 3.017 47,117 Santander 8,400 15.ÍSO 3,400 27,150 Sucre 4,900 1,630 650 7,180 Tolima 2,900 600 4,184 7,684 Valle da Cauca 6,500 3,125 3,700 13,325 Sub totales 138,240 93,072 66,683 Total 308,0
Desplazamiento forzado y proceso de paz
Sin lugar a dudas, el desplazamiento forzado interno es la tragedia social más grave que produce el conflicto armado. Sus manifestaciones son el resultado de dinámicas de lucha entre actores armados que, cada vez más, tienden a expresarse como disputas por el control territorial que comportan formas de persecución política del adversario real o potencial y, además, profundos procesos de recomposición de las diversas formas de poder en las regiones.
No obstante, los generadores del desplazamiento se muestran reacios a reconocer su responsabilidad frente al problema y, en consecuencia, a adoptar los compromisos del Derecho Internacional Humanitario frente a la población civil no combatiente, y tienden a justificar estas prácticas con diversas explicaciones parciales que sólo dan cuenta de sus intereses estratégicos. Así lo evidencian sus explicaciones sobre el desplazamiento. Para las autodefensas, "en el curso de la actual guerra irregular, la población civil, atrapada en el escenario de operaciones militares, se vuelve necesariamente copartícipe de las partes en conflicto (17)". A su vez, las guerrillas plantean el problema del desplazamiento forzado como consecuencia de la acción paramilitar, desconociendo el peso de los demás factores del conflicto. Por eso, en el caso de las Farc, se pide la incorporación del tema en la agenda de las negociaciones de paz al lado de la exigencia de desmonte del paramilitarismo. Mientras el ELN plantea el desplazamiento ante todo como un proceso de contrarreforma agraria adelantado por intereses amparados en la estrategia paramilitar (18).
Ahora bien, lo más preocupante es que frente a esta dinámica el Estado se muestre cada vez más ineficaz en la prevención de las complejas causalidades y con secuencias del desplazamiento. Sin duda, en los últimos años la participación de los organismos de la Fuerza Pública en la violación de derechos humanos se ha visto disminuida, pero paradójicamente este resultado también refleja su incapacidad para reducir las causas y manifestaciones del conflicto y, en consecuencia, su incapacidad de evitar un éxodo de las proporciones que conoce el país en los años 90.
De conformidad con las encuestas diligenciadas por los propios desplazados, para 1997 la Fuerza Pública sólo aparece como responsable activo del 6% de los casos frente a un porcentaje en ascenso del 22% para las guerrillas y un 54% del paramilitarismo (19). Pero ¿cuál es el balance de las acciones de la fuerza pública y, en general del Estado, para evitar que 308 mil colombianos sean desplazados en un año?.
En algunas regiones, la actitud "indiferente" de la fuerza pública frente conflicto es realmente incomprensible a la luz del postulado del monopolio del uso de la fuerza y la administración de justicia.
El Estado mismo aún no tiene una política unificada y muchas veces las intenciones de las políticas se contradicen con las acciones y omisiones del mismo Estado. En relación con el desplazamiento forzado esta situación es evidente, pues se han creado nuevas agencias oficiales para enfrentar las consecuencias de un problema que implica el reconocimiento del fracaso del Estado o de su desbordamiento por el conflicto. Por eso mismo, las políticas puestas en marcha en los últimos años, sólo han logrado movilizar recursos mínimos de atención humanitaria de emergencia y contados proyectos dirigidos a la consolidación socioeconómica de pequeños núcleos de desplazados a partir de proyectos de reasentamiento o retorno que lógicamente no cuentan con las garantías suficientes.
En estas condiciones, el problema del desplazamiento requiere ser pensado en su complejidad, en relación con las diferentes situaciones geopolíticas y momentos del conflicto, para señalar las exigencias que se desprenden para las diferentes partes en contienda, en la perspectiva de llegar a soluciones políticas que contribuyan al respeto de los derechos humanos y la consolidación de la paz.
