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19jun11
Batalla por interrogar a Uribe
Las víctimas en el proceso contra el expresidente insisten en hacerlo, debido a su desconfianza en la Comisión de Acusación.
Si fuera por los representantes de las víctimas en el proceso contra Álvaro Uribe en la investigación por el caso de las ‘chuzadas’, abolirían la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y asumirían el papel directo de acusar al expresidente. La desconfianza que tienen en los congresistas investigadores es tan alta que de ahí su insistencia en interrogar al exmandatario.
Al menos, este es el “sabor de boca” que deja la tutela que radicó el pasado viernes el abogado Luis Guillermo Pérez, representante de la exsenadora Piedad Córdoba, en el Tribunal Superior de Bogotá. Con ella busca que le ordenen a los congresistas investigadores cambiar su postura de decir que “los únicos que podrán dirigirse al investigado son los representantes de la Comisión”.
En un juicio a un presidente es la Comisión la que debe buscar las pruebas contra el mandatario para acusarlo ante el Senado o archivar. Es como la Fiscalía en el proceso penal. Actualmente, en este grupo no hay nadie de la oposición. En agosto del año pasado el congresista Iván Cepeda intentó ser elegido, pero no lo logró. Esto generó protestas del Polo Democrático, por no poder integrar el grupo que investigaría a Uribe. De ahí parte su desconfianza.
A pesar de esto, los congresistas investigadores afirman estar en plena capacidad de procesar con independencia al exmandatario, algo que los representantes de las víctimas no creen, y dicen que “ni las víctimas, ni la sociedad colombiana pueden sentirse representadas en la Comisión, que por sus antecedentes nunca ha sido garantía ni de verdad, ni de justicia, ni de reparación”.
Por esta razón, han convertido en toda una batalla jurídica el que les reconozcan sus derechos. La primera lucha fue por ser reconocidos como parte civil en la investigación, tarea en la que duraron casi seis meses. Ahora, su pelea se concentra en lo que ellos creen es su derecho a poder interrogar al exmandatario en el proceso.
Por eso no aceptaron la solución que les dio la Comisión de recibirles las preguntas que tuvieran para formulárselas al expresidente. Como argumento indicaron: “la restricción a poder interrogar favorece la impunidad frente a las graves violaciones a los derechos humanos por la cuales se investiga al expresidente Uribe Vélez”.
Pese a que no existe una norma expresa que avale que las víctimas puedan interrogar en instancias preliminares de un proceso, el abogado Pérez Casas apoyó su petición en jurisprudencia que realza la importancia de las víctimas en el proceso penal. Y de ahí el documento de 54 páginas que prepararon, conocido por El Espectador, con el que pretenden que el Tribunal Superior de Bogotá les dé esas facultades.
La tutela es casi una acusación contra la Comisión y el expresidente, en la que dicen que el proceso está plagado de violaciones a los derechos a las víctimas y expresan de manera clara su desconfianza en la Comisión. Como sustento, indican que allí hay casi 250 denuncias contra el expresidente Álvaro Uribe y todas siguen en investigación preliminar. Refuerzan sus estadísticas diciendo que esta Comisión tiene 895 procesos, algunos desde 1997, y la gran mayoría están congelados.
La tutela la presentaron justo después del primer intento de la Comisión por escuchar al exmandatario. El profesional en derecho espera que para la próxima citación ya cuente con voz para hacer las preguntas que posiblemente no se atreverán a hacer los congresistas de la Comisión.
Pero van más allá. Insisten en que, tras las declaraciones del expresidente Uribe Vélez durante la sesión del pasado jueves, quedaron más vulnerables y temen por sus vidas. Por eso el abogado Pérez Casas pidió al Tribunal Superior, como medida preventiva, ordenar al presidente Juan Manuel Santos dictar medidas de protección para víctimas y sus representantes “dado el inminente peligro que se cierne sobre nuestras vidas como consecuencia de nuestra acción en este expediente”.
Alegan que el capítulo de las ‘chuzadas’, por el que investigan al expresidente, es grave, tanto que actualmente hay quince procedimientos penales abiertos en la justicia ordinaria por violaciones de derechos humanos.
Claro está, en su insistencia también son conscientes de que el hecho de que les permitan interrogar no les garantiza que Uribe les responda. Saben que la ley le otorga el derecho a guardar silencio y a no autoincriminarse.
Sobre la tutela y la insistencia de los abogados de las víctimas de interrogar a Uribe, Jaime Granados, abogado del expresidente, dijo que no lo han notificado y que cuando lo hagan, se opondrá. “No es capricho estar en desacuerdo con esa solicitud. Hay jurisprudencia que impide interrogarlo, especialmente en versión libre, ya que es un medio de defensa que debe ser libre de apremios”.
Agregó que él y Jaime Lombana (el otro abogado de Uribe), consideran esto una maniobra dilatoria para evitar que el expresidente se defienda. “Es inadmisible la caprichosa solicitud de los abogados, sólo para entorpecer el proceso”.
Por su parte, y ante la desconfianza expresada por los representantes de las víctimas, Héctor Vergara Sierra, presidente de la Comisión de Acusación, expresó: “Es difícil luchar contra la desconfianza que históricamente ha existido en la Comisión, pero hoy se merece la oportunidad de demostrarle al país que es posible administrar justicia. Llegaremos al fondo sin dejarnos presionar ni intimidar”.
“Esta Comisión ha demostrado que es capaz. El proceso sobre las interceptaciones debe dar tranquilidad a las víctimas, porque se ha manejado con integridad y diligencia, pese a los obstáculos. La Comisión fallará en derecho y respetando el debido proceso”, agregó Vergara.
La decisión quedó en manos del Tribunal de Bogotá, que ahora tendrá que evaluar si es pertinente la solicitud de los abogados de las víctimas o, por el contrario, si los congresistas y los abogados de Uribe tienen la razón.
[Fuente: Por Alexánder Marín Correa, El Espectador, Bogotá, 19jun11]
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