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12feb05
El secreto de los militares.
Por primera vez y ante un juez, dos oficiales de más de 30 años de carrera militar sostienen bajo juramento que "importantes sectores del Ejército están íntimamente comprometidos con el paramilitarismo". Uno es el general Jaime Humberto Uscátegui. El otro, el teniente coronel Hernán Orozco Castro.
Ambos fueron condenados inicialmente por la justicia penal militar a principios de 2001 por "deshonrar a su ejército", por haber sido negligentes en el ejercicio de sus funciones y por falsedad en documento público. Les impusieron una pena de prisión de 40 meses a Uscátegui y de 38 meses a Orozco. Pero la Corte Constitucional anuló la sentencia porque consideró que debía ser la justicia ordinaria la encargada de juzgarlos.
Cuando el caso llegó a manos de un juez, a los dos les dio por hablar y han hecho unas acusaciones muy graves. Uscátegui manifestó que se siente solo y abandonado por sus superiores y amenazó con contar la verdad si llega a ser condenado a 40 años de prisión. "Si el alto mando militar no me ayuda, sacaré a relucir pruebas que no dejan duda sobre la cercanía del Ejército con las autodefensas", sostuvo el oficial en una conversación privada divulgada por la revista Cambio. A juzgar por sus declaraciones, el oficial les daría la razón a algunos alcaldes municipales, a las ONG y a organizaciones internacionales de derechos humanos que por años han acusado a poderosos sectores de las Fuerzas Armadas de respaldar a los paramilitares.
"Si me voy a juicio va a ser una cuestión mucho más grave que el proceso 8.000. Mejor dicho, va a ser más grave que todo lo que ha sucedido en Colombia", sostuvo Uscátegui en la misma conversación publicada en marzo de 2004. Y el pasado 24 de enero no pudo evitar el llanto cuando el juez le preguntó el nombre del autor de la masacre de 27 personas en Mapiripán, Meta, a manos de los paramilitares en julio de 1997.
Pero mientras el general Uscátegui mantiene expectante al Ejército, el teniente coronel Orozco ya habló. El 15 de agosto de 2001 le dijo al juez segundo Penal del Circuito Especializado: "En la actualidad los militares en el Ejército consideran el paramilitarismo como la Sexta División, nombre simbólico que se le ha dado a esa organización que los recibe y los termina de preparar para confrontar a la subversión... es absolutamente cierto que existe una cultura e ideología al interior del Ejército para facilitar el cumplimiento de los objetivos militares de las autodefensas. Todos sabemos que Urabá se pudo pacificar con la ayuda de ellos y Urabá exportó grupos paramilitares a San José del Guaviare en julio de 1997".
En esa época, hace siete años, las autodefensas de Urabá y Córdoba llegaron a la brutalidad extrema de apoderarse de Mapiripán durante cinco días, torturaron, degollaron y descuartizaron a un grupo de pobladores, y sus cuerpos los arrojaron al río Guaviare. Y nadie hizo nada.
Una enorme tragedia.
En Mapiripán, Meta, viven unos 1.200 habitantes. Lo separa del departamento del Guaviare el río del mismo nombre que es su principal vía de comunicación con la inspección de Charras, a donde se puede llegar desde San José del Guaviare, a través de la trocha ganadera o por el río. Todo este recorrido fue el que hicieron unos 200 paramilitares el 12, 13 y 14 de julio de 1997 hasta Mapiripán para cometer una de las masacres más escalofriantes en su lucha por conquistar las zonas cocaleras que estaban bajo el yugo de la guerrilla.
De acuerdo con la investigación, un paramilitar, cuyo nombre se omite por razones de seguridad, sostuvo ante la justicia que, "personalmente, en una finca en San Pedro de Urabá, le entregué a un grupo de muchachos de entre 16 y 23 años de edad, fusiles AK-47 y FAL, proveedores, granadas, equipos de campaña, machetes y puñales y radios de alta frecuencia. Yo oí cuando el mono Mancuso dijo: 'esos maricas van a dar candela, en el Meta, Putumayo y Caquetá, a donde está la guerrilla', así fueron sus palabras".