El incremento acelerado del desplazamiento forzado va de la mano con el deterioro y la expansión del conflicto armado y por eso el tratamiento estructural de sus causas y consecuencias no puede hacerse sin avanzar por el camino de la paz. En la medida en que se involucra la población civil como víctima, se cierran los espacios de la participación ciudadana y se agudiza la polarización entre los colombianos; el desplazamiento forzado rompe los lazos de sociabilidad en las regiones y profundiza las secuelas de la crisis social en los niveles rural y urbano.
En las actuales circunstancias, el escalamiento del conflicto empieza a configurar características de guerra civil que ahondan la fragmentación y las rupturas estructurales de nuestra sociedad, levantan nuevas fronteras y alejan las posibilidades de reconciliación y de afirmación de principios de identidad nacional entre los colombianos.
La alternativa de la paz promete conver tirse en una oportunidad para construir esa esquiva nacionalidad que los colombianos no hemos logrado fundar y que nos ha llevado a coexistir con la violencia por cerca de dos siglos. Por el contrario, la guerra sólo ofrece la impronta trágica de una nueva etapa histórica de violencia para festejar el nuevo siglo del mismo modo como recibimos el presente.
Más allá de los discursos hilados estratégicamente para justificar acciones de guerra, el Estado, los actores armados y los entusiastas de la guerra deben plantearle a la sociedad colombiana cuál es el país que se podrá levantar sobre tanta sangre derramada y tantos colombianos sometidos a los vejámenes de la guerra irregular.
Pero la magnitud y las características del desplazamiento en Colombia plantean la necesidad de construir respuestas sociales e institucionales de acuerdo con los diferentes momentos del conflicto y los escenarios en los que se mueve su eventual resolución. La salida de la negociación política tiene hoy el apoyo de la mayor parte de los colombianos y nuevos procesos de diálogo entre el Estado y las organizaciones insurgentes pero, mientras tanto, la confrontación sigue su curso, al igual que la suerte de las comunidades desplazadas. En este sentido, es urgente desarrollar acciones en los siguientes niveles:
En el marco del escalamiento del conflicto armado, la tarea fundamental tiene que ver con lograr acuerdos humanitarios verificables y efectivos que permitan la protección de la población civil y no combatiente. Igualmente es necesario fortalecer mecanismos preventivos como los sistemas de alerta temprana que permitan detectar situaciones de violación de los derechos humanos que suelen
preceder los procesos de éxodo y desplazamiento. Pero estos sistemas de alerta sólo tienen sentido como herramienta para crear mecanismos de intervención y presencia oportuna de la sociedad civil, las instituciones encargadas de la protección de los Derechos Humanos y la comunidad internacional.
Simultáneamente es necesario congregar esfuerzos sociales e institucionales capaces de proteger y ofrecer soluciones sociales, económicas y culturales de emergencia y de largo plazo a las poblaciones en situación de desplazamiento. Pero este tipo de propósitos exige superar, por una parte, la precariedad social de un Estado incapaz de garantizar el acceso al desarrollo y la seguridad social a todos los ciudadanos y, por otra, las barreras de discriminación puestas a los desplazados, por parte de funcionarios públicos y otros sectores sociales, que los perciben más como nuevas fuentes de conflictos y demandas sociales, que como colombianos víctimas de la violencia.
Un segundo escenario tiene que ver con los procesos de diálogo por la paz, en los que, sin lugar a dudas, el problema del desplazamiento forzado debe discutirse a fondo, en la perspectiva de dilucidar responsabilidades y llevar a cabo los reformas que permitan el retorno o el reasentamiento voluntario de los afectados, la reparación de los daños causados y la creación de condiciones que impidan el desarrollo de nuevas fuentes y dinámicas de conflicto violento.
Como lo indicaron los propios candidatos a la presidencia en la última campaña, la solución de estos problemas pasa, además del cese de las hostilidades, por el problema de la tenencia de la tierra y la reactivación de la economía rural que hoy concentra los menores índices de crecimiento y los mayores de pobreza.
