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22ago10
El boquete de las bases
La decisión de la Corte sobre el uso de bases colombianas por militares norteamericanos tendrá un impacto leve sobre la seguridad, pero puede tener consecuencias impredecibles para la política exterior del país.
Hace varios años, antes de que los magistrados ventilaran sus decisiones por los micrófonos, cuando la única voz que hablaba era la contundencia del texto y los argumentos de sus sentencias, era imposible conocer el sentido de un fallo. Y menos, el contenido de una ponencia. Hoy, hasta por Twitter se filtran las decisiones de los altos tribunales. Por eso a nadie le sorprendió la decisión de la Corte Constitucional el martes pasado de no avalar el acuerdo que permitía el uso de siete bases militares colombianas por personal estadounidense.
Desde que la ponencia negativa del magistrado Jorge Iván Palacio se volvió vox pópuli a finales de julio, era evidente por dónde se movían las aguas. Tanto que varios interesados adaptaron sus posturas a las circunstancias. El presidente Hugo Chávez, que llevaba un año vociferando sobre cómo las bases eran la cabeza de playa de una futura invasión yanqui, dijo en rueda de prensa en Santa Marta que era un asunto interno colombiano. El nuevo gobierno, encabezado por la canciller, María Ángela Holguín, y el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, hizo una visita inusual a la Corte el mismo día de la última sesión, cuando se iba emitir la decisión. Ya, en los días previos, la administración Santos había señalado su total acatamiento al fallo.
Y lejos de proclamar la indefensión en que quedaba el país sin el acuerdo, los ministros y la cúpula militar enfatizaron en que nada cambiaba, que la ayuda norteamericana seguía en pie y que se tomarían su tiempo para decidir el paso a seguir.
Ese parte de tranquilidad generó suspicacias, lógicamente. Si no era tan crítico para la seguridad nacional, ¿por qué el gobierno colombiano firmó un acuerdo tan polémico, que le generaba tantas dificultades en la región y entregaba prerrogativas excepcionales a funcionarios norteamericanos, como la inmunidad diplomática a familiares no cobijados por la Convención de Viena? En otras palabras, ¿qué cambió?
Para empezar, hay un nuevo gobierno cuyos postulados de política exterior y defensa no son exactamente los mismos de su antecesor. Para Álvaro Uribe, la lucha contra el terrorismo no permitía matices. El mundo era en blanco y negro. En un lado, Estados Unidos, Bush y Uribe y su cruzada contra el mal, y en el otro, los que protegen a los narcoterroristas. Desde la revelación del contenido de los computadores de Raúl Reyes en marzo de 2008, las sospechas sobre Venezuela fueron en aumento. Los que siempre vieron a Hugo Chávez como el enemigo número uno de Colombia ganaron espacio en la toma de decisiones. Cuando quedó claro que Ecuador no iba a prorrogar el uso norteamericano de la base de Manta, se presentó una oportunidad para fortalecer los vínculos con el Pentágono y de paso mostrarle los dientes al líder venezolano.
Desde el principio parecía una exageración ofrecerles el acceso a siete bases militares cuando a lo que aspiraba Estados Unidos era solo a usar Palanquero. Pero en medio de una visión de que las compras militares de Venezuela a Rusia eran el preámbulo de una intervención bolivariana en territorio colombiano, aumentar el número de instalaciones con personal gringo parecía una medida disuasiva. Y cuando Chávez se quejó y armó una crisis regional, se volvió un imperativo para Colombia firmar el acuerdo cuanto antes. Es diciente que para Uribe nunca hubo mucha preocupación sobre si en el texto se daban demasiadas libertades a los militares norteamericanos, ya que desde su perspectiva era un pequeño costo en la soberanía frente a tantos beneficios en capacidad de disuasión.
El gobierno del presidente Santos parece tener otra visión, menos ideológica y más pragmática. Sabe que el mundo no se va a acabar si no se pone en marcha en su totalidad el acuerdo de esas bases, cuyo alcance suspendió la Corte. Al fin y al cabo, aún no estaba funcionando esa nueva colaboración. Aunque el gobierno no ha descartado presentar el acuerdo al Congreso, también analiza otras opciones, como remover las cláusulas más polémicas como la inmunidad o incluso negociar un convenio mucho menor para Palanquero, ya que el Congreso de Estados Unidos autorizó el desembolso de 47 millones de dólares para el mejoramiento de las instalaciones de la base aérea colombiana. Ninguno de los dos gobiernos quiere que se pierda esa platica.
Es llamativo que en Washington la decisión de la Corte también se recibió sin mayores traumatismos. El portavoz del Departamento de Estado dijo que "nada ha cambiado".
Si bien el mensaje es de tranquilidad frente a las bases militares, hay inquietud sobre los precedentes que se pueden derivar del fallo. Colombia tiene acuerdos y memorandos de entendimiento con decenas de países en múltiples asuntos, desde seguridad y defensa hasta comercio e inversión. La inmensa mayoría no han sido aprobados por el Congreso ni revisados por la Corte Constitucional. Son herramientas fundamentales de política exterior utilizadas por todos los gobiernos en el mundo.
Existe la preocupación de que en los próximos meses pueda llegar una andanada de demandas que busquen obligar al Ejecutivo a presentar todos estos instrumentos al Legislativo. De ser avaladas por la Corte, el manejo de la política exterior, que la Constitución otorga al Presidente, quedaría subordinado al Congreso y a la Corte. El peligro no es teórico: en la ponencia inicial del magistrado Palacio se cuestionaba la aplicabilidad en Colombia de la Resolución 1368 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que fue emitida luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Se planteaba la necesidad de que esta fuera aprobada por el Congreso colombiano para que surtiera efecto. Según conoció SEMANA, esa opinión será excluida finalmente del fallo definitivo.
En un mundo globalizado, los gobiernos necesitan flexibilidad para entenderse con otros Estados y por eso los tratados hoy en día son tan poco comunes. Estados Unidos y Brasil, por ejemplo, firmaron un acuerdo de cooperación en abril de este año en el que hablan de asistencia y compra de equipos militares.
Es evidente que para la Corte el convenio de cooperación con Estados Unidos era más un tratado que un acuerdo cualquiera. El gobierno de Uribe subestimó la sensibilidad que produce el tema de tropas extranjeras en territorio colombiano y el precedente nefasto de prometerle inmunidad diplomática a particulares. El problema, sin embargo, es si la Corte considera este acuerdo como algo excepcional o no. Por eso, hay mucha expectativa sobre cómo quedará redactado el fallo final y si con él se cerrará el boquete que abrió la Corte.
[Fuente: Revista Semana, Bogotá, 22ago10]
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