07jul02

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La decisión del Consejo de Estado de reintegrar al general Alvaro Velandia es una afrenta al pueblo colombiano.

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La reciente decisión del Consejo de Estado mediante la cual ese alto tribunal de lo Contencioso-Administrativo ordena el reintegro a las filas del Ejército Nacional del tristemente celebre General Alvaro Hernán Velandia, confirma la tesis tantas veces probada de que en Colombia no existe castigo para los militares responsables de los peores crímenes y violaciones a los derechos humanos, cometidos en contra de dirigentes y activistas políticos de oposición y del pueblo en general.

En efecto, en 1995 la Procuraduría General de la Nación culminó el proceso disciplinario seguido contra este militar, por haber participado en la detención, posterior desaparición y muerte de la militante del M-19, Nydia Erika Bautista. En aquel entonces Velandia Hurtado ostentaba el grado de Coronel y se desempeñaba como Comandante del tenebroso Batallón de Inteligencia Charry Solano, en Bogotá.

Ese proceso disciplinario, seguido en medio de las mas fuertes presiones por parte de la cúpula de las Fuerzas Armadas que en aquel entonces acusó a la Procuraduría de estar infiltrada por la guerrilla, culminó finalmente con una decisión mediante la cual se ordenaba al Gobierno el retiro del ya entonces General Velandia Hurtado de las filas castrenses.

En esa actuación quedó probado que el citado militar no solo conoció, sino que ordenó la detención, tortura, desaparición y muerte de Nydia Erika Bautista. El mismo Gobierno del entonces Presidente Samper debió acatar la decisión y separar al nefasto oficial del mando que para entonces ejercía como Comandante de la III Brigada y obviamente del servicio activo. Sin embargo, ocho días antes de que Velandia fuera separado del cargo, el Procurador Delegado Hernando Valencia Villa, quien condujo la investigación, debió abandonar el país amenazado y asediado por la misma inteligencia militar.

Los honores y actos de desagravio de parte del Gobierno y de la alta cúpula encabezada en ese entonces por el General Harold Bedoya, no se hicieron esperar : Después de conocerse la decisión de la Procuraduría, el General Velandia fue condecorado con la medalla al mérito por servicios distinguidos y fue presentado como un « héroe militar sacrificado de manera injusta por agentes de la subversión infiltrados en la Procuraduría ».

La oscura trayectoria de Velandia ya era conocida de tiempo atrás, cuando participó en la conformación y entrenamiento de los grupos paramilitares del Magdalena Medio. Su nombre fue incluido dentro de la publicación del libro « Terrorismo de Estado en Colombia » y fue considerado por distintas organizaciones de derechos humanos como Human Right Watch y Amnistía Internacional como uno de los mayores impulsores del paramilitarismo y la guerra sucia en Colombia.

Hoy, en una decisión que pretende ser jurídica y echando mano de argucias supuestamente procedimentales, el Consejo de Estado ordena que este criminal sea reintegrado al Ejército y que los salarios dejados de percibir desde 1995 le sean rembolsados con el debido reajuste.

Que vergüenza para un país que sigue siendo víctima hoy de los mismos crímenes que antes cometía Velandia y que hoy continúan sus secuaces y colegas de uniforme.

Que vergüenza para un país que carece del mas elemental sentido de la justicia, en donde se premia a los criminales y se castiga a los inocentes.

Es indiscutible que mientras el Estado Colombiano continúe impulsando desde sus mas altos tribunales la impunidad en favor de quienes desde sus posiciones oficiales han cometido y siguen cometiendo los mas aberrantes crímenes contra el pueblo, Colombia seguirá sufriendo un interminable calvario y se legitimará aún mas la presencia y la lucha de una insurgencia armada que exige una reforma profunda a las fuerzas militares y al conjunto del Estado como requisito para pactar la paz.

Esta decisión del Consejo de Estado constituye un acto oprobioso para el conjunto de la Nación y en especial para los sectores de oposición que han sufrido la guerra sucia durante los últimos 30 años. Al mismo tiempo ella deslegitima aún mas a una justicia que como parte de un Estado fascista decidió alinearse de tiempo atrás en favor de criminales como Rito Alejo del Río y Alvaro Hernán Velandia.

Mientras Velandia y Del Río celebran las decisiones tomadas en su favor y gozan de la libertad y de todas las prerrogativas que el régimen dona a sus esbirros, esa misma justicia ilegítima, antidemocrática, parcializada y fascista mantiene condenados a penas infames a miles de inocentes, como es el caso de los luchadores populares militantes del Partido Comunista Colombiano y de la Unión Patriótica, Nelson Campo Núñez, Gustavo Arcia, Gustavo Arenas y tantos otros que desde sus lugares de reclusión mantienen con dignidad la vigencia de los principios revolucionarios que siempre enarbolaron durante tantos años de lucha perseverante en la región de Urabá.

[Fuente: Agencia ANNCOL por Juan Manuel Escobar, Bogotá, 7jul02]

Este documento ha sido publicado el 14oct02s por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights