| Derechos |
En la Cuaresma de 1986 fui invitado por el Comité Católico contra el Hambre y por el Desarrollo, de Francia, para participar en la Campaña de Cuaresma. Cuando me tocaba hablar sobre Colombia, interrogaba en un primer momento a los asistentes, sobre la imagen que ellos tenían de mi país. Las respuestas eran invariables. Las imágenes que se despertaban en sus mentes al mencionar el nombre de Colombia eran estas: droga, café, ciclistas (que participaban en el Tour de France) y volcán (pues estaba recién pasada la tragedia de Armero, un pueblo de Colombia que fue sepultado por una avalancha causada por un volcán).
No hay duda que el primer referente de la imagen de Colombia en el mundo es la droga. Algunos atribuyen a los carteles colombianos el 80% del comercio mundial de cocaína. Creo que el problema ha sido sobredimensionado, aunque nadie puede negar su magnitud, difícil de medir por su clandestinidad. Pero esto ha llevado a relacionar la violencia que se da en Colombia con el comercio de la droga. Habrá aquí una simple pereza investigativa, o algo más?
Un hecho me pareció revelador: el 30 de enero de 1993 explotó un coche bomba en una calle céntrica de Bogotá, causando la muerte a 20 personas. El hecho fue atribuido, no sin fundamentos, a los carteles de la droga y la noticia recorrió el mundo en muy pocos minutos, a través de las agencias internacionales de prensa. Durante ese mismo mes de enero/93 fueron registrados en nuestro banco de datos sobre derechos humanos 134 casos de asesinato y 16 de desaparición, por móviles políticos.
En 25 de esos asesinatos y en 6 de esas desapariciones, todos los indicios conducían a responsabilizar de los crímenes a agentes del Estado.
En otros 89 casos de asesinato y en 10 de desaparición, los indicios apuntaban a los grupos paramilitares que actúan como auxiliares de la fuerza pública.
Esto quiere decir que, mientras aquel crimen del narcotráfico que destruyó 20 vidas humanas fue amplia e inmediatamente conocido en todo el mundo, las 130 víctimas de agentes del Estado o del para-Estado fueron ignoradas por los sistemas de información mundial: no existieron. Ciertamente esos 130 casos no ocurrieron en el mismo día ni en el mismo sitio, sino distribuidos en el lapso de un mes y esparcidos por la amplia geografía de Colombia; así no podían entrar, pues, en los parámetros de la "información" internacional. Pero el contraste entre lo que se informa y lo que no se informa, explica los mecanismos de construcción de imágenes falsas.
Organismos no gubernamentales de Colombia registraron de mayo/89 a junio/90 -período de mayor concentración de atentados terroristas atribuidos al narcotráfico- 227 víctimas fatales, mientras en ese mismo período ocurrieron 2.969 asesinatos por móviles políticos, sin contar las muertes en combate. Esto representa un 7.69% con respecto a la violencia política. Entre enero/91 y mayo/92 las muertes violentas relacionadas con el narcotráfico representaron solo el 0.18% del total de muertes violentas ocurridas en Colombia.
El estereotipo que los parámetros de información mundial han creado sobre Colombia, ha servido también al gobierno colombiano para lavar su imagen en los foros internacionales, donde se presenta casi como "víctima" de violencias que están fuera de su control: el narcotráfico y la guerrilla, ocultando con gran facilidad los Crímenes de Estado que superan enormemente estos dos tipos de violencia, pero que, para su fortuna, son encubiertos por los sistemas mundiales de "información".
La confrontación armada entre ejército y guerrilla produjo, entre 1988 y 1992, un total de 6.040 muertes violentas, incluyendo militares, guerrilleros y civiles alcanzados por el cruce de fuegos. Esta cifra corresponde al 4.7% del total de muertes violentas y al 30.5% de las muertes violentas que tienen móviles políticos. Hay un 70% de estas últimas que demandan otra explicación.
En agosto de 1986 la Asamblea anual de la Conferencia de Superiores Mayores Religiosos de Colombia, aprobaba como tercera opción prioritaria la siguiente: "Estimular, apoyar e impulsar los signos proféticos que viven las comunidades, mediante una Comisión de Justicia y Paz que canalice y difunda la información y denuncia ante el país".
Las directivas de la Conferencia Episcopal no acogieron bien esta iniciativa y pusieron obstáculos a su ejecución. Dos anos después, un grupo de 25 superiores provinciales creaba, entonces, bajo su responsabilidad, una Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, la que más tarde fue asumida oficialmente por la Conferencia. Su primer proyecto concreto fue canalizar y difundir la información sobre víctimas de violación al derecho humano más sagrado: la vida. Se creó, entonces un banco de datos para registrar diariamente los casos.
La primera dificultad fue encontrar categorías que nos permitieran discernir y medir las diversas violencias que se cruzaban. Convencidos como estamos de que el término "Derechos Humanos", por razones históricas, filosóficas, jurídicas, éticas, políticas y pragmáticas, hace referencia esencial al marco de relaciones: Ciudadanos/Estado, buscamos clasificar los casos según las responsabilidades directas o indirectas que cabía atribuir a agentes del Estado. Pero esto no fue posible. Colombia había entrado desde comienzos de la década de los 80 en lo que llamamos una "Guerra Sucia". Una inmensa red de agentes violentos confusos fue substituyendo, en parte, lo que antes hacían militares y policías plenamente identificados. Y lo han hecho con métodos cada vez más refinados de clandestinidad y de confusión, logrando que las víctimas y eventuales testigos entren en una duda, muchas veces insuperable, sobre la identidad genérica de los victimarios.
Los mismos agentes de la fuerza pública comenzaron a ocultar sus placas de identidad y las de sus vehículos; a utilizar capuchas, trajes civiles, vehículos particulares y sitios clandestinos de reclusión, para justificar la ausencia de formalidades legales en capturas que conducen a desaparición forzada, asesinato, tortura o intimidación. Esto ha sido complementado con amenazas efectivas a familiares, testigos, abogados y eventuales denunciante En no pocas ocasiones, agentes del Estado o del Paramilitarismo se hacen pasar por "comandos guerrilleros" al ejecutar el crimen, dejando comunicados apócrifos en el escenario del mismo. Por su parte, los medios de "información" se apoyan en las versiones oficiales que reproducen y consolidan la desinformación.
Optamos, entonces, por buscar otras categorías que nos permitieran discernir las violencias, aunque fuera limitadamente, en el contexto de una Guerra Sucia. Echamos mano de los móviles que era posible inferir a través de algunas circunstancias de los crímenes: la región donde ocurren; la coyuntura específica que allí se vive; las características de las víctimas, como su participación en organizaciones sindicales, campesinas, comunitarias, reivindicativas o políticas, o su participación en acciones de denuncia o de protesta.
-- Los casos en que puede inferirse un móvil político (represión a posiciones ideológicas, políticas o reivindicativas) los clasificamos como asesinatos políticos.
-- Los casos en que la información es más precaria pero algunos rasgos del crimen apuntan a esos móviles, los clasificamos como asesinatos presumiblemente políticos.
-- Muchos casos quedan en la categoría de oscuros, lo que significa que aún queda alguna duda sobre su clasificación como hechos de delincuencia común.
Dada la compleja geografía de Colombia y la imposibilidad de estar en contacto sistemático con muchas regiones, utilizamos la lectura de 17 diarios nacionales o regionales, para extraer de allí noticias escuetas de muertes violentas, depurando tal información de las interpretaciones habitualmente falseadas o encubridoras de los periódicos.
Una categoría tuvo que ser puesta aparte, a pesar de la repugnancia que nos causaba su denominación: las muertes por limpieza social.
La eliminación física de drogadictos, expresidiarios, delincuentes, raponeros, prostitutas, homosexuales, mendigos y niños de la calle, se ha ido convirtiendo en una práctica rutinaria al amparo de la expansión de la violencia desde los años 80. Si bien allí confluyen diversos intereses, los indicios que se infieren de numerosos casos delatan a la Policía Nacional. Son demasiado numerosas las anécdotas que revelan un principio de incuestionada aceptación práctica en la Policía: eliminar a estas personas, pues si son llevadas ante los jueces, rápidamente quedarán en libertad o no habrá de qué acusarlas en concreto y volverán a ser nuevamente, en pocos días, un problema policial. Hay allí una ideología neonazi que legitima, en una institución del Estado, la negación del derecho a la vida.
Desde 1988 un boletín trimestral comenzó a difundir las dimensiones de la violencia política así sistematizada. Las cifras fueron y continúan siendo aterradoras. Una lectura comparativa nos hizo estremecer en alguna ocasión: la Comisión Verdad y Reconciliación, de Chile, registró 2.700 casos de asesinatos y desapariciones políticas en los 17 años de dictadura militar. Esa cifra total, con el horror que produce, es muy inferior a lo que registramos en un solo año en Colombia, desde que comenzó nuestro banco de datos.
Algunas comunidades religiosas se horrorizaban tanto al recibir nuestro boletín, que nos escribían cartas en las cuales nos pedían no publicar más esos listados de muertos, pues ello sólo producía depresión y desesperanza. No cedimos, sin embargo, a la tentación, pues creemos que al menos deben quedar constancias históricas de lo que ocurre y que las víctimas merecen al menos que sus nombres ocupen un pequeño espacio en algún documento, a pesar de todos los esfuerzos por hundirlas en el olvido y el silencio. En muchísimos casos, esas pocas líneas quedan como el único signo material de su dignidad humana.
