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21ago11
Estados Unidos financió actividades ilegales del DAS en Colombia
Documentos en poder de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación evidencian cómo, en el marco de la llamada “Guerra contra el Terrorismo”, el gobierno norteamericano terminó financiando actividades ilegales de la agencia de inteligencia colombiana contra sindicalistas, magistrados de la Corte Suprema y periodistas.
Pese a las afirmaciones del ex embajador norteamericano en Colombia, William Brownfield, según el cual su país tiene la “certeza” de que la ayuda entregada al DAS no fue utilizada en la comisión de delitos, una investigación interna del organismo, titulada “caso especial octubre de 2007”, evidenció que uno de los grupos creados, supervisados y financiados por la sede diplomática estuvo involucrado incluso en la compra en el mercado negro de una granada de fragmentación para la elaboración de un video falso que sería atribuido a un miembro de la guerrilla de las FARC.
Se trata del Grupo de Análisis de Medios de Organizaciones Terroristas (GAME), que surgió en abril de 2005 bajo el auspicio y entrenamiento de un “enlace” con la Embajada, quien cada dos semanas supervisaba personalmente las actividades que eran coordinadas por el detective Danny Steward Usma. Para ello, y por exigencia norteamericana, el Grupo fue ubicado en una oficina externa al DAS que tenía la fachada de una agencia de publicidad y estaba ubicada en la carrera 15 entre calles 92 y 93, al norte de Bogotá.
El propósito del grupo era “controvertir la propaganda de las FARC y generar divisiones internas dentro de esa organización”, pero sus acciones fueron mucho más allá. Está probado, por ejemplo, que el GAME se encargó de sobornar con mercados y ayudas económicas a un grupo de desplazados para lograr que éstos se manifestaran a favor del derrocado presidente del Ecuador, coronel Lucio Gutiérrez, a su llegada a Colombia el 21 de septiembre de 2005.
El hecho, recogido por los medios de comunicación en forma notoria, se realizó en el marco de un “proyecto con poblaciones”. Según el testimonio rendido ante la Corte Suprema de Justicia por el analista José Gabriel Jiménez Rincón, ex integrante del GAME, “la actividad” se logró gracias a una convocatoria para la entrega de mercados a desplazados, y tuvo como propósito beneficiar la imagen de Gutiérrez como una muestra de “solidaridad con un Presidente destituido en Ecuador”.
El GAME fue conformado por detectives de las subdirecciones de Análisis, Fuentes Humanas y Operaciones, todas adscritas a la Dirección de Inteligencia del DAS: Hamilton Donato, Fernando Forero, José Alexander Peláez Giraldo, Duberney Solano Gallo, Danny Usma y Jiménez Rincón, quienes se caracterizaban por ser “los mejores” en sus respectivas áreas.
Según Jiménez, el GAME debía identificar “el mensaje de las FARC” a través de “búsquedas del lenguaje que usan esas organizaciones en música y videos, y tratar de cambiar ese mensaje, esa mentalidad, evitar ese trasbordo ideológico que ellos usan para reclutar”.
La investigación interna del DAS, que fue conocida durante el juicio contra el ex director Jorge Noguera por homicidio y concierto para delinquir, cuya sentencia se espera para finales de septiembre próximo, determinó que el GAME también participó en allanamientos ilegales y robos a sindicatos, la elaboración de grafitis en contra del ex viceministro de Defensa y posterior director del DAS Andrés Peñate, y la distribución de panfletos de amenazas durante la marcha del 1º de mayo de 2005 en Bogotá.
El grupo, entrenado por dos funcionarios norteamericanos en “operaciones psicológicas”, recibía instrucciones del “enlace” con la Embajada, conocido en el GAME como Chris. Una de ellas fue el diseño e impresión de una ‘agenda año 2006’ con mensajes alusivos contra el terrorismo, la cual fue distribuida a empresarios, funcionarios del alto gobierno, militares, personalidades públicas y varios directores de medios colombianos.
La agenda tenía como dedicatoria “por el dolor y las lágrimas que el terrorismo ha propiciado en millares de colombianos y que sólo ha dejado viudas y niños huérfanos que no pueden quedar en el olvido” y como logo se utilizó el mapa de Colombia en el mundo con un mensaje de “no al terrorismo”. En cada uno de los 365 días del año se relacionó un hecho sobre el accionar de la guerrilla en Colombia. Por ejemplo, para el 30 de julio la agenda decía: “2002. Terroristas de las FARC atacaron la población de Tola, Nariño, dejando como resultado dos miembros de la fuerza pública y cuatro particulares muertos”.
Otra de las actividades del GAME fue la elaboración de un video de ocho minutos con el que se pretendió generar división en el secretariado de las FARC, al hacer aparecer a “Iván Ríos” recibiendo dólares producto de corrupción al interior de la organización. Para ello se hicieron cursos de caracterización, maquillaje y disfraz, se identificó a un detective del DAS con rasgos físicos similares a los de “Ríos” y se escogió un lugar que pudiera asimilarse al sitio donde se escondía el cabecilla de las FARC. “Lo maquillaron de tal forma que con retoques de borrosidad pareciera ser ese guerrillero”.
En marzo de 2008, “Ríos” fue asesinado por uno de sus compañeros, “alias Rojas”, quien llevó su mano cercenada ante los altos mandos militares con el objeto de cobrar la recompensa por el asesinato de quien se buscaba “vivo o muerto”.
Los grupos de la embajada
Todas las actividades del GAME –que desapareció en noviembre de 2005, tras la renuncia de Jorge Noguera– eran aprobadas en “línea de mando”, y en varias oportunidades se informó que algunas servirían para apoyar al entonces director del DAS, hoy en juicio por homicidio y concierto para delinquir.
El jefe directo del GAME era Enrique Ariza Rivas, ex director de Inteligencia de ese organismo, prófugo de la justicia por el escándalo de la persecución masiva e ilegal en contra de defensores de derechos humanos, periodistas, magistrados de las Cortes Suprema y Constitucional, sindicalistas y líderes de la oposición política en Colombia.
Además del GAME, el gobierno de los Estados Unidos también financió otros tres grupos: el GCIAT (Grupo de Análisis contra el Terrorismo) coordinado por Edilberto Díaz tras la declaratoria de insubsistencia de Orlando Vargas por sospechas de corrupción; el GONI (Grupo de Observación Nacional e Internacional) que funcionó hasta el año 2009 y estuvo encargado de los seguimientos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia según lo ha aceptado Germán Albeiro Ospina, ex jefe de ese grupo, quien se acogió al principio de oportunidad y está en proceso de colaboración con la justicia; y el GCOE (Grupo de Contrainteligencia Externa) que aún funcionaba en abril de 2010, cuando la Embajada anunció el fin del apoyo técnico y financiero al DAS.
La ayuda norteamericana también habría llegado, aunque parcialmente, al tenebroso Grupo de Inteligencia Estratégica 3 (G-3), encargado de perseguir y “neutralizar” a las ONG de derechos humanos, periodistas y sindicalistas, coordinado por Jaime Fernando Ovalle, quien en el marco de la investigación “caso especial” aceptó que su grupo había realizado amenazas y enviado sufragios a periodistas y defensores de derechos humanos.
De acuerdo con la ex jefe del área de Operaciones del DAS, Marta Leal Llanos, los Estados Unidos también financiaron un grupo de trabajo “para el registro de información de casos”, el cual, gracias a un software donado por la Embajada, “desarrolló protocolos para inclusión y consulta de información que se utiliza actualmente por todas las seccionales y ha sido de utilidad para las diferentes investigaciones”.
En abril de 2010 Estados Unidos anunció la suspensión de la ayuda técnica y económica al DAS, días antes de que se hiciera público un informe de la General Accountability Office (GAO) sobre el gasto en “seguridad internacional” que recomendó al Congreso norteamericano no aprobar la extensión de los programas de ayuda a países extranjeros aprobados bajo la sección 1207 del presupuesto para la Defensa Nacional, que venía siendo implementada desde el año 2006.
Entre los años 2006 y 2009 Colombia recibió cerca de 14 millones de dólares de la sección 1207, destinados a programas entre los que podrían haber sido incluidos programas de operaciones psicológicas bajo el título de “campañas públicas de concientización”, como la realizada en el caso de Lucio Gutiérrez.
La GAO encontró que no existían suficientes controles a los programas apoyados bajo dicha sección. Ya en el 2007, la GAO había alertado sobre la posibilidad de que Estados Unidos estuviera financiado grupos terroristas en Palestina, y había solicitado mayor evaluación y monitoreo a la asistencia brindada para la lucha antiterrorista a nivel global.
¿Recibió USA informes del G-3?
En noviembre de 2004, cuando hacía escala en Los Ángeles procedente de Australia, Alirio Uribe Muñoz, miembro de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), considerado el "blanco principal" del G-3 durante al menos un año, fue retenido por las autoridades de migración norteamericanas y conducido a una sala especial en la que debió esperar varias horas a que funcionarios del Departamento de Estado viajaran desde Washington a interrogarlo. Durante más de ocho horas, Uribe Muñoz fue cuestionado por personas con las que tenía contacto no sólo en Colombia sino en varios países de América Latina y el mundo, y por actividades que había realizado en el exterior, las cuales hoy está probado fueron monitoreadas minuciosamente por el G-3.
Sin mayor explicación, el abogado, distinguido con el Premio Martín Ennals 2003, el más importante de derechos humanos en el mundo, fue dejado en libertad para salir del país. Pocos meses después su visa no fue renovada y, aunque la recuperó el año pasado, Uribe no ha regresado a los Estados Unidos, pues siente temor de no haber sido retirado aún de las "listas negras" de ese país.
Su caso y el del reconocido periodista Hollman Morris, calificado como "inelegible por vínculos con organización terrorista" por el Departamento de Estado, quien recuperó su visa después de una fuerte campaña internacional, permiten preguntarse hasta qué punto Estados Unidos estuvo al tanto de las labores ilegales realizadas por el DAS al cual financiaba. En el caso de Morris, las estrategias en su contra incluyeron el descrédito y la solicitud de cancelación de la visa.
Un dudoso asilo político
El gobierno de los Estados Unidos otorgó asilo político a Javier Valle Anaya, ex subdirector del DAS en Cartagena, considerado por la Fiscalía General de la Nación como el autor material del montaje que en junio de 2004 llevó a la cárcel por rebelión y terrorismo al profesor barranquillero Alfredo Correa D’Andreis.
Según el investigador José Darío Pérez Murcia, funcionario de la Fiscalía que participó en las indagaciones sobre el homicidio de Correa de Andreis, Valle Anaya estuvo a cargo de llevar al proceso testigos falsos para que declararan en contra del sociólogo. Además, sin explicación alguna, viajó a la ciudad de Barranquilla el 17 de septiembre de 2004, día en que Correa fue asesinado por sicarios a plena luz del día, tan sólo dos meses después de haber sido liberado.
[Fuente: Por Claudia Julieta Duque, Radio Nizkor, Bogotá, 21ago11]
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