Pero igualmente deberán sentarse las bases de una nueva política social urbana y reformas orientadas a garantizar el acceso a los derechos sociales y económicos a las poblaciones hoy excluidas.
En todos los casos, la sociedad espera que las autoridades muestren mayor compromiso con los derechos de estas comunidades, mayor eficacia en la prevención de la violación de los mismos y procesos de estructuración de políticas que permitan enfrentar e impedir la reproducción de la crisis social asociada a estos fenómenos; la omisión de estos deberes constitucionales solo contribuye a erosionar la legitimidad de las instituciones, a expandir el teatro de operaciones de los actores armados y a escalar el conflicto social y armado.
Ahora bien, la sociedad colombiana debe igualmente prepararse y construir las soluciones del presente teniendo en cuenta la perspectiva de un eventual postconflicto armado, en el que los desafíos sociales tienden a ser complejos y difíciles como lo muestran las experiencias centroamericanas. La materialización de los acuerdos de paz es una primera etapa, que inaugura el proceso de reconstrucción social. El postconflicto plantea nuevas crisis en la que los desafíos tiene que ver con la sostenibilidad de la paz y el desarrollo de capacidades sociales e institucionales que permitan la participación democrática en la construcción de alternativas incluyentes de desarrollo.
Notas:1. La realización de este informe contó con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef ECHO), de Cristian AID y del Fondo Noruego para los Derechos Humanos; también con la colaboración de diversas jurisdicciones eclesiásticas de la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo, personerías, gobiernos
2. Versión de la oficina de Prensa de la Presidencia de la República
3. La situación ya habia sido advertida en el caso de la frontera con el Ecuador durante el Foro Binacional Humanitario "Putumavo frontera de Paz", realizado en Octubre de 1998 por convocatoria de Unicef, Acnur, Codhes.y agencias internacionales como dakonía y organizaciones humanitarias del Ecuador, para "llamar la atención nacional e Internacional sobre la necesidad de crear mecanismos de prevención de causas de desplazamiento y refugio ante las progresivas violaciones a los derechos humanos, la expansión del conflicto, la presencia de nuevos actores armados, especialmente de paramilitares y la necesidad de proteger a la población civil en caso de situaciones de emergencia".
4. La difícil situación de los colombianos que huyeron hacia Panamá motivo una visita "adhoc" de carácter humanitario integrada por la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal, la Defensoría del Pueblo y Codhes, que advirtió sobre la tendencia del conflicto interno en Colombia de desbordar las fronteras Codhes Informa No 10 Colombianos en busca de refugio en Panamá, noviembre de 1997.
5. Castaño de Perfil. Entrevista de la revista Cromos a Carlos Castaño, Santa Fe de Bogotá. 19 de octubre de 1998.
6. Carta de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá a la directora de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Almudena Mazarraza, 23 de mayo de 1998, en www colombialibre.org
7. El estado debe quitarse la careta Entrevista de Arturo Alape a Manuel Marulanda Vete El Espectador, domingoSi de enero de 1999, pagina 22 A.
8. Militares hablan Se 14 civiles muertos, Ejército reconoce ametrallamiento en Tame. El universal. 15 de diciembre de 1998, pagina 2B.
9. Grupos paramilirares realizaron diversas incursiones en los municipios del Sur de Bolivar. una de ellas en Tinuisio. en octubre de 1998, donde un comando paramilitar asesinó a la anciana Ana Trinidad Acosta en una Incursión en la que Quemaron veinte casas y acusaron a los habitantes de serauxiliadores de la guerrilla IEI Tempo, 7 de octubre, pagina 7Al. Con el mismo argumenta asesinaron, mutilaron y enterraron superficialmente al señor Ramón Quintero de 70 años de edad en el corregimiento de Mico Ahumado. (Vanguardia Liberal, domingo 22 de noviembre de 19981. A los grupos paramilitares se atribuyen multiples masacres en diversas zonas del territorio nacional ocurridas en 1998 Tal es el caso de la incursión en Barrancabermeja, el 16 de mayo. con saldo de 3 muertos y 17 desaparecidos, la masacre de Puerto Príncipe, municipio de Puerto Gaitán, en el departamento del Meta, el 4 deJulio, que dejó 26 muertos; los asesinatos selectivos en los municipios de Puerto Asís y la Hormiga en el departamento del Putumayo y la muerte violenta de más de 30 personas en los municipios del Sur de Bolívar en los meses de octubre y noviembre, según fuentes de prensa y de la Defensoría del Pueblo.