Por otra parte, el Gobierno se muestra cada vez más molesto con nuestros listados. Durante el tiempo de redacción de este relato (julio/94) fui llamado por el Consejero para Derechos Humanos de la Presidencia de la República, para que participara en un Taller de Indicadores, "tendente a discutir y compartir criterios para la elaboración de estadísticas sobre Violencia en General, Violencia Política y Violaciones a los Derechos Humanos". En la parte final del seminario, el Consejero fustigó duramente, en presencia de delegados de todos los órganos de investigación del Estado, nuestra lectura de la realidad nacional. Se quejaba, en concreto, de que tuviéramos en cuenta los "Asesinatos Presumiblemente Políticos", pues eso llevaba a responsabilizar al Estado de casos que no eran claros; se quejaba también de que consideráramos la "Limpieza Social" como una ideología neonazi de instituciones del Estado, cuando a su juicio se trataba más de una práctica de agentes aislados; se quejaba de que consideráramos los crímenes de los paramilitares como parte de la violencia oficial, etc. Para responder a esas reiteradas acusaciones, yo insistí, en mi exposición, en que no podíamos limitarnos a registrar los casos comprobados cuando estábamos frente a una estrategia de Guerra Sucia, que llevaba ya más de 10 anos refinando métodos de clandestinidad, encubrimiento e impunidad de los victimarios, pues ello equivaldría a distorsionar profundamente la realidad nacional.
Sé bien que los análisis globales son siempre fríos, aunque se refieran a dramáticas situaciones humanas, y que es difícil entender una realidad distante mientras ésta no haga referencia a personas, lugares, fechas y circunstancias. Por eso prefiero escoger aquí, entre muchos millares de casos, algunos de aquellos a los cuales me acerqué personalmente, ya sea porque conocí a las mismas víctimas, ya porque seguí de cerca el dolor de familiares, amigos y comunidades enteras durante el proceso de las denuncias y en la búsqueda de una justicia imposible.
Es un departamento del sur de Colombia, tierra de colonos que han ido ganándole terreno a la selva amazónica. En los años 70 fue escenario de grandes luchas agrarias y al final de la década se desarrolló allí la guerrilla del M-19. Una comunidad femenina misionera durante más de 10 años se dedicó a la formación de los campesinos en un proceso de evangelización integral, promoviendo entre ellos un compromiso de participación y desarrollo comunitario en el cual se implicó su práctica cristiana. En 1984, para combatir a la guerrilla, el Ejército instaló en la zona el Comando Operativo No. 12, que más tarde se convertiría en la XII Brigada.
Nunca olvidaré aquella primera semana que pasé en el Caquetá, en abril de 1982. El cúmulo de denuncias que nos llegaban sobre torturas, desapariciones y muertes, me hizo entrar en contacto directo con la zona. Llegué un mediodía a la austera vivienda de unas religiosas y les pedí ponerme en contacto con algunos familiares de las víctimas. Una de ellas se sonrió y me dijo: "Basta que se siente ahí en la salita. Aquí no damos abasto para recibir a gente que acude a nosotras para contarnos lo que han sufrido". Efectivamente, durante cuatro días no tuve descanso y los pasé tomando notas y grabando cassettes; solo interrumpí esa tarea para desplazarme a dos pueblitos cercanos y entrar en contacto con otras víctimas. Al regresar a Bogotá llevaba conmigo un macabro dossier con datos sobre 144 asesinatos, algunos perpetrados con derroche de sevicia, y sobre 240 casos de tortura. En esa época no quedaban dudas sobre los victimarios. Los militares mataban y torturaban a la luz del día y en presencia de numerosos testigos. Sólo era imposible registrar sus nombres, pues para cometer los crímenes se quitaban las placas que por ley debían llevar para identificarse.
Una joven respondió a mis preguntas, frente a la grabadora, entre perpleja y desmoralizada. Había sido obligada a caminar con una patrulla militar durante 13 días por las montañas, como guía, cargando los morrales de los soldados. Presenció muchas torturas e incineración de humildes viviendas campesinas, pero le impacto terriblemente el cruel asesinato de Jesús Pastrana. A este líder agrario yo lo había conocido personalmente cuando venía a Bogotá a los congresos de la ANUC (organización nacional campesina que tuvo gran fuerza en esa época). Según el relato escalofriante de esta joven campesina, Chucho murió lentamente, colgado de un árbol, mientras soldados sicópatas le cercenaban las orejas, los dedos, las manos, los brazos, los testículos, dándole finalmente 21 tiros de fusil, el 31 de octubre de 1981.
Me impresionó terriblemente escuchar a Florentino, un joven campesino aferrado a la vida, que había escapado casi milagrosamente de su tumba. A las 9 de la noche, el 6 de diciembre del 81, un grupo de soldados lo sacó de su vivienda junto con su anciano padre y se los llevaron a la base militar, con las manos atadas y una venda en la boca para que no gritaran. En la base ya tenían a otros cuatro campesinos. A la media noche los condujeron a todos a un sitio en el monte, y junto a una fosa cavada previamente los hicieron tender en el piso, mientras con cuchillos y armas de fuego los iban matando. Florentino quedó muy mal herido en el cuello, pero procuró fingirse muerto antes de que lo remataran. Los fueron tirando, uno a uno, a la fosa, y los soldados comenzaron a echar paladas de tierra. En un momento dado, los gritos de otros soldados que estaban junto al río obligaron a sus sepultureros a abandonar momentáneamente su tarea y Florentino aprovechó ese momento para huir e internarse en el bosque, no sin antes buscar a su padre entre los muertos, pero cuando lo tocó ya frío y sin vida, huyó solo. Momentos después los soldados regresaron y advirtieron que "un muerto se les había escapado". En medio de tanta oscuridad no pudieron encontrarlo. Florentino huyó más tarde, a nado, por el río, hasta encontrar una vivienda campesina donde le impidieron desangrarse y lo sacaron clandestinamente hacia Florencia.
Tampoco olvidaré los sollozos de aquella catequista mientras me narraba el martirio de Ernesto, un joven integrante de una comunidad cristiana de base. Por el solo hecho de haber asistido, casi obligado, a una reunión del M-19, Ernesto, como numerosos jóvenes de su pueblo, San José Del Fragua, fue torturado durante S días en la base militar, logrando salir con vida. Después de la tortura, fue obligado a presentarse cada semana en la base, donde el Comandante le ofrecía, cada vez con más presiones, tres alternativas: o se va para la guerrilla donde tarde o temprano lo mataremos, o trabaja con el Ejército como auxiliar en un grupo de "Contraguerrilla", o no respondemos por su vida. Sus amigos le aconsejaron huir, pero él se resistía por no dejar a su madre y a sus hermanos sin sustento. Con firmeza decía que jamás colaboraría con el Ejército, pues eso sería convertirse en asesino, y lo decía con esa expresión proverbial de nuestros campesinos: "no quiero hacerle mal a nadie".
El 25 de marzo/82 Ernesto debía presentarse nuevamente en la base militar, pero tuvo miedo. Al despedirse de su madre, le dijo: "mamá, déme la bendición, porque creo que me van a matar". En efecto, el escuadrón "Contraguerrilla" lo esperaba cerca de su casa. Aquel día desapareció. Su cuerpo, nuevamente torturado, fue hallado 5 días después.
Rápidamente Álvaro fue bandera de contradicción. Tomar partido por los suyos implicaba enfrentarse a los grandes terratenientes del Cauca cuyos intereses reñían con los intereses de los indígenas. El primer conflicto explotó cuando Álvaro invitó a sus indios a no escoger más padrinos de bautismo entre los blancos ricos, quienes se consideraban con derecho a exigir a sus ahijados trabajo gratuito en sus haciendas. Desde entonces Álvaro fue blanco de las iras de terratenientes y militares. En adelante se le acusó de liderar todo conflicto en la región, acusaciones que se formulaban en calumnias como ésta: que él incitaba a los indios a matar a todos los terratenientes.
Ya en 1981 el conflicto era intenso. Los terratenientes lo acusaban frecuentemente ante el Arzobispo y ante los militares y estos últimos multiplicaban los atropellos contra los indios para provocar sus protestas, las que eran a su vez respondidas con crecientes intimidaciones. En una de esas "provocaciones" su hermana Gloria fue asesinada y sus padres heridos, al ser atacados por una patrulla militar cuando regresaban de un trabajo comunitario.
A finales de 1982, un comunicado lanzado a la opinión pública por los grupos cristianos del Cauca, denunciaba: "Los terratenientes le han puesto precio a su vida y solo el amor de quienes le rodean lo ha salvado de ser uno más de los impunemente desaparecidos".
Dos días antes de su asesinato, Álvaro denunció ante tres Generales del Ejército los constantes atropellos contra sus hermanos indígenas y exigió que se sustentaran las calumnias que se habían levantado contra él. Los Generales escucharon en silencio sus relaciones, pero al final insinuaron que estaban muy convencidos de que él incitaba a los indios a invadir tierras.
El 10 de noviembre de 1984, dos sicarios en trajes civiles lo asesinaron, cuando se preparaba para un bautismo en el vecino municipio de Santander de Quilichao. Un testigo identificaría más tarde a los sicarios como agentes del F-2 (Servicio de Inteligencia de la Policía), sin embargo ese testigo fue sometido a amenazas y hostigamientos extremos. El mismo expediente "desapareció" de los archivos de la Procuraduría.
Alguien transcribió los textos de las decenas de pancartas que fueron llevadas al entierro de Álvaro. Una de ellas reproducía, un poco libremente, una idea que solía repetir: "Si he de morir, quisiera que mi cuerpo quedase amasado en la arcilla de los fuertes, como un cemento vivo arrojado por Dios entre las piedras de la ciudad nueva".
Nevardo era un joven inquieto. Hacía poemas y componía canciones. Quiso ser franciscano pero encontró algunos obstáculos. Pasó dos meses en el Cauca, junto a Álvaro Ulcué y poco tiempo después suspendió sus estudios universitarios y se fue a trabajar en barrios marginados de Neiva, la capital del departamento del Huila. Allí trabajó como maestro en una escuelita primaria de un barrio marginado; organizó grupos de teatro; participó en luchas y protestas las que acompañó siempre con los ritmos de su guitarra. Después de su muerte pudimos descubrir, a través de las notas de sus agendas y de papelitos dispersos encontrados entre sus cuadernos y su Biblia, cómo había vivido todo este compromiso como una búsqueda intensa del sentido de su vida, confrontándose permanentemente con el Evangelio.
Luz Stella era una de las jóvenes del barrio que fue participando con Nevardo en los grupos de teatro y en las catequesis y con él empezó a amar entrañablemente a una comunidad indígena que había luchado por recuperar algún pedacito de la tierra que fue de sus antepasados, en medio de enormes sufrimientos y persecuciones.