Cerca de 200 hombres como esos muchachos llegaron poco a poco del Urabá y Córdoba a San José y a sus alrededores. El 12 de julio salió el último grupo. Dos aviones, procedentes de Bogotá y Medellín, arribaron a los aeropuertos de Apartadó y Necoclí, en el Urabá antioqueño. Uno era un avión Antonov 32 de fabricación ucraniana con una capacidad de siete toneladas o 50 pasajeros, al servicio de una empresa privada. Había sido contratado para recoger una carga en el aeropuerto Los Cedros de Apartadó y trasladarla a San José del Guaviare. "Llegué a las 10 de la mañana de Bogotá, y en Apartadó una persona me dijo que había problemas con la carga, que en su lugar viajarían 21 pasajeros, que era el número máximo permitido por la Aeronáutica para trasladar personal", sostuvo el piloto de la aeronave ante la justicia. Dijo además que cuando llegó a San José del Guaviare, nadie les pidió identificación, ni nadie se acercó a preguntarle a la tripulación de dónde venían ni para dónde iban, a pesar de que el aeropuerto estaba bajo el control del Batallón Joaquín París y de la Policía Antinarcóticos.
A las 2:30 de la tarde llegó el otro avión. Era un Douglas DC-3 de servicio privado, que salió de Necoclí con cajas, motobombas y guacales. Un camión lo esperaba en la plataforma. El piloto, que fue asesinado cuatro años después, le había dicho a la justicia: "En la pista había personal militar y yo paré frente a la Policía Antinarcóticos, pero nadie dijo nada. Es más, los del Ejército posaron y se tomaron fotos al lado del avión. Eran como 10".
Una semana antes de la llegada de los vuelos, en San José del Guaviare ya había movimientos extraños. En la investigación de la Fiscalía hay una declaración de Edinson Londoño Niño, que trabajaba para el coronel Lino Sánchez, comandante de la Brigada Móvil 2. "Una noche me dijo el coronel que bajáramos al pueblo. Fuimos a Residencia Familiar y me presentó a un señor llamado René, que era gente muy seria, que le colaborara... Un día, René me dijo que iba a llegar un avión de Montería, que fuera y le dijera al coronel Lino que hiciera la vuelta que le había pedido y que él conseguiría unos camiones. Después llegaron los aviones, uno blanco grande y uno más mediano en el que venían los fusiles que los guardaron en Residencia Familiar, frente al hospital. Ahí llegó el coronel Sánchez y habló con René. Luego me dieron 500.000 pesos y la orden de conseguir dos voladoras (lanchas rápidas) y llevarlas hasta la inspección de Charras, frente a Mapiripán, al otro lado del río Guaviare. Ahí estaba el sargento Gamarra, que se mantenía con René tomando trago".
Al otro día, 13 de julio, salieron las dos lanchas de San José del Guaviare hasta Charras, en donde tuvieron que detenerse en el Barrancón, una instalación militar en donde se encuentra la Brigada Móvil 2 con tres batallones de contraguerrilla, un grupo de Infantería de Marina y la Escuela de Fuerzas Especiales del Ejército. "En el Barrancón, René se bajó. íbamos armados. él habló con un sargento y nos dejaron seguir sin requisarnos y sin nada", le dijo a la Fiscalía el paramilitar Londoño.
Mientras tanto, otros paramilitares se desplazaban en dos camiones y dos camperos, utilizando la trocha ganadera. El martes 15 de julio, todos llegaron a Mapiripán. Eran casi las 5 de la madrugada. Incomunicaron al pueblo. Ordenaron a la gente acostarse a las 8 de la noche. Varios grupos se colocaron en los alrededores y el miércoles 16 recorrieron casa por casa. En la noche comenzaron a llevar gente al matadero, en donde la torturaron y la aesinaron. "Auxilio, auxilio, Agustín, no me dejes matar así", recuerda los gritos, el juez promiscuo de Mapiripán, Leonardo Cortés, quien aterrorizado, observaba por una rendija de su casa cómo eran llevadas al matadero unas 26 personas. Las amarraron con las manos atrás, las apuñalaron en el vientre de abajo arriba y luego por último, un machetazo en el cuello, y después botaron sus cuerpos al río Guaviare.
Este mismo juez, que hoy vive en el exilio, llamó todos los días al mayor Hernán Orozco (luego ascendido a coronel), comandante encargado del Batallón Joaquín París, con sede en San José del Gauviare, para enterarlo de lo que ocurría en su pueblo. "Creo que Carlos Castaño está aquí", le dijo el juez al oficial. Orozco decidió ese 15 de julio elaborar un informe de orden público, dirigido al general Jaime Humberto Uscátegui, comandante de la Séptima Brigada, con sede en Villavicencio. En el oficio, el coronel le resumía en 10 puntos, paso por paso, la situación desesperada que vivía Mapiripán: "Si los paras han venido desde tan lejos, no ha sido precisamente para deleitarse con el paisaje de la región; pronostico en los próximos días una serie de matanzas y asesinatos entre algunos pobladores". Y más adelante agrega: "Me permito recomendar a mi general que, con los medios humanos y materiales de la Brigada Móvil 2 (tres batallones en Barrancón y tres helicópteros; no hay artillado), se adelante una operación rápida y sorpresiva sobre Mapiripán. Allí se podría incluir a la Policía Antinarcóticos; desafortunadamente, las pirañas de la Infantería de Marina están fuera de servicio, sus motores están en mantenimiento".
