EQUIPO NIZKOR |
|
20ago04
El no reconocimiento de la guerra civil crea una complicada situación para los norteamericanos en manos de las FARC.
"¿Cómo? ¿El gobierno colombiano no reconoce que aquí hay una guerra? ¡Pero si aquí matan gente todos los días!", se sorprendió en plena capital colombiana Jo Rosano, madre de Marc Goncalves, un agente estadounidense secuestrado el 13 de febrero de 2003 por la guerrilla izquierdista.
Rosano no podía entender por qué es tan difícil para el gobierno del derechista Alvaro Uribe llegar a un acuerdo de canje de guerrilleros presos por rehenes de la insurgencia, pese a las explicaciones políticas que le trataba de dar al respecto el parlamentario comunista Wilson Borja.
El problema para llegar a un intercambio de prisioneros es que ”el Estado colombiano nunca ha aceptado que hay una guerra (interna), y mucho menos este gobierno, que considera que no hay guerrilla sino terroristas. Es un problema político, la aceptación del canje”, argumentó el político colombiano.
Esta conversación se escuchó durante la participación de Rosano en la cita semanal en la céntrica plaza de Bolívar de Bogotá de Asfamipaz, la agrupación de familiares de 20 oficiales y suboficiales de policía y de 14 militares en manos, desde hace siete años varios de ellos, de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), que pretenden canjearlos por guerrilleros presos.
La guerrilla ofrece esos uniformados y una veintena de civiles también rehenes a cambio de la libertad de una cantidad no determinada de combatientes presos, que van de 300 a 400.
IPS fue testigo de este particular encuentro entre Borja, sobreviviente de un atentado contra su vida, y la mujer estadounidense, cuyo hijo y otros dos colegas fueron tomados de rehén mientras realizaban labores de inteligencia en el marco de la asistencia militar de Washington a Bogotá.
Para muchos en la izquierda colombiana, estos tres rehenes son simplemente "de la CIA ", la agencia de inteligencia estadounidense. Pero para Rosano, Marc es "a good person (una buena persona), lo digo no porque sea mi hijo, lo digo porque es verdad", le comentó a IPS.
Empero, Borja insistió ante Rosano. "Somos conscientes de que aquí los primeros responsables son los actores armados, que son los que secuestran, pero todos los actores armados", precisó, en alusión al también izquierdista Ejército de Liberación Nacional, y a los paramilitares derechistas, que según la Organización de las Naciones Unidas actúan en apoyo de las fuerzas de seguridad del Estado.
"Pero el Estado colombiano es responsable de no dar soluciones con respecto a los secuestrados”, añadió. Para las FARC, son considerados rehenes aquellos a los que retiene sólo por causas políticas, a diferencia de otras 800 personas en su poder --según cifras del gobierno-- que deben negociar su libertad a cambio de cuantiosas sumas de dinero.
Ella le preguntó además al político izquierdista por qué "esa gente" (la guerrilla) está en el monte (la selva), y él le explicó, mediante traductor, que se debe a "unas causas sociales que no se solucionan, y por el contrario, se sigue profundizando la guerra".
Los gobernantes "siempre han utilizado al ejército, que es el mismo pueblo, para que les sirvan a sus intereses. Por eso no les importan las personas que caen, o que desaparecen, o que son secuestradas", añadió Borja.
Ante esa explicación, Rosano se preguntó en voz alta si "no deberían los Estados Unidos, en lugar de donar todo este dinero para matar, darlo para ayudar a toda esa gente pobre, los centenares de miles y miles de desplazados”.
Es que "la excusa (del gobierno) estadounidense es la guerra contra el narcotráfico", respondió el legislador.
Colombia es el tercer mayor receptor de asistencia militar de Washington, después de Israel y Egipto, con 3.155 millones de dólares desde 2000, desde que el anterior gobierno lanzó el Plan Colombia, en busca de disminuir el flujo de drogas a Estados Unidos y, al mismo tiempo, golpear los ingresos financieros de la guerrilla, que dice limitarse a cobrar impuestos a los traficantes.
El Plan Patriota, la vasta ofensiva militar para penetrar la sólida retaguardia insurgente y que poco se divulga en el país, es visto por sus críticos como la fase militar del Plan Colombia implementada por Uribe con diseño y asesoría estadounidense.
"Si se hubieran entregado esos fondos a ellos, los campesinos podrían haber estado tres años de brazos cruzados, sin hacer nada, viviendo de ese dinero", en lugar de sembrar coca, la materia prima de la cocaína de la cual Colombia es primer productor mundial, dijo Borja.