Los terratenientes que exhibían títulos ilegítimos de la tierra que fue de los indígenas, se habían aliado con la Policía para hostigar, tanto a la comunidad indígena, como a los grupos que se iban solidarizando con ella, y habían logrado confinar a los indígenas en una pequeña isla del río. Magdalena, que se inundaba en las épocas de lluvia. Detenciones arbitrarias y amenazas se fueron sucediendo, hasta culminar en desapariciones y muertes.
El 22 de octubre de 1987, el comité que promovía la solidaridad indígena y popular quiso estrechar sus vínculos con una comunidad campesina que también luchaba por la tierra en otro pueblo del Huila. Por eso Carlos y Salvador, miembros de la comunidad indígena y el primero de ellos su Gobernador, Luz Stella y Nevardo, se dieron cita ese día para visitar a los campesinos. En el vecino municipio de Campoalegre, cuando se disponían a tomar otro bus para acercarse a la zona campesina donde se desarrollaba el conflicto, fueron detenidos por la Policía del lugar, detención que no fue reconocida ante las comisiones de búsqueda. En la noche del domingo 25 de octubre, cerca de mil personas desfilaron precipitadamente hacia el cementerio de Neiva para sepultar aquellos cuerpos ya en avanzado estado de descomposición, hallados ese día en un paraje solitario, horrorosamente torturados.
Inútiles fueron las investigaciones que exigimos a las diversas instancias de la justicia. En una cita con el Procurador General en Bogotá, ofrecimos constituir un grupo de apoyo para esclarecer los hechos. Ante nosotros logramos esclarecernos plenamente y reconstruir, paso a paso, la secuencia del crimen. Sin embargo, unos meses después el mismo Procurador era asesinado y otros meses después las investigaciones eran "archivadas". Nunca olvidaré a un adolescente que asistió a las primeras reuniones en la Procuraduría, desplazándose desde Neiva. Con su lenguaje carente de toda comprensión de lo jurídico, se negaba a dar por concluidas las reuniones hasta que no se le prometiera un siguiente paso bien concreto. Era Aldemar, amigo entrañable de Nevardo. Algunos años después, cuando su cadáver torturado y descompuesto fue hallado en las aguas del río Cauca, cerca de Cali, me impresionó profundamente reconstruir su acelerada trayectoria de radicalización espiritual y política, a través de sus humildes libretas de agenda. Aldemar había sido impactado por el testimonio de Nevardo y muy pronto lo siguió en el martirio. Fue desaparecido en Cali, el 15 de abril de 1992, en compañía de otros 5 líderes de movimientos populares de base. Sus cuerpos fueron hallados en los días siguientes horriblemente torturados.
Tampoco podré olvidar aquel domingo de octubre de 1991, cuando trataba de rescatar los restos de Nevardo, a ruegos de su madre. Todo había sido intentado para hacer desaparecer su tumba. Seis horas de rudo trabajo para construir un túnel debajo de otra sepultura que habían dispuesto encima de la suya, nos dieron finalmente acceso a sus restos. Allí pudimos constatar la crueldad de la tortura. Su cráneo había sido completamente destrozado y en sus ropas se apreciaban todavía enormes manchones de sangre.
Al acercarse más a su vida, uno se enteraba de sus continuas pesadillas nocturnas que hacían despertar sobresaltados a sus compañeros de dormitorio; de sus múltiples desarreglos de salud; de su rodilla desencajada; de su continua y desesperante cefalea.
No era un sindicalista, pues siempre había trabajado como jornalero agrícola en el Cesar, pero era amigo de algunos sindicalistas y departía con ellos en la sede social del sindicato después del trabajo. Su sola presencia en esa sede social hizo que los militares lo señalaran como "enlace de la guerrilla".
Aquella tarde de noviembre del 88, Lucho quería llegar temprano a su casa. Salió de la sede social del sindicato con un amigo, pero junto a una tienda del pueblo los esperaba un grupo de jornaleros que ellos conocían y los invitaron a tomar una cerveza. Lucho y su amigo bebieron rápido la cerveza porque llevaban prisa, pero el grupo insistía en retenerlos allí y les ofreció otra cerveza. De repente se vieron envueltos en un cerco militar, sin manera de escapar. El grupo que los había invitado se transformó súbitamente en sus verdugos. Todo estaba planeado y había sonado la hora cero para actuar.
La tienda de la trampa estaba ubicada frente a la casa de un parlamentario a donde fueron introducidos brutalmente. Allí descubrieron que la casa del parlamentario era a la vez una escuela de sicarios, un centro de torturas y un campamento del Ejército. La noche había caído ya y para estos dos jóvenes se anunciaba una noche más profunda.
Les quitaron primero sus documentos de identidad. Se sucedieron golpes y torturas hasta hacerles perder el sentido por unos momentos. Un militar que vigilaba las torturas dijo que de allí no podrían salir vivos, pues ya habían conocido el lugar.
Hacia la media noche les anunciaron que morirían crucificados. En una camioneta, propiedad de la familia del parlamentario, comenzaron a montar grandes troncos de madera y puntizones gigantes, de los utilizados para las grandes cercas. Luego los obligaron a subir a la camioneta atados el uno al otro. Ambos se hablaron al oído y decidieron intentar el escape a la primera oportunidad, pues la muerte a bala sería de todos modos preferible a la crucifixión.
Era la una de la madrugada cuando atravesaron el poblado. En la parte de atrás comenzó a producirse el forcejeo. El conductor, inquieto con lo que pasaba, miró hacia atrás descuidando el timón y el coche se estrelló contra las barandas de un puente. Esta circunstancia fue aprovechada por las víctimas para lanzarse a tierra. Uno de los sicarios disparó su arma y Antonino murió enseguida, mientras lucho se lanzó del puente y escapó en la oscuridad vomitando sangre. Las luces de las viviendas del vecindario comenzaron a encenderse y algunas personas comenzaron a asomarse por las ventanas. Los sicarios temieron ser descubiertos y entonces pasaron el coche por encima del cadáver de Antonino y huyeron.
El fantasma del compañero muerto se convirtió para Lucho en una constante pesadilla que no lo abandona. A ese fantasma se sumó luego el de uno de los sicarios, muerto posteriormente en otros hechos violentos. La congestión de las grandes ciudades no ha podido disolver esos fantasmas. A la entrada de los grandes almacenes parece descubrir con vida a esos muertos que lo buscan y que frecuentemente malogran sus horas de sueño, donde la realidad y la fantasía se confunden dañinamente. Pero más que los muertos, ese escuadrón confuso de militares y paramilitares busca su paradero. Su delito: haber sido candidato a la crucifixión y haber conocido, traumáticamente, lo que se escondía tras la puerta de la casa de aquel parlamentario.
Aquello sucedió en 1989. Alfonso era la persona que todos daban por muerto. Había caído en manos de una patrulla del Ejército y su tienda (centro de reunión y de amistad de aquella vereda) había sido saqueada y arrasada por los soldados. Unos días antes, el Ejército había detenido a un homónimo suyo y lo había torturado durante 12 horas hasta descubrir que ése no era el que buscaban. Cuando capturaron al segundo Alfonso, todo presagiaba que su muerte era inevitable, pues así lo disponían las reglas implícitas de la Guerra Sucia.
Las primeras gestiones legales para rescatarlo dieron como resultado: desaparición. Esto quería decir que su captura no era reconocida por el Ejército y que en adelante habría que estar atentos a cualquier concentración inhabitual de aves de rapiña que delatara la presencia de algún cadáver expósito.
Aquella comunidad, aterrorizada, no se resignaba, sin embargo, a abandonar a su suerte a uno de los suyos. Cerca de cien personas de la vereda partieron en éxodo hacia Barranca bermeja y se tomaron las oficinas de la Procuraduría. Obligaron a los funcionarios a dar parte de lo ocurrido al Procurador General, en Bogotá, y a otros altos oficiales del Estado, hasta que estos no tuvieron otra salida que pedir explicaciones a la alta cúpula militar. Finalmente los militares aceptaron entregarlo. Una comisión de funcionarios y campesinos se desplazó hasta una montaña para recibirlo. Tras 10 días de torturas, Alfonso estaba más cerca de la muerte que de la vida.
Años más tarde encontré personalmente a Alfonso quien me narró los pormenores de aquel infierno. Sacado a rastras de su casa en la forma más humillante, fue llevado, atado de pies y manos, a un lugar lejano en la montaña; golpeado en todo su cuerpo; le introdujeron en la boca una camisa entera, hundiéndosela hasta la garganta; se la empujaban a golpes y puños hasta destrozarle los dientes, uno de los cuales le fue arrancado brutalmente desde la raíz; le quemaron los ojos con cigarrillos encendidos; le echaron agua con sal por la nariz hasta impedirle totalmente la respiración, lo que le hizo perder la consciencia; fue molido a golpes en el tórax, en el abdomen y en las piernas, produciéndole hemorragias internas e inflamación de varios órganos. Toda esa orgía de crueldad solo era penable como antesala de la muerte.
Quienes lo rescataron tuvieron que conducirlo inmediatamente a un hospital, donde fue sometido a un tratamiento de muchos meses. El Alcalde de Barranca bermeja costeó los gastos médicos y hospitalarios para evitar más escándalos.
Alfonso conserva en su cuerpo y en su alma las huellas de tan horribles torturas. Pero la zozobra no ha terminado. En los últimos meses (julio/agosto-94) militares y paramilitares han vuelto a hostigarlo. Lo he acompañado a recorrer despachos de Ministros, Consejeros y Procuradores, sin lograr un compromiso efectivo en la defensa de su vida. La zona donde él vive ha sido escogida como zona de expansión de uno de los proyectos paramilitares más tozudos y ya la solidaridad de aquella comunidad ha sido en gran medida neutralizada por el terror. Mientras escribo estas líneas me he enterado de que varios de sus vecinos buscan afanosamente para dónde irse, antes que sea demasiado tarde.
En aquellas exequias, según ella, los sentimientos de terror, de indignación y de impotencia, parecían sobrepasar el de tristeza. El espectador difícilmente podía distinguir entre las escenas de guerra y las de la liturgia fúnebre. Por la puerta del templo de ese pequeño pueblo salía un cortejo que acompañaba los féretros de dos jóvenes, mientras alrededor formaban en fila dos escuadrones del Ejército con sus ametralladoras apuntadas contra los asistentes.
Todo había comenzado cuando la guerrilla hizo una incursión en el pueblo y mató a un soldado. Muy pronto llegó un contingente de 120 efectivos del Ejército y anunció que por lo menos 120 personas del pueblo debían morir para pagar la vida del militar sacrificado. La mayoría de las casas fueron allanadas y casi todos los jóvenes del pueblo tuvieron que pasar por la experiencia de la tortura.
Una tarde el Ejército dio una orden extraña: nadie podía salir de su casa después de las 6 de la tarde.
Uno de los hermanos se apresuró a ir al restaurante donde solía cenar, pero mientras cenaba fue capturado por un grupo de soldados. Su hermano había llegado ya a la casa, pero pronto sintió que golpeaban la puerta. Su hermana le dijo: "no salga, hermano", pero él respondió: "Yo no debo nada, por eso no tengo nada que temer" y abrió la puerta. Los soldados lo sacaron violentamente y se lo llevaron. Ya era de noche.
Al día siguiente, los cuerpos de los dos hermanos fueron hallados sin vida y con señas de crueles torturas.
Cómo no velarlos en el colegio? Eran alumnos queridos por todos los estudiantes. No se podía ceder ante el ambiente de terror que se había apoderado del pueblo ni ante quienes parecían señalarlos como "delincuentes" sin fórmula de juicio, con la más absoluta arbitrariedad. Era preciso demostrar con algún signo la fe en la dignidad humana y en la justicia, aún frente a las bocas amenazantes de las ametralladoras.
El colegio, la parroquia y la población rindieron homenaje a aquellos cuerpos sin vida, en un gesto que las circunstancias hicieron heroico.
Ese gesto exacerbó a los militares, que con su peculiar lenguaje habían ordenado arrasar su dignidad humana y sus derechos más sagrados, así no hubiese de por medio ni delitos, ni acusaciones, ni pruebas ni razones, sino la urgencia de saciar un absurdo sentimiento de venganza.
Nervios crispados; puños cerrados; palabras y gritos que se agolpaban en las gargantas buscando imposibles salidas; lágrimas que provenían simultáneamente del dolor, de la indignación y de la impotencia, como densas concentraciones de amargura; todo ello hacía de aquel espectáculo un homenaje heroico a la vida y a la dignidad humanas, expresado en aquel cortejo fúnebre que salía del templo, silencioso, escoltado por numerosos cañones de ametralladoras.
El paisaje era precioso, pero cuando escalamos el Cerro de la Aurora, comenzamos a ver manchas de sangre reseca por el camino, cráteres abiertos por las bombas y numerosos cartuchos de proyectiles. Los relatos de los pocos campesinos que no habían huido, eran escalofriantes: a un muchacho lo habían detenido ante un gran número de testigos a quienes obligaron a encerrarse en una alcoba, lo que no les impidió ver cuando llegó el helicóptero militar en el cual se lo llevaron. Ocho días después, un montón de tierra removida en la vereda vecina alertó a los campesinos. Allí encontraron su cadáver partido en pequeños trozos. Tuvieron que recogerlo en dos recipientes de plástico. Cerca de allí, dos ancianos sordomudos que no escucharon el ruido de las bombas y quizás por eso no huyeron, fueron salvajemente torturados y asesinados en su paupérrima vivienda. Cuando entramos en ella, había aún allí un charco de sangre líquida en medio de sus humildes enseres desordenados.
Una mujer campesina nos impresionó por su firmeza y su fina observación. "Padrecito -me dijo- de algo sirve vivir cincuenta años en estas montañas; yo sé distinguir desde lejos el olor de un animal muerto y el de un cristiano". Con ella descendimos unos sesenta metros, alejándonos del camino, esquivando helechos y bejucos, por entre una arboleda. El olor a cadáver descompuesto se hacía cada vez más insoportable. Todos contuvimos la respiración ante el espectáculo macabro, mientras en el alma se estrellaban sentimientos de todo orden. Por todos los lados aparecían restos de vituallas del Ejército, lo que evidenciaba un campamento militar recién levantado. Con las manos extendidas y abiertas, aquel cuerpo destrozado tenía el aspecto de un crucificado. Por entre las ramas de los árboles se filtraban algunos rayos de sol de las primeras horas de la tarde, mientras contemplábamos aquel cadáver en un tenso silencio. La plegaria del "Réquiem aeternam" me salió del fondo del alma, lo mismo que aquellos versículos del capítulo 19 de Job, que la tradición cristiana ha pronunciado sobre millones de sarcófagos: "Yo sé, que está vivo mi vengador y que al final se alzará sobre el polvo; después que me arranquen la piel, ya sin carne, veré a Dios; yo mismo lo veré y no otro, mis propios ojos lo mirarán."
El cráneo, ya sin piel, dejaba ver varios impactos de balas. La piel de las manos se había conservado para denunciar que éstas habían sido quemadas en una hoguera cuyas cenizas encontramos cerca. Los pies estaban atados con cuerdas, lo que hacía presumir que había sido arrastrado hasta allí violentamente. La fina observación de la campesina que nos guiaba nos hizo ver que ese cuerpo no era de un campesino; así lo revelaban sus manos y sus pies no encallecidos.
Esa misma noche llegó a la zona una comisión investigadora de la Procuraduría y ordenó su inhumación, no sin antes cortarle los pulpejos de los dedos para tratar de establecer su identidad. Dos años después supe que un investigador había probado plenamente que se trataba del médico Juan Fernando Porras, capturado clandestinamente en Bucaramanga unos días antes, por el servicio de inteligencia del Ejército: el B-2.
Se le acusaba de colaborar con la guerrilla. Testigos que estuvieron detenidos por esos días en los calabozos de la Quinta Brigada del Ejército, confirmaron su presencia, sometida a extremas medidas de seguridad, en esos mismos calabozos.
En septiembre de 1988 se realizó en Barranca un Foro sobre Derechos Humanos al cual fui invitado. Cuando terminábamos las exposiciones, se presentó un grupo de familias para denunciar su desplazamiento forzado, a causa de un bombardeo del Ejército en zonas rurales del vecino municipio de Simacota. Pedían ayuda para "refugiarse" en Barranca.
Unos meses antes yo había visitado un refugio cerca de San Salvador y allí mismo había pensado que esa solución provisoria era ya urgente para nosotros en Colombia. Aquel grupo de familias desamparadas hizo que lo intentáramos. Concretar la idea no fue fácil. Las mismas organizaciones populares, la Iglesia y muchos campesinos la contemplaban con temor. No sería aquel sitio un blanco más preciso para la represión? Pero era válido intentarlo. La historia nos daría la respuesta.
En abril de 1989 se inauguró el Albergue Campesino. Fueron inútiles los esfuerzos para que el gobierno local nos cediera un terreno baldío en préstamo, pero la solidaridad internacional nos permitió comprar las instalaciones de una fábrica de materiales de construcción que sus dueños habían decidido trasladar.
Durante los dos primeros meses, el terrorismo telefónico se ensañó contra los albergados. Fue necesario organizar turnos de guardia en las noches para alertar sobre algún ataque sorpresivo. Nuevamente la solidaridad internacional, mediante una campaña de cartas al Gobierno, en las cuales se mencionaban al menos los "alias" de los victimarios, que habían sido identificados como miembros del servicio de inteligencia del Ejército (el B-2), logró que el Albergue entrara en una relativa calma.
A mediados de 1991, sin embargo, la persecución se reanudó en forma más contundente. En junio/91 los muros del Albergue fueron blanco de ráfagas de ametralladoras dos noches consecutivas. En octubre/91 fueron perpetradas dos masacres casi en las puertas del Albergue, y aunque no hicieron blanco en los albergados, llamadas telefónicas posteriores anunciaban que: "si se escaparon esta vez, la próxima no". En marzo/92 un grupo paramilitar se introdujo en el Albergue a las 9 de la noche y mantuvo encañonados a los albergados durante tres horas. En mayo/92 una joven que había visitado repetidas veces el Albergue en búsqueda de informaciones sospechosas, al verse descubierta, confesó que era enviada por una organización paramilitar coordinada por la XIV Brigada del Ejército; esta joven había sido obligada, bajo chantaje, a trabajar para dicha estructura criminal; según ella, ése grupo preparaba un nuevo atentado contra el Albergue; dos días después, su cadáver desfigurado era hallado en una carretera cercana a Barranca.
Entre abril/92 y mayo/93 fue necesario cerrar el Albergue. Se decidió un cierre temporal y activo, mientras se desarrollaban las investigaciones penales y disciplinarias que solicitamos en forma apremiante.
Largas reuniones en la Procuraduría, en la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y en la Fiscalía General, me confirmaron cada vez más los férreos mecanismos vigentes de impunidad, cuya savia nutricia es una absoluta falta de voluntad política para frenar el Paramilitarismo y la Guerra Sucia, lo que revierte en el más eficaz aval a los crímenes del Estado y del Para-Estado.
Finalmente, en febrero/93, el Fiscal General me convocó para un "diálogo" con el Ministro de Defensa, en su presencia, con miras a llegar a un acuerdo informal sobre el Albergue. El Ministro se negó rotundamente a aceptar responsabilidad alguna de las Fuerzas Armadas, a pesar del amplio dossier de pruebas ya existente, y prometió enviar algunas "directrices" a la fuerza pública de la región para que se respetara el Albergue. Esta precaria promesa y la presión de muchas familias campesinas para que se reanudara ese servicio humanitario, nos llevó a reabrir el Albergue. Sin embargo, en la noche del 21 de marzo/94 el Albergue fue nuevamente atacado por una patrulla militar que quiso ocuparlo violentamente y disparó un proyectil hacia su interior. Nuevamente la solidaridad internacional se expresó en fuertes reclamos al Gobierno, lo que permitió restablecer una relativa calma, aunque la impunidad siguió campeando en forma desafiante.
