Arauca 2002
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Arauca 2002 |
Conclusiones A partir de la situación anteriormente descrita, nos permitimos concluir lo siguiente:
1. Las violaciones a los DD.HH. en el departamento de Arauca durante el 2002 se incrementaron con relación a los años anteriores. Especialmente durante el segundo semestre.
2. La política de seguridad democrática ha sido utilizada para estigmatizar a la población civil de Arauca como auxiliadores, milicianos o integrantes de la subversión.
3. La política de seguridad democrática tiene como objeto de sus prácticas al movimiento social de Arauca, como se demuestra con los casos de allanamiento ilegales, detenciones arbitrarias, censos y registros ilegales que se efectuaron por parte de las fuerzas armadas, la Fiscalía y Procuraduría en contra de las organizaciones y sus dirigentes. Así mismo con la judicialización de dirigentes de diferentes organizaciones.
4. Durante el último año y medio en el departamento se ha presentado una intervención directa por parte del gobierno central, esto se refleja en el nombramiento de un funcionario del Ministerio del Interior como gobernador encargado y luego con el nombramiento por parte del presidente de la república de un exmilitar para el cargo. Así mismo nombrando un veedor especial para el manejo de las regalías. Este centralismo ha impedido el ejercicio de la democracia del pueblo de Arauca.
5. El señalamiento de la población araucana como base social de la subversión, la implementación de las zona de rehabilitación y conso lidación han servido al propósito de "legitimar" la intervención militar de los EE-UU en la región con proyección a establecer una base militar del Comando Sur en la región, como ha quedado evidenciado con los recursos económicos destinados a la brigada XVIII y la presencia de 100 boinas verdes estadounidenses para el entrenamiento de batallones contraguerrilla.
6. La inversión de recursos económicos, tecnología y personal militar por parte del gobierno de EE.UU. en la región y la adopción de la política de seguridad democrática, está encaminado a la expoliación de los recursos petroleros de la nación.
7. Durante el 2002 los grupos paramilitares consolidaron su presencia en los municipios de la carretera que unirá a Venezuela con el pacifico - Tame, Cravo Norte y Puerto Rondón -, municipios que no fueron declarados como zonas de rehabilitación y consolidación. Esta consolidación del paramilitarismo en esta zona se debe al requerimiento de adecuar las condiciones necesarias para la implementación del ALCA.
8. En los municipios declarados como zonas de rehabilitació y consolidación el accionar paramilitar se incrementó, a pesar del aumento del pie de fuerza, lo cual confirmaría las denuncias de la población que las acciones paramilitares corresponden a acciones encubiertas de las fuerzas militares.
9. A pesar de que la justificación de la política de seguridad democrática, que conllevo a la negación de las libertades y derechos de la población, era someter a la insurgencia y devolver la "seguridad" al departamento, ha sido un fracaso, por cuanto las acciones de la subversión, los ataques a bases militares y de policía aumentaron considerablemente respecto al año anterior y los resultados en enfrentamientos con la insurgencia han sido exiguos.
10. Desde el momento de declaratoria de conmoción interior la subversión incrementó la utilización de armas no convencionales para ataque a objetivos militares, afectando directamente a la población civil.
11. Desde septiembre aumento el uso de artefactos explosivos, tales como carros bombas, bicicletas con explosivos, etc., principalmente en los municipios de Arauca, Arauquita y Saravena. En la mayoría de los casos no se ha podido determinar la autoría.
12. La utilización de informantes, el pago de recompensas, el señalamiento público en contra de la población civil y la persecución a las organizaciones sociales, ha permeado en las relaciones sociales la lógica del gobierno de Uribe Velez, de que "quien no está con el gobierno, está en su contra", generando un clima de desconfianza que impide el desarrollo normal del movimiento social y de la vida pacifica de las comunidades.
13. En la aplicación de la política de seguridad democrática el poder judicial perdió independencia frente al ejecutivo. La Fiscalía y el Ministerio Público se limitaron a despachar desde las guarniciones militares, acompañar y convalidar los diferentes procedimiento violatorios a los derechos humanos.
14. No obstante que se establecieron competencias y funciones regladas tanto para el Fiscal General de la Nación, como para el Procurador General de la Nación, para el seguimiento y control de las detenciones, registros, allanamientos e interceptaciones a las comunicaciones efectuadas por las fuerzas militares y funcionarios con atribuciones de policía judicial, no se cuenta con registros confiables, ni completos de estas acciones en el departamento.