Agregó que, si los recursos se utilizaran "para un desarrollo real, como construir carreteras para que los campesinos saquen sus productos al mercado, se ayudaría no solamente al país, sino que se estaría apuntando mejor para resolver el problema del cultivo" ilegal.
Este es el primer viaje de Rosano a Colombia, en guerra civil desde hace 40 años. Le ha escrito muchas cartas a Uribe, pero ninguna obtuvo respuesta. "Para mí sería muy bonito que él me dijera: 'Sí, yo quiero reunirme con usted'", comentó.
Borja se comprometió a recoger firmas entre sus colegas parlamentarios para enviar un petitorio a Uribe insistiendo en que la reciba. "Aunque él tampoco me contesta mis cartas, y ni siquiera las lee", comentó.
"Quiero traerles algo de esperanza, de coraje y de fortaleza a mi hijo y a sus colegas. También quiero llamar la atención de los medios, pues ésta debe ser una preocupación mundial, y no sólo de Colombia, no sólo en mi país. Quiero también, ojalá, presionar para que (el presidente estadounidense George) Bush haga algo" por la libertad de los rehenes, añadió Rosano a IPS.
"Yo voy a seguir diciendo esto porque ellos están viviendo como animales, y eso no es justo. No es justo que sus vidas terminen de esa forma, sabe usted, sus vidas están terminadas, como lo está la mía. El día que supe que mi hijo había sido capturado, mi vida se acabó", agregó.
Relató que "una vez que esto ocurrió, ellos (los funcionarios del gobierno estadounidense) ni siquiera me llamaron para darme la noticia. No me dieron ninguna información, yo misma tuve que averiguar que esto había pasado".
"Ellos no me cuentan nada. Recuerde que yo soy apenas la madre. En cuanto a ellos concierne, yo no soy nadie. Pero él es mi hijo, él es mi corazón", dijo.
A la cita de cada martes en la plaza de Bolívar, rodeada de las sedes del gobierno, el parlamento y la administración judicial, suele acudir también la familia de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, tomada de rehén en febrero de 2002 por la guerrilla, que también la tiene en la lista del canje, junto con dos decenas de políticos en su misma situación.
El ambiente era más tenso que de costumbre el martes 17, pues las FARC advirtieron el lunes a Uribe que, debido al Plan Patriota, "la vida de los canjeables corre grave peligro".
"Nuestras unidades tienen la orden de contrarrestar cualquier ataque militar", dijo esta guerrilla al televisivo Noticias Uno, lo cual fue interpretado por Juan Carlos Lecompte, esposo de Betancourt, como el anuncio de que los rehenes serán utilizados como "escudos humanos", según dijo a IPS.
En mayo de 2003, las FARC dispararon a sangre fría sobre rehenes sujetos a canje, cuando la "cárcel movible" donde eran mantenidos fue rodeada por el ejército en un fallido intento de rescate.
Allí perecieron Guillermo Gaviria, gobernador del noroccidental departamento de Antioquia, su asesor de paz y ex ministro de Defensa Gilberto Echeverry, así como ocho militares, todos en cautiverio desde hacía más de un año. Los guerrilleros se pusieron a salvo.
Asfamipaz y las familias de los demás rehenes han rechazado repetidamente cualquier intento de rescate militar, pero la propia Betancourt afirmó hace un año desde cautiverio que el Estado tiene la obligación de intentar un rescate militar de los civiles, "pero que sea efectivo".
En cambio, sostuvo que es un "deber moral" negociar el canje de sus militares y policías.
El gobierno afirma que está dispuesto a liberar guerrilleros, siempre que no hayan cometido delitos atroces. Pero una comisión humanitaria creada por la Iglesia Católica tuvo que suspender sus gestiones a favor del acuerdo debido a las operaciones militares.
El vicepresidente, Francisco Santos, anunció que el Plan Patriota continuará, puesto que "está poniendo en riesgo a ellos" (los guerrilleros), y que la señal de que está siendo "efectivo" es que los guerrilleros, con su advertencia, en realidad "están buscando protección".
A la plaza acudió el martes 17 de este mes también Angelino Garzón, gobernador del sudoccidental departamento del Valle del Cauca, que aporta 12 diputados a la lista del canje, rehenes desde abril de 2002 tras su secuestro en masa de la sede de la Asamblea departamental (legislativo regional), al mediodía, en el centro de Cali, la capital de ese distrito.
Garzón expresó a IPS que, "mientras las FARC tengan a las personas secuestradas, tienen la responsabilidad ética y moral de garantizar y responder por su vida y su integridad física".
[Fuente: Constanza Vieira, Semanario Terraviva, IPS, Bogotá, 20ago04]
 | This document has been published on 24ago04 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. |