Acercarse a cualquiera de los centenares de personas que han pasado por el Albergue, es asomarse a profundas tragedias humanas. Allí se palpan, en realidades muy concretas, las dimensiones aterradoras del crimen que significan los desplazamientos forzados, las desapariciones, los bombardeos, el Paramilitarismo, así como los alcances horrorosos de la impunidad imperante.
Aunque ya habíamos recibido muchas denuncias sobre un peculiar proyecto paramilitar que hacía carrera en esa zona, el largo recorrido que hice por los diversos despachos de la justicia, acompañando a estos sobrevivientes en su denuncia, me fue revelando las características de esa estructura criminal.
En El Carmen había tenido un cierto influjo la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Cerca de allí había muerto en combate, en 1966, el sacerdote guerrillero Camilo Torres. Desde entonces muchos campesinos simpatizaban con la guerrilla y otros habían llegado a convivir con la situación, lo que le daba un cierto poder social a la guerrilla, que a veces empleaba para imponer sus decisiones. Para el Ejército esta era una zona que se proponía someter a sangre y fuego y para ello diseñó "un remedio peor que la enfermedad". Se propuso involucrar compulsivamente a toda la población en la lucha contrainsurgente, exterminando a quienes no quisieran someterse.
Ya desde 1981 el Ejército había creado un centro de entrenamiento de sicarios en una aldea vecina y los fue dotando de armamentos. Ese grupo fue punta de lanza para implantar el proyecto en la región. A medida que avanzaban, reunían a las comunidades rurales y les proponían tres alternativas: o someterse a las reglas de juego que ellos imponían, o abandonar la región, o morir.
Rápidamente la población comprendió que el proyecto tenía el respaldo del Estado, desde sus más altos niveles. Las bases paramilitares se fueron construyendo junto a las bases militares; las reuniones las convocaban los militares y las presidían los paramilitares o viceversa; datos de censos, empadronamientos o listados de pobladores elaborados por los militares, aparecían en las manos de los paramilitares; personas que eran retenidas por los militares, eran entregadas luego a los paramilitares. A toda la población se le obligó a pagar impuestos especiales para sostener lo que se llamó "la autodefensa"; a participar en turnos de patrullajes armados; a financiar sus propias armas de obligatoria tenencia y control por el grupo, y a entregar a sus hijos jóvenes para entrenamientos y patrullajes de varios meses.
Nuestra Comisión fue sistematizando las denuncias recibidas y publicó dos extensos informes sobre este proyecto criminal. Según esos datos, desde 1987 más de 300 personas, que no se quisieron someter al grupo ni abandonar la zona, fueron asesinadas. Otros numerosos actos de barbarie fueron denunciados con fechas y lugares precisos, tañes como torturas, desapariciones, extorsiones, violaciones carnales, expropiaciones, saqueos, destrucción de viviendas y cultivos. Varios miles de personas fueron al exilio y se han dispersado por todas las regiones del país, donde sobreviven en condiciones de miseria.
El Padre Marín, que había estructurado su Parroquia como red de comunidades de base conformadas en las diversas veredas, fue percibiendo en sus visitas lo que se estaba montando y por ello alertó valientemente a sus feligreses sobre este proyecto criminal, invitándolos a resistir. En una reunión realizada en la vereda Islanda, en 1987, militares y paramilitares afirmaron que la toma de El Carmen tendría como prerrequisito quitar de en medio al Padre Marín y a otras tantas personas que tenían influjo en la población; por ello decidieron eliminarlos. El 4 de octubre de 1990, el Comandante de la base militar de El Carmen dio la orden al Comandante de la Policía de allí mismo, de acuartelar a todos sus agentes al anochecer. Dos sicarios que prepararon el plan durante 20 días debían ejecutarlo esa noche. Llegada la hora cero, el Comandante de la Policía decidió, más bien, acatar la orden de su conciencia, y llegó con sus agentes al sitio donde debía comenzar la matanza, con el fin de defender a las víctimas. El plan fue, entonces, frustrado, pero el Comandante de la Policía fue "trasladado" a otra región esa misma semana. Antes de irse suplicó a las víctimas que huyeran, pues ya no quedaba quien pudiera defenderlos de una sentencia inapelable de muerte. Así lo hicieron, agradecidos.
Nuestras denuncias llegaron a impresionar, en un momento dado, a algunos altos funcionarios judiciales quienes levantaron un grueso expediente y ordenaron capturar a los principales responsables civiles, el 29 de marzo de 1992. Pero una asonada, incentivada por los militares, frustró esa acción judicial que se intentó hacer con una flotilla de helicópteros, y poco faltó para que jueces y auxiliares salieran del intento sin vida. El escándalo producido llevó enseguida el problema a las esferas de la opinión pública. Desde allí fue más fácil neutralizar la "Justicia", pues "había llegado demasiado lejos".
Se iniciaron, entonces, los ataques por los Mass Media. Los dueños de éstos cerraron filas alrededor del Ejército, acusando a todos los denunciantes de "colaboradores de la guerrilla". Durante más de seis meses fuimos víctimas de esa intensa campaña.
Entre tanto los militares, al no poder eliminar físicamente al Padre Marín, optaron por destruirlo moralmente, mediante montajes infames, recurriendo al método de "testigos secretos" que lo acusaran, incluso, de "haber llevado cajas de munición a la guerrilla". La "Justicia Sin Rostro" que se implantó en Colombia en el último período, en la cual son válidos testigos secretos, jueces secretos, pruebas secretas y "delaciones" pagadas con altas sumas de dinero, es un medio excelente para este tipo de montajes, aún más cuando se ha otorgado a los militares amplísimos poderes para manipular las pruebas que desencadenan el proceso.
En marzo de 1990 le fueron asignadas tareas de inteligencia en una zona rural del municipio de Trujillo. Allí hizo seguimientos a un grupo guerrillero, detectando algunas viviendas donde los guerrilleros entraban. De todo esto le rindió informes a un Mayor del Ejército, quien comandaba allí los operativos contra insurgentes.
Entre el 31 de marzo y el 1 de abril del 90, Daniel quedó estremecido con el fruto de sus informes. En un fuerte operativo militar/paramilitar, sacaron de sus viviendas, a la media noche, a un nutrido grupo de campesinos y los condujeron a la hacienda de un conocido narcotraficante de la región, donde los sometieron a una orgía inimaginable de sevicia para luego despedazarlos con una motosierra. El Mayor del Ejército se reservaba para él los tormentos más crueles. El último servicio de Daniel fue llevar sus cuerpos desmembrados en una volqueta, para arrojarlos al río Cauca. Luego huyó. Mientras presenciaba esa barbarie, supo que una de las siguientes víctimas sería el Párroco de Trujillo, el Padre Tiberio Fernández.
Cerca de un año después, en una conversación con él, Daniel me confesaba que aquello lo había dejado perplejo. Estaba convencido que combatir a la guerrilla era prestar un servicio a la patria. Ahora se preguntaba: "quiénes son, entonces, los malos?" Su perplejidad lo había llevado a buscar refugio en un campamento guerrillero en proceso de desmovilización, después que un organismo civil de seguridad del Estado, el DAS, le había anunciado que ya no podía protegerlo más. Daniel había denunciado ante la Procuraduría y ante los jueces, con minucia de detalles, los horrores que presenció. El 5 de mayo de 1991, cuando imprudentemente regresó a Trujillo para visitar a su padre, Daniel fue "desaparecido".
No quiero reproducir aquí los relatos que Daniel hizo, con enorme precisión y coherencia, ante diferentes instancias de investigación, incluyendo misiones humanitarias internacionales. No los cito porque hieren demasiado cualquier sensibilidad humana, a causa de su crueldad. Solo puedo decir que las torturas allí practicadas se inspiraron en las más extremas manifestaciones de la barbarie que la historia registra en sus más morbosos anales.
Víctima de esa crueldad fue el Párroco de Trujillo, el Padre Tiberio Fernández, cuyo cadáver horriblemente mutilado fue rescatado del río Cauca el 24 de abril de 1990. Tiberio era de origen campesino y en su juventud fue un líder agrario y uno de los primeros alumnos de la Universidad Campesina, fundada por la Compañía de Jesús en Buga. Allí nació su entusiasmo por el cooperativismo. Al asumir su Parroquia de Trujillo, promovió 20 empresas comunitarias, entre rurales y urbanas. Muchos de los trabajadores de esas empresas fueron descuartizados, como él, pues para el Ejército y los narcotraficantes de la región, toda organización popular no es más que "fachada de la guerrilla".
Actualmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, examina esta masacre, que alcanzó a más de 60 víctimas. El Gobierno colombiano ha respondido que ya los tribunales nacionales y la Procuraduría absolvieron a los presuntos culpables, dado que el Instituto de Medicina Legal declaró "perturbado mental" a Daniel, que fue "el único testigo presencial". Ni jueces ni procuradores examinaron la coherencia total que se descubre entre los relatos de Daniel y las declaraciones de los numerosos familiares de las víctimas, quienes solo presenciaron los momentos de las capturas, pues no pudieron entrar a la hacienda de los suplicios. Tampoco se tomaron el trabajo de examinar la coherencia entre esos relatos y el estado material de los cadáveres que pudieron ser rescatados del río. Solo se aferraron al veredicto de un psiquiatra oficial, que se atrevió audazmente a presentar como "diagnóstico de personalidad" un interrogatorio que escasamente superó una hora, sin preguntarse siquiera si algunos desajustes menores del paciente podrían explicarse por los horrores que presenció.
Largo sería explicar en detalle estas piezas de antología de la impunidad, que la historia clasificará seguramente entre las más aberrantes.
El cadáver destrozado de Tiberio nunca será posible separarlo mentalmente de esa montaña de cadáveres de feligreses suyos, que exhibieron en su humanidad las más aterradoras huellas de la barbarie. En ellos la dignidad humana fue negada y aplastada; en ellos los derechos más sagrados del ser humano fueron desconocidos y su clamor por ellos ahogado en sangre y en tormentos; en ellos las utopías de justicia fueron castigadas con sevicia.
Sin embargo, en la Semana Santa del 91 "la tasa se llenó", según expresión de uno de los párrocos quien me pidió insistentemente regresar. Era cierto. Incluso una nutrida manifestación por las calles del pueblo el miércoles santo, era un signo evidente de que ya no querían silenciar por más tiempo tan terrible baño de sangre.