15. Durante el 2002 casos de violación a los DD.HH. están siendo investigados y tramitados por la Jurisdicción Penal Militar, pese a existir pronunciamientos de organismos internacionales y de la Corte Constitucional para que estos casos se pongan en conocimiento de la jurisdicción ordinaria únicamente.
16. Además es reiterativo el desconocimiento a conveniencia y la inaplicación de las normas del Derecho Internacional Humanitario, por parte de las fuerzas armadas utilizando a la población civil como escudo, por la permanencia de bases militares en los cascos urbanos.
17. Los niños y niñas han sido utilizados como arma psicológica de guerra, al ser utilizados en programas como "soldado por un día" y al ser objetos de sobornos con ofrecimientos de dinero y caramelos para acusar a sus familiares como integrantes de la insurgencia, en los diferentes procedimientos aparentemente legales.
Recomendaciones
El 2003 será un período igualmente agitado, donde la guerra será la constante, la situación de derechos humanos se agudizará en detrimento de las condiciones de vida para los pobladores de Arauca, tal como se evidenció por lo hechos sucedidos en el último trimestre de 2002.
Como consecuencia, las organizaciones sociales serán mas frágiles y el acompañamiento de organismos de derechos humanos del nivel nacional no será significativamente mayor, en ese sentido se requiere el apoyo decidido de la sociedad colombiana y de las diversas fuerzas sociales de carácter internacional sensibles a la situación colombiana, tales como medios de comunicación, organismos de control, organismos de derechos humanos, las agencias de cooperación, comprometiéndose con las comunidades para adoptar medidas que posibiliten la superación de la situación actual.
Con el ánimo de contribuir a la superación de la grave crisis de violaciones a los DD.HH. e infracciones al D.I.H. nos permitimos recomendar:
1. Que el gobierno nacional modifique la política aplicada contra la población araucana, garantizando la plena vigencia de las libertades y derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas, haga un pronunciamiento publico, rectificando sus afirmaciones de considerar a la población civil de Arauca como auxiliadores, milicianos o integrantes de la subversión, toda vez que éstas han contribuido a la violación de los DD.HH. de la población araucana.
2. Que el gobierno nacional de aplicación estricta e inmediata a las recomendaciones de las Naciones Unidas para la protección y garantía del ejercicio efectivo de los derechos y libertades de las comunidades del departamento.
3. Que el gobierno nacional de aplicación inmediata a las recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana de DD.HH de la OEA tendientes a la protección de la vida e integridad física de los líderes sociales del departamento de Arauca.
4. Que el gobierno nacional aplique la directiva presidencial 007 de protección a los Defensores de los Derechos Humanos y ordene a sus funcionarios en el departamento, en especial al comandante de la brigada XVIII para que se abstengan de señalar a los integrantes y dirigentes de las organizaciones sociales como miembros y/o auxiliadores de la insurgencia.
5. Reactivación de la Comisión Intersectorial que se creó mediante el decreto 1722 de 06 de agosto de 2002 para la promoción, respeto e impulso a las investigaciones por violaciones a los DD.HH. en Arauca.
6. Visita in situ la Comisión Interamericana de DD.HH. a Arauca para constatar la grave situación de DD.HH. en la región e inste al gobierno a dar cumplimiento a la Convención Americana de DD.HH y a sus recomendaciones.
7. Creación de una delegación permanente en el departamento de Arauca de la Oficina del Alto Comisionado para los DD.HH. en Colombia.
8. Establecer medidas concretas para la protección de misión médica, se reconozca su labor como humanitaria por parte del gobierno nacional y se aplique el principio de distinción que establece el D.I.H.
9. Se levante la censura impuesta a los medios de comunicación, se proteja la labor del periodista y se prohiba por parte del gobierno nacional a los miembros de la brigada XVIII ejercer presiones a los medios de comunicaciones que limiten e impidan el ejercicio libre de información.
10. Se deroguen las zonas de rehabilitación y consolidación creadas al amparo de la conmoción interior, por cuanto han creado las condiciones para el incremento del accionar paramilitar y las violaciones a los Derechos Humanos.
11. Se cumplan efectivamente las recomendaciones emanadas de la Comisión Interamericana de DD.HH, tendientes a otorgar protección especial a los niños y su exclusión del conflicto.
12. Se implementen las medidas psicosociales para la asistencia a los familiares de las víctimas del bombardeo a Santo Domingo.
13. Que en los casos de violaciones a los Derechos Humanos que se encuentran en trámite en la jurisdicción Penal Militar, se decline la competencia a favor de la Jurisdicción Ordinaria, apoyados en pronunciamientos tanto de organismos internacionales de protección, como de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.