El problema es que no solo se cometió la masacre, sino que no se hizo nada para evitarla. Lo peor para los dos oficiales estaba por venir. En la investigación se comprobó que por orden del general Uscátegui, el coronel debía destruir ese documento que resultaba muy comprometedor y elaborar otro más escueto en su contenido. Así lo hizo. De 10 puntos se resumió a cuatro. Ya no se daban los detalles de los paras, no se hablaba de lo que podría ocurrir y mucho menos se mencionaba la posible presencia en la zona de Carlos Castaño, ni la urgencia para adelantar una operación sorpresiva en Mapiripán.
El nuevo documento simplemente señalaba que las Farc habían estado en el pueblo en marzo, que le habían hecho un "juicio popular" al juez de Mapiripán del cual salió bien librado, y hacía un breve resumen de la situación de su tropa en el municipio de Calamar. Del resto no dijo nada. Los dos oficiales guardaron este 'secreto' durante un año y ocho meses. Pero el 25 de marzo de 1999, el coronel Orozco fue llamado a indagatoria a la Fiscalía. Después de dos horas, el fiscal le mostró los dos documentos. "Me dejó ver el documento verdadero y el falso. Yo me sentí muy avergonzado. Yo lloré ante el fiscal y reconocí que no podía seguir mintiéndole a la justicia y decidí contar la verdad. No quiero llegar a viejo con una mentira que ocasionó la muerte de tantas personas en Mapiripán". Orozco vive actualmente en Miami en calidad de exiliado.
Esa decisión de guardar silencio sobre lo que ocurría en Mapiripán, cambiar el documento oficial por otro y adoptar una actitud pasiva frente a lo que ocurría en el pueblo acabó con la carrera militar de los dos oficiales. Hasta ahora han sido condenados a 40 años de prisión el paramilitar Luis Hernando Méndez Bedoya, conocido como 'René' y ex suboficial del Ejército, prófugo de la justicia, y el coronel Lino Sánchez Prado, comandante de la Brigada Móvil 2, quien se encuentra preso.
Según un informe de inteligencia de la Policía Antinarcóticos entregado a la Fiscalía, un alto militar de la zona promovió un plan para introducir paramilitares en las áreas fumigadas aledañas a Mapiripán, en el marco del programa que se desarrollará en conjunto con los Boinas Verdes. Y dice además que el militar, el 21 de junio de 1997, un mes antes de la masacre de Mapiripán, le solicitó colaboración a personal de la Policía Antinarcóticos para participar en una operación en la que, con ayuda de los instructores estadounidenses, "le iba a dar una lección a la guerrilla".
Posteriormente, en la celda del sargento Juan Carlos Gamarra, en las instalaciones militares de Tolemaida, le encontraron un computador que fue analizado por el FBI y que contenía varias cartas extorsivas que él mismo realizaba con las autodefensas. El juez que sigue el caso citará a declarar al sargento y esta semana continuará el juicio con las declaraciones del ex secretario de Gobierno de Antioquia Pedro Juan Moreno Villa, la ex directora de la Dian Fanny Kertzman y el general (r) de la Policía José Leonardo Gallego.
Con esta citación, el juez quiere ampliar una declaración de Moreno Villa ante la Procuraduría fechada el 31 de julio del año 2001 en la que aseguró que recibió un mensaje del general Gallego por conducto de Fanny Kertzman en el que le decía "que si yo no me callaba, él se cagaba en el Ejército. Que tenía todas las pruebas cómo el Ejército Nacional y el Ejército norteamericano habían realizado la masacre de Mapiripán, que él había sido invitado a participar de esta acción, pero que no había aceptado".
El caso ya tiene un expediente de más de 40.000 folios y en los ocho años de transitar por la justicia, el general Uscátegui ha llegado cargado de pruebas que no deja de revisar en su sitio de reclusión, una de las casas fiscales del Cantón Norte. Pero todo parece indicar que siente que ya agotó todos los recursos para defenderse y ahora tomó una posición a la ofensiva que podría salpicar a varios miembros del Ejército al que le dio sus últimos 35 años de vida.
[Fuente: Revista Semana, Bogotá, Col, 12feb05]
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