La Unidad de Policía Antinarcóticos que tenía establecida allí una gran base, ayudada por una amplia red de paramilitares, había llevado a extremos inconcebibles la Guerra Sucia. Tener entre 15 y 30 años era, para ellos, signo evidente de "ser guerrillero" y por lo tanto objetivo lícito de desaparición y muerte.
El examen del Libro de Defunciones de una de las parroquias me permitió hacer un listado de 280 asesinados con armas de fuego en los últimos 5 años, el 70% de los cuales eran menores de 30 años. Todo el mundo me aseguraba que por cada muerto que registraban los libros de la Parroquia había mucho más de 10 que se enterraban informal y clandestinamente.
Aquel Viernes Santo el pueblo entero se volcó a las calles para participar en el largo y extenuante Via Crucis bajo un sol calcinante. Un campesino me había anunciado que pasaría en una moto, durante el Via Crucis, para llevarme al río, aprovechando la ausencia de patrullajes militares por el río en esos momentos.
La canoa enrutó río arriba y el campesino me fue señalando los sitios donde habían encontrado cadáveres, muchos de los cuales eran sepultados inmediatamente junto al río. Si hubieran colocado cruces para marcar esos sitios, las riveras del río hubieran quedado demasiado cortas. Yo no podía evitar un estremecimiento interior al recorrer aquel móvil y silencioso sepulcro de tantas vidas humanas en aquel caluroso Viernes Santo.
Al llegar a un sitio del río, un pescador nos reveló lo que él observaba furtivamente en las noches desde su modesta cabaña- cerca de allí, en un sitio estratégico, llegaba siempre hacia la media noche un coche blanco de donde hacían descender a las víctimas; les disparaban un tiro en la frente; les abrían las entrañas con un cuchillo y les introducían piedras; luego los sumergían en el río. El pescador nos dio algunas pistas, con gran sigilo, para encontrar a un sobreviviente de una de esas rutinarias masacres nocturnas.
Nos internamos en el monte y llegamos finalmente a una humilde cabaña donde localizamos a aquel joven que nos narró su tragedia. Había sido detenido, sin ninguna acusación, cuando pasaba frente a la base de la Policía Antinarcóticos. Lo introdujeron en una especie de calabozo, donde más tarde llevaron a otros jóvenes. Cuando ya estaban dormidos sobre el piso, hacia la media noche, los despertaron a golpes y los introdujeron en el fatídico coche blanco. Los llevaron al sitio acostumbrado junto al río y, uno a uno, los iban matando y arrojando en el río. Arturo, aterrorizado, fingiendo una extrema ingenuidad, suplicó que no lo tiraran al río, pues no sabía nadar. Sus verdugos quisieron quizás torturado con un intento de ahogamiento antes de darle el tiro de gracia, pero Arturo se hundió por sus propias fuerzas en lo profundo del río y nadó hondo hasta alcanzar la otra orilla. Las ráfagas de las ametralladoras disparadas sobre el río no lo alcanzaron y así pudo sobrevivir. El armazón de un pequeño barco, anclado en la otra orilla, le sirvió de protección para sacar la cabeza y respirar, y para observar a sus verdugos sin ser visto por ellos.
Sacar a este joven hasta la capital, para que su denuncia, llevada a altas instancias, intentara frenar ese baño de sangre, fue tarea difícil y riesgosa. Los controles militares por el río, las carreteras y el aeropuerto eran extremos. Aunque la denuncia se hizo con riqueza de detalles, la justicia nunca llegó. El Director Nacional de la Policía solo prometió "trasladar" a los agentes y oficiales que estaban allí, y lo hizo. No irían luego a desarrollar su estrategia en otras regiones? La impunidad en que aún quedan todos estos crímenes es absoluta.
Pocos días después entramos en contacto directo con los sobrevivientes. Una comisión, en la cual participó un delegado del Episcopado y otros de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, viajó a la zona, inspeccionó el escenario del crimen y entrevisto a numerosos testigos. Algunos de estos rindieron declaraciones ante instancias oficiales; otros se negaron a hacerlo y solo hicieron sus relatos, bajo estricta confidencia y reserva de sus nombres, a los miembros de la comisión no gubernamental. La información recopilada ponía al descubierto la monstruosa capacidad de mentira de los militares y el papel encubridor de los Mass Media.
Aquellos "13 guerrilleros" eran miembros de dos familias campesinas que habían construido durante años una comunidad veredal unida y progresista, con un elevado sentido comunitario. Nuevamente la doctrina de la "responsabilidad colectiva" explicaba otro horrendo crimen: puesto que por allí pasaban, de tarde en tarde, los miembros de un frente guerrillero, los "culpables" eran los visitados por ellos y por eso había que eliminarlos sin contemplación alguna; además, esas tierras eran codiciadas por un narcotraficante menor del Cartel de Cali y había que allanar toda resistencia a su proyecto de apoderarse de ellas; en fin, toda comunidad bien organizada y que lucha por su bienestar colectivo, es sospechosa de esconder estrechas relaciones con la guerrilla.
Al amanecer del 5 de octubre, los miembros de las familias Ladino y Molina, líderes de aquella vereda, fueron sorprendidos por un grupo armado que vestía una mezcla de prendas militares y civiles; fueron sacados violentamente de sus casas y conducidos a la casa de uno de los Ladino, que estaba deshabitada ese día, ya que habían ido a otro pueblo para una diligencia. Allí fue la masacre, precedida de violaciones y torturas.
Varios sobrevivientes, unos escondidos entre el monte y otros (mujeres y niños) encerrados por los victimarios en sus alcobas, pudieron observar, hacia el medio día, que tropas del Ejército relevaban al misterioso grupo del amanecer, coincidiendo ambos, por algunos momentos, en el escenario del crimen. La madre de algunas de las víctimas fue visitada por varios oficiales del Ejército luego del relevo, pero cuando ella alzó la vista para observarlos, reconoció a uno de ellos como integrante destacado del grupo del amanecer.
El Coronel Becerra, Comandante del Batallón Palacé, reivindicó por todos los medios de prensa hablados y escritos la masacre, presentándola como un "combate" con una peligrosísima célula guerrillera; combate que estuvo precedido por cuidadosas labores de "inteligencia" y que había culminado "dando de baja a 13 guerrilleros". A pesar de su reconocimiento explícito y público, avalado en los días siguientes por los Generales de Brigada y División que oficiaban como sus superiores, La Procuraduría solo lo acusaría después por "encubrir" a un misterioso grupo armado que habría llegado al amanecer y habría perpetrado la masacre.
El Coronel Becerra tenía una historia tormentosa. Cuando en 1988 fue vinculado judicialmente, con orden de captura, como presunto responsable de la masacre de 20 trabajadores de haciendas bananeras en la región de Urabá, sus superiores lo enviaron a un curso de ascenso en los Estados Unidos. Vigente aún la orden de captura, regresó a Colombia y fue ascendido a Teniente Coronel por la Junta Asesora del Ministerio de Defensa, compuesta por 26 Generales.
Cuando solicitamos al Procurador General una explicación de todas estas burlas a la justicia, nos respondió que: en la investigación disciplinaria por su participación en la masacre de las haciendas bananeras, se había decretado "la prescripción" el 20 de abril de 1992, y que contra los Generales de la Junta Asesora que habían aprobado su ascenso a Coronel, obraba una "investigación preliminar" (a cuatro años y medio del hecho, o sea, que prescribirá en 6 meses).
Colombia, en el último medio siglo solo pasó por una dictadura militar de 4 años, entre 1953 y 1957, y por ello se presenta como una democracia "de las más sólidas" de América Latina, sobre todo por haber escapado a la era de las dictaduras de "Seguridad Nacional" que inundaron el continente en los años 60 y 70. Sin embargo, sus niveles de violencia política superan con creces los de la mayoría de los otros países.
Quizás algunos elementos de su historia política expliquen este modelo particular de Estado, que pudo asimilar profundamente los principios de la Doctrina de Seguridad Nacional bajo los formalismos de la democracia. Algunos rasgos del modelo se podrían describir así:
1) El campo de lo político se fue dividiendo en dos ámbitos compartimentados: uno, constituido por el poder burocrático-administrativo, donde siguió vigente el libre juego de los partidos y donde el botín burocrático y presupuestad siguió alimentando los ciclos de la corrupción; el otro, el del Coexisto social, fue dejado al manejo de las fuerzas armadas, para lo cual se las dotó de una copiosa legislación represiva amparada en la figura constitucional del Estado de Sitio casi permanente, pero cuyo principal instrumento fue el privilegio de juzgarse a sí mismas en los tribunales castrenses, donde la impunidad es férreamente protegida.
2) Sin embargo, una acción bélica prolongada difícilmente subsiste sin un marco de legitimación social. El desarrollo de 8 organizaciones guerrilleras en las últimas tres décadas creó un marco de "conflicto interno" que se extrapoló fácilmente al conflicto entre los bloques hemisféricos de poder. Así, el guerrillero devino "enemigo interior" que representaba el poder del bloque contrario, y por eso se consideró legítimo desconocerle cualquier derecho. Los Mass Media se encargaron de imponerle a la opinión pública la legitimidad de su muerte fuera de combate, o de convertirlo en objetivo lícito de desaparición, tortura o tratos degradantes, negándole, incluso, los derechos procesales, no a través del discurso directo, sino a través de los discursos subliminales del silencio, la distorsión o el discreto aval.
Una vez legitimado lo anterior, fue fácil extender esas legitimaciones a los "colaboradores de la guerrilla", calificación que se adjudicó con extrema generosidad a las diversas facetas del movimiento popular y de la oposición política. Con mayor facilidad se extendieron esas legitimaciones a los moradores de zonas de conflicto, donde se aplicó y se aplica la doctrina más concreta de la "responsabilidad colectiva", según la cual, campesinos, indígenas y pobladores que habiten en zonas frecuentadas por la guerrilla, o son sus militantes, o al menos responsables de su presencia y por tanto blancos legítimos de la acción bélica contrainsurgente.