10. Uno de los casos que mas movilizó a la opinión pública fue el de la niña Jeny Prieto, de 16 años. Que permaneció en poder del frente 53 de las Farc durante 9 meses, sin que se haya demostrado ninguna vinculación con grupos paramilitares. Otro caso atribuido a la guerrilla es el ataque de las Farc a un campamento de las Autodefensas de Córdoba y Uraba en el Alto Sinú. departamento de Córdoba, el 2S de diciembre, donde murieron 19 personas, entre ellas dos niños menores de cinco años. los guerrilleros quemaron treinta casas en El Diamante y El Venado y según las denuncias de los pobladores, entre los muertos se hallaban vanos civiles desarmados que fueron acusados por los guerrilleros como "auxiliadores de los paramilitares' (El Tiempo, 31 de diciembre de 1998. pagina 3 A)
11. Según las organizaciones no gubernamentales Minga. Humanidad Vigente, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y el Comité de Derechos Humanos Joel Sierra, de Saravena, y la Asociación Nacional de Ayudas Solidarias (Andas), el 15 de diciembre de 1998 murieron 18 personas (siete menores de edad y once adultos) como consecuencia de ataques aéreos de la aviación del Ejército y de la Fuerza Aérea en hechos ocurridos en ia Vereda Santo Domingo en el municipio de Tame, departamento de Arauca El hecho causó conmoción y controversia y es obieto de investigación por parte de las autoridades
12. La Procuraduría General de la Nación elevó pliego de cargos contra cuatro miembros del Ejercito, tres de la Policía y dos del Departamento Administrativo de Seguridad (dasi, por no impedir la masacre de diez personas y la desaparición de 35 mas en una incursión paramilitar en el municipio de Barrancabermeja. departamento de Santander, el 6 de mayo de 1998. La vinculación de los miembros de la Fuerza Pública obedeció a "posibles faltas cometidas contra el honor militar porque presuntamente tos militares dejaron de perseguir al enemigo cuando estaban en capacidad y obligación jurídica de hacerlo" Pliego de cargos por masacre en Barranca. El Liberal, 9 de diciembre de 1998, pagina 6B
13. Según el Consejero Presidencial para Desplazados en Antioquia, José Fabio Naranjo, el recrudecimiento del conflicto en esa región del país provocó en el segundo semestre la llegada de miles de desplazados a varios municipios de Antioquia, incrementando el número de personas afectadas por esta modalidad de migraciones forzadas. Cierran Consejería y crecen desplazados, El Tiempo, 7 de diciembre de 1998.
14. A los ataques de la guerrilla se sumaron los ataques aéreos del Ejército contra veredas del corregimiento Puerto Saldaña, municipio de Río Blanco, según denuncia formulada por el inspector de policia Carlos Alberto García. El Nuevo Día, 20 de noviembre de 1998, página 6A.
15. Elementos para una acción humanitaria en la zona de despeje. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), septiembre de 1998.
16. Las denuncias de las autoridades municipales y de organizaciones sociales y de la Iglesia en la región y el Sistema de Alerta Temprana de Codhes motivaron la realización de un Foro Binacional Humanitario, que bajo el lema "Putumayo: Frontera de paz" se realizó en el municipio de Valle del Guamuéz (La Hormiga), en un intento por llamar la atención del país sobre la inminencia de un ataque paramilitar, que finalmente se produjo en enero de 1999.
17. Comunicación de las ACCU a la directora de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Almudena Mazarraza, www.colombialibre.org, 23 de mayo de 1998.
18. Ver www.voces.org
19. Codhes Informa Boletín No. 10. Julio de 1998.