3) Los años 80 produjeron crisis en el modelo, en dos aspectos: por la consciencia creciente de los derechos humanos y por el derrumbe progresivo del "comunismo internacional" que dejaba sin piso uno de los pilares ideológicos de la Doctrina de Seguridad Nacional.
Frente a lo primero, se diseñó la estrategia paramilitar, que buscó limpiar al Estado de responsabilidades en un alto porcentaje de crímenes, trasladando su autoría directa a cuerpos de civiles armados, clandestinamente coordinados por la fuerza pública. Pero, además, la conquista de un sector del narcotráfico para apoyar el Paramilitarismo, facilitó la confusión y ofreció la posibilidad de atribuir todo crimen a "autores desconocidos" que gozan de una calculada neutralidad y se denominan "narcoterroristas".
Frente a lo segundo, se reclasificó al "enemigo interior" como "terrorista", y para ello se tipificó el terrorismo en el Código Penal con la más extrema ambigüedad, con el fin de poder aplicarlo a cualquier expresión del movimiento popular y de la oposición política.
4) Sin embargo, tanto la estrategia paramilitar de Guerra Sucia, como la estrategia de penalización (léase "terrorización") de la protesta social, dejan escapes gaseosos que pueden explotar en el ámbito de la justicia. De allí que fuera necesario judicializar el conflicto. Para ello, la nueva Constitución de 1991 diseñó un modelo de justicia altamente politizado, al permitir la injerencia del Ejecutivo en los nombramientos claves del ramo, especialmente en el del Fiscal General, en el cual concentró enormes poderes discrecionales. Al mismo tiempo confeccionó una justicia paralela para la oposición política, adscribiéndola a la rama de la 'justicia ordinaria", donde dio cabida a las aberrantes figuras de: jueces secretos, testigos secretos, pruebas secretas, "delaciones" pagadas, capturas previas a toda investigación, validación de "informes de inteligencia militares", alargamiento de términos de detención sin pruebas sustentables, etc. Esta combinación de arbitrariedad e impunidad, llegó a ser, en la coyuntura actual, elemento clave del modelo.
5) Por último, es difícil ocultar tantas muertes sin dar la impresión de que el Estado es culpable de algo, al menos por omisión. Además, la comunidad internacional no puede dejar de mirar con preocupación a un país que exhibe los más altos índices de violencia en el mundo, en la última década. Frente a esto, era necesario asumir el discurso de los derechos humanos como discurso oficial explícito, y dar la impresión ante el mundo de que se hacen esfuerzos supremos para protegerlos. La nueva Constitución fue en esto magistral: incorporó en su texto casi todas las declaraciones internacionales de derechos humanos (que desde hacía muchos años habían sido firmadas y ratificadas por Colombia) y además creó nuevas instituciones protectoras. Por su parte, el Gobierno multiplicó comités y organismos oficiales de defensa de los derechos humanos. Solamente quienes recorremos a diario todas esas entidades, podemos constatar que todas ellas se sienten con plenas atribuciones para remitirse, unas a otras, las denuncias y los problemas, en un interminable ir y venir de sobres lacrados y membreteados de una oficina a otra, pero ninguna de ellas dice tener atribución alguna para resolver los problemas. Sin embargo, el frondoso organigrama de instituciones protectoras de los derechos humanos remata admirablemente, y con grandes efectos cosméticos, el modelo de democradura.
Ya se ha vuelto una exigencia social que toda exposición oral o escrita sobre situaciones deplorables, debe terminar anunciando alguna salida esperanzadora. También la sociedad tiene mecanismos de defensa frente a la desesperanza.
Sin embargo, antes de esbozar cualquier salida, quisiera sacar a la superficie ciertos sedimentos angustiantes que van dejando todas estas oleadas de tragedia.
Una escena que se ha vuelto rutinaria en mi oficina, ha sido el forcejeo de argumentos para que no sean las mismas víctimas las primeras promotoras de la impunidad. En todas ellas prima, evidentemente, el afán por la supervivencia. Si lograron salvar algunas vidas, no quieren arriesgarlas más con la denuncia o la exigencia de justicia. Tienen sobrada razón. Pero justamente eso ha hecho intocables a los victimarios. El discurso sobre la necesidad de luchar contra la impunidad los entusiasma y les hace brillar los ojos por momentos, pero cuando se llega al momento de tomar decisiones prácticas que los implican, todo se desvanece. Parecen responder con su mirada, tocada de penoso escepticismo: "Ojalá tenga éxito en su lucha. Yo llegué hasta aquí".
Muy doloroso ha sido ver a parejas disolverse, porque una u otro ya no soportan por más tiempo la zozobra o la tensión de una búsqueda de justicia, o porque miran con angustia el futuro de unos hijos por cuya sobrevivencia deben responder.
Me impresionó hondamente ver llorar un día en mi oficina a un trabajador de las bananeras, testigo de muertes, torturas y amenazas que él había denunciado con valor, pero por ello se vio obligado a dejar su trabajo y a alejarse de la región. La única alternativa para no ser abandonado por su esposa y su madre, era renunciar a toda lucha, a toda denuncia y a pertenecer en adelante a cualquier organización, para no atraer más desgracias sobre la familia. Esa decisión le costó abundante llanto.
No dejo de recordar frecuentemente otra escena que me dejó profundos interrogantes e impresiones: estando en un curso con obreros en Barranca bermeja, un campesino me confió una dura decisión que había tomado pero que aún le oprimía en su interior y quería desahogarse. En su vereda se había instalado un retén militar que los sometía casi diariamente a requisas y controles. Cuando salían a traer su mercado, les destruían o arrebataban la mayor parte, con la excusa de que "esa es comida para la guerrilla". Durante varios meses organizaron sigilosamente un éxodo hacia Barranca bermeja y se tomaron una iglesia para protestar. El Gobierno central envió a un delegado suyo, el cual comprendió la situación de los campesinos y rápidamente suscribió un acuerdo con ellos, asegurando que el Gobierno no permitiría más ese tipo de requisas y saqueos. Cuando regresaron a la vereda, eufóricos con su triunfo, los militares los sometieron nuevamente a la requisa expoliadora, y al mostrarles el texto del acuerdo, les respondieron entre carcajadas: "Esos señores mandan en Bogotá. Aquí mandamos nosotros". Aquel campesino me dijo que desde ese momento su fe en las instituciones se había derrumbado y que había tomado la decisión irreversible de sumarse a la guerrilla. Un nudo en la garganta me impidió responderle por un buen rato. Me encontraba ante un hombre que había pagado elevadas cuotas de sacrificio para demostrar el valor de las luchas no violentas, pero ahora su esperanza estaba destrozada. Qué alternativa presentarle de lucha, que él ya no hubiera intentado con resultados frustrantes? Quise hacerle ver que tampoco en la guerrilla iba a experimentar éxito alguno y más bien le esperarían profundos sufrimientos y sinsabores. Él me respondió que eso bien lo sabía, pero que sólo buscaba morir con dignidad, pues de todas maneras lo iban a matar. Me pregunté, entonces, si muchos combatientes no se embarcarán, a plena consciencia, en una lucha sin esperanza, pero encontrándole algún sentido extremo a ese luchar sin esperanza.
Frecuentemente recuerdo un diálogo con las Madres de la Plaza de Mayo en Buenos Aires. El cuadro político de Argentina parecía evidenciar que los años de la dictadura, con su represión brutal, habían logrado exterminar, exitosamente, a toda una generación ideológica, y condicionar por el terror a la generación siguiente. Una opción implícita pero férrea parecía adivinarse en la nueva generación: nunca jamás transitar por los caminos ideológicos por donde transitaron los desaparecidos, los torturados, los masacrados. Es su tributo subconsciente al deseo de vivir.
Recordé mucho ese diálogo al leer un día a uno de los columnistas habituales de un diario nacional. Por qué nos oponemos -se preguntaba- a que ciertos movimientos políticos de izquierda participen en el Parlamento? No son, acaso, una minoría controlable? Qué significan 10 ó 20 votos frente a más de un centenar de los partidos tradicionales? No le da eso, acaso, una buena imagen al Congreso, como Congreso democrático, pluralista, que respeta todas las opiniones? Habría motivos de preocupación y alarma si esa minoría se creciera.
El desenfado de esas reflexiones me confirmaba en conclusiones similares a las de las Madres de la Plaza. La democracia y el respeto a los derechos humanos fundamentales tienen un precio: no buscarle alternativas al sistema imperante.
Cuando en Colombia los Consejeros del Presidente declaran ante la prensa: "se ha producido una mejoría notable en la situación de los derechos humanos", y señalan disminuciones en 100 o 200 casos, en las cifras de víctimas que suman varios millares, muchos nos preguntamos cuál habrá sido el precio de esa disminución. Será que va quedando menos gente para matar de la que había que matar? No será que hay menos campesinos dispuestos a participar en una marcha reivindicativa? o menos trabajadores dispuestos a participar en una huelga o a afiliarse a un sindicato? No será que hay menos personas dispuestas a exigir justicia o a denunciar a sus victimarios?
Con todos estos recuerdos y reflexiones solo quiero señalar con el dedo una dimensión de la represión que pocas veces se toma en cuenta: la destrucción de la conciencia moral.
Cuando el instinto de conservación se pone en dilema con opciones éticas que tocan los modelos, los comportamientos, las estructuras sociales, se está destruyendo, en niveles muy profundos, la consciencia moral de la sociedad.
Hay una relación más estrecha entre la violación de los derechos civiles y políticos y la violencia. El cierre de espacios políticos de participación genera, con mayores probabilidades, formas de insurgencia armada. El espacio político en Colombia, hasta finales de los años 70 fue un espacio bastante cerrado, dominado por dos partidos tradicionales en forma excluyente, manteniendo en la ilegalidad a toda fuerza alternativa, mucho más si ésta era "socializante", la que entonces era perseguida con múltiples formas de violencia estatal y mediante campañas de deslegitimación ideológica o "demonización" a través de todo aparato Superestructuras Quizás esto explica la conformación de 8 organizaciones guerrilleras (y otras más fugaces) desde los años 60.
Ciertamente la Constitución del 91 tiene otras filosofía. Es de inspiración liberal, aunque no escapó a fuertes condicionamientos antidemocráticos que dejaron en ellas sus huellas profundas, como: el sistema de justicia, el Fuero militar; los estados de excepción, además de un artículo transitorio que permitió convertir en leyes permanentes todos los decretos de Estado de Sitio expedidos entre 1984 y 1991.
El problema colombiano se sitúa cada vez menos en un campo legal. Yo recuerdo los primeros Foros de Derechos Humanos realizados a comienzos y mediados de los años 80; en las conclusiones y manifiestos finales planteábamos, por ejemplo: la abolición de la justicia castrense para los civiles; el levantamiento del Estado de Sitio, que era permanente, y de numerosos decretos aberrantes emitidos bajo su cobertura, como el "Estatuto de Seguridad" (1978); la derogatoria de los supuestos fundamentos legales del Paramilitarismo (Ley 48/68); el nombramiento de un Procurador Delegado para las Fuerzas Militares y de un Ministro de Defensa civiles; la firma y ratificación de ciertos convenios internacionales de derechos humanos, etc. Todo esto se ha ido consiguiendo, pero la violencia ha continuado en forma alarmante. El problema se sitúa ciertamente en terrenos más prácticos.
Los "procesos de paz", o diálogos entre el Gobierno y la guerrilla, desde la administración Betancur (1986-1990) nos han enseñado mucho. Betancur hizo aprobar una Ley de Amnistía para los guerrilleros que decidieran optar por las vías legales de lucha (Ley 35/92) pero pocos meses bastaron para descubrir la trampa: un alto porcentaje de los amnistiados fueron asesinados, muchos de ellos a pocas horas de legalizar su situación. El partido político Unión Patriótica, fruto también de ese primer "proceso de paz", ha sufrido, desde su fundación en noviembre de 1985, el asesinato de un militante cada 53 horas. En los cuatro primeros años esa frecuencia fue más intensa: un militante muerto cada 39 horas, y en los períodos preelectorales aún más: un militante muerto cada 26 horas. Mientras escribía este relato, contemplé el funeral del último senador de la U.P., asesinado el 9 de agosto/94. El cortejo fúnebre era ya muy reducido. Para muchos, militar en la U.P. es llevar una sentencia de muerte implacable, escrita en gruesos caracteres sobre el pecho. El año pasado, el Defensor del Pueblo, a petición de la Corte Constitucional, hizo una revisión de las "investigaciones" que cursan por asesinatos de militantes de la U.P. Solo revisó 717 casos (cerca de una tercera parte, pues los demás parece que ni merecieron un proceso) y descubrió que solo en 10 casos hubo sentencia, 6 de ellas absolutorias.
Muchas veces hemos puesto nuestra confianza en la administración de justicia, como posible eje de una salida. Si la Justicia funcionara -pensamos- quizás los victimarios no actuarían con tanto desenfreno.
Los últimos gobiernos han prometido "fortalecer la justicia" como solución a los problemas de violencia e impunidad. Los gobiernos de los Estados Unidos y de la Unión Europea han aportado grandes sumas para ese objetivo. Sin embargo, la impunidad campea a niveles escandalosos: al finalizar la administración Gaviría, el Director Nacional de Planeación reveló (abril/94) que de 100 delitos que se cometen en Colombia, sólo 21 son denunciados, y que de éstos, 14 prescriben por diferentes razones y sólo 3 terminan en sentencia, lo que arroja un índice de impunidad total del 97%. Y si miramos el problema desde la Procuraduría, que es el organismo que vigila a los funcionarios del Estado y solo produce sanciones de tipo administrativo (no penas), el último Informe del Procurador sobre las situación de los derechos humanos (junio/93) reconocía que menos del 10% de las quejas recibidas (que se colocan bien pocas) son investigadas, y que de éstas, solo el 21% culminan en un fallo, y que de ésos fallos, en el caso de los militares, el 56% son absolutorios.
Por qué no funciona la Justicia? La mayoría de la gente ya no cree en ella justamente porque no funciona (un círculo vicioso?) y prefiere buscar formas de justicia privada o se resigna a la impunidad. Frente a los Crímenes de Estado es extremadamente difícil convencer a una víctima, a un familiar o a un testigo para que rinda una declaración acusatoria o se constituya en Parte Civil dentro del proceso que le concierne, pues están convencidos de que con ello firman su sentencia de muerte o atraerán una cadena infinita de persecuciones y desgracias sobre sí y sobre su familia. Cómo darles confianza, mientras el número de denunciantes asesinados o desaparecidos crece?
A pesar de todo, hay minorías valientes que no se resignan a la impunidad y rinden sus declaraciones. Son casos realmente excepcionales, pero no por ello dejan de estrellarse contra la muralla inexpugnable de la impunidad. Cuando las pruebas son insoslayables, el caso pasa a Jurisdicción Penal Militar, donde los militares se juzgan a sí mismos en tribunales donde se fusiona la autoridad institucional con la judicial, produciendo figuras como ésta, que no pocas veces se ha repetido: el que dio la orden de cometer el crimen actuando como presidente del jurado que juzga a los que la obedecieron. Cuando el caso escapa a la "justicia" castrense o se ventila solamente en la Procuraduría, los métodos de la Guerra Sucia, con sus refinados mecanismos de clandestinidad y de confusión, rara vez permiten que los expedientes salgan de ese "Limbo" que se denomina "Investigaciones Preliminares", donde realmente se abusa del término "investigación". Si la víctima, sus familiares o alguna organización no gubernamental no hacen ellos mismos la investigación y aportan las pruebas a funcionarios que rara vez salen de sus escritorios, el expediente será archivado luego de un tiempo prudencial.
Pero qué pruebas pueden aportar las víctimas o sus familiares? Solamente testimonios de quienes presenciaron furtivamente el crimen o alguno de sus momentos secuenciales y no tienen mucho miedo a las represalias. Sin embargo, el testimonio ha sido progresivamente envilecido. Unas veces se le niega toda credibilidad arbitrariamente, como en el caso del asesinato de la misionera Suiza Hildegard Feldmann (sep. 9 de 1990), en el cual la Procuraduría rechazó 24 testimonios coincidentes, tomados por diferentes funcionarios, en distintas fechas y en diversos lugares, y solo aceptó la versión de 4 militares, 3 de ellos incursos en el crimen y uno que no fue testigo, con el absurdo argumento que: "el interés del ofendido lo puede llevar a distorsionar la verdad". Otras veces se busca invalidarlo mediante "testimonios" opuestos que digan lo contrario, como sucedió en el caso del proyecto paramilitar de El Carmen de Chucuri, sin que los investigadores se tomen el trabajo de comprobar los hechos objetivos a que aluden los testimonios (en el caso de El Carmen de Chucuri bien hubieran podido revisar más de 300 actas de defunción, pero no lo hicieron). El actual régimen de "Justicia Secreta" se presta admirablemente para comprar testimonios tendientes a invalidar otros (fuera de los que se compran para acusar falsamente de "guerrilleros" o "terroristas" a quienes reclaman justicia o a quienes ponen las denuncias, como en el caso del Párroco de El Carmen de Chucuri).
Qué hacer, entonces? De todas maneras la impunidad sigue siendo la clave fundamental del modelo y sus consecuencias desastrosas para la sociedad:
A veces se la legitima con tesis que no resisten ningún análisis ético, como la de la licitud de combatir Crimen con crimen, absolviendo por principio y de antemano a quienes lo hacen desde el Estado; o la de equilibrar las amnistías e indultos otorgadas a grupos insurgentes con amnistías e indultos a los culpables de Crímenes de Lesa Humanidad desde el Estado, reivindicando para los victimarios el imposible "derecho de perdonarse a sí mismos".
Pero también la impunidad ha buscado legitimaciones religiosas, a través de un recurso ilegítimo a la veta reconciliatoria del Cristianismo, desnaturalizando el valor cristiano del perdón. Se ha querido extraer el perdón de su ámbito propio de las relaciones interpersonales, donde se realiza su valor cristiano como acto creador, gratuito, libre y riesgoso, que busca superar situaciones límite de ruptura mediante una fe activa en el ofensor, reconstruyéndolo como hermano, y trasladar ese perdón al ámbito de las relaciones jurídico políticas, donde las relaciones humanas son mediadas por estructuras que eluden las dimensiones de gratuidad, creatividad y libertad en que se nutre esencialmente el valor del perdón.
Lamentablemente el discurso del "perdón y olvido", asumido incluso por algunos episcopados, no hace siquiera alusión a lo que la tradición teológica cristiana dejó en los grandes catecismos, cuando se esforzó por traducir al ámbito de lo masivo el valor cristiano del perdón y formuló sus 5 condiciones clásicas de autenticidad: examen de conciencia, arrepentimiento, propósito de enmienda, confesión y reparación del daño.
Un esfuerzo similar se impone para traducir el valor de la reconciliación cristiana al ámbito de las relaciones jurídico políticas. Allí no podría soslayarse un esclarecimiento público de la culpabilidad, ni la condena explícita de los mecanismos, estructuras y doctrinas que posibilitaron los crímenes, ni medidas correctivas que cierren el camino a la reiteración de los mismos, ni la reparación a las víctimas y a la sociedad. La naturaleza misma de una comunidad política hace que, si no existe una sanción social explícita y profunda que repercuta en la memoria social, los crímenes no son deslegitimados. De lo contrario, el valor cristiano del perdón puede alcanzar su máxima perversión: pasar de ser un acto creador de fraternidad a ser un acto encubridor de la institucionalización del crimen y destructor de las barreras protectoras de la dignidad humana.
Editado electrónicamente por el Equipo Nizkor, en Madrid a 01 de septiembre de 1996.
Este documento puede ser reproducido libremente, siempre y cuando se cite el lugar de origen.
El departamento de Derechos Humanos de OSPAAAL - Desengaño 12 - 28005 Madrid España, puede enviar a organismos de derechos humanos que así lo deseen el texto del presente documento listo para editar en formato Wordperfect 6.1.
Para ello pueden usar el MAIL del Equipo Nizkor.
nizkor@derechos.org
Pueden pedir impresos en papel de este